Reunión decisiva por las VPO de Maristas: las 108 familias buscarán una solución con el Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona

Las 108 familias de las VPO de Maristas se sentarán este viernes, 23 de octubre, en una mesa técnica con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para analizar la situación del proyecto y buscar una salida al problema de las viviendas.

El encuentro se celebrará a petición de los propios adjudicatarios, según ha anunciado este jueves en el Parlamento de Navarra la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro. La reunión abordará los distintos escenarios después de que la constructora haya renunciado a ejecutar las obras.

Alfaro ha asegurado que todas las partes que participen en la mesa compartirán la voluntad de encontrar una solución para las familias afectadas. "No tengo duda de que todas las partes que se sienten en esa mesa van a coincidir en la voluntad de buscar una solución", ha afirmado.

La consejera ha insistido en que la decisión sobre las VPO de Maristas no depende únicamente del Gobierno foral. A su juicio, deben participar también el Ayuntamiento de Pamplona, los cooperativistas y los adjudicatarios.

"Tenemos que valorar todo lo que ha pasado hasta ahora, todos los escenarios que tenemos encima de la mesa y todas las posibilidades", ha explicado Alfaro. La responsable de Vivienda ha defendido que existe el convencimiento de que "se puede y se debe encontrar una solución".

La consejera ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento. Alfaro ha pedido al partido regionalista que no convierta la situación en un "'pim pam pum' partidista", algo que, según ha señalado, también habría reclamado la Junta Rectora de los cooperativistas.

Alfaro ha explicado que su departamento conoció la decisión de la constructora de no acometer las obras el mismo día en el que la empresa se lo comunicó a la Junta General. Tras conocerse esta decisión, los afectados solicitaron una reunión con el Gobierno de Navarra.

La vicepresidenta ha detallado que desde el 30 de abril de 2025 no se había producido ningún contacto formal con los representantes. Ese día, la asamblea de adjudicatarios había aprobado uno de los presupuestos planteados, que contemplaba una posible desviación del 20% en los precios.

En aquella misma asamblea también se decidió contratar a Grupo Arrasate como gestor del proyecto. Alfaro ha lanzado duras acusaciones contra esta empresa y ha asegurado que, a su juicio, ha ejercido como la "promotora encubierta" de la operación.

"No tengo duda de que Arrasate ha sido la promotora encubierta del proyecto y que ha llevado a los adjudicatarios a una falsa cooperativa", ha afirmado. Según Alfaro, el objetivo habría sido "ocultar sobrecostes a través de un entramado jurídico financiero" para intentar alterar los precios del módulo sin aparecer como responsable.

La consejera también ha señalado que en abril de 2025 mantuvo dos reuniones con Grupo Arrasate y otras dos con los representantes de los adjudicatarios. Por ello, ha rechazado las acusaciones de UPN sobre un supuesto abandono de las familias.

"Se está haciendo seguimiento con las familias, se está haciendo seguimiento con la Junta Rectora, y el abandono es una mentira por su parte", ha respondido Alfaro al parlamentario regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin.

Alfaro ha relacionado además el caso de las VPO de Maristas con una posterior modificación de la Ley de Vivienda. Según ha explicado, su convencimiento de que Arrasate actuaba realmente como promotora llevó al Gobierno a impulsar un cambio legal para impedir que volviesen a construirse promociones con el mismo modelo de cooperativa utilizado en este proyecto.

La consejera ha recordado a Sánchez de Muniáin que UPN votó en contra de aquella modificación. "¿Por qué?", le ha preguntado durante el intercambio mantenido en el pleno parlamentario.

Alfaro ha explicado también que trasladó a la Junta Gestora la necesidad de realizar un diagnóstico completo de lo sucedido y que los representantes de los afectados mostraron su conformidad. La intención es revisar el proceso antes de adoptar nuevas decisiones debido a que existe dinero público implicado.

"Tenemos que analizar bien qué es lo que ha pasado, auditar todo el proceso y, en base a eso, se tomarán decisiones", ha señalado. El objetivo, ha añadido, es que las 108 familias puedan disponer de sus viviendas "cuanto antes".

Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha recordado que su grupo lleva más de dos años alertando de los problemas del proyecto. El parlamentario ha asegurado que los adjudicatarios estaban siendo "engañados por una promotora" que les habría inducido a convertirse en cooperativistas pese a no tener interés en serlo.

Sánchez de Muniáin ha responsabilizado políticamente tanto al Gobierno de Navarra como al Ayuntamiento de Pamplona. Además, ha acusado a EH Bildu de haber sido "cooperador necesario en este chanchullo".

A juicio de UPN, ambas administraciones tienen una "responsabilidad ética", política y también legal sobre lo sucedido con las VPO de Maristas. "Es inaceptable que se pretenda lavar las manos ante un problema real del que son responsables", ha reprochado Sánchez de Muniáin.

El parlamentario regionalista ha acusado finalmente a las administraciones de haber condenado a los adjudicatarios a costear la construcción de vivienda protegida dentro de una operación que, según ha sostenido, era "inviable".