UPN critica la última decisión del Gobierno de Chivite: "Quieren camuflar el problema de vivienda"

UPN ha asegurado que el Gobierno de Chivite "pretende eliminar la lista de demandantes de vivienda con el pretexto de establecer nuevos requisitos para el acceso a la misma, según se desprende del denominado proyecto de ley sobre vivienda asequible impulsado junto con EH Bildu”.

Advierte en una nota UPN que van a elaborar un nuevo censo a partir del mes de marzo de 2026, con lo que el Gobierno "persigue camuflar la creciente lista de más de 20.800 unidades familiares que actualmente están esperando una vivienda protegida”, han criticado.

Los regionalistas consideran que “esta medida es una artimaña para camuflar el creciente problema de vivienda y un castigo para quienes llevan años esperando que el Gobierno les facilite una vivienda protegida”.

Además, “pretenden establecer la obligación de renovar cada dos años todos los trámites burocráticos y administrativos para que las personas demandantes puedan continuar en el registro si no les han adjudicado vivienda protegida”.

Estas previsiones contenidas en el proyecto de ley han llevado a los regionalistas a plantear enmiendas “para que no se modifique la actual lista y que sea la administración la encargada de comprobar y actualizar los datos de los inscritos en lugar de hacer recaer sobre ellos esta injusta obligación”.

En relación con el alquiler, UPN plantea además que no se elimine la opción de compra, o que se supriman artículos que desprotegen todavía más al posible arrendador al calificarlos ahora como posibles “acosadores inmobiliarios” de una “manera indeterminada y subjetiva, creando más inseguridad jurídica”.

Asimismo, proponen que el arrendador pueda seguir gestionando las fianzas en lugar de ponerlas en manos del gobierno o que no se establezca un precio único de alquiler asequible sin distinguir tan siquiera en qué lugar de la Comunidad foral se ubica la vivienda.

En materia de rehabilitación de viviendas, presentan modificaciones a la ley ante las nuevas exigencias de disponer de un patrimonio no superior a 100.000 euros para el acceso a toda subvención o el bajo límite de presupuesto subvencionable, “requisitos estos que en la práctica van a imposibilitar la rehabilitación de un extenso número de viviendas”.

Regular las llamadas entidades colaboradoras urbanísticas

Por otro lado, UPN plantea una “detallada regulación de las llamadas entidades colaboradoras urbanísticas, una figura que ya opera en otras comunidades y que es demandada por diversos sectores profesionales ante los insoportables plazos para obtener una licencia urbanística debido a la tardanza de las administraciones”.

Los regionalistas advierten de que “es inaudito que lleve más tiempo obtener una licencia que construir el correspondiente edificio de viviendas”.

“Con las 14 enmiendas presentadas pretendemos, al menos, corregir una deriva que está colocando a la Comunidad Foral como uno de los territorios en los que más difícil es satisfacer el derecho a una vivienda digna. Cada vez más ciudadanos permanecen años a la espera sin que la administración foral consiga siquiera reducir el problema. Aunque ahora pretenda camuflarlo”, zanjan.

PP TAMBIÉN CRITICA LA LEY DE VIVIENDA QUE PROPONE CHIVITE

El Partido Popular de Navarra ha presentado este miércoles veintiún enmiendas a la proposición de Ley Foral para el derecho a la vivienda asequible en Navarra, lo que pone de manifiesto, tal y como los ‘populares’ han señalado, que “el modelo de vivienda que propone el Partido Popular y el que plantea el Gobierno de Navarra son totalmente antagónicos”.

Entre las veintiún enmiendas presentadas, la primera pretende “reforzar la colaboración público-privada en los actos sujetos a licencia y declaración responsable mediante la fórmula de las “entidades privadas colaboradoras urbanísticas”, como fórmula para favorecer la oferta mediante la colaboración entre los ayuntamientos y estas entidades privadas.

Tal y como apuntan desde el PPN, “con esta enmienda se agilizan los trámites y, en definitiva, se mejora el acceso a la vivienda. Se trata de una respuesta a una propuesta del sector que ya han puesto en marcha con éxito comunidades del Partido Popular, como es el caso de la Comunidad de Madrid. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido, con esta iniciativa, reducir los plazos de veinticuatro meses a cuatro”.

La enmienda 21 registrada por los ‘populares’ hace referencia a las zonas de mercado tensionado, una regulación con la que el Partido Popular siempre ha mantenido una posición enfrentada y, por tanto, pide su eliminación. Desde el PPN recuerdan que “son muchos los análisis que están poniendo de manifiesto el efecto negativo que tiene para el acceso a la vivienda el control de precios en zonas declaradas tensionadas” y alertan de que “tras dos años de la entrada en vigor de la Ley estatal de Vivienda, el mercado ha perdido más de 120.000 pisos en alquiler y la renta media se ha disparado un 26%”.

Ahí está el ejemplo de Barcelona, que también aplica la declaración de zonas de mercado tensionado, y cuya situación, según apuntan en el PPN, “es verdaderamente alarmante, con una importante reducción de la oferta respecto a la demanda” y del conjunto de Cataluña, con un notable incremento del precio del alquiler en el último año en todas las capitales de provincia catalanas.

Por tanto, y tal y como aseguran en el PPN, “está más que contrastado que limitar los precios no favorece el acceso a una vivienda asequible, sino que reduce la oferta, genera tensiones en la demanda y desincentiva la inversión en vivienda en alquiler”.

Otra de las enmiendas que consideran más relevantes desde el Partido Popular de Navarra es la 22, que lo que persigue es la creación de una oficina de atención a víctimas de ocupación. Los ‘populares’ han recordado el enorme incremento de denuncias por allanamiento o usurpación registrado en 2024 y advierten de que “la inseguridad que está generando la ocupación ilegal es una de los principales causas que están agravando el problema del acceso a la vivienda”.

Como solución desde el PPN apuestan por la creación de un servicio especializado en ocupación ilegal, que ofrezca asesoramiento jurídico gratuito, asistencia especializada y atención psicológica a las personas afectadas, con especial atención a los colectivos más vulnerables. “Este servicio no solo reforzaría la protección de los derechos fundamentales, sino que también contribuiría a prevenir nuevas ocupaciones, mejorar la convivencia ciudadana y restaurar la confianza en las instituciones”, subrayan.

Por otra parte, con el resto de las enmiendas presentadas, los ‘populares’ lo que pretenden es “corregir cuestiones que se habían planteado que introducían obligaciones arbitrarias y cargas administrativas innecesarias”.

Por último, desde el PPN han valorado las enmiendas presentadas por el partido como “un ejercicio profundo de reflexión y análisis, y de diálogo con los agentes del sector para encontrar soluciones a un problema que afecta a miles de navarros”.