Las víctimas denuncian la salida de la cárcel del etarra que atentó en la Universidad de Navarra: "Se traiciona la ley"
Joanes Larretxea, autor del atentado con coche bomba en la Universidad de Navarra, ha recibido un nuevo artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario concedido por el Gobierno vasco, según ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE. La medida también se ha aplicado al preso de ETA Gorka Palacios.
El colectivo ha considerado que estas dos decisiones suponen “un nuevo ejemplo del uso generalizado y fraudulento” de una figura legal que, según ha recordado, está concebida como una medida “absolutamente excepcional”. En el caso de Navarra, COVITE ha puesto el foco en Larretxea por su relación con el atentado con coche bomba perpetrado en la Universidad de Navarra.
COVITE ha denunciado que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco continúa utilizando el artículo 100.2 como un “atajo hacia la semilibertad” de presos de ETA que no cumplen el requisito legal de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena para acceder al tercer grado.
El colectivo ha recordado que esta figura permite flexibilizar el régimen de cumplimiento de internos clasificados en segundo grado. Sin embargo, ha subrayado que exige una justificación individualizada, una motivación reforzada y la existencia de un programa específico de tratamiento que no pueda ejecutarse dentro de prisión.
“El artículo 100.2 no puede convertirse en una vía ordinaria para sacar de prisión a presos de ETA. Lo que está haciendo el Gobierno vasco es vaciar de contenido la legalidad penitenciaria para cumplir, paso a paso, la hoja de ruta histórica de la izquierda abertzale: ‘vaciar las cárceles’ sin exigir a los presos de ETA una ruptura sincera y verificable con el mundo social y político que legitimó y todavía hoy legitima sus crímenes”, ha denunciado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.
La entidad ha recordado también los autos recientes del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que dejaron sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, y Juan Ramón Carasatorre. Según COVITE, esas resoluciones han constatado lo que el colectivo lleva años denunciando: que el Gobierno vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA.
En el caso de Carasatorre, COVITE ha señalado que el juez llegó a constatar que ni siquiera existía el preceptivo plan específico de ejecución tratamental. El colectivo ha insistido en que ese requisito es esencial para poder aplicar una medida de estas características.
A juicio de COVITE, los casos de Joanes Larretxea y Gorka Palacios responden “exactamente a la misma estrategia”. La asociación ha afirmado que ambos presos de ETA siguen siendo reivindicados por el entorno de la izquierda abertzale como héroes y como “presos políticos”.
Para el colectivo, esa reivindicación pública resulta incompatible con cualquier idea de arrepentimiento, reinserción y desvinculación del entramado político y social que sostuvo a ETA durante décadas. ¿Puede hablarse de reinserción real cuando el entorno que apoyó a la banda sigue presentando a sus presos como referentes?
COVITE ha considerado especialmente significativo el caso de Joanes Larretxea, condenado por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría y vinculado también al atentado con coche bomba en la Universidad de Navarra. La organización ha denunciado que Larretxea continúa siendo uno de los presos de ETA más exhibidos públicamente por el entorno de la izquierda abertzale.
El colectivo ha asegurado que ha documentado multitud de actos de apoyo a Larretxea en distintas localidades, entre ellas Hernani y Oiartzun. En esta última localidad, según ha indicado COVITE, se le dedica una carrera anual para reclamar su excarcelación.
Para la asociación de víctimas, estos actos demuestran que el preso de ETA sigue siendo presentado públicamente como un referente político por el mismo entorno que, a su juicio, no ha condenado de forma inequívoca los crímenes de la banda terrorista.
COVITE ha denunciado que estas dos nuevas concesiones demuestran que el Gobierno vasco sigue convirtiendo “la excepcionalidad en norma” y el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en una “trampa meramente formal”.
“Se cumple la ley en apariencia, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de 100.2 fraudulentos. Porque no hay una verdadera política de reinserción, sino una política de excarcelación progresiva de presos de ETA sin arrepentimiento real y atacando frontalmente el derecho a la justicia de las víctimas”, ha denunciado Ordóñez.
La presidenta de COVITE ha añadido que “es muy grave que no se estén cumpliendo las condenas con arreglo a derecho”. El colectivo ha insistido en que la política penitenciaria aplicada por el Gobierno vasco está perjudicando el derecho de las víctimas a la justicia.
En este contexto, COVITE ha vuelto a exigir la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José. La asociación ha considerado que su política penitenciaria ha sido desautorizada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
El colectivo ha acusado al Ejecutivo autonómico de continuar privilegiando a presos de ETA y de seguir la hoja de ruta de la izquierda abertzale de “vaciar las cárceles” en el contexto del final de ETA negociado que, según ha señalado, se vive desde el año 2011.