Giro en la política penitenciaria con un hondo impacto en la Comunidad foral. El Gobierno Vasco ha concedido de forma oficial la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario a dos históricos miembros de la organización terrorista ETA. Fuentes del ejecutivo autónomo han confirmado que los beneficiarios de esta medida de flexibilización son el exjefe militar de la banda, Gorka Palacios, y Joanes Larretxea, el etarra condenado por colocar el coche bomba en la Universidad de Navarra en el año 2008.
Esta polémica resolución de la administración vasca permitirá a ambos reclusos abandonar el centro penitenciario de lunes a viernes durante las horas del día. Para mantener este régimen de semilibertad, los presos deberán acreditar de forma obligatoria que van a desempeñar una actividad laboral, a recibir algún tipo de tratamiento de reinserción o a realizar labores específicas de voluntariado en el exterior. Con estas dos últimas incorporaciones, ya son una veintena los reclusos de la banda terrorista que se benefician de esta misma flexibilización horaria.
El perfil criminal de los dos reclusos que abandonarán las celdas a diario cuenta con condenas muy abultadas. Joanes Larretxea arrastra una pena de 44 años de prisión por su participación directa en el asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia en 2008. Además, la Audiencia Nacional lo condenó a otros 26 años de cárcel tras demostrarse que fue el autor material del brutal atentado con coche bomba que sacudió el campus de la Universidad de Navarra en octubre de 2008, un ataque perpetrado a plena luz del día mientras miles de estudiantes se encontraban en el interior de las aulas.
Por su parte, Gorka Palacios fue arrestado en Francia en el año 2003 y sentenciado en el país vecino a 18 años de prisión como máximo responsable de los comandos operativos de la banda. Tras su extradición a España, la Audiencia Nacional lo condenó a 83 años de cárcel por múltiples acciones terroristas, entre las que destaca el sangriento atentado que le costó la vida al policía nacional Luis Ortiz de la Rosa.
La noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre los colectivos de damnificados por el terrorismo. Tras confirmar el alcance de las resoluciones, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reiterado públicamente su profunda preocupación por el rumbo actual de las cárceles, denunciando una política penitenciaria que a su juicio está mucho más centrada en buscar la excarcelación de los etarras que en garantizar el derecho efectivo a la justicia de las víctimas. El colectivo ha insistido firmemente en que principios como la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia deben seguir siendo requisitos irrenunciables ante cualquier beneficio a los condenados.
Con la activación de estos dos nuevos expedientes, la asociación de víctimas cifra en 119 las progresiones a tercer grado otorgadas a un total de 96 presos de la banda, además de las 20 aplicaciones del artículo 100.2 registradas hasta la fecha. Según el balance estadístico detallado por la propia AVT, actualmente permanecen en prisión 118 miembros de la organización terrorista, de los cuales 75 disfrutan ya de algún régimen de semilibertad con salidas al exterior, mientras que únicamente 43 mantienen el cumplimiento de sus penas bajo el régimen ordinario estricto.
