Vox exige la dimisión de Maeztu tras un pago de más de 60.000 euros sin contrato a un centro de menas
Vox ha pedido la dimisión inmediata de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Maeztu, tras conocerse un informe interno de la Intervención Delegada en Derechos Sociales sobre el pago de 60.290 euros a un centro de menores migrantes no acompañados.
La formación ha señalado que ese abono se ha realizado sin contrato y sin fiscalización previa al centro GARAPEN, gestionado por la Asociación Educativa Berriztu.
El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha registrado además en el Parlamento foral una solicitud de comparecencia de la consejera Maeztu para que ofrezca explicaciones sobre este contrato y sobre las medidas que prevé adoptar el Gobierno de Navarra.
Emilio Jiménez ha afirmado que “estamos ante el enésimo escándalo en la consejería de la señora Maeztu”. El portavoz de VOX ha vinculado este caso con otros episodios anteriores ocurridos en centros o ámbitos dependientes de Derechos Sociales.
En concreto, Jiménez ha citado el mordisco de una rata a un discapacitado en el centro público San José, el abuso sufrido por un menor tutelado en un centro de Mutilva y la agresión sexual a otra menor tutelada en Tudela.
También ha mencionado las irregularidades que, según ha sostenido, permiten a inmigrantes ilegales cobrar la renta garantizada, con fraude detectado por la Cámara de Comptos. A todo ello ha añadido ahora el “pago irregular de más de 60.000 euros por servicios prestados sin contrato”.
“Escándalo tras escándalo, la consejera Maeztu demuestra una incapacidad absoluta para gestionar los recursos públicos y proteger a los más vulnerables”, ha señalado Emilio Jiménez. Por ello, ha exigido su dimisión “inmediata” y que el Gobierno “asuma de una vez sus responsabilidades políticas”.
La formación ha relacionado este caso con una supuesta pauta de mala gestión en la Consejería de Derechos Sociales. Según VOX, la acumulación de irregularidades administrativas, fallos en la supervisión de centros y deficiencias en el control del gasto público compromete la legalidad y la protección efectiva de menores y personas vulnerables tuteladas por la Administración foral.
VOX ha insistido en que la comparecencia de Maeztu debe servir para aclarar este último caso y para conocer qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno de Navarra. La formación quiere que la consejera explique en el Parlamento cómo se ha producido el pago al centro GARAPEN y qué controles se han aplicado en la contratación de estos servicios.