El órgano consultivo avala por unanimidad la aplicación retroactiva de la reforma, cuestionada por UPN y recurrida por el PP, aunque también detecta deficiencias en su justificación.
El Consejo de Navarra ha avalado la polémica reforma de la ley de vivienda impulsada por los socios del Gobierno de María Chivite, mientras el Tribunal Constitucional mantiene abierto un recurso del Partido Popular que cuestiona la legalidad de una parte de esa misma normativa. Los dos procedimientos se centran en una de las medidas más controvertidas: la aplicación retroactiva de las nuevas restricciones a viviendas protegidas de alquiler construidas bajo legislaciones anteriores.
El dictamen, solicitado por UPN y conocido este lunes 9 de noviembre, concluye por unanimidad que la modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda “se adecua al ordenamiento jurídico”. El Consejo considera que mantener de forma indefinida la protección de determinadas viviendas de alquiler responde a una finalidad de interés general y no supone una vulneración desproporcionada del derecho de propiedad.
Sin embargo, el pronunciamiento no resuelve definitivamente la controversia. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado 20 de octubre un recurso presentado por más de 50 diputados del PP, que consideran que la reforma puede vulnerar principios constitucionales como la seguridad jurídica, la prohibición de retroactividad de determinadas disposiciones restrictivas de derechos y la protección de la propiedad privada.
De esta manera, la ley de vivienda de Navarra ha quedado sometida a dos análisis jurídicos diferentes. Por un lado, el Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, ha considerado que la reforma es conforme a derecho. Por otro, el Tribunal Constitucional deberá determinar si las disposiciones recurridas respetan la Constitución. Su decisión será la que resuelva definitivamente el conflicto.
La reforma fue aprobada el pasado 25 de junio por el Parlamento de Navarra y entró en vigor el 14 de julio. Su principal modificación consiste en impedir que determinadas viviendas protegidas destinadas al alquiler puedan abandonar ese régimen y pasar al mercado libre una vez transcurrido el período de protección establecido anteriormente.
Hasta ahora, la legislación contemplaba la posibilidad de destinar a la venta estas viviendas después de 21 años, siempre bajo determinadas condiciones. La nueva normativa elimina esa posibilidad y establece que las promociones afectadas deben mantener indefinidamente su régimen de alquiler protegido.
La medida también alcanza a viviendas construidas antes de la entrada en vigor de la reforma, siempre que todavía conservaran su calificación de protegidas. Precisamente, esa aplicación a promociones anteriores constituye el principal motivo de controversia jurídica.
Según los datos difundidos cuando se aprobó la reforma, la modificación afecta a 161 promociones y podría evitar que unas 2.248 viviendas pierdan su protección en los próximos años.
El dictamen del Consejo de Navarra, fechado el 26 de octubre, fue solicitado por los 15 parlamentarios de UPN. La formación regionalista cuestionaba que una modificación legislativa posterior pudiera alterar las condiciones jurídicas bajo las cuales se habían promovido y calificado esas viviendas.
El Consejo ha rechazado las principales objeciones planteadas por UPN. En su argumentación, recuerda que el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 33 de la Constitución no es absoluto, sino que está condicionado por su función social.
También se apoya en el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
En este sentido, el Consejo considera que la reforma persigue una finalidad legítima: conservar las viviendas protegidas destinadas al alquiler y evitar que desaparezcan de este mercado, especialmente cuando están dirigidas a personas con rentas bajas o en situaciones de vulnerabilidad.
El órgano consultivo sostiene que la modificación constituye una medida proporcional a los objetivos perseguidos y que no impone una carga excesiva a los propietarios afectados.
Además, establece una diferencia importante: la nueva regulación solo se aplica a viviendas cuyo régimen de protección seguía vigente cuando entró en vigor la reforma. Por tanto, no afecta a aquellas que ya habían perdido legalmente esa condición.
Esta distinción resulta fundamental para justificar la retroactividad de la norma. El Consejo entiende que los propietarios no pierden un derecho de propiedad ya extinguido, sino que ven modificadas determinadas expectativas futuras sobre el destino de sus inmuebles.
Asimismo, la reforma no impide cualquier transmisión de las viviendas. Los propietarios pueden venderlas, pero los nuevos titulares deben mantener las condiciones del alquiler protegido.
El informe sostiene que, si las nuevas restricciones se aplicaran exclusivamente a promociones futuras, muchas de las viviendas protegidas existentes podrían abandonar progresivamente el mercado de alquiler asequible. Eso dificultaría, a su juicio, el cumplimiento de la finalidad perseguida por la reforma.
No obstante, el Consejo de Navarra también ha detectado deficiencias en la elaboración de la ley. En concreto, advierte de una “deficiencia de técnica legislativa” porque considera que el preámbulo se centra excesivamente en justificar la oportunidad política y social de la modificación.
Según el órgano consultivo, esa explicación resulta insuficiente respecto de algunas exigencias establecidas en el artículo 129 de la Ley Foral 11/2019, que regula la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y su sector público institucional.
El Consejo también ha reconocido limitaciones en la información disponible para valorar las consecuencias económicas y jurídicas de la reforma sobre determinadas promociones. Entre otros aspectos, no ha contado con todos los datos relativos a las viviendas afectadas, las condiciones económicas o los posibles derechos de superficie.
Estas observaciones no han impedido que el dictamen concluya favorablemente sobre la adecuación de la ley al ordenamiento jurídico, pero sí dejan constancia de las carencias detectadas durante su análisis.
Mientras tanto, el recurso del PP continúa su tramitación en el Tribunal Constitucional. La impugnación se dirige específicamente contra los apartados primero y segundo de la disposición transitoria única de la Ley Foral 14/2026, de 2 de julio.
El PP sostiene que extender las nuevas restricciones a promociones anteriores puede vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución, relativo, entre otras cuestiones, a la seguridad jurídica y la irretroactividad de determinadas normas restrictivas de derechos. También cuestiona su compatibilidad con el artículo 33, que reconoce el derecho a la propiedad privada.
El pasado 30 de octubre, la Mesa del Parlamento de Navarra acordó personarse en el procedimiento para defender la constitucionalidad de la reforma. La decisión contó con el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras UPN, PP y el Grupo Mixto se posicionaron en contra.
El Parlamento dispone de plazo hasta el 23 de noviembre para presentar sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional.
Por ahora, la ley continúa plenamente vigente, ya que la admisión a trámite del recurso no supone su suspensión ni implica que haya sido declarada inconstitucional.
El dictamen conocido este lunes supone así un respaldo jurídico a la reforma defendida por el Gobierno de Chivite y sus socios parlamentarios, aunque no pone fin al procedimiento iniciado por el Partido Popular.
La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, que deberá determinar si Navarra puede imponer una protección indefinida a viviendas de alquiler que fueron promovidas bajo unas condiciones legales anteriores.
