POLÍTICA

Vox marca distancias con UPN y rechaza su ley de créditos de carbono: "Es una estafa climática"

Emilio Jiménez, de Vox, interviene en el pleno del Parlamento. PABLO LASAOSA
El texto planteado por UPN buscaba regular la generación, verificación, registro, certificación y venta de créditos de carbono en los sectores primario y forestal.

El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha votado este jueves en contra de la proposición de Ley Foral presentada por UPN para regular la certificación y comercialización de créditos de carbono en los sectores agrícola, ganadero y forestal. Jiménez ha considerado que la iniciativa responde al “fanatismo climático que marca la Agenda 2030 y el Pacto Verde europeo”.

En su intervención, el representante de VOX ha asegurado que UPN “se ha arrodillado ante el relato apocalíptico de Greta Thunberg y los burócratas de Bruselas”, y ha señalado que la propuesta de los regionalistas supone “más registros, más controles, más oficinas y menos libertad para quien trabaja la tierra”. Según ha dicho, UPN y PSOE “ya son indistinguibles”.

Jiménez ha criticado especialmente la creación de la Oficina Foral de Créditos de Carbono, el Consejo Asesor Foral y el Registro Foral de Créditos de Carbono, organismos previstos en el texto. A su juicio, estas estructuras son “chiringuitos forales pagados con el dinero de todos los navarros” que obligarán al pequeño ganadero y agricultor “a pagar verificadores, auditorías y registros para vender algo que nadie les ha pedido”.

El portavoz de VOX también ha advertido de que, aunque la ley se presente como voluntaria, supone “una coacción blanda”, ya que los créditos no tendrían validez jurídica ni fiscal sin inscribirse en el registro. Asimismo, ha rechazado el artículo que otorga “prioridad cooperativa” en la comercialización, porque considera que puede derivar en “abusos de posición dominante” por parte de determinadas cooperativas.

Según Jiménez, los principales beneficiados serían “las grandes consultoras, las certificadoras privadas y las multinacionales que comprarán créditos baratos para seguir contaminando mientras aquí ahogamos al sector primario con papeleo infinito”. También ha rechazado los incentivos fiscales y subvenciones previstos, a los que ha calificado como “más gasto público para un mercado artificial”.

VOX enmarca esta ley en lo que denomina la “estafa climática global”, que, según Jiménez, sirve para “recaudar, controlar y destruir la soberanía alimentaria europea”. Ha defendido que Navarra y España son territorios “muy sostenibles” y ha insistido en que el CO₂ “es el alimento de las plantas”.

Como alternativa, el grupo defiende la eliminación de la “burocracia ambiental”, la protección del regadío, precios justos en origen, medidas arancelarias frente a terceros países y “libertad absoluta” para los agricultores y ganaderos navarros. “No queremos más oficinas de créditos de carbono. Queremos que dejen trabajar en paz a quienes nos dan de comer”, ha concluido Jiménez.

Rechazo del Parlamento a la toma en consideración

El Pleno del Parlamento ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox, frente al apoyo de UPN y PPN. La parlamentaria no adscrita no ha asistido.

El texto planteado por UPN buscaba regular la generación, verificación, registro, certificación y venta de créditos de carbono en los sectores primario y forestal, con el objetivo de contribuir a la mitigación del cambio climático y favorecer prácticas sostenibles. La iniciativa incluía la creación de un mercado foral voluntario vinculado a proyectos certificados por entidades como INTIA o GANNIK, así como la puesta en marcha de una oficina foral, un registro interoperable con los sistemas nacionales y europeos y un consejo asesor de carácter consultivo.

UPN defendía que Navarra podía convertirse en un “referente europeo” en proyectos de captura, reducción y compensación de emisiones, con impacto económico, tecnológico y territorial. La propuesta también contemplaba auditorías externas cada tres años para garantizar la integridad de los créditos y directrices técnicas coordinadas con el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Europea.