El amplio consenso ciudadano que pide más control parental y límites para proteger a los menores en internet

Los derechos digitales han pasado a formar parte de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía española, especialmente cuando afectan a los menores y a la seguridad en internet. Una encuesta elaborada por la Fundación ”la Caixa”, la Universitat de Barcelona, Red.es y la Fundación Hermes ha reflejado que el 95 % de las personas encuestadas cree que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital.

El estudio ha señalado también un amplio respaldo a medidas como el control parental, la fijación de una edad mínima para acceder a redes sociales o utilizar smartphones y la regulación de la publicidad dirigida a menores. La investigación se ha presentado en el marco del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona.

La Encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España ha analizado el conocimiento de la población sobre este ámbito y su valoración sobre los riesgos, retos y oportunidades del entorno digital. Según sus impulsores, se trata del primer estudio que evalúa de forma específica cómo percibe la ciudadanía española la protección de sus derechos en internet.

El proyecto ha sido desarrollado por la Fundación ”la Caixa”, Red.es y la Fundación Hermes, en colaboración con la Universitat de Barcelona, dentro del Observatorio de Derechos Digitales. La investigación ha ofrecido un retrato amplio sobre cómo vive la ciudadanía la transformación digital y de qué manera le afecta en su vida diaria.

Uno de los resultados más contundentes ha sido el consenso sobre la necesidad de proteger por ley determinadas actividades en internet. El 96 % de las personas encuestadas considera que la privacidad y la protección de datos deben estar garantizadas legalmente.

También existe un respaldo muy elevado a la protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales, con un 94 %. Además, el 89 % estima que el borrado de información personal disponible en internet debe contar con protección legal y el 81 % considera que también debería protegerse el acceso asequible a internet.

Otros derechos digitales que la ciudadanía cree que deben ser reconocidos por ley son la libertad de expresión en plataformas digitales, con un 76 % de apoyo; la existencia de algoritmos no discriminatorios, con un 73 %; y el derecho a la revisión humana de decisiones automatizadas, con un 72 %.

La encuesta ha apuntado, además, a quién se considera responsable de garantizar estos derechos. Las personas encuestadas han señalado principalmente a las administraciones públicas, con un 45 %, y a las empresas tecnológicas, con un 39 %.

La protección de los menores en internet ha aparecido como una de las grandes preocupaciones sociales. El 95 % considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital, mientras que el 96 % apoya el control parental.

La implantación de una edad mínima para el uso de smartphones ha recibido el respaldo del 91 % de las personas encuestadas. Por su parte, la regulación de la publicidad dirigida a menores ha alcanzado un apoyo del 96 %.

El estudio ha abordado también los medios preferidos para informarse. Hasta los 29 años, las redes sociales son la primera opción, con un 55 %, aunque a medida que aumenta la edad otros medios ganan más peso en las preferencias informativas.

En relación con las noticias falsas, la mayoría de las personas encuestadas ha citado las redes sociales como el entorno en el que más se difunden, con un 88 %. Ante este escenario, el 78 % afirma que verifica habitualmente el contenido de internet, ya sea consultando otras fuentes dentro de la propia red o recurriendo a fuentes externas.

Sin embargo, un 18 % admite que no comprueba la veracidad de los contenidos que consume. Sobre la difusión de los discursos de odio, las redes sociales vuelven a ser percibidas como el espacio en el que más a menudo se difunden este tipo de mensajes, con un 86 %.

La encuesta ha reflejado diferencias importantes en la percepción de seguridad en internet según el nivel educativo. Un 69 % de la población con educación obligatoria se siente poco o nada segura en la red, porcentaje que baja hasta el 35 % entre quienes tienen educación superior.

Entre los principales riesgos digitales, las personas encuestadas han mencionado la privacidad y el control sobre los datos personales, con un 48 %, y las estafas y robos, también con un 48 %. Además, han citado la suplantación de identidad, el acceso a información falsa y el acoso, hostigamiento e insultos.

El informe ha recogido otro dato relevante sobre los jóvenes: el 33 % de la población de entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet. En cuanto a la participación en el espacio digital, el 71 % apoya la identificación obligatoria para participar en redes sociales y foros, frente a un 24 % que defiende la participación anónima.

La percepción sobre las empresas tecnológicas combina preocupación y reconocimiento. El 88 % de las personas encuestadas considera que estas compañías acumulan demasiado poder económico y el 85 % cree que reúnen demasiada información personal de la ciudadanía.

No obstante, un 64 % considera que las empresas tecnológicas desarrollan una actividad beneficiosa. Esta valoración convive con una demanda clara de mayor protección, reglas comprensibles y garantías exigibles en el entorno digital.

La inteligencia artificial también ha ocupado un lugar destacado en la encuesta. El 77 % de las personas encuestadas pide más regulación de la IA y el 56 % prefiere que su desarrollo se ralentice.

Aun así, el 49 % considera que la IA tendrá efectos positivos para personas como ellas. El estudio ha mostrado así una percepción ambivalente, marcada por el interés en sus beneficios y por la demanda de límites más claros.

El informe ha puesto de manifiesto la importancia de la pedagogía y la alfabetización digital. Siete de cada diez ciudadanos han oído hablar del término derechos digitales, pero un 28 % no sabría explicarlo.

En materia de competencias digitales, nueve de cada diez ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar. Esa cifra cae hasta el 46 % entre los mayores de 60 años y hasta el 44 % entre las personas con niveles de estudios más bajos.

La digitalización de las administraciones públicas también ha mostrado diferencias por edad. Entre el 70 % y el 80 % de la población de entre 18 y 59 años afirma que los trámites administrativos en línea les han facilitado la vida.

En cambio, entre los mayores de 60 años, ese porcentaje baja al 49 %. En esa franja de edad, un 40 % señala que los trámites en línea con los servicios públicos les dificultan la vida.

La investigación ha combinado una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos con un estudio cualitativo. El trabajo de campo se ha realizado entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025.

Los datos han sido analizados en una mesa redonda en la que se ha preguntado a los participantes si la sociedad está realmente protegida en el entorno digital. María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha señalado que el informe confirma que las medidas impulsadas por el Gobierno de España responden a las inquietudes ciudadanas, especialmente en la regulación y la protección de los menores.

Luisa Alli, directora general de la Fundación Hermes, ha manifestado que los datos apuntan a “un mandato social muy claro: más garantías en el entorno digital”. También ha defendido la necesidad de proteger mejor a los menores, responder a la desinformación y garantizar que el uso de datos y la tecnología se rigen por reglas comprensibles y exigibles.

Jesús Herrero, director general de Red.es, ha explicado que el informe evidencia que la población reclama el fin de una red sin ley. A su juicio, la ciudadanía pide un entorno digital en el que los derechos estén garantizados en el mismo grado que en el mundo físico.

Por su parte, David Casado, responsable de la Unidad de Prospectiva, Investigación y Evaluación del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”, ha destacado que los derechos digitales han pasado de ser un debate abstracto a una preocupación cotidiana. Ha subrayado además que la ciudadanía pide una transformación digital con seguridad, equidad y confianza.

Jordi Muñoz, profesor agregado de Ciencias Políticas de la Universitat de Barcelona, ha valorado que la encuesta muestra una combinación significativa de preocupación alta y demanda clara de reglas. También ha remarcado que el consenso en torno a los menores es casi universal y que la ciudadanía espera que tanto los poderes públicos como las empresas tecnológicas se impliquen en su protección.