La drástica medida de inmigración que ha pedido Vox al Gobierno de Chivite: "No basta con mirarles"
Las pruebas de edad se han situado en el centro del debate político en Navarra. El portavoz de VOX, Emilio Jiménez, ha registrado una moción para que el Gobierno foral practique evaluaciones periciales “exhaustivas” a todos los inmigrantes ilegales no acompañados tutelados por la Administración, “independientemente de su apariencia”.
La iniciativa, que llegará al Pleno del Parlamento de Navarra, reclama que la determinación de la edad se haga “con el mínimo margen de error posible”. Además, VOX ha explicado que esta cuestión “delimita derechos y procedimientos” y, por ello, ha insistido en extender las pruebas a todos los casos bajo tutela pública en Pamplona y el resto de la comunidad.
El grupo ha enmarcado su propuesta en un contexto de inmigración ilegal creciente. Según VOX, citando el CIS, la inmigración es vista como principal problema por el 30,4% y, entre enero y mediados de septiembre de 2024, habrían entrado 37.970 personas en situación irregular. La formación ha señalado que estos datos “avalan la preocupación social”.
VOX ha puesto el foco en la fiabilidad de la apariencia física para determinar la edad, al considerar que puede verse condicionada por factores nutricionales o higiénico-sanitarios. Por ello, ha defendido la realización de pruebas médicas en todos los casos para “determinar fielmente” la mayoría o minoría de edad de los tutelados.
Como argumento, el partido ha citado al Instituto de Medicina Legal de Aragón y ha afirmado que “más del 90%” de los MENAS sometidos allí a periciales han sido declarados mayores de edad. También ha recordado que la prueba más común usada en España presenta un margen de error de “unos dos años”, e insiste en aplicar técnicas “más rigurosas”.
En su moción, VOX insta a establecer un protocolo general en Navarra para los casos con dudas razonables sobre la edad real. Entre otras medidas, propone radiografías de la cresta ilíaca (técnica Risser) y otras pruebas periciales y médicas “más exhaustivas”, siempre con autorización del Ministerio Fiscal cuando proceda.
Por último, la formación ha subrayado que la clasificación como menor o mayor de edad condiciona la repatriación vía Delegación/Subdelegación del Gobierno y el acceso a derechos y recursos específicos. Jiménez ha pedido que el Ejecutivo foral concrete cómo y cuándo aplicará el protocolo si la Cámara respalda la propuesta en Pamplona.