Guerra en Ansoáin: los sindicatos policiales acusan a Bildu de "improvisación grave" y de señalar a los agentes enfermos
La representación sindical de la Policía Municipal de Ansoáin ha desmentido la versión difundida por el Ayuntamiento y ha denunciado una gestión “improvisada” del cuerpo, en plena crisis por la falta de agentes, las bajas laborales y el deterioro del clima interno.
Los sindicatos UGT y SPPME, que representan a las personas trabajadoras de la Policía Municipal, han rechazado “de forma rotunda” las afirmaciones del Consistorio y han acusado al equipo municipal de construir un “monólogo institucional” para justificar decisiones unilaterales.
El nuevo comunicado ha llegado después de que el Ayuntamiento de Ansoáin, gobernado por EH Bildu, reconociera la existencia de un problema “estructural y organizativo” en la Policía Municipal y defendiera una reorganización del servicio para garantizar la cobertura de turnos.
La representación sindical ha puesto ahora el foco en el informe interno citado por el Consistorio, denominado “Análisis interno de la organización del servicio”. Según los sindicatos, podría tratarse de un documento elaborado en el segundo semestre del año pasado, con la anterior jefatura, “momento en el que la situación era bien diferente y no se había llegado a este punto”.
Los representantes de la plantilla han asegurado que ese supuesto análisis no ha sido trasladado en ningún momento ni a los agentes ni a su representación sindical. También han afirmado que no se ha solicitado su opinión, no se ha contrastado ningún dato y no se ha abierto un espacio de participación posterior.
“Hablar de diálogo mientras se excluye deliberadamente a quienes conocen el servicio desde dentro es incoherente y deshonesto”, han señalado UGT y SPPME, que consideran que esta forma de actuar supone “una falta de rigor institucional grave”.
El conflicto en la Policía Municipal de Ansoáin se ha agravado en los últimos meses. El Ayuntamiento ya había defendido que las dificultades actuales para cubrir turnos no respondían a un único motivo, sino a una tensión entre el funcionamiento histórico del cuerpo y la necesidad de avanzar hacia un modelo más estable y organizado.
Los sindicatos, sin embargo, han dado la vuelta a ese argumento. A su juicio, el propio Ayuntamiento ha admitido que el servicio se ha mantenido durante años gracias a la voluntariedad de los agentes para modificar turnos, asumir cambios y cubrir necesidades.
Para la representación de la plantilla, ese reconocimiento demuestra que los policías han sostenido el funcionamiento del servicio “más allá de sus obligaciones”, con profesionalidad y compromiso. El problema, sostienen, no está en la plantilla, sino en una organización que ha dependido durante demasiado tiempo de esa voluntariedad por falta de planificación.
“El problema no es la plantilla, sino una organización que depende de la voluntariedad permanente porque carece de una planificación adecuada”, han denunciado.
El malestar viene de lejos. Los sindicatos han recordado que ya desde 2021, con la incorporación del anterior jefe de Policía, se trasladó la problemática de falta de personal y se avisó de las futuras jubilaciones. Según su versión, el Consistorio negó entonces esa realidad.
La situación ha vuelto a tensarse después de varios episodios acumulados. En septiembre de 2025, UPN acusó al gobierno municipal de EH Bildu de dejar “sin rumbo” a la Policía Municipal. En noviembre, el Ayuntamiento nombró a Xabier Martínez Urroz como nuevo jefe del cuerpo, tras la dimisión de Mikel del Molino Cruchaga.
En febrero de este año, el propio Consistorio anunció un refuerzo de la Policía Municipal con nuevas incorporaciones, comisiones de servicio, la previsión de alcanzar una plantilla de 14 agentes, tres agentes primeros y una jefatura ya definida.
Sin embargo, la tensión volvió a aumentar tras los incidentes registrados durante la huelga general del 17 de marzo. Entonces, SPPME Navarra denunció una “absoluta falta de planificación” y aseguró que dos policías habían resultado heridos en acto de servicio, mientras criticaba la falta de apoyo institucional.
A finales de abril, los sindicatos elevaron el tono de sus críticas y denunciaron una “deriva absoluta” en el cuerpo. Según aquellas denuncias, buena parte de la plantilla efectiva se encontraba de baja laboral, en muchos casos por cuadros de estrés y ansiedad.
Ahora, la representación sindical ha insistido en que las bajas de la plantilla están directamente relacionadas con el estrés, la presión y el deterioro del clima laboral que atribuyen a la propia gestión municipal.
Los sindicatos han reprochado al Ayuntamiento que insinúe que el número de bajas responde a un problema organizativo y han calificado de “irresponsable” señalar a personas trabajadoras enfermas mientras se anuncia un “seguimiento riguroso” de la situación.
“Señalar a personas trabajadoras enfermas y anunciar un seguimiento riguroso de la situación es irresponsable y profundamente injusto”, han afirmado los representantes sindicales.
La representación de la plantilla también ha denunciado que, en lugar de abordar el problema mediante diálogo y planificación, el Ayuntamiento ha optado por imponer órdenes de servicio “arbitrarias”, justificadas bajo el argumento genérico de las “necesidades del servicio”.
Según los sindicatos, esas órdenes están suponiendo la modificación unilateral de vacaciones ya concedidas, la denegación de permisos regulados, alteraciones de turnos sin negociación ni justificación real y la anulación de horas sindicales.
A su juicio, estas prácticas vulneran derechos laborales básicos y evidencian una gestión improvisada que intenta resolver mediante imposición lo que debería abordarse mediante consenso.
La representación sindical también ha criticado el tratamiento político dado al conflicto. Según ha explicado, la situación de la Policía Municipal fue llevada a la Comisión de Igualdad, Euskera y Servicios Generales como un punto más entre los quince incluidos en el orden del día.
Para UGT y SPPME, ese modo de proceder demuestra una falta de sensibilidad institucional y una voluntad de minimizar públicamente una crisis que, según los sindicatos, el propio Ayuntamiento ha contribuido a generar.
Los representantes de la plantilla han reclamado “un entorno laboral seguro”, una organización coherente y “un mando que genere confianza, no conflicto”. También han exigido al Ayuntamiento que deje de señalar a sus trabajadores y empiece a asumir responsabilidades.
Por todo ello, han anunciado que acudirán a todas las instancias que sean necesarias, tanto institucionales como sindicales y jurídicas, para denunciar esta situación y defender los derechos de la plantilla y la calidad del servicio público.
La representación sindical ha remarcado que sigue dispuesta a hablar con el Ayuntamiento, pero ha advertido de que ese diálogo debe ser “real, transparente y respetuoso”, no “un monólogo institucional construido para justificar decisiones unilaterales”.