La planta de biogás de Arróniz, en el punto de mira: el alcalde socialista "no informó a los vecinos"

La planta de biogás de Arróniz ha sumado un nuevo frente judicial y social. La Fundación Sustrai Erakuntza ha presentado un recurso de alzada contra la autorización del proyecto y ha asegurado que otras 4.252 personas y asociaciones han registrado también sus propios recursos, impulsadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz.

La entidad ha denunciado que la tramitación de esta planta de biogás ha estado marcada por un cúmulo de irregularidades. Según ha sostenido, el proyecto se ha mantenido prácticamente oculto durante buena parte del expediente y la población de Arróniz no ha conocido el alcance de la instalación hasta una fase muy avanzada, cuando la iniciativa ya estaba aprobada por el Gobierno de Navarra.

Sustrai ha afirmado que el Ayuntamiento de Arróniz, gobernado por el alcalde socialista Antonio Ángel Moleón Segura, conocía el proyecto por parte de la empresa promotora, de origen sevillano, pero que no informó a la ciudadanía. También ha criticado que, cuando la documentación salió a exposición pública, no lo hizo de forma completa y quedaron fuera partes que considera esenciales para evaluar el verdadero impacto de la planta.

Entre esos elementos, la fundación ha situado el plan de gestión de digestatos, uno de los puntos que considera más delicados del expediente. Ha recordado que gran parte de los residuos que entran en la planta para producir biogás salen después en forma de digestato y deben extenderse sobre terrenos agrícolas, una práctica que, según ha advertido, puede provocar problemas de contaminación por nitratos o por otros compuestos como metales pesados.

La organización ha subrayado que ese documento no estuvo disponible durante la exposición pública. Y ha señalado que, una vez conocido tras la aprobación del proyecto, se han detectado numerosos fallos en las parcelas incluidas: terrenos próximos a núcleos urbanos, parcelas cercanas a cursos de agua, superficies no dedicadas a cultivo, zonas con pendientes excesivas, fincas duplicadas o incluso parcelas inaccesibles.

A juicio de Sustrai Erakuntza, esos errores desvirtúan por completo el plan presentado por la empresa. La fundación ha asegurado que, si se eliminan las parcelas incorrectas, la superficie disponible pasa de unas 2.600 hectáreas a poco más de 1.600, una extensión que considera insuficiente para absorber la actividad prevista por la planta.

Las dudas, además, no se han quedado ahí. La entidad ha explicado que en los últimos meses se ha generado un creciente rechazo entre propietarios, arrendatarios y responsables de comunales hacia el uso de digestatos en los campos, hasta el punto de que se han retirado del plan 647 hectáreas de propiedad particular y 1.316 hectáreas comunales que inicialmente figuraban en la propuesta.

Ese cambio, según la fundación, demuestra que el plan actual ya no es viable. Sustrai ha sostenido que muchas de esas adhesiones iniciales se obtuvieron sin una información veraz sobre el proyecto y que, una vez conocidas sus implicaciones, parte de las personas afectadas ha optado por retirar su respaldo a la utilización de sus terrenos.

La crítica también se ha dirigido al propio modelo de la instalación proyectada en Arróniz. La organización ha advertido de que la planta necesitaría 140.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, pero que el expediente no concreta de dónde saldrían. Según ha expuesto, la escasa disponibilidad de residuos en la zona y la coincidencia con otras cuatro plantas del mismo tipo previstas a pocos kilómetros obligarían a recurrir al transporte desde largas distancias.

Para Sustrai, ese aumento del transporte de residuos y de digestatos pone en cuestión el supuesto beneficio ambiental del proyecto. La fundación ha indicado que ese movimiento de materiales se haría con combustibles fósiles y ha lamentado que el expediente no analice de forma completa el balance energético real ni la aportación efectiva del proyecto a la descarbonización.

Uno de los aspectos que más sospechas ha despertado entre los opositores a la planta ha sido, precisamente, el calendario de su aprobación. La fundación ha recordado que el Parlamento de Navarra debatía en octubre de 2025 una moratoria sobre las plantas de biometanización, reclamada por las plataformas vecinales para estudiar las necesidades reales de gestión de residuos y proteger el suelo agrícola y los recursos hídricos.

Sin embargo, la autorización de la planta de biogás de Arróniz se aprobó el 12 de noviembre de 2025. Según ha denunciado Sustrai, la resolución no se publicó en el Boletín Oficial de Navarra hasta el 6 de marzo de 2026, varios meses después, lo que ha alimentado las dudas sobre el proceso seguido por el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

La entidad ha añadido que la moratoria del Gobierno de Navarra se aprobó el 7 de noviembre de 2025 y entró en vigor con su publicación en el BON el 13 de noviembre, es decir, un día después de la autorización de la planta. Para los recurrentes, esa secuencia temporal apunta a una aprobación acelerada para evitar que el proyecto quedara afectado por esa paralización.

Además, la misma fecha en la que se publicó la autorización apareció también una supuesta corrección de errores. Sustrai ha sostenido que esos cambios no corregían simples erratas, sino que alteraban de manera sustancial elementos relevantes de la planta y de su funcionamiento, por lo que ha cuestionado la validez de ese trámite posterior.

Por todo ello, la fundación ha hablado de una tramitación bajo sospecha y de un posible fraude de ley. Ha defendido que la ciudadanía de Arróniz, de Tierra Estella y de otras zonas de Navarra no ha podido analizar ni debatir en condiciones un proyecto que, a su juicio, entraña riesgos para el suelo agrícola, la biodiversidad y la calidad de los recursos hídricos. La presentación de más de 4.252 recursos de alzada se ha convertido así en la principal muestra del rechazo social que ha generado esta planta de biogás.