Seis trabajadores eventuales, más cerca de ser fijos en una empresa de Navarra tras un fallo de la Justicia

El despido nulo en KYBSE ha quedado más cerca de consolidarse tras el último paso judicial conocido por CGT-LKN en la planta de Ororbia. El sindicato ha asegurado que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la sentencia que ya le dio la razón a un trabajador, y que esta decisión afecta a seis trabajadores eventuales.

Según ha explicado CGT, la empresa KYBSE, dedicada a la fabricación de amortiguadores para automoción y con sede en Ororbia, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo. Para el sindicato, ese recurso solo ha servido para “retrasar lo inevitable”, porque el TSJN ha ratificado el fallo previo del Juzgado de lo Social nº 1 de Pamplona.

En esa resolución, CGT ha señalado que se ha reconocido que el 31 de diciembre de 2024 se ha producido un despido colectivo encubierto y, por tanto, nulo. También ha afirmado que los contratos eventuales por razones de la producción desde julio de 2023 han estado en fraude de ley.

El sindicato ha enmarcado los hechos en los 64 despidos ejecutados entonces por la compañía, que —según su versión— han pasado desapercibidos mediáticamente. CGT ha atribuido ese desenlace a un acuerdo alcanzado entre dirección y comité de empresa, firmado por “la mayoría sindical” y con “la complicidad del resto”, que se ha negociado en diciembre de 2023 “a espaldas” de los eventuales.

De acuerdo con la explicación de CGT, ese pacto ha permitido a la empresa disponer de personal eventual durante un año más para cubrir bajas, y después despedirlo en lugar de convertirlo en indefinido, “saltándose” el convenio y la ley. El sindicato ha insistido en que, en condiciones ordinarias, esos contratos debían estabilizarse cuando correspondía.

La nota ha recordado que KYBSE cuenta con una bolsa de empleo regulada por convenio, en la que debe respetarse el orden de antigüedad. Además, siempre según CGT, los contratos eventuales por producción deben convertirse en indefinidos al llegar al máximo legal, que actualmente ha situado en seis meses.

El acuerdo, ha denunciado CGT, ha dejado en suspenso esas condiciones y ha discriminado al personal eventual, alargando su situación de incertidumbre y precariedad sin fecha límite. El sindicato ha añadido que una parte importante de estas personas llevaba “de media” siete años en esa bolsa, con trabajo intermitente y la expectativa de llegar a ser fijos.

En su relato, CGT también ha apuntado al papel del Tribunal Laboral de Navarra, al que ha calificado de organismo de “dudosa neutralidad”. Según el sindicato, ese organismo ha avalado los despidos aceptados por el comité, sin ver irregularidades.

Además, CGT ha sostenido que la empresa ha organizado los actos de conciliación y ha repartido las papeletas ya cumplimentadas para que se firmaran. De ese modo, ha afirmado, los trabajadores han terminado aceptando un despido improcedente cuando, en realidad, el sindicato entiende que era nulo.

A cambio, siempre según CGT, los afectados han visto parte de la indemnización de 45 días por año libre de impuestos, y la empresa ha quedado exonerada de mayores responsabilidades legales. Ese contexto ha sido el que ha empujado a varios trabajadores a dar un paso al frente.

El sindicato ha explicado que, a principios de enero, varios afectados se han organizado a través de CGT y han convocado una asamblea abierta para exponer la situación. Finalmente, seis trabajadores han presentado denuncias contra la empresa.

En febrero, ha añadido CGT, la compañía ha vuelto a contratar personal eventual, pero ha excluido a los denunciantes “como represalia”. También ha asegurado que KYBSE ha llegado a amenazar con reformar el funcionamiento de la bolsa de empleo para institucionalizar ese criterio.

En ese momento, según el sindicato, el comité de empresa sí ha salido en defensa del orden de antigüedad de la bolsa. La empresa habría “reculado” y los habría contratado, algo que —según CGT— ha hecho hasta julio, mientras se cumplían dos años de trabajo “prácticamente ininterrumpido” y se “eternizaba” la eventualidad del colectivo.

Durante el verano, ha continuado CGT, ha llegado la primera sentencia favorable con readmisión. Y en septiembre, ese precedente ha condicionado el nuevo acuerdo de contratación entre empresa y comité: el sindicato ha afirmado que se ha puesto por fin una fecha estimada de fijeza para los eventuales mediante el contrato relevo, aunque aún no todos han sido llamados a trabajar.

Con la confirmación ahora del fallo por parte del TSJN —pese al anuncio de recurso al Supremo—, CGT ha extraído varias conclusiones. La principal, ha subrayado, es que la precariedad en la industria no es un caso aislado, sino un fenómeno estructural vinculado a la exigencia de flexibilidad.

El sindicato ha descrito una realidad en la que una parte de la plantilla, ya sea eventual, subcontratada o de ETT, vive como “trabajadores de segunda”, con derechos laborales y sindicales “cercenados”. Y ha criticado que, en ocasiones, representantes sindicales y plantillas fijas sean indiferentes o incluso cómplices ante estas situaciones.

A la vez, CGT ha valorado el proceso como una muestra de que los trabajadores eventuales pueden organizarse y plantarle cara a una multinacional, y ha defendido que “ganar es posible”. 

Por último, el sindicato ha reconocido los límites de la vía judicial y ha insistido en que el terreno principal para afrontar este tipo de problemas debe ser la lucha sindical y la organización en los centros de trabajo. En ese sentido, ha apelado a la unidad y la solidaridad para defender las condiciones laborales y los derechos sindicales “de todos”.