Investigan en Pamplona a dos clínicas veterinarias por prácticas que podrían poner en riesgo a mascotas
El intrusismo profesional en clínicas veterinarias ha sido investigado por la Policía Foral en Pamplona tras detectar posibles tratamientos realizados por personal no habilitado en dos centros. Los agentes han remitido dos atestados al Juzgado de Guardia de Pamplona y a la Fiscalía de Pamplona.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Investigación Medioambiental de la Policía Foral, adscritos a la Comisaría de Pamplona. Las pesquisas comenzaron después de tener conocimiento de un posible delito de intrusismo profesional en dos clínicas veterinarias.
Los agentes establecieron dispositivos de vigilancia sobre los centros investigados. Después, realizaron la inspección de las clínicas y hallaron numerosos indicios de la realización de tratamientos veterinarios por parte de personal que no estaba habilitado para ejercer esas funciones.
Entre las prácticas detectadas figuran vacunaciones de la rabia, identificaciones de animales, procedimientos quirúrgicos y administración de medicación que requiere prescripción veterinaria profesional. Estas actuaciones están reservadas a personal veterinario con la titulación y habilitación correspondiente.
La Policía Foral también ha detectado distintas infracciones administrativas vinculadas a la actividad de las clínicas. Algunas están relacionadas con la gestión de residuos, competencia de la Sección de Residuos del Servicio de Economía Circular e Innovación del Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra.
Además, se han detectado irregularidades sobre el registro del equipo de rayos X. Esta materia corresponde a la Sección de Minas del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial.
También se han observado posibles incumplimientos en la utilización de ese equipo por parte de personal no habilitado. Según la información policial, las clínicas carecían de equipos de protección individual suficientes y de dosímetros unipersonales, una cuestión que es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear.
El artículo 403 del Código Penal castiga a quien ejerce actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España. La pena prevista es de multa de doce a veinticuatro meses.
La misma norma contempla una multa de seis a doce meses cuando la actividad profesional exige un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio. También prevé penas más graves si el culpable se atribuye públicamente la cualidad de profesional o si ejerce esos actos en un local abierto al público donde se anuncian servicios propios de esa profesión.
En esos casos, el Código Penal recoge una pena de prisión de seis meses a dos años. La investigación sobre el intrusismo profesional en clínicas veterinarias ha quedado ahora en manos del Juzgado de Guardia y de la Fiscalía.
Desde Policía Foral se ha recomendado a la población propietaria de animales de compañía acudir únicamente a centros veterinarios homologados. El cuerpo policial ha recordado que el intrusismo no solo supone un fraude, sino que puede poner en peligro la vida de las mascotas y la seguridad sanitaria de la comunidad por el riesgo de zoonosis.
También ha subrayado que cualquier persona tiene derecho a solicitar el número de colegiado del personal veterinario que atiende a su animal. Además, ha aconsejado desconfiar de servicios que no requieran la cartilla oficial o el pasaporte sanitario para registrar los tratamientos.
La Policía Foral ha pedido igualmente prudencia ante precios anómalos. Los tratamientos con costes llamativamente bajos pueden esconder una falta de garantías sanitarias y profesionales.
En la Comunidad Foral de Navarra, las personas propietarias de animales deben cumplir varias obligaciones legales. Entre ellas, todos los perros, gatos y hurones deben estar identificados mediante microchip e inscritos en el RIAC, el Registro de Identificación de Animales de Compañía, antes de los tres meses de vida.
Además, la vacunación antirrábica es obligatoria para perros, gatos y hurones. La primovacunación debe realizarse entre las 12 y las 28 semanas de edad, y las revacunaciones deben ser anuales.