Testifican ante el juez las alumnas del profesor de Zizur a las que espiaba
La Audiencia Provincial de Navarra ha comenzado este martes el juicio contra un profesor de instituto acusado de una cadena de delitos contra la intimidad y de posesión de pornografía infantil, en una causa con cerca de 40 víctimas reconocidas. El procesado ha admitido los hechos y ha abonado 273.000 euros en concepto de indemnización, aunque no acepta la petición de penas formulada por la Fiscalía.
La vista oral ha arrancado con las declaraciones de las afectadas a puerta cerrada y con medidas de protección para evitar el contacto visual con el acusado. En principio, el juicio está previsto para dos jornadas y el Ministerio Fiscal reclama una condena que suma hasta 180 años de cárcel.
La responsabilidad civil que plantea la Fiscalía recoge indemnizaciones por daños morales de entre 3.000 y 11.000 euros por afectada. La suma global supera los 200.000 euros, aunque antes del juicio el acusado ha consignado 273.000 euros, una cantidad superior a los 252.000 euros que reclamaba el Ministerio Público.
Buena parte de las víctimas son alumnas o exalumnas del IES Zizur BHI. Según la acusación, el profesor utilizó inteligencia artificial para manipular fotografías de muchas de ellas y presentarlas desnudas. La Fiscalía sostiene que varias de esas jóvenes eran menores de edad, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años.
La causa también incluye a dos vecinas del mismo inmueble del acusado, en Ansoáin, a las que supuestamente grabó sin permiso dentro de sus viviendas. Además, el procedimiento recoge grabaciones a otras mujeres en el interior de probadores de establecimientos comerciales de la comarca de Pamplona mientras se cambiaban de ropa.
Según el escrito de acusación, una parte de la actividad delictiva se desarrolló entre mayo y octubre de 2023. La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechó su entorno profesional, sus conocimientos informáticos y distintos dispositivos de grabación clandestinos para acceder a escenas de la intimidad de decenas de personas.
En el caso de su domicilio, el Ministerio Público asegura que utilizó un sistema de grabación sujeto con un hilo de pita que descolgaba desde la ventana para captar imágenes del dormitorio de una vecina. Esa práctica, siempre según la acusación, se habría repetido durante trece jornadas entre septiembre y octubre de 2023. También le atribuye haber fotografiado de forma clandestina a otra vecina menor de edad en su habitación.
La Fiscalía sitúa otra parte esencial del caso en el IES Zizur BHI, donde el procesado ejercía como profesor de Secundaria. Allí, según mantiene la acusación, instaló una cámara oculta en el baño de profesores de la segunda planta, orientada para grabar a docentes en momentos de privacidad.
De forma paralela, el Ministerio Público le atribuye una persecución digital a sus alumnas. Según el escrito, obtuvo de forma ilícita contraseñas de correos electrónicos y perfiles en redes sociales como Instagram, Snapchat y TikTok, aprovechando su acceso a datos personales del centro educativo.
La acusación sostiene que en su teléfono móvil llegó a tener instaladas 25 cuentas ajenas, de las que 18 correspondían a alumnas. También asegura que accedió a fotografías privadas de varias jóvenes, incluidas imágenes que en algunos casos nunca habían sido compartidas públicamente.
A partir de ese material, siempre según la versión de la Fiscalía, el acusado modificó fotografías de menores para representarlas totalmente desnudas con una finalidad sexual. Esos hechos han sido calificados como pornografía infantil técnica, uno de los bloques más graves de la acusación.
Por estos delitos, el fiscal solicita penas de hasta 8 años de prisión por pornografía infantil técnica. A esa petición añade condenas de entre 3 años y 4 años y 9 meses de cárcel por los numerosos delitos de descubrimiento y revelación de secretos que atribuye al procesado.
En el terreno profesional, la acusación reclama la inhabilitación especial para cualquier oficio o actividad con contacto con menores durante un periodo de hasta 24 años. También pide prohibiciones de comunicación y aproximación a las víctimas de hasta 12 años.
En la causa se ha personado como acusación popular el Ayuntamiento de Zizur, localidad en la que el acusado ejercía como profesor y a la que pertenecen muchas de las víctimas. Antes del inicio de la vista, además, un grupo del Movimiento Feminista de Zizur se ha concentrado ante el Palacio de Justicia de Pamplona con una pancarta en la que podía leerse: “Erasoen aurrean autodefentsa feminista! Zuekin gaude”.
En un comunicado leído en euskera, el colectivo ha advertido de que lo ocurrido con las alumnas “no puede entenderse como un caso aislado o una anécdota, sino como un claro ejemplo de un problema estructural que también aparece en los espacios educativos”. También ha mostrado su apoyo a las víctimas, que este martes han declarado, según han denunciado, en un espacio de “exposición, cuestionamiento y revictimización”.
Aunque la Fiscalía aprecia en el acusado una atenuante por trastorno del control de los impulsos en la esfera sexual, con afectación leve o moderada de sus capacidades, mantiene intacta la gravedad de la acusación. Por ese motivo, ha pedido que las sesiones se celebren a puerta cerrada para proteger la identidad y los derechos fundamentales de las alumnas, compañeras y demás mujeres afectadas durante el juicio en Pamplona.