La Audiencia Provincial de Navarra juzgará los días 24 y 25 de marzo a un docente del IES Zizur BHI acusado de haber tejido una presunta red de espionaje y manipulación de imágenes que afectó a decenas de personas. La Fiscalía le atribuye una actividad delictiva desarrollada entre mayo y octubre de 2023, en la que, supuestamente, aprovechó su entorno profesional, sus conocimientos informáticos y dispositivos de grabación clandestinos.
Según el escrito de acusación, una parte de esa conducta se produjo en su propio domicilio de Ansoáin. El Ministerio Público sostiene que el acusado utilizaba un dispositivo de grabación sujeto con un hilo de pita que descolgaba desde su ventana para captar escenas de la intimidad de una vecina mientras se encontraba en su dormitorio.
Esa práctica, siempre según la Fiscalía, se repitió durante trece jornadas entre septiembre y octubre de 2023. La acusación añade además que el docente llegó a fotografiar de forma clandestina a otra vecina menor de edad en su habitación. A ello suma grabaciones a mujeres en el interior de probadores de varios establecimientos comerciales de la comarca de Pamplona, mientras se cambiaban de ropa.
Parte importante del caso se sitúa, sin embargo, en el Instituto de Educación Secundaria IES Zizur BHI, donde el procesado ejercía como profesor de secundaria. La acusación sostiene que instaló una cámara oculta en el baño de profesores de la segunda planta, orientada para grabar a docentes en momentos de estricta privacidad.
De forma paralela, el Ministerio Público le atribuye una persecución digital a sus alumnas, muchas de ellas menores de entre 13 y 17 años. Según el escrito, el acusado obtuvo ilícitamente contraseñas de correos electrónicos y perfiles en redes sociales como Instagram, Snapchat y TikTok, aprovechando su acceso a datos personales del centro.
La Fiscalía asegura que en su propio teléfono móvil llegó a tener instaladas hasta 25 cuentas ajenas, de las que 18 correspondían a alumnas. La acusación sostiene además que accedió a fotografías privadas de varias jóvenes, incluidas imágenes que, en algunos casos, nunca habían sido compartidas públicamente.
Otra parte del procedimiento se centra en el presunto uso de inteligencia artificial para transformar esas imágenes. Según la Fiscalía, el profesor modificaba fotografías de las menores para representarlas totalmente desnudas con una finalidad sexual lasciva, unos hechos que han sido calificados como pornografía infantil técnica.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita penas de hasta 8 años de prisión por los delitos de pornografía infantil técnica. A ello suma peticiones de entre 3 años y 4 años y 9 meses de cárcel por los numerosos delitos de descubrimiento y revelación de secretos que atribuye al acusado.
En el ámbito profesional, la acusación reclama la inhabilitación especial para cualquier oficio o actividad que implique contacto con menores durante un periodo de hasta 24 años. También interesa prohibiciones de comunicación y aproximación a las víctimas de hasta 12 años.
La responsabilidad civil que plantea la Fiscalía también alcanza una cifra muy elevada. El escrito recoge indemnizaciones por daños morales de entre 3.000 y 11.000 euros por afectada, con una suma global que supera los 200.000 euros para el conjunto de las víctimas identificadas.
Aunque el Ministerio Público aprecia una atenuante por trastorno del control de los impulsos en la esfera sexual, con afectación leve o moderada de sus capacidades, mantiene la gravedad de la acusación. Por ese motivo, ha solicitado que las sesiones se celebren a puerta cerrada para proteger la identidad y los derechos fundamentales de las alumnas y compañeras afectadas y evitar su revictimización durante el juicio en Pamplona.
