Un informe clave del 'caso Koldo' revela cambios millonarios en contratos públicos antes de poner la primera piedra
Un informe de la IGAE remitido al juez Ismael Moreno cuestiona modificaciones de contratos públicos antes del inicio de varias obras y vuelve a situar a Acciona en el centro del foco.
La investigación del 'caso Koldo' ha vuelto a poner bajo la lupa varias adjudicaciones de obra pública y ha señalado ahora un posible aumento irregular del presupuesto en once contratos analizados por la Investigación General de la Administración del Estado (IGAE). Entre ellos figura un tramo de la A-12, una vía especialmente transitada en Navarra, dentro de una pieza separada que instruye la Audiencia Nacional.
El nuevo informe se ha remitido al juez Ismael Moreno y revisa contratos adjudicados por ADIF y por la Dirección General de Carreteras. La investigación se centra en si hubo modificaciones que elevaron el coste de algunas obras hasta rozar el 20 % antes incluso de que arrancaran los trabajos.
La pieza investiga a catorce personas y en ella aparecen nombres ya conocidos de la trama, como el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el exdirigente socialista navarro Santos Cerdán, la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera o el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.
De las once adjudicaciones revisadas por la IGAE, cinco corresponden a ADIF y seis a Carreteras. Entre las obras analizadas aparecen actuaciones en Sevilla, Teruel, Córdoba, Murcia, Almería y también un tramo de la A-12 del Camino de Santiago entre La Rioja y Burgos, una infraestructura muy vinculada al eje del norte y seguida de cerca también en Navarra.
El informe pone especial atención en tres proyectos adjudicados por ADIF en 2019 en los que se detectó un modificado previo al inicio de las obras. Según el documento, esos cambios incumplieron la normativa sobre modificaciones y elevaron el precio final en porcentajes muy cercanos al 20 %.
Una de esas actuaciones fue el soterramiento de las estaciones de Barriomar y Nonduermas, en Murcia. La obra se adjudicó a una UTE de Acciona y Ferrovial por 158,8 millones de euros, pero después sumó otros 31 millones, con un incremento del 19,72 %.
También figura el cubrimiento de las vías en Sant Feliú de Llobregat, en Barcelona. En ese caso, Acciona obtuvo un contrato de 51,7 millones de euros y posteriormente se aprobó una modificación de 10,2 millones, lo que supuso una subida del 19,83 %.
La tercera actuación señalada fue la construcción de una plataforma del Corredor Mediterráneo en el tramo Pulpí-Vera, en Almería. La adjudicación, en este caso a otra UTE de Acciona y Ferrovial, partió de 121 millones y se incrementó después en otros 24 millones, un 19,93 % más.
La IGAE también ha cuestionado el contrato para los tirantes del Puente del Centenario de Sevilla, adjudicado por la Dirección General de Carreteras a una UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet. Esa obra se adjudicó en 2021 por 71,4 millones de euros y más tarde incorporó un modificado de 13,5 millones, con un aumento del 19,02 %.
En este caso, los investigadores han puesto el foco en el precio aplicado a unas piezas de acero. La inspección entiende que la UTE utilizó como referencia el precio de mercado de junio de 2022, cuando a su juicio debía haberse aplicado el de la adjudicación inicial, de mayo de 2021.
Según ese cálculo, la diferencia económica discutida asciende a 5,08 millones de euros. El informe, por tanto, refuerza la línea de investigación sobre posibles irregularidades en contratos públicos vinculados al 'caso Koldo', una causa que sigue teniendo derivadas políticas y judiciales con eco directo en Navarra por la presencia de Koldo García y Santos Cerdán en la investigación.