A juicio en Pamplona por abusar de su sobrina de 12 años mientras veían una película en el sofá de su casa
La Fiscalía solicita una pena de 5 años de prisión para un ciudadano de nacionalidad hondureña acusado de un delito continuado de agresión sexual sobre su sobrina menor de edad en Pamplona. Los hechos, que se remontan al verano de 2023, serán juzgados esta semana en la Audiencia Provincial de Navarra, donde el Ministerio Público pedirá además la expulsión del procesado del territorio nacional una vez se dicte la sentencia.
Según el relato de conclusiones provisionales del fiscal, los abusos se produjeron en el domicilio familiar situado en el barrio de San Juan de la capital navarra. El acusado, que no cuenta con antecedentes penales, aprovechó un momento de intimidad mientras veía una película en el salón con la víctima, nacida en 2011, para realizarle tocamientos de índole sexual por debajo de la ropa. La acusación sostiene que esa misma jornada, tras regresar de una excursión a la zona costera de Aquitania, en Francia, el hombre volvió a abordar a la menor en un dormitorio, donde la abrazó y repitió los tocamientos en el pecho.
Como consecuencia de estos episodios, la menor sufre un malestar psicológico que ha requerido tratamiento especializado para su recuperación. Por todo ello, el Ministerio Público califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años —una figura jurídica que se aplica cuando el autor realiza una serie de actos similares en el tiempo contra la misma víctima—.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que se le imponga una medida de libertad vigilada durante 10 años, que se ejecutaría tras el cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación especial para cualquier profesión o oficio que implique contacto directo con menores por el mismo periodo.
En cuanto a la situación administrativa del encausado, aunque actualmente reside de forma regular en España, el fiscal solicita, basándose en el Código Penal, que la pena de prisión sea sustituida por su expulsión del país y la prohibición de regresar a territorio español durante un plazo de 10 años. Respecto a la protección de la víctima, se ha pedido una orden de alejamiento que prohíba al acusado acercarse a menos de 200 metros de la menor o comunicarse con ella por cualquier medio durante 6 años.
En el plano de la responsabilidad civil —la compensación económica por los daños causados—, el Ministerio Público reclama que el procesado indemnice a la representante legal de la niña con 3.000 euros más los intereses legales correspondientes.