El Supremo deniega a Cerdán firmar en Milagro y le emplaza a elegir un juzgado de instrucción
El alto tribunal ha denegado que el exdirigente socialista pueda firmar en el juzgado de paz de su localidad y le requiere designar un juzgado de instrucción para cumplir la medida cautelar.
El Supremo ha rechazado que el ex secretario del PSOE Santos Cerdán, investigado por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas, pudiera firmar cada quince días en el juzgado de paz de Milagro, y le ha pedido que elija un juzgado de instrucción para cumplir esta medida cautelar vinculada al caso Koldo.
La decisión se ha comunicado en una diligencia de ordenación hecha pública este 25 de noviembre, en la que el alto tribunal aclara que el juzgado de paz de su localidad “no es un tribunal de instancia”.
El tribunal ha recordado al exdirigente socialista que debe designar un órgano judicial adecuado para realizar las comparecencias apud acta que le impuso el magistrado Leopoldo Puente al ordenar su salida de prisión provisional. Esta libertad se acordó el pasado 19 de noviembre, después de 4 meses y 20 días en la cárcel de Soto del Real.
Según el instructor, existían fuertes indicios contra Cerdán por su presunta implicación en la trama de adjudicaciones de obra pública investigada en el caso Koldo, motivo por el que mantenía las medidas cautelares de prohibición de salir de España y la firma quincenal en sede judicial.
Cerdán permanecía en prisión desde el 30 de junio, acusado de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, habían solicitado su libertad hasta en cinco ocasiones, sin éxito. El propio instructor ya había avisado en resoluciones previas de que no se llegaría a agotar el plazo legal de seis meses de prisión provisional, que vencía el 30 de diciembre.
En su argumentación, Puente destacó que antes de autorizar la salida era necesario que los investigadores aseguraran determinadas pruebas que podían estar en riesgo, una labor que considera ya concluida. La decisión llegó después de recibir un último informe de la UCO de la Guardia Civil, fechado el 11 de noviembre, sobre las relaciones entre Acciona y Servinabar, empresa de la que Cerdán sería propietario al 45%.
Ese informe detalla que Servinabar obtenía el 2% de lo que Acciona cobraba por las obras públicas adjudicadas, y que tanto Cerdán como su familia se beneficiaron de esos ingresos mediante nóminas, el alquiler de dos viviendas en Madrid —incluida la familiar— y una tarjeta de crédito con la que se pagaron comidas y diversas compras.