El triste final del clan de los poderosos del PSN en Navarra

En el escándalo Cerdán ha jugado un papel determinante la empresa Servinabar 2000 S.L. El foco se sitúa sobre esta sociedad limitada de 3.000 euros de capital social, fundada en 2015, cuyo objeto social era “Gestión de Servicios para trabajos administrativos (archivos, digitalización, destrucción de documentos...), cobros, encuestas, lectura de contadores y organización de eventos”.

Dos años después, en comandita con Acciona Construcciones, resultó adjudicataria de varios contratos de obras públicas otorgados por el Gobierno de Navarra, y que al día de hoy ascienden a 100 millones de euros. Todas las investigaciones realizadas hasta ahora demuestran, sin perjuicio de confirmación en sede judicial, que sin Acciona, Servinabar no hubiera realizado su actuación ilícita. Todo el mundo sabe ya que Antxón Alonso, el guipuzcoano íntimo amigo –y posiblemente socio– de Cerdán, no es más que un conseguidor de adjudicaciones públicas gracias a la influencia política de Santos Cerdán, y su sociedad es un instrumento para canalizar la distribución oculta de posibles beneficios ilícitos por unas obras que no ejecutaba realmente por falta absoluta de cualificación para ello. Todo ello bajo el paraguas protector de Acciona Construcciones. Difícil de comprender.

El clan de los poderosos conocía la estrecha relación de Cerdán con Antxón Alonso. Quizás por eso les pareció normal que abogara por la adjudicación de obras a Servinabar, máxime. ¿Sabían que, además de amistad, había un espurio interés personal? En el registro efectuado por la UCO en la sede de Servinabar apareció una escritura notarial en la que Antxón cedía a Santos el 45 por ciento de las participaciones de la sociedad. ¿Es un bulo difundido por la UCO? Alonso lo niega. En la duda, me inclino por la integridad de la Guardia Civil.

El empresario Alonso también obtenía contratos en el País Vasco, donde operaba, formando UTE con Acciona, con varias sociedades, entre otras Nora Sociedad Cooperativa y Alegure S.L., similares a Servinabar. En el informe de la UCO figura una conversación de Santos Cerdán con Koldo, en la que afirma que “el cupo vasco” le corresponde a él. El nuevo lehendakari, Imanol Pradales, a la vista de lo publicado, ha ordenado una revisión de los posibles contratos concertados con las sociedades de Antxón Alonso durante su antecesor Íñigo Urkullu, en tiempos en que Andoni Ortúzar era presidente del PNV. Es de suponer que se revisarán los contratos de obras y servicios de otras instituciones vascas como las Diputaciones Forales y los municipios, tanto en los regidos por el PNV como los gobernados por EH Bildu.

Con el fin de satisfacer a Cerdán, el clan maniobró para controlar a toda costa la Mesa de Contratación de los túneles de Velate. Solo así era posible que el trío Acciona, Osés y Servinabar resultara adjudicatario de la construcción de los túneles, que se valoró en 62,8 millones de euros. Se ignora por qué confiaban ciegamente para esta tarea mafiosa en Jesús Polo, un funcionario de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras que dependía de Óscar Chivite, al que su sobrina había nombrado consejero de Cohesión Territorial en 2023. Pero había un grave impedimento. Polo era funcionario y estaba a punto de cumplir 70 años. La Ley Foral de la Función Pública de 2012 establece que, al llegar a esa edad, todos los funcionarios forales están obligados a jubilarse. La única excepción eran los funcionarios del Departamento de Sanidad, por razones muy restrictivas y debidamente motivadas. Sin duda, hubo un contubernio entre la presidenta María Chivite, la consejera de Economía y Hacienda Elma Sáiz, responsable de la elaboración de los presupuestos generales de Navarra, Óscar Chivite, que controlaba el proceso de adjudicación de obras públicas, y Ramón Oscáriz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Foral. A alguno de ellos se le ocurrió que la única solución era prorrogar por un año la permanencia en el servicio activo de Jesús Polo.

Y eso solo podía llevarse a cabo si se modificaba la Ley Foral de la Función Pública. Para ello redactaron una enmienda in voce a los presupuestos generales de Navarra de 2022. Probablemente recabaron la colaboración de Félix Taberna, vicepresidente y consejero de Movilidad, Función Pública y Migraciones, pues la enmienda le afectaba directamente al tratarse de una modificación de la ley de 2012.

La enmienda, en cuya redacción, sin duda, habrían participado letrados de la Consejería de Hacienda, decía textualmente: “Se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial, dentro de la Dirección General de Obras e Infraestructuras, que ocupen la Dirección de Servicio, por un periodo de un año por necesidades del servicio, falta de profesionales, complejidad técnica de los proyectos u obras de ejecución inmediata que es preciso acometer, de suma trascendencia para el desarrollo territorial de la Comunidad Foral de Navarra, razones en todo caso debidamente justificadas”. La justificación de la enmienda decía “por necesidades del servicio”. No se aportaba ningún informe técnico que justificara que el único funcionario capaz de formar parte de una Mesa de Contratación de la envergadura de los túneles de Velate fuera Jesús Polo.

Ramón Alzórriz se encargó de negociarla con otros grupos parlamentarios. Junto a él aparece la firma de Uxue Barcos, en nombre de Geroa Bai, que adjudicó obras públicas a la UTE Acciona y Servinabar durante su mandato (2015 a 2019), y Mikel Buil, en representación de Podemos. No es creíble que la líder de Geroa Bai no tuviera conocimiento de la verdadera razón de ser de la enmienda. Hasta el momento no ha dado ninguna explicación.

La Mesa de Contratación, compuesta por ocho miembros, todos ellos funcionarios, debatió en primer lugar la admisión a trámite de la UTE Acciona-Osés-Servinabar. El Secretario-Letrado pidió la inadmisión, alegando que Servinabar no podía ser adjudicataria de la obra de los túneles por su absoluta incapacidad para participar en la construcción de una infraestructura de su envergadura y complejidad por carecer de experiencia, de equipo técnico, maquinaria, trabajadores, capital suficiente (3.000 euros), no presentar cuentas anuales desde 2021 e incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Polo rebatió la argumentación del Secretario y consiguió que se admitiera a trámite. Cinco días antes de la votación final de la Mesa, Polo conoció que cuatro de los ingenieros técnicos pertenecientes a la misma se inclinaban por la UTE Construcciones Mariezcurrena S.L., Consa Corporación y Nortúnel, empresas con gran experiencia en la construcción de túneles. Durante ese tiempo los presionó para que se sumaran a su postura. Consiguió que tres de los cuatro ingenieros le dieran su apoyo. La votación registró un empate a cuatro. Además de uno de los ingenieros, votaron en contra el Secretario-Letrado, el Interventor delegado de Hacienda y el representante de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, encargada de velar por la eficiencia y legalidad de los contratos públicos. El voto de calidad de Polo deshizo el empate.

La Justicia tendrá la última palabra. Pero cualquier jurista independiente llegaría a la conclusión de que los autores de esta conspiración para favorecer al amigo íntimo de Santos Cerdán podrían haber cometido los siguientes delitos, en función de su participación:

1. Prevaricación administrativa (art. 404 del Código Penal).
    
2. Fraude a la Administración (arts. 436 y ss.).
    
3. Tráfico de influencias (arts. 428 y ss.).
    
4. Cohecho (arts. 419 y ss.).
    
5. Falsedad documental (arts. 390 y ss.).
    
6. Delito de asociación ilícita (arts. 515 y ss.).
    

Además, la conducta de los implicados puede calificarse como fraude de ley y desviación de poder por el uso de una norma (enmienda in voce) para fines distintos del interés público (art. 6.4 del Código Civil), lo que puede implicar nulidad de pleno derecho del acto jurídico de la adjudicación (art. 47.1 de la Ley 39/2015).

Cada día se conocen más hechos reveladores de doblez y falta de ética. Es el caso del combativo Ramón Alzórriz, que en 2019, tan pronto como María Chivite llegó a la presidencia, solicitó a Antxón Alonso la contratación de su pareja en Servinabar, que accedió a ello. La fuente ha sido el informe de la UCO tras el registro de la sede de la empresa pantalla en la calle San Nicolás 1, 2º. Tan pronto como se hizo público, Alzórriz presentó su dimisión de sus cargos de portavoz parlamentario y vicesecretario general del PSN-PSOE. Pero mantiene su escaño parlamentario.

El protagonista de la otra noticia es el tío de la presidenta, Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial. El pasado 10 de junio, el que fue Secretario-Letrado de la Mesa de Contratación denunció a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que el consejero había dictado una disposición por la que se le trasladaba a una plaza situada en una nave industrial del Polígono de Landaben, cuyas instalaciones sirven principalmente de almacén y garaje de vehículos. El 16 de junio, la OBPA dictó resolución calificando esta actuación de la Consejería como “un acto de represalias y, por tanto, nulo de pleno derecho”. Seis días después, Chivite dictó nueva resolución trasladando al denunciante a su puesto en la Avenida de San Ignacio. Esta actuación estalinista debería conducir al cese inmediato del Consejero y abrir expediente disciplinario a quienes participaron en este abuso de poder.