La década en la que España perdió el rumbo

Hace apenas diez años, la alta velocidad de nuestro país era el orgullo de Europa y un ejemplo de puntualidad y seguridad internacional. Hoy, sin embargo, el ciudadano sufre un goteo constante de retrasos, averías e incidentes ferroviarios que reflejan a la perfección el declive de la gestión pública. El caos ferroviario de los últimos años se ha vuelto habitual, visible no solo en las líneas de larga distancia, sino en el colapso diario de las redes de Cercanías y en los incidentes recurrentes en grandes nudos como Madrid-Chamartín o Atocha.

Hemos asistido a lamentables catástrofes sin que nadie en el Gobierno asuma responsabilidad alguna ante la falta de actualización de los sistemas de seguridad. Lo mismo ocurre con los fondos destinados a la conservación de carreteras: parece que solo interesa la gran obra nueva, donde hay más margen, tal y como ha ocurrido en Navarra con el desdoblamiento de los túneles de Velate.

Es también preocupante la erosión del Estado de derecho, evidenciada en una Ley de Amnistía que dinamita la igualdad ante la ley para favorecer a quienes quebrantaron la Constitución. Esta quiebra institucional se complementa con el señalamiento público a jueces desde las tribunas parlamentarias y el nombramiento de perfiles marcadamente políticos al frente de instituciones clave de control, como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional, comprometiendo gravemente la separación de poderes.

A esto se suma una gestión de crisis profundamente cuestionada: desde los escándalos de corrupción en los contratos de la pandemia —con un exministro condenado a prisión y otros altos cargos imputados— hasta las sombras del AVE a La Meca y los regalos de bisutería a un expresidente, pasando por el evidente descontrol en la política migratoria. En el plano de las relaciones internacionales, destaca el absurdo protagonismo del presidente y, como colmo, la invasión de Ceuta, que parecía estar acordada —aunque falló el cálculo del número de invasores— ante la impotencia de las fuerzas de seguridad y del control fronterizo.

Especialmente dolorosa ha sido la descoordinación institucional ante tragedias naturales como la DANA, donde el cruce de reproches políticos y la rigidez burocrática se antepusieron a una respuesta centralizada y eficaz, ralentizando una ayuda que era vital en los momentos de máxima necesidad. Ante la reciente convocatoria electoral, surge otra nueva polémica: un fraude del censo mediante una interpretación de la ley que habilita para ejercer el derecho al voto incluso a los descendientes de Pizarro y Hernán Cortés.

Resulta para este Gobierno prioritario remover todo aquello que se intentó olvidar con la llegada de la Constitución. Cuando la propaganda sustituye a la eficacia y el interés político pisotea las instituciones, el sistema democrático se resiente. Esta última década no debería recordarse como un avance, sino como el periodo en el que se sacrificó la excelencia de los servicios públicos y la separación de poderes en favor de la conveniencia política.

En medio de este desolador panorama de desamparo institucional, es de justicia romper una lanza en favor de la Guardia Civil —nunca mejor llamada civil—, cuya labor en estas catástrofes ha sido ejemplar. Especialmente en los pequeños pueblos de la España vaciada, allí donde el Estado parece haber replegado sus recursos, los agentes se han erigido como la única y verdadera fuerza de control, auxilio e investigación. Han sido ellos quienes, arriesgando sus propias vidas en primera línea y sin apenas medios, han sostenido a las comunidades más vulnerables, demostrando una vocación de servicio que abochorna a la de sus gobernantes.

Por todo ello, el recuerdo más digno y respetuoso debe ser para las víctimas: para quienes perdieron la vida o sufrieron las consecuencias de las catástrofes ferroviarias, de la gestión pandémica y de las recientes riadas. Ellos, junto a sus familias, han padecido no solo el dolor de la tragedia, sino el abandono de una administración pública que les falló cuando más la necesitaban y que, en lugar de ofrecerles la verdad, la reparación y la asunción de responsabilidades que merecen, les ha respondido con el silencio institucional y la desatención.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ