Aierdi desacredita en la comisión a Anticorrupción por las VPO de Servinabar y niega la nulidad de la adjudicación
El consejero ha defendido en el Parlamento de Navarra que la promoción sí contó con autorización y ha situado el choque jurídico con la OANA en el centro de la comisión.
El exgerente de Nasuvinsa y actual Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente José MªAierdi ha rechazado este miércoles el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) sobre las 62 VPO de Ripagaina y ha defendido en el Parlamento de Navarra que aquella adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar, realizada en 2018, no fue nula de pleno derecho.
Durante su comparecencia en la comisión de investigación, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha asegurado que respeta a la Oficina Anticorrupción, pero ha subrayado que otros organismos con más trayectoria, como Comptos, la Intervención General del Gobierno y los servicios jurídicos de la CPEN, mantienen un criterio distinto sobre este expediente.
Aierdi ha explicado que recibió el informe con “sorpresa e indignación” por la calificación que hacía de algunos hechos. Además, ha sostenido que la OANA partió de una información incompleta, porque en ese momento no se había acreditado ante el organismo la resolución que autorizaba la contratación de esas viviendas protegidas.
Según ha detallado el exgerente de Nasuvinsa, esa autorización sí existía y constaba en una resolución firmada el 27 de diciembre de 2018 por el entonces consejero de Inclusión y Protección Social. Por eso, ha insistido en que la conclusión jurídica del informe “no es correcta” y en que la promoción contaba con autorización “en tiempo y forma” para salir adelante.
A preguntas de UPN sobre la falta de actuaciones preparatorias o la ausencia de presidencia en la mesa de contratación, Aierdi ha respondido que la ley foral de contratos públicos no se aplicaba del mismo modo a las sociedades públicas y que la normativa vigente entonces no obligaba a nombrar presidente en las mesas de licitación. También ha defendido que la asesoría jurídica de Nasuvinsa seguía los criterios marcados desde la Corporación Pública Empresarial de Navarra para el conjunto de sociedades públicas.
Sí ha admitido, en cambio, que la falta de actas de la mesa fue un hecho “relevante” y una deficiencia del procedimiento. Aun así, ha señalado que el secretario de aquella mesa le trasladó en su día que esas actas existieron, aunque después no se han podido localizar.