La burocracia desborda al Gobierno de Chivite: admite que es incapaz de cumplir los plazos legales que se marcó

El propio Gobierno de Navarra, liderado por María Chivite, ha reconocido que una de sus secciones administrativas no puede garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos legalmente debido al elevado volumen de trabajo que soporta. La admisión se ha producido a raíz de una queja presentada ante el Defensor del Pueblo por el retraso en una modificación catastral que afecta a un terreno comunal.

El caso concreto se remonta al 19 de septiembre de 2025, cuando una vecina presentó ante el Ayuntamiento del Valle de Elorz una solicitud para realizar una modificación catastral. Al afectar el cambio solicitado a una parcela de naturaleza comunal, el procedimiento necesitaba obligatoriamente un informe favorable de la Administración foral.

El Ayuntamiento remitió la petición al Gobierno de Navarra el 16 de febrero de 2026 y el expediente tuvo entrada al día siguiente, 17 de febrero, en el Servicio de Infraestructuras Agrarias. A partir de ese momento comenzó a correr el plazo del que disponía la Administración foral para emitir su informe.

La normativa resulta clara en este punto. El Reglamento de desarrollo de la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra establece que estos informes deben evacuarse en el plazo de un mes desde la entrada de la solicitud en el órgano competente. Por tanto, el informe debía haberse tramitado en torno al 17 de marzo de 2026.

Sin embargo, los meses han ido pasando sin que el procedimiento haya podido concluir. La afectada acudió el 17 de junio al Defensor del Pueblo de Navarra, después de que su solicitud inicial llevara ya cerca de nueve meses pendiente de una resolución expresa.

La mujer explicó además que, de acuerdo con la información que le había trasladado el propio Ayuntamiento del Valle de Elorz, el informe de Comunales habría sido elaborado el 17 de marzo, precisamente cuando vencía aproximadamente el plazo legal, pero desde entonces se encontraría pendiente de revisión y tramitación. Este extremo figura en la queja presentada por la interesada ante el Defensor.

La institución solicitó explicaciones tanto al Ayuntamiento como al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. La respuesta remitida por el Ejecutivo foral el 30 de julio ha dejado una afirmación especialmente significativa, porque trasciende este expediente concreto y apunta a las dificultades de funcionamiento de la propia Sección de Comunales.

El departamento ha reconocido textualmente que, debido al "elevado volumen de trabajo" registrado durante los últimos meses, la Sección de Comunales "no puede garantizar la resolución de los expedientes en los plazos establecidos legalmente". El Gobierno admite además que se han producido retrasos como el sufrido por esta vecina y se limita a señalar que atenderá su petición "a la mayor brevedad posible".

La importancia de este reconocimiento radica en que el Ejecutivo foral no ha atribuido la demora a una incidencia excepcional de este expediente, sino a la carga de trabajo general de la propia sección. Entre las funciones que tiene encomendadas Comunales se encuentran precisamente la emisión de informes y la tramitación de expedientes relacionados con los bienes comunales, además del asesoramiento y control a las entidades locales en esta materia.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha recordado al Departamento de Desarrollo Rural su deber legal de emitir en tiempo y forma los informes preceptivos solicitados por las entidades locales. También le ha recomendado que tramite cuanto antes el informe pendiente del Ayuntamiento del Valle de Elorz.

La resolución del Defensor constata expresamente que, en este expediente, el departamento no ha cumplido el plazo previsto por la normativa. Además, ha dado al Gobierno un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la resolución y, en ese caso, explicar qué medidas ha adoptado para cumplirla.