"Nadie encontrará delito": Chivite se aferra a su "honestidad" pese a la millonaria adjudicación a la trama Cerdán
María Chivite ha defendido este miércoles su gestión ante la Comisión de Investigación sobre la licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno foral y ha asegurado que “nadie ha encontrado, ni encontrará, delito” en relación con los contratos investigados.
La presidenta de Navarra ha comparecido en el Parlamento de Navarra en una sesión marcada por la polémica de la adjudicación de los túneles de Velate, la mayor obra pública de los últimos años en la Comunidad foral, concedida por más de 62 millones de euros, cerca de 76 millones con IVA.
Chivite ha puesto su “honestidad como aval” y ha insistido en que las adjudicaciones del Gobierno de Navarra se han realizado conforme a la ley foral y a la normativa vigente. También ha negado que haya existido “injerencia política” o “atisbo de corrupción” en los procedimientos analizados.
La presidenta ha recalcado que las mesas de contratación están formadas por técnicos y no por responsables políticos. En ese sentido, ha defendido que el Ejecutivo foral ha actuado con controles y con arreglo a los procedimientos establecidos.
La comparecencia ha llegado en un momento especialmente delicado por el caso de los túneles de Velate. La duplicación de esta infraestructura fue adjudicada a una UTE en la que participaba Servinabar 2000, empresa vinculada a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Esta adjudicación se ha situado en el centro de las críticas de la oposición por su cuantía y por las conexiones atribuidas a la empresa participante en la UTE ganadora. La obra ha sido considerada una de las inversiones más relevantes impulsadas en Navarra durante los últimos años.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra llegó a calificar la adjudicación de nula de pleno derecho por defectos esenciales en el procedimiento. A pesar de ello, Chivite ha defendido que la tramitación ha sido “escrupulosamente legal y transparente”.
Entre las cuestiones que han centrado el debate figuran la presencia de Servinabar en la UTE adjudicataria, las denuncias internas sobre posibles filtraciones y anomalías en la custodia de las ofertas, y la prórroga excepcional de un funcionario clave en la mesa de contratación hasta los 73 años.
La oposición ha puesto el foco en la credibilidad del Gobierno foral y en la necesidad de aclarar todos los extremos de la adjudicación. También ha reclamado explicaciones sobre cómo se gestionó el procedimiento y sobre el papel de las empresas participantes.
Chivite, por su parte, ha defendido la existencia de controles exhaustivos y ha apelado a las recomendaciones de la Cámara de Comptos. La presidenta ha tratado de separar su responsabilidad política de las decisiones técnicas adoptadas en las mesas de contratación.
La controversia ha mantenido bajo presión al Gobierno de Navarra por una obra pública que supera los 62 millones de euros sin IVA. El caso Velate se ha convertido así en uno de los principales frentes políticos de la legislatura.
La presidenta ha reiterado que no se ha acreditado ningún delito y ha sostenido que su actuación ha estado guiada por la legalidad. Sin embargo, las críticas han seguido centradas en los informes desfavorables, las dudas sobre el procedimiento y las conexiones políticas que rodean a la adjudicación.
Los grupos críticos han reclamado máxima transparencia y depuración de responsabilidades para que la mayor obra pública de Navarra no quede marcada por la sospecha. La comisión deberá continuar ahora con el análisis de la documentación y las comparecencias previstas sobre la adjudicación de Velate.