Chivite intensifica las inspecciones de alquiler en Navarra mientras los nuevos contratos caen casi un 32%
El alquiler en Navarra ha registrado una fuerte caída en el número de nuevos contratos mientras el Gobierno de María Chivite ha intensificado las inspecciones a los propietarios por posibles sobreprecios. El Ejecutivo foral, a través del departamento que dirige Begoña Alfaro, ha revisado 92 contratos durante 2026 en las localidades declaradas zonas de mercado residencial tensionado.
De esos 92 contratos inspeccionados, el Gobierno de Navarra ha resuelto 40 expedientes. En 13 casos, el 32,5 % de los procedimientos finalizados, los propietarios han tenido que rebajar el precio del alquiler. Otros 52 expedientes siguen abiertos y, durante la última semana, se han enviado 16 nuevas comunicaciones a arrendadores.
Las actuaciones pueden terminar en sanciones económicas de entre 3.001 y 30.000 euros si se confirman las infracciones. La consejera Begoña Alfaro ha defendido estas medidas como parte de la estrategia para controlar los precios de la vivienda.
Sin embargo, los propios datos oficiales del Gobierno reflejan otra realidad que afecta directamente al mercado del alquiler en Navarra: cada vez se firman menos contratos de vivienda habitual en las zonas sometidas a estas restricciones.
Según el Registro de Contratos de Arrendamiento (RECA), durante el segundo trimestre de 2026 se formalizaron 785 nuevos contratos de vivienda habitual en las zonas tensionadas. En el mismo periodo de 2025 habían sido 1.147, lo que supone una caída cercana al 32 % en apenas un año.
El descenso ha coincidido con una reducción del 5,3 % en los precios medios del alquiler, uno de los principales objetivos del Gobierno de Chivite. Sin embargo, la disminución de los nuevos contratos plantea dudas sobre la disponibilidad de viviendas para quienes buscan un arrendamiento estable.
Los datos de los portales inmobiliarios también apuntan a un retroceso de la oferta de alquiler permanente en Pamplona. En algunos trimestres, el número de anuncios disponibles ha llegado a caer alrededor de un 39 %, mientras que Navarra ha perdido más de 1.600 anuncios de larga estancia desde 2018.
A esta situación se suma el crecimiento de los contratos de alquiler de temporada, una modalidad que cuenta con una regulación diferente a la de los arrendamientos de vivienda habitual. El desplazamiento hacia estas fórmulas coincide con la aplicación de las limitaciones de precios y el aumento de los controles administrativos.
Las restricciones afectan a 21 localidades de Navarra, que concentran cerca del 70 % de la población de la Comunidad foral. El sistema de control de precios entró en vigor en julio de 2025 y, desde entonces, los propietarios de viviendas situadas en estas zonas están sujetos a límites específicos para establecer las rentas.
El Ejecutivo de María Chivite y Begoña Alfaro ha reforzado el seguimiento de los arrendamientos mediante el RECA y las inspecciones. Estas actuaciones buscan comprobar que los precios se ajustan a los límites establecidos y detectar posibles incumplimientos.
La evolución del alquiler en Navarra refleja así dos tendencias simultáneas. Por un lado, las rentas medias de los nuevos contratos han bajado. Por otro, el número de arrendamientos de vivienda habitual se ha reducido de manera considerable, especialmente en las localidades declaradas tensionadas.
Esta situación afecta también a Pamplona, donde la reducción de anuncios de larga duración puede dificultar la búsqueda de vivienda. La menor disponibilidad de pisos supone un problema añadido para quienes necesitan establecer su residencia habitual y no buscan un contrato temporal.
Aunque los datos muestran esta coincidencia entre las restricciones y la reducción de contratos, las cifras disponibles no permiten atribuir toda la caída de la oferta exclusivamente a las medidas del Gobierno foral.
Mientras tanto, el departamento de Begoña Alfaro mantiene abiertas las investigaciones por posibles sobreprecios. De los 92 contratos revisados durante este año, 52 continúan pendientes de resolución y los propietarios afectados por las nuevas comunicaciones deberán afrontar las correspondientes comprobaciones administrativas.