El sobreprecio en viviendas de alquiler en Navarra ha llevado al Gobierno foral a abrir expediente a dieciséis viviendas situadas en municipios declarados Zonas de Mercado Residencial Tensionado. El Ejecutivo ha comunicado este martes, 18 de agosto de 2026, que los contratos superan el índice de precios establecido para estas zonas.
El Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias ha comenzado a enviar comunicaciones a las personas físicas titulares de los inmuebles afectados. De las 16 viviendas, doce están situadas en Pamplona y su comarca, dos en la Ribera y otras dos en Zona Media.
Los propietarios dispondrán de diez días hábiles para presentar el contrato de alquiler vigente. También deberán aportar, cuando corresponda, el contrato anterior, el justificante bancario del cobro de la última renta y las alegaciones que consideren oportunas.
Si no queda justificado el sobreprecio en las viviendas de alquiler, el Gobierno de Navarra continuará con el expediente. Antes de iniciar un procedimiento sancionador, la Dirección General de Vivienda puede conceder un plazo máximo de quince días para corregir el contrato.
En ese periodo también se podrá exigir la devolución de la diferencia cobrada indebidamente a los inquilinos. Si finalmente procede una sanción, las multas previstas oscilan entre los 3.001 y los 30.000 euros.
El Ejecutivo foral ha explicado que los posibles incumplimientos se han detectado mediante la inspección sistematizada y ordinaria de los contratos inscritos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA). Este control se realiza desde la Dirección General de Vivienda.
La declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado se aprobó en junio de 2025 para 21 municipios de Navarra. Entre ellos se encuentran Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla y Ansoáin.
La relación se completa con Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. En estas localidades se aplican las medidas previstas para intervenir sobre el mercado del alquiler en las zonas declaradas tensionadas.
Una de las herramientas incluidas en el Plan de Medidas de Zona de Mercado Tensionado es precisamente la limitación de los precios del alquiler. Para ello se utiliza el índice de referencia del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Este índice se aplica a los nuevos contratos de viviendas que no hayan estado alquiladas durante los cinco años anteriores. El sistema establece un rango de precios por metro cuadrado en función de la ubicación y las características concretas de cada inmueble.
El Gobierno de Navarra ha utilizado este mecanismo para detectar el posible sobreprecio en viviendas de alquiler en Navarra que ahora ha dado lugar a los dieciséis expedientes. Los titulares tendrán la posibilidad de aportar la documentación requerida y justificar las cantidades que están cobrando.
El RECA es un registro administrativo, declarativo y electrónico en el que deben inscribirse todos los contratos de alquiler de viviendas ubicadas en Navarra. La obligación afecta tanto a los contratos de vivienda habitual como a los arrendamientos de temporada.
La aplicación permite además consultar, modificar y cancelar los contratos registrados. El RECA depende de la Dirección General de Vivienda y es el único registro público existente en materia de alquiler en la Comunidad Foral.
El Ejecutivo ha destacado que este registro supone una herramienta fundamental para el control y seguimiento del mercado de alquiler en las zonas tensionadas. También permite vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en esta materia.
Los contratos en vigor deben registrarse en el RECA en el plazo de un mes desde su formalización. En el caso de los alquileres de temporada, deben inscribirse obligatoriamente todos los contratos en vigor posteriores al 1 de enero de 2019.
Actualmente hay 23.066 contratos activos inscritos en este registro. A ellos se suman otros contratos que no requieren inscripción directa por parte de las personas arrendadoras porque son incorporados de oficio por la Dirección General de Vivienda.
Dentro de este último grupo figuran las 1.163 viviendas gestionadas mediante la Bolsa de Alquiler y los 4.524 contratos de vivienda protegida en régimen de alquiler, que son registrados directamente por la Administración foral.