El Gobierno de Chivite mantiene fuera de Transparencia las listas de espera para entrar en residencias de Navarra

El Gobierno de Navarra continúa sin publicar las listas de espera para acceder a residencias de personas mayores, pese a que la legislación foral contempla expresamente la publicidad de este tipo de información. La situación ha terminado provocando una resolución del Defensor del Pueblo de Navarra, que ha recomendado al Departamento de Derechos Sociales que haga públicos los datos.

La falta de información resulta especialmente significativa porque el propio Ejecutivo de María Chivite ha demostrado durante esta legislatura que dispone de información sobre las personas que esperan una plaza. De hecho, Derechos Sociales llegó a remitir al Parlamento en 2023 una relación residencia por residencia, con el número de personas en espera y hasta los días medios de demora en cada centro.

El problema sigue abierto en 2026. El Portal de Gobierno Abierto de Navarra recoge una solicitud de acceso a información pública presentada el pasado 21 de mayo con el título "Información sobre residencias de personas mayores que operan en Navarra, plazas, tarifas y lista de espera". A fecha de la consulta, casi cuatro meses después, figura como "Sin resolver/silencio" y corresponde al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

A esta petición se ha sumado posteriormente el pronunciamiento del Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera. La institución dictó el 11 de agosto de 2026 una resolución centrada expresamente en "la falta de transparencia en la gestión de las listas de espera para el acceso a servicios residenciales para personas mayores". 

El expediente parte del caso del familiar de una mujer con dependencia severa que trató de conocer qué posición ocupaba en la espera para conseguir una plaza concertada. Había solicitado como centros Amavir Mutilva, Landazábal y Casa Misericordia y el 7 de marzo presentó una instancia para conocer su posición, una previsión aproximada de demora y el funcionamiento de la lista. La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas desestimó la petición mediante una resolución del 4 de mayo de 2026. 

Derechos Sociales ha explicado al Defensor que el actual sistema de concertación Open House funciona mediante una lista única para todo Navarra, pero que la adjudicación se ve condicionada por numerosos factores. Una persona puede señalar un único centro, varios establecimientos, una zona concreta o no fijar preferencias, mientras que las residencias van ofreciendo plazas al sistema en función de su disponibilidad. 

El departamento sostiene por ello que no existe un listado cronológico único cuya posición permita saber de forma exacta cuándo accederá cada persona a una residencia. Incluso ha afirmado que no puede elaborarse una relación de solicitudes suficientemente "fiable" para su publicación porque podría generar expectativas que después no se correspondieran con la adjudicación efectiva. Sí admite, en cambio, que puede proporcionar individualmente una previsión aproximada para acceder a determinados centros.

El Defensor del Pueblo no ha considerado suficiente este argumento. Su resolución recuerda que el artículo 19 de la Ley Foral 5/2018 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obliga a las administraciones a publicar las listas de espera anonimizadas para acceder a los servicios públicos. La obligación ya aparecía además en la redacción original de la norma para ámbitos como sanidad, derechos sociales, vivienda o educación.

La institución concluye que resulta obligada la publicación de las listas de espera para acceder a servicios residenciales de personas mayores, públicos o concertados. El hecho de que la posición pueda variar según las preferencias de los solicitantes, las plazas disponibles o los criterios de adjudicación no permite, a juicio del Defensor, dejar sin cumplir esa obligación de publicidad. 

Por ello, ha recomendado formalmente a Derechos Sociales que publique las listas con las correspondientes garantías para impedir la identificación de las personas afectadas. El departamento dispone de un máximo de dos meses para comunicar si acepta la resolución y, en su caso, qué medidas va a adoptar para cumplirla.

La polémica, además, ya había llegado al Parlamento de Navarra al comienzo de esta legislatura. El parlamentario de EH Bildu Javier Arza registró el 29 de septiembre de 2023 una pregunta escrita sobre las listas de espera en las residencias públicas y concertadas. Quería conocer tanto el número de personas que esperaban como el tiempo medio necesario para acceder a una plaza.

La contestación de Derechos Sociales, fechada el 15 de noviembre de 2023 y publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Parlamento, demuestra hasta qué nivel de detalle podía llegar entonces la información manejada por el Ejecutivo. El Gobierno cifró en 664 las personas que esperaban una plaza concertada. De ellas, 521 ya estaban viviendo en alguna residencia y otras 143 permanecían en su domicilio. 

Entre las 521 personas que ya estaban en una residencia, 62 ocupaban una plaza pública o concertada pero habían pedido un traslado a otro centro. Las otras 459 estaban en una plaza privada y recibían una prestación vinculada al servicio (PVS) mientras esperaban conseguir una plaza concertada. Derechos Sociales llegó incluso a distribuir a los solicitantes en función del tipo de residencia que habían solicitado.

La respuesta fue todavía más lejos. El Gobierno facilitó listas centro por centro, con el número de solicitantes y la demora media. Entre otros ejemplos, aparecían 16 personas esperando El Vergel, con una media de 192 días; 11 para San Jerónimo de Estella, con 378 días; 62 para Landazábal, con 257 días; y 73 para La Vaguada, donde la espera media alcanzaba los 259 días. En San Jerónimo, incluso, el rango de demora recogido por el Gobierno llegaba hasta los 758 días. 

Un año después, el asunto de la transparencia volvió expresamente al Parlamento. El 19 de noviembre de 2024, durante una comparecencia de la consejera Carmen Maeztu solicitada por UPN, la parlamentaria Raquel Garbayo reprochó al departamento que las listas de Dependencia y Discapacidad siguieran sin publicarse en el Portal de Transparencia. Garbayo preguntó directamente a Maeztu cuándo pensaba hacer públicas esas listas, como ya ocurría con otros departamentos. 

En aquella misma sesión, Maeztu terminó ofreciendo un nuevo dato sobre atención residencial. La consejera aseguró que había 214 personas en lista de espera: 68 estaban en centros de día y habían solicitado pasar a atención residencial, 15 estaban en su domicilio esperando recibir este servicio y otras 131 permanecían en casa mientras recibían otras prestaciones. Maeztu añadió que eran los últimos datos disponibles y que el Gobierno los facilitaba cuando se los pedían. 

Sin embargo, los 664 casos comunicados en 2023 y los 214 de 2024 no permiten concluir que la lista de espera se hubiera reducido en 450 personas, porque el Gobierno no utilizó la misma fotografía estadística en ambas ocasiones. En 2023, los 664 correspondían específicamente a personas que esperaban una plaza concertada y la inmensa mayoría, 521, ya vivían en alguna residencia: muchas estaban pagando una plaza privada con una PVS mientras esperaban el concierto y otras aguardaban un traslado.

En cambio, cuando Maeztu dio la cifra de 214 en noviembre de 2024, el desglose que ofreció estaba compuesto íntegramente por personas que se encontraban en centros de día o en sus domicilios: 68, 15 y 131 respectivamente. Es decir, aquella cifra no incluía en su desglose el amplio colectivo de personas que ya estaban viviendo en una residencia privada o pública mientras esperaban una plaza concertada o un cambio de centro, que sí formaba parte de los 664 contabilizados un año antes. Por ello, son universos estadísticos diferentes y no resulta riguroso enfrentar ambas cantidades como si midieran exactamente la misma lista de espera.

Los antecedentes parlamentarios añaden así una nueva dimensión al pronunciamiento del Defensor. El Gobierno ha sido capaz de proporcionar a petición del Parlamento tanto cifras globales como información detallada por centros y días de espera, y en 2024 la propia oposición ya reclamó que esos datos se incorporaran al Portal de Transparencia. Dos años después, esa publicación sigue pendiente y el Defensor ha terminado recordando al Ejecutivo que la publicidad de las listas anonimizadas no es una opción, sino una obligación contemplada por la legislación foral. 

La incógnita que permanece ahora es cuántas personas esperan actualmente una plaza residencial en Navarra y cuánto tiempo están tardando en conseguirla. Esa fotografía actualizada no figura públicamente en el Portal de Transparencia y es precisamente el dato que permitirá saber cuál es la dimensión real del problema en 2026.