El Gobierno de Chivite ha reconocido que no ha conseguido encontrar un sustituto desde finales de enero y los pacientes afectados han denunciado dificultades incluso para conseguir una cita
El Defensor del Pueblo de Navarra ha vuelto a poner el foco sobre los problemas de personal de la sanidad pública navarra. La institución ha recomendado al Departamento de Salud del Gobierno de María Chivite que intensifique las medidas para garantizar una atención sanitaria de calidad en el Centro de Salud de Mendillorri, en Pamplona, después de constatar que una baja médica ha permanecido cinco meses sin sustituto.
La resolución, fechada el 26 de agosto de 2026 y firmada por el Defensor del Pueblo, Patxi Vera Donazar, se ha producido después de la queja presentada por un paciente que ha denunciado las consecuencias que está teniendo para los usuarios la ausencia prolongada de su médica de cabecera.
El afectado explicó ante la institución que la facultativa se encontraba de baja y que sus pacientes llevaban cinco meses pasando de un médico a otro, sin que el Servicio Navarro de Salud hubiera conseguido asignar un sustituto estable. Una situación que, según relató, les había llevado a sentirse como si tuvieran que "mendigar una consulta".
La queja ha puesto además sobre la mesa las dificultades para acceder a una cita. El paciente ha señalado que, al no disponer de médico asignado en esas condiciones, no podía solicitar consulta a través de la Carpeta Personal de Salud y se veía obligado a acudir al centro sanitario a primera hora. En concreto, aseguró que tenían que hacer cola a las siete de la mañana para tratar de conseguir atención.
Tras recibir la reclamación, el Defensor del Pueblo solicitó explicaciones al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, que ha reconocido que la médica permanece en situación de incapacidad temporal desde finales de enero de 2026.
Salud ha admitido igualmente que no ha logrado cubrir esa ausencia. El departamento ha achacado la situación a la "insuficiencia de profesionales médicos disponibles" en la lista de contratación, pese a asegurar que la Gerencia de Atención Primaria sigue realizando actuaciones para intentar encontrar un sustituto.
Mientras tanto, el Ejecutivo foral ha señalado que el resto de facultativos del Centro de Salud de Mendillorri están asumiendo a los pacientes de la profesional ausente. Es decir, el cupo de la médica que continúa de baja se ha repartido entre los demás profesionales del centro para mantener la asistencia.
El propio Departamento de Salud ha defendido ante el Defensor que la atención sanitaria permanece "plenamente garantizada". También ha precisado que, aunque estos pacientes no puedan concertar las citas a través de la aplicación de salud, tienen la posibilidad de solicitarlas por teléfono sin acudir presencialmente al centro.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo no ha dado por resuelto el problema. En su resolución ha recordado que la legislación navarra reconoce, entre otros derechos, el acceso a una atención sanitaria integral y continuada, la posibilidad de recibir las prestaciones sanitarias correspondientes y el derecho a que cada paciente tenga asignado un médico identificado como su principal interlocutor con el equipo asistencial.
La institución ha subrayado además que ya conoce los problemas provocados por la falta de personal sanitario en Mendillorri a raíz de quejas anteriores. Por tanto, el caso que ha motivado esta nueva resolución no aparece como un episodio completamente aislado dentro de este centro de salud.
El Defensor ha reconocido que el Departamento está tratando de adoptar medidas para mantener una prestación sanitaria adecuada, pero ha considerado insuficiente que, después de cinco meses, todavía no se haya conseguido encontrar un médico que cubra la baja.
Por este motivo, ha recomendado formalmente al Departamento de Salud que "ahonde en la adopción de las medidas tendentes a garantizar una prestación sanitaria de calidad en el Centro de Salud de Mendillorri" y que trate de sufragar las carencias de personal médico denunciadas.
La resolución deja ahora la pelota en el tejado del Gobierno de Navarra. Salud dispone de un plazo máximo de dos meses para comunicar al Defensor del Pueblo si acepta la recomendación y, en caso afirmativo, explicar qué medidas va a adoptar para cumplirla.
La institución también ha advertido de las consecuencias de una eventual negativa. Si el Departamento no acepta la recomendación, el caso podrá ser incluido en el Informe anual de 2026 que se presenta ante el Parlamento de Navarra, con una mención expresa a la Administración que no haya adoptado una actitud favorable si el Defensor considera que tenía margen para hacerlo.
El nuevo pronunciamiento ha dejado así al descubierto uno de los problemas que continúa arrastrando la Atención Primaria dependiente del Gobierno de Chivite: la dificultad para cubrir plazas médicas incluso durante bajas prolongadas, con pacientes que durante meses han tenido que ser repartidos entre otros profesionales y que han perdido algunas de las vías habituales para gestionar sus consultas.
