La gestión de la atención a la dependencia en Navarra ha entrado en una fase crítica. El Ejecutivo foral ha confirmado que el nuevo contrato para residencias y centros de día no estará operativo, al menos, hasta el 1 de noviembre de 2026. Esta demora de casi ocho meses deja en una situación de "asfixia" total a las residencias rurales, que acumulan pérdidas millonarias mientras esperan una actualización de los precios por plaza que no llega.
La falta de urgencia del Departamento de Derechos Sociales contrasta con la realidad contable de los ayuntamientos. La alcaldesa de Castejón, Noelia Guerra (PSN), ha dado la voz de alarma al revelar que su residencia genera una pérdida anual de 1,2 millones de euros sobre un gasto total de 2 millones. Según sus propias palabras, la situación es tan extrema que "si fuera una empresa privada, estaría en concurso voluntario".
Este escenario de quiebra técnica se repite en toda la geografía foral. Localidades como Erro, Betelu, Sangüesa u Ochagavía llevan tiempo alertando de que no pueden sostener económicamente sus centros.
Además, la patronal LARES Navarra, a través de su presidente Eduardo Mateo Miranda, ha advertido del riesgo inminente de colapso en las residencias gestionadas por entidades locales y sin ánimo de lucro.
Y es que, los ayuntamientos y los gestores consideran que el actual modelo de financiación es insuficiente para cubrir los costes reales, especialmente tras las subidas salariales del sector, un esfuerzo que están asumiendo los ayuntamientos de forma indebida.
En respuesta al Partido Popular, la consejera María Carmen Maeztu ha reconocido que todavía se está elaborando el borrador del contrato y que ni siquiera se ha fijado el módulo de precio por plaza. El Gobierno condiciona este precio a la existencia o no de un convenio sectorial autonómico, un proceso que sigue dilatando la solución definitiva.
Mientras el Gobierno de Chivite se toma su tiempo para diseñar pliegos que tendrán una vigencia de 4 años, los municipios ven cómo sus presupuestos se desangran para mantener un servicio que es competencia del Ejecutivo foral. La sensación de abandono en el medio rural crece, ante el temor de que la inviabilidad económica de los centros acabe forzando el traslado de los mayores fuera de sus pueblos.
