Chivite regala un autobús de 49.000 euros a Camerún mientras deja sin transporte a los trabajadores discapacitados de Tasubinsa

Mientras las familias de Tasubinsa se manifiestan ante el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y ante el Parlamento foral exigiendo una solución a los problemas del transporte de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual —un servicio que la propia entidad ha calificado de “insostenible” sin apoyo público suficiente—, el gobierno de María Chivite destina decenas de miles de euros de los contribuyentes a comprar un microbús en Camerún. Así lo revela una resolución de la Directora General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Inés Jiménez, a la que ha tenido acceso Navarra.com

En concreto, la partida del expediente corresponde a la ONGD Ambala y el título del proyecto es literal: “Compra de un microbús para transporte de usuarios del Hospital de Ebomé”, en Camerún. La valoración del proyecto alcanzó 558 puntos. El coste total asciende a 49.445 euros, de los cuales la Administración Foral concede una subvención de 40.000 euros con cargo a la partida presupuestaria de Cooperación Internacional al Desarrollo. Se trata de dinero público navarro, aprobado en septiembre de 2024 dentro de la modalidad de “microacciones de desarrollo” de la convocatoria anual del Gobierno, que en total repartió 546.962 euros entre varios proyectos en países en desarrollo.

Así, mientras el Gobierno navarro destina 40.000 euros a facilitar el transporte de pacientes en un hospital camerunés, en Navarra las familias de Tasubinsa —una entidad que gestiona 13 centros ocupacionales y atiende a cerca de 600 personas con discapacidad intelectual— llevan meses en pie de guerra.

Tasubinsa ha anunciado que no puede seguir asumiendo los 400.000 euros anuales del coste total del transporte (alrededor de 700.000 euros). De esta forma, si no hay una financiación pública suficiente, los usuarios tendrán que pagar de su bolsillo entre 205 y 266 euros al mes según el centro. Una cantidad inasumible para personas con ingresos limitados a pensiones no contributivas o ayudas mínimas.

Las familias, apoyadas por los sindicatos UGT, LAB, CCOO y ELA, han protagonizado concentraciones, comparecencias en el Parlamento y peticiones desesperadas. En febrero y marzo de 2026 denunciaban la “falta de avances” y la prórroga temporal hasta abril. El Gobierno ofreció 220.000 euros como solución transitoria, pero las familias lo consideran insuficiente y temporal.

Tasubinsa sigue sin tener garantizada la cobertura estructural del servicio, a pesar de recibir 3,8 millones de euros en subvenciones directas para sus centros ocupacionales en 2026. El transporte queda fuera de esa partida y se convierte en un lastre que recae sobre las familias más vulnerables.

No es solo el transporte. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, María del Carmen Maeztu, reconoció la pasada semana en comisión parlamentaria que los plazos para valorar la discapacidad y tramitar la dependencia han alcanzado hasta 13,5 meses. Un colapso administrativo que deja a cientos de navarros con discapacidad y sus familias en el limbo, sin prestaciones ni apoyos mientras pagan de su bolsillo cuidados y transporte. Maeztu admitió que “los plazos no son buenos” y que existe “amplio margen de mejora”.

Este caso pone de relieve la contradicción entre dos líneas de actuación del mismo Departamento de Derechos Sociales. Por un lado, la concede 40.000 euros a la ONGD AMBALA para la adquisición del microbús en Camerún, justificándolo en los criterios de valoración de la convocatoria de cooperación al desarrollo. Por otro, Tasubinsa y las familias afectadas llevan meses reclamando una financiación estructural que garantice el transporte a los 13 centros ocupacionales sin que el coste recaiga sobre los usuarios o sus familias.

El Gobierno de Chivite ha mantenido su compromiso con la cooperación internacional, destinando en 2026 más de 20 millones de euros a estas partidas según las convocatorias oficiales. Al mismo tiempo, la situación del transporte en Tasubinsa sigue sin resolverse de forma definitiva, y las listas de espera en dependencia superan los 13 meses, tal como reconoció la consejera Maeztu en sede parlamentaria.