La sanidad navarra volverá este lunes al centro del debate político en el Parlamento de Navarra. La Mesa y la Junta de Portavoces estudiarán la solicitud de UPN para que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, comparezca y dé explicaciones sobre “la grave situación” que atraviesa el sistema sanitario público.
La petición se ha producido en un momento de máxima tensión en la sanidad navarra, después de que varios servicios del Hospital Universitario de Navarra hayan rechazado realizar peonadas, las horas extra con las que se intenta reducir las listas de espera. El malestar médico se ha extendido por distintos ámbitos del Sistema Navarro de Salud.
En concreto, la rebelión que comenzó en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha saltado a la Atención Primaria. Cerca de 300 médicos de familia firmaron ayer una carta pública denunciando la sobrecarga límite que sufren, una situación que amenaza con colapsar definitivamente el primer nivel asistencial.
En su conjunto, servicios clave del HUN, como Medicina Interna, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Traumatología, Anestesia o Salud Mental, han mostrado su rechazo a asumir actividad extraordinaria como respuesta a los problemas estructurales del sistema.
Decenas de facultativos han firmado cartas abiertas en las que han defendido su compromiso con los pacientes, pero han criticado que las peonadas se hayan convertido en una solución permanente ante la falta de plantilla, medios adecuados y organización. En una de esas cartas, 34 especialistas de Medicina Interna han señalado: “A nosotros nos corresponde la responsabilidad del acto médico, pero no la de un sistema que no puede satisfacer las necesidades de su población”.
El malestar también ha llegado a Traumatología y a otros servicios hospitalarios. Los médicos han advertido de que la actividad extraordinaria no puede sustituir a una planificación estable ni convertirse en el mecanismo habitual para compensar la sobrecarga asistencial.
En Salud Mental, unos 70 profesionales han alertado de una presión asistencial que consideran insostenible. Han denunciado déficits de plantilla, priorización forzada de primeras consultas, deterioro del seguimiento de pacientes crónicos y una fuga de talento hacia otras comunidades o hacia la sanidad privada.
El Sindicato Médico de Navarra respalda el pulso de los facultativos y acusa al Departamento de Salud de mantener una actitud de “desprecio” hacia los profesionales. La organización ha criticado las retribuciones, la falta de reconocimiento y unas condiciones laborales que, según sostiene, sitúan a Navarra entre las peores comunidades para ejercer la medicina.
La situación tiene un impacto directo sobre los pacientes. Las listas de espera ya superaban a principios de año los 61.000 pacientes para una primera consulta, con una media de 76 días, y más de 10.000 personas esperaban una intervención quirúrgica.
La suspensión de la actividad extraordinaria amenaza con agravar esas cifras durante mayo y junio. El propio Departamento de Salud ha admitido su preocupación ante un escenario que puede complicar todavía más la respuesta asistencial en los próximos meses.
Mientras tanto, los médicos han salido a la calle en movilizaciones convocadas por el Sindicato Médico y el Colegio de Médicos. Sus reivindicaciones pasan por un Estatuto propio, más plantilla, mejoras retributivas y medidas que permitan recuperar unas condiciones laborales que consideran deterioradas.
El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha mantenido que no se ha planteado dimitir. Ha asegurado que seguirá al frente del departamento “como el capitán que es el último que abandona el barco”, en plena presión política y profesional sobre su gestión.
La oposición, con UPN, PP y Vox, lleva meses reclamando su cese. Ahora, la petición de comparecencia de María Chivite en el Parlamento de Navarra eleva la presión sobre el Gobierno foral y sitúa la crisis sanitaria en el primer plano político.
Dentro del bloque que sostiene al Ejecutivo también se han producido críticas veladas, aunque el PSN mantiene el respaldo al consejero. Domínguez forma parte de la cuota de Geroa Bai dentro del Gobierno foral, una cuestión que también condiciona los equilibrios internos del Ejecutivo.
El Gobierno ha defendido en distintas ocasiones que Navarra cuenta con ratios elevadas de profesionales por habitante. Sin embargo, los facultativos responden que esos datos no reflejan la sobrecarga diaria, la pérdida de profesionales y el deterioro de la confianza en la organización sanitaria.
Las medidas anunciadas, como incentivos, auditorías o incorporaciones puntuales, han sido recibidas por parte de los médicos como respuestas insuficientes. Los profesionales reclaman cambios de fondo en la gestión, en la planificación de plantillas y en la organización del trabajo asistencial.
La sanidad navarra afronta así una semana clave, con el foco puesto en el Parlamento y en la respuesta que pueda ofrecer el Gobierno foral. UPN exige explicaciones directas a María Chivite, mientras los médicos mantienen su rechazo a seguir cubriendo con peonadas los problemas de fondo del sistema.
