El Gobierno de Chivite confirma que no tiene ninguna intención de limitar la Renta Garantizada

El intento de UPN de recortar la Renta Garantizada ha chocado este miércoles con la oposición frontal del Gobierno de Navarra. El Ejecutivo foral ha mostrado su disconformidad con la proposición de ley presentada por los regionalistas para limitar a tres años el cobro de la ayuda y reducir su cuantía conforme pasa el tiempo.

La posición del Gobierno de Navarra la ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu. El gabinete de María Chivite ha defendido que trabaja ya en una reforma de la ley, pero con un enfoque distinto al de UPN y orientado a reforzar la inclusión social y a ordenar mejor el sistema de prestaciones.

Según ha detallado el Ejecutivo, esa reforma de la Ley Foral 15/2016 busca armonizar las dos principales ayudas del sistema de garantía de ingresos: el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada. Además, persigue gestionar estas prestaciones de una forma más eficaz y eficiente y hacer que el derecho a la inclusión social prevalezca desde el mismo momento en que se activa el cobro.

El Gobierno de Navarra ha justificado su rechazo a la propuesta de UPN apoyándose también en el marco europeo. En concreto, ha recordado que la Unión Europea aprobó el 30 de enero de 2023 una recomendación sobre rentas mínimas para que los Estados modernicen sus sistemas de protección social y refuercen la lucha contra la pobreza.

Esas directrices europeas, según ha subrayado el Ejecutivo, fijan que una renta mínima debe ser adecuada para cubrir necesidades básicas y debe tener en cuenta el nivel de vida y los precios del país. También establecen que debe ir acompañada de acceso a servicios esenciales como sanidad, vivienda y educación.

Además, el Gobierno de Navarra ha incidido en que esas recomendaciones incluyen medidas de formación, apoyo al empleo y políticas de inclusión activa. A ello se suma que la ayuda debe ser fácil de solicitar, poder pedirse de manera individual, contar con criterios transparentes y no discriminatorios y, sobre todo, no tener una limitación temporal.

Con estos argumentos, el acuerdo adoptado este miércoles sostiene que la reforma de la Renta Garantizada planteada por UPN se aleja con claridad tanto de la evidencia académica y científica sobre este tipo de prestaciones como de la recomendación aprobada por la UE en 2023. El Ejecutivo entiende que el planteamiento regionalista va en una dirección opuesta a la que defienden los organismos europeos.

El Gobierno de Navarra ha añadido que la capacidad de una sociedad para reducir la pobreza mediante sus políticas públicas es uno de los mejores indicadores de equidad, solidaridad y cohesión social. Por eso, considera que las prestaciones económicas siguen siendo una herramienta central dentro del sistema de protección.

En esa misma línea, el Ejecutivo ha remarcado que desde hace tiempo se sabe que los programas de prestaciones dinerarias tienen un papel fundamental para combatir la pobreza. A su juicio, esa función resulta clave tanto en países avanzados como en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.