Los socios del Gobierno foral han cerrado filas en defensa del modelo actual mientras UPN y PPN apuestan por cambios más profundos en la prestación.
La Renta Garantizada está dando mucho de qué hablar en los últimos meses. Especialmente, desde que la Cámara de Comptos apuntó a inicios del año pasado a irregularidades y fraudes en la gestión de esta ayuda que busca luchar contra la pobreza y la exclusión social en Navarra.
Desde entonces, el PPN y UPN han abanderado la iniciativa para modificar algunos de los requisitos de acceso a la Renta Garantizada y poner límites, también, al tiempo en el que los ciudadanos pueden beneficiarse de ella.
No en vano, los datos demuestran su ineficacia en cuanto a la inserción laboral. Según informó el secretario general del PPN en febrero de 2026, sólo el 13% de los preceptores de la Renta Garantizada en Navarra accede finalmente a un empleo. Un porcentaje que abre el debate sobre si esta ayuda, tal y como se presenta hoy en día, aviva la desmotivación por la búsqueda de trabajo.
Un debate que se ha tensado este lunes en el plano político, después de que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin hayan advertido de que no aceptarán recortes en el modelo actual. Los tres grupos han defendido mantener este escudo social y solo se han mostrado dispuestos a estudiar cambios que no supongan rebajar derechos ni cuantías.
La posición de estos socios del Gobierno foral se ha conocido en la víspera de la comparecencia en el Parlamento de Navarra de la directora general de Protección Social, que explicará la reforma en la que trabaja el Ejecutivo. El debate ha cobrado fuerza tras la propuesta presentada por UPN, que plantea limitar la percepción de la prestación a un máximo de tres años y reducirla de forma progresiva.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha recordado que su formación ya hizo pública su propuesta el pasado viernes y ha asegurado que el PSN conoce de sobra su postura. Además, ha considerado que los socialistas pueden tener dificultades para pactar la reforma con sus socios y ha deslizado que esa presión irá a más en los próximos días.
Desde el PSN, su portavoz Ainhoa Unzu ha marcado distancias con el planteamiento regionalista y ha afirmado que los socialistas no coincidirán “en el modelo de UPN y mucho menos en el discurso”. También ha insistido en que la prioridad es alcanzar un acuerdo mayoritario con sus socios, aunque ha precisado que todavía están trabajando internamente y que es pronto para avanzar detalles.
Unzu ha defendido que Navarra dispone de un escudo social que garantiza que nadie quede atrás y ha subrayado que eso no va a cambiar. A partir de ahí, ha explicado que el objetivo del Gobierno pasa por avanzar en la empleabilidad de las personas que siguen en desempleo, en un contexto de récord de trabajadores en activo y una situación próxima al pleno empleo en la Comunidad foral.
Por parte de EH Bildu, el parlamentario Mikel Zabaleta ha afirmado que su grupo no conoce aún los términos concretos de la reforma que prepara el Gobierno de Navarra. Aun así, ha dejado claro que su posición pasa por reforzar y consolidar el modelo actual de renta garantizada, y ha advertido de que no avalarán ningún recorte ni ninguna modificación que vulnere ese escudo social.
En una línea similar se ha expresado Geroa Bai. Su portavoz, Pablo Azcona, ha apostado por ceñirse al acuerdo programático y por consolidar un sistema que, a su juicio, ha dado respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables de la comunidad.
Azcona ha señalado además que la ley debe mejorar en aspectos ligados a los estímulos al empleo y al acompañamiento de las personas beneficiarias. Según ha explicado, la norma ya prevé un refuerzo de la inclusión laboral a través de la renta garantizada, pero esa parte no se ha desarrollado todavía. En todo caso, ha advertido de que, si alguien pretende avanzar en recortes de derechos, no contará con el apoyo de Geroa Bai.
También Contigo-Zurekin ha cargado con dureza contra la propuesta de UPN. Su portavoz, Carlos Guzmán, la ha definido como un “hachazo social” dirigido a recortar prestaciones y cuantías de una política pública que considera clave para garantizar la igualdad de oportunidades.
Guzmán ha tendido la mano al PSN y al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo para seguir fortaleciendo la renta garantizada. Aunque ha reconocido las recomendaciones de la Cámara de Comptos, ha sostenido que el modelo no presenta carencias de fondo, sino márgenes de mejora en cuestiones de gestión.
En el lado contrario, el portavoz del PPN, Javier García, ha defendido una reforma integral de la norma y no simples retoques. A su juicio, la ley actual ha sido un “fracaso absoluto”, una valoración que, según ha remarcado, comparten también diversas entidades, entre ellas el Defensor del Pueblo.
El dirigente popular ha anunciado que su grupo presentará próximamente una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para modificar la regulación vigente. El objetivo, ha explicado, pasa por implantar un modelo más eficaz y orientado a la inserción laboral, en contraste con la defensa cerrada que hacen los socios del Ejecutivo del sistema actual.
