Cristina Ibarrola ha presentado una proposición de ley que endurece las condiciones para cobrar la prestación y refuerza el control sobre su mantenimiento.
La Renta Garantizada en Navarra solo la cobrarían personas en situación regular y sin determinados antecedentes penales si prospera la reforma que ha registrado UPN en el Parlamento foral. La presidenta del partido, Cristina Ibarrola, ha presentado este viernes una proposición de ley que también plantea limitar la prestación a tres años y reducir su cuantía de forma progresiva.
La iniciativa de UPN defiende que la ayuda debe seguir protegiendo a las personas más vulnerables, pero sostiene también que la regulación actual de la Renta Garantizada debe cambiar para cumplir mejor su finalidad de inclusión. En esa línea, el texto pone el foco en el acceso al empleo, el control del fraude y un endurecimiento de las obligaciones para quienes la perciben en Navarra.
La renta garantizada en Navarra ha centrado este viernes una nueva propuesta de UPN, que ha planteado limitar esta ayuda a un máximo de tres años y reducir su cuantía de forma progresiva. La formación ha registrado una modificación legal para que la prestación se cobre al 100% el primer año, al 70% el segundo y al 50% el tercero.
Además, UPN ha propuesto endurecer los requisitos para acceder a la renta garantizada. Entre ellos, exige estar en situación regular, no tener determinados antecedentes penales y no rechazar una oferta de empleo, ya que hacerlo supondría la retirada de la ayuda.
La presidenta del partido, Cristina Ibarrola, ha defendido en rueda de prensa que su formación siempre ha mostrado su apoyo a las personas más vulnerables. Sin embargo, ha remarcado que estas ayudas deben estar ligadas a la inserción laboral y no convertirse en una prestación cronificada.
Ibarrola ha asegurado que el actual modelo no está logrando la efectividad para la que fue diseñado. En este sentido, ha citado el informe de la Cámara de Comptos, que, según ha indicado, puso de manifiesto la falta de un control efectivo sobre estas ayudas en Navarra.
La proposición de ley fija como requisito para cobrar la renta garantizada estar en situación regular en el país y carecer de antecedentes penales por delitos menos graves o graves de homicidio, lesiones, delitos contra la libertad sexual, robos con fuerza o intimidación, contra la salud pública y atentado a la autoridad. También obliga a acreditar conocimiento de español o estar realizando formación ofertada por las administraciones públicas.
La iniciativa añade otras condiciones para mantener la ayuda. Entre ellas, escolarizar a los hijos menores a cargo y no rechazar un empleo, salvo en casos como tener más de 65 años, estar en edad escolar, sufrir una incapacidad temporal, invalidez o concurrir causas excepcionales que impidan desempeñar ese trabajo.
Según el texto defendido por UPN, rechazar una oferta laboral en esas condiciones supondría la extinción de la prestación. También podría perderse la ayuda si, durante el tiempo en que se percibe, se cometen algunos de los delitos recogidos en la reforma planteada.
Otro de los cambios que ha defendido Cristina Ibarrola afecta al acompañamiento para la inserción laboral. Ha explicado que hasta ahora ese apoyo se producía solo a petición del interesado, cuando, a su juicio, debería ser obligatorio desde el mismo momento en que una persona empieza a cobrar la renta garantizada.
Por eso, ha reclamado al Gobierno de Navarra que dote de más recursos al Servicio Navarro de Empleo. El objetivo, según ha dicho, es garantizar un seguimiento adecuado para que los perceptores puedan acceder a un trabajo y lograr una inserción efectiva.
La propuesta incluye también varias excepciones a esa reducción progresiva de la ayuda. Entre ellas figuran las familias monoparentales encabezadas por mujeres víctimas de violencia de género, los hogares con personas mayores o menores de 18 años y los casos en los que los ingresos del núcleo familiar no superen 1,5 veces el IPREM.
A ello se suman otras situaciones vinculadas a enfermedad, discapacidad o dependencia. En estos supuestos, UPN plantea que no se aplique de la misma manera la reducción de la prestación durante esos tres años.
Ibarrola ha resumido la filosofía de la reforma en una idea: ayudar a quien lo necesita sin fomentar la cronificación del perceptor. A su juicio, la búsqueda de empleo debe ser un objetivo prioritario e irrenunciable dentro del sistema de protección social.
Además, la formación ha pedido crear un servicio de inspección específico que vigile el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la ayuda. Ese órgano, según ha señalado, debería poder ejecutar la extinción de la prestación o imponer sanciones en caso de incumplimientos.
La dirigente regionalista ha subrayado que el gasto en renta garantizada ha pasado de 50 millones de euros hace diez años a 115 millones en la actualidad. Por eso, ha insistido en que las administraciones públicas deben velar por el uso eficiente y efectivo de los recursos públicos en Navarra.
La reforma registrada por UPN también contempla que, un año después de su aprobación, se establezca un límite máximo al conjunto de ayudas públicas que puede percibir una persona vulnerable. La medida pretende ordenar el sistema y fijar un tope global a las prestaciones.
En la misma comparecencia, Cristina Ibarrola se ha referido también a la situación de un navarro con ELA que ha anunciado su intención de iniciar los trámites de la eutanasia pese a querer seguir viviendo. La presidenta de UPN ha instado al Gobierno foral a resolver este caso y otros similares con las ayudas necesarias.
Ibarrola ha defendido que Navarra dispone de recursos suficientes para atender a los enfermos de ELA más graves. A su juicio, permitir que una persona que quiere vivir llegue a esa situación supondría “el mayor fracaso social” de la comunidad.
La líder de UPN también ha hablado sobre la situación política en San Adrián, donde su partido gobierna junto a una concejala de Vox. Ha asegurado que el acuerdo está dando buenos resultados, aunque ha admitido que su formación es muy crítica con algunas posiciones del partido de Santiago Abascal.
En concreto, ha avalado las palabras de Javier Esparza en el Parlamento foral contra las posturas de Vox sobre violencia machista e inmigración. Aun así, ha defendido la autonomía municipal y ha señalado que, de momento, no tienen nada más que decir sobre el pacto en San Adrián.
Ibarrola también ha reprochado a Vox que no respaldara una declaración institucional para condenar el asesinato de una mujer en Sarriguren. Además, ha criticado que intentara atribuirse el debate sobre la prohibición del burka cuando, según ha afirmado, UPN y otros partidos llevan tiempo defendiendo esa posición.
Por último, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo, la presidenta regionalista ha trasladado su reconocimiento a todas las mujeres navarras. También ha afirmado que todavía quedan muchos avances por lograr en materia de igualdad real.
