Vox reclama que la ley navarra condene el apoyo político a ETA y obligue a pedir perdón público a las víctimas

La ley navarra de víctimas del terrorismo que tramita actualmente el Parlamento podría incorporar una condena expresa a quienes dieron cobertura política o social a ETA, la petición pública de perdón a las víctimas y un nuevo régimen de sanciones de hasta 150.000 euros si prosperan las enmiendas presentadas por Vox.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez Román, ha registrado este martes, 22 de septiembre de 2026, una amplia batería de cambios al proyecto impulsado por el Gobierno foral. La iniciativa legislativa fue presentada el 24 de junio y publicada en el Boletín del Parlamento el 30 de junio, y continúa actualmente en tramitación.

Las enmiendas han sido presentadas ante la Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, en el Parlamento de Navarra, con sede en Pamplona. Vox pretende modificar tanto la exposición de motivos como el articulado para diferenciar a quienes sufrieron el terrorismo de quienes lo ejercieron, ordenaron o ampararon.

El proyecto del Ejecutivo sustituiría a la Ley Foral 9/2010 e incluye medidas económicas, sanitarias, psicológicas, de vivienda, empleo y estudios.

La normativa navarra actualmente vigente ya contempla indemnizaciones complementarias equivalentes al 30% de las cantidades concedidas por el Estado en los supuestos regulados.

La propuesta del Gobierno también contempla órganos de participación y mantiene el 11 de marzo como una de las principales fechas de reconocimiento. El Ejecutivo foral ya ha celebrado este año esa jornada como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y ha defendido públicamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Condena del apoyo político a ETA y petición de perdón

Una de las principales enmiendas de Vox a la ley navarra de víctimas del terrorismo plantea que el texto establezca la necesidad de que quienes ejercieron la violencia o le dieron "cobertura social y política mediante su apoyo" reconozcan públicamente que la violencia terrorista de ETA fue "injusta e ilegítima".

La formación propone también que estas personas colaboren con la Justicia y pidan perdón tanto a las víctimas como al conjunto de la sociedad. El mismo bloque de enmiendas recoge el compromiso con la "derrota del terrorismo sin negociación política, contraprestaciones económicas o políticas" ni mecanismos de mediación que, según la propuesta de Vox, pudieran legitimar a las organizaciones terroristas.

Jiménez ha defendido que "la memoria de lo sucedido debe distinguir con claridad a quienes sufrieron la violencia de quienes la ejercieron, ordenaron o ampararon". También ha señalado que el fin de la actividad terrorista de ETA no ha hecho desaparecer, a su juicio, las necesidades de las víctimas ni otros comportamientos de intimidación, humillación o legitimación del terrorismo.

Un 11 de febrero para los desplazados por ETA

Otra de las modificaciones registradas en Pamplona propone incorporar una nueva fecha al calendario institucional. Vox quiere que Navarra conmemore cada 11 de febrero el "Día de los Desplazados Forzosos por ETA y de todas sus Víctimas de Crímenes contra la Humanidad".

La jornada se añadiría a otras fechas de recuerdo recogidas en el proyecto, entre ellas el 11 de marzo y el 27 de junio. Según la formación, permitiría reconocer específicamente a las personas que tuvieron que abandonar su lugar de residencia como consecuencia de amenazas o de la actividad de ETA.

"Los españoles hemos contraído una impagable deuda de gratitud, solidaridad y reconocimiento con todas las víctimas del terrorismo", ha afirmado Emilio Jiménez. El parlamentario ha incluido expresamente entre esas víctimas a quienes sufrieron amenazas, secuestros, extorsiones o desplazamientos forzosos.

Reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad

Las enmiendas también reclaman un reconocimiento específico para quienes participaron en la lucha contra el terrorismo. Vox cita a los militares, servicios de inteligencia, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Foral, además de Instituciones Penitenciarias, jueces y fiscales.

La formación plantea además ampliar el concepto de acción terrorista para abarcar la actividad desarrollada por bandas armadas u organizaciones con finalidad terrorista, incluidas aquellas dirigidas contra la soberanía, la unidad territorial, el orden constitucional o la paz pública.

Dentro de esta definición quedarían también las amenazas, coacciones, el acoso y la extorsión, incluso cuando no hayan provocado una lesión física. El ámbito temporal propuesto comenzaría el 1 de enero de 1960, por lo que también comprendería hechos anteriores a la Constitución de 1978.

Vox pretende igualmente ampliar las circunstancias que permitirían ser reconocido como víctima en Navarra. Las enmiendas incluyen a personas nacidas en Navarra, con vecindad civil foral o que cumplan determinados requisitos de residencia y empadronamiento, además de quienes se hayan trasladado a la Comunidad foral debido a amenazas.

ETA y otras organizaciones terroristas

La batería de cambios propone mencionar expresamente en la ley, además de ETA, a organizaciones como GRAPO, DRIL, FRAP, MPAIAC, EPOCA, Comandos Autónomos Anticapitalistas, Terra Lliure, Iraultza y EGPGC.

También reclama incorporar a la memoria institucional el terrorismo yihadista, con referencias a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y los ataques de 2017 en Cataluña. Vox propone igualmente recoger a las víctimas españolas atribuidas al Frente Polisario.

Las enmiendas sostienen que el conocimiento y recuerdo de estos episodios debe ajustarse a las resoluciones judiciales, evitando, en palabras de la propuesta, "omisiones o relatos que los desvirtúen". Jiménez ha afirmado que las víctimas constituyen para su formación "una referencia ética" y simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho.

Multas de hasta 150.000 euros por exaltación

Otro de los cambios de mayor alcance afectaría a la presencia pública de elementos vinculados al terrorismo. Vox propone crear un catálogo de símbolos, menciones, honores y elementos que puedan suponer exaltación del terrorismo o humillación de las víctimas.

El catálogo podría alcanzar incluso elementos instalados en bienes privados que sean de exhibición pública. Las administraciones podrían acordar su retirada mediante un procedimiento con audiencia y resolución motivada.

La propuesta prohibiría asimismo el apoyo, la financiación o la utilización de medios públicos para actividades de enaltecimiento del terrorismo. Vox plantea acompañar estas medidas con un nuevo título IX sancionador.

Las multas oscilarían entre 200 y 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. También podría imponerse la pérdida de subvenciones o ayudas forales relacionadas con la convivencia durante un periodo máximo de cinco años.

Entre las infracciones graves se incluiría la instalación en inmuebles públicos de elementos que supongan exaltación del terrorismo. También se sancionaría la concesión de distinciones que, de acuerdo con la propuesta, ensalcen una actividad terrorista.

Más ayudas y una ventanilla única

En el apartado económico, Vox propone que el complemento foral del 30% de las indemnizaciones no se deduzca de las cantidades reconocidas por el Estado. La formación plantea además incorporar ayudas específicas para determinados supuestos.

Entre ellos aparecen las víctimas que hayan sufrido amenazas, los casos de pérdida gestacional, las personas con una discapacidad igual o superior al 65% y los gastos de sepelio o repatriación.

La reforma planteada incluye igualmente una ayuda excepcional para aquellos casos en los que el Estado no haya concedido previamente una indemnización. Vox quiere introducir además la posibilidad de realizar anticipos para facilitar la reparación económica.

La formación plantea crear un servicio estable de atención a las víctimas que funcione como ventanilla única. A ello añade un Centro de Memoria sobre el Terrorismo en Navarra y una Orden de Reconocimiento Navarro a las Víctimas del Terrorismo.

Las enmiendas a la ley navarra de víctimas del terrorismo también modifican el procedimiento administrativo. Vox propone reducir de seis a tres meses el plazo para resolver las solicitudes y sustituir el silencio administrativo negativo previsto en el proyecto por la estimación presunta de la petición.