La nueva Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo afronta su tramitación parlamentaria con una batería de cambios planteados por UPN. La formación regionalista ha registrado 28 enmiendas con las que pretende ampliar el alcance del proyecto más allá de las ayudas económicas y las medidas de reparación.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha considerado que el texto promovido por el Gobierno de Navarra resulta "positivo en algunos aspectos, pero a todas luces insuficiente" en otros. Su formación quiere incorporar nuevas obligaciones para las administraciones y las entidades locales, además de un régimen sancionador específico. "Ni un euro de los navarros ni un espacio público para justificar el terrorismo o ensalzar a terroristas", ha defendido.
Una de las principales modificaciones planteadas por UPN pasa por introducir en la ley un nuevo título con obligaciones y prohibiciones destinadas a proteger a las víctimas y su memoria. A ello se sumaría otro apartado específico con un régimen de infracciones y sanciones, que en los casos considerados muy graves podría alcanzar los 150.000 euros.
Las enmiendas atribuyen además un papel concreto a las entidades locales. UPN propone que tengan obligaciones respecto a la utilización de espacios públicos, incluida la prohibición de determinados usos y la denuncia cuando se produzcan actuaciones contrarias a la protección de las víctimas. Ibarrola ha señalado que ayuntamientos y otras entidades son quienes "mejor conocen lo que ocurre en muchos de nuestros pueblos y ciudades".
Los regionalistas quieren también que las administraciones de Navarra estén obligadas a personarse en todos los procedimientos penales relacionados con estas cuestiones y que se investiguen hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal, entre los que UPN cita los homenajes a terroristas.
"No será una posibilidad, como lo es ahora, sino una obligación", ha defendido Ibarrola, quien ha sostenido que el Gobierno de Navarra "no puede ser mero espectador ante el enaltecimiento del terrorismo". La dirigente regionalista ha insistido en que la futura norma debe intentar evitar situaciones que, a juicio de su formación, supongan una nueva humillación o revictimización.
Otro de los bloques de las 28 enmiendas de UPN afecta a las compensaciones económicas. La formación va a reclamar la modificación de la Ley 29/2011 con el objetivo de lograr una equiparación indemnizatoria para las víctimas de atentados terroristas en los que no exista sentencia firme.
Mientras se produce esa eventual reforma estatal, UPN propone utilizar las competencias propias de Navarra. En los casos de fallecimiento, daños físicos o psíquicos o secuestro, quiere que el complemento del 30% que aporta Navarra se calcule sobre el límite máximo de indemnización previsto legalmente, exista o no una sentencia penal firme y esté o no determinada judicialmente la autoría.
En aquellos casos en los que exista una sentencia firme que establezca una indemnización superior al límite máximo previsto en la legislación estatal, la propuesta de UPN plantea que el 30% adicional abonado por Navarra se calcule sobre la cantidad fijada judicialmente.
Ibarrola ha defendido que Navarra puede utilizar sus competencias para evitar diferencias entre víctimas derivadas de que los atentados estén o no judicialmente resueltos. "No puede ser que las víctimas se vean doblemente perjudicadas por atentados terroristas sin resolver y menores indemnizaciones", ha señalado.
Las enmiendas entran también en la redacción del preámbulo. UPN quiere modificar determinadas expresiones porque rechaza que se utilice la palabra "conflicto" para referirse al terrorismo. "No aceptaremos que se llame conflicto a lo que fue terrorismo. No hubo un conflicto entre iguales: hubo asesinos y víctimas", ha afirmado Ibarrola.
La presidenta de UPN ha añadido que su partido propone que la condena del terrorismo sea un criterio de "convalidación ética" de las formaciones políticas. Los regionalistas consideran que el lenguaje empleado en la nueva ley debe reflejar expresamente el reconocimiento de las víctimas y la condena del terrorismo.
En materia educativa, UPN ha recuperado además su propuesta para que ninguna persona condenada por un delito de terrorismo pueda acceder a la docencia en centros públicos o concertados dependientes de la Administración Foral de Navarra.
Ibarrola ha vinculado esta medida con la protección de los menores y con la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones. "Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer la verdad sobre ETA sin equidistancias", ha manifestado durante la presentación de las enmiendas.
El paquete de modificaciones incluye también la creación de un Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Navarra. UPN lo plantea como un espacio permanente dedicado a la memoria, la investigación, la documentación, el encuentro y la divulgación, con presencia de las asociaciones de víctimas y cooperación con otros centros memoriales.
Las 28 enmiendas incorporan, por último, cambios en la composición y funcionamiento del Consejo Navarro de Víctimas. Ibarrola ha resumido el objetivo de UPN en conseguir una ley "más completa, más valiente, más audaz y más justa" que, en palabras de la dirigente regionalista, "ayude, repare, eduque y proteja".
