Revuelo en Landaben: un sindicato presenta un contrainforme para frenar el ERTE de Volkswagen
El sindicato CGT rechazó participar en la mesa del ERTE en Volkswagen Navarra, presentó propuesta alternativa y advierte de beneficios millonarios mientras la plantilla sigue en situación de incertidumbre.
Este jueves 13 de noviembre de 2025, el sindicato CGT anunció que no participará en la mesa de negociación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Volkswagen Navarra.
También adelantó que presentará un contrainforme ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como ante el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, para oponerse al expediente y exigir que sea la empresa quien asuma los costes derivados.
En un comunicado, CGT explicó que solo acudió a la “mesa de constitución” del ERTE, la cual calificó de “única” a la que asistirán, pero se negó a participar en negociaciones. Entendieron que no entrarán en diálogos “en ninguna empresa con beneficios donde no esté en riesgo su viabilidad”.
El sindicato señaló que Volkswagen Navarra ha alegado causas “técnicas, organizativas y/o productivas” para justificar el ERTE que tendría vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 3 de julio de 2026.
Añadieron que esta petición se produce cuando la plantilla aún estaba inmersa en un ERTE anterior, que abarcaba hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que, según CGT, supone un “claro y flagrante incumplimiento” del acuerdo de 2025 que obligaba a la empresa a impartir tres días de formación a toda la plantilla.
CGT recalcó que la fábrica navarra no presenta una situación de emergencia económica. Citaron que la matriz global obtuvo unos beneficios acumulados de 123.383 millones € en los últimos nueve años, de los cuales 19.060 millones € correspondieron al ejercicio 2024.
En la planta de Landaben, señalaron que los beneficios después de impuestos en 2024 fueron de 77,6 millones €, lo que la sitúa como el cuarto mayor resultado en su historia.
El sindicato reclama que la empresa absorba internamente los posibles días de cierre y que no cargue al erario público el coste de salarios y cotizaciones que, en su opinión, deberían asumir los beneficios empresariales.