Piden expulsar de España a un argelino que abusó en Pamplona de su ex pareja que iba en silla de ruedas
Un hombre de nacionalidad argelina se enfrenta a una petición global de 15 años de prisión por agredir sexualmente de forma continuada y lesionar gravemente a su expareja, una mujer también de origen argelino que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad física y psíquica.
El caso será juzgado esta semana en Pamplona y es especialmente duro: una relación breve, de apenas dos o tres meses, en la que la Fiscalía sostiene que el acusado se habría aprovechado de las delicadas circunstancias de la víctima.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público ha solicitado que, en caso de condena, la prisión sea sustituida por la expulsión inmediata de España del procesado, que se encuentra en situación irregular. La Fiscalía pide también que se le prohíba regresar al territorio nacional durante diez años.
Según el relato provisional del Ministerio Fiscal, el acusado y la víctima se conocieron en un taller ocupacional de Cáritas en Pamplona. Después iniciaron una relación sentimental que duró entre dos y tres meses. La mujer presentaba entonces un cuadro de alta vulnerabilidad: usaba una pierna ortopédica a raíz de un atropello anterior, necesitaba muletas o silla de ruedas para desplazarse, recibía tratamiento psiquiátrico y sufría problemas de adicción a sustancias estupefacientes.
La acusación pública sostiene que el procesado se valió de esa situación para forzarla a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Cuando ella se negaba, según el escrito fiscal, el hombre reaccionaba con violencia, la insultaba, le escupía en la cara, la agarraba del pelo y la amenazaba con echarla del domicilio “a su suerte” si no accedía.
El acusado ya contaba además con una condena firme anterior, dictada por un juzgado de lo Penal de Pamplona en 2022, por un delito de violencia sobre la mujer cometido contra otra víctima distinta.
El episodio que ha precipitado la intervención policial ocurrió el 12 de enero de 2024. Ese día, la víctima acudió al domicilio del procesado en Pamplona con la intención de recuperar su ropa y poner fin a la relación. Según la Fiscalía, el acusado le exigió que entrara en el dormitorio, pero ella se negó.
A partir de ese momento se inició una fuerte discusión en la cocina de la vivienda. El escrito de acusación recoge que el hombre la golpeó en el rostro y la arrastró del cabello hasta tirarla al suelo. Una vez allí, continuó escupiéndole en la cara.
La agresión cesó gracias a la intervención de otro residente de la vivienda, que escuchó los gritos de auxilio de la mujer. Esta persona separó al presunto agresor y alertó a la Policía Municipal de Pamplona, que acudió al lugar.
Como consecuencia del ataque y del maltrato continuado, la mujer sufrió diversas contusiones físicas. Las lesiones tardaron cinco días de perjuicio personal básico en curar y sanaron finalmente sin secuelas.
Sin embargo, el impacto psicológico ha sido mucho más grave, según el informe clínico recogido por la Fiscalía. La víctima sufrió un importante empeoramiento de su situación psíquica, con crisis de ansiedad, toxicofilia y conductas autolesivas que requirieron 60 días de recuperación.
Dentro de ese proceso, la mujer necesitó un ingreso de 14 días en la Unidad de Agudos hospitalaria debido a la grave pérdida sufrida en su calidad de vida. Pese a ello, la perjudicada ha renunciado formalmente a reclamar cualquier indemnización económica en concepto de responsabilidad civil.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual y un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. En este último caso, el Ministerio Público aprecia además la agravante de reincidencia por el antecedente penal anterior del acusado.
Por la agresión sexual continuada, la acusación solicita una pena de 14 años de prisión. A esa petición añade un año más de cárcel por el delito de lesiones.
La Fiscalía reclama también una orden de alejamiento a menos de 300 metros y la prohibición absoluta de comunicación con la víctima durante 18 años por el primer delito. Por el segundo, solicita otros dos años adicionales de prohibición.
La petición fiscal se completa con diez años de libertad vigilada tras la salida de prisión y con la inhabilitación para ejercer profesiones que impliquen contacto con menores durante 18 años.
El Ministerio Público pide finalmente que, si se dicta sentencia condenatoria y se acuerda sustituir la pena de prisión por la expulsión, el acusado sea ingresado de forma inmediata en un establecimiento penitenciario mientras se ejecutan los trámites. La expulsión, según la solicitud fiscal, debería hacerse efectiva en un plazo máximo de treinta días.