La Fiscalía de Navarra solicita hasta 15 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja y de quebrantar la orden de alejamiento que tenía en vigor respecto a la víctima.
El caso será juzgado esta semana en Pamplona, y recoge unos hechos que el Ministerio Fiscal sitúa en el ámbito de la violencia de género, con una petición de cárcel elevada por la gravedad de la agresión y por el incumplimiento de una condena anterior.
Según el escrito de acusación, el procesado, de nacionalidad española, ya había sido condenado previamente por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona. En esa sentencia se le había impuesto, entre otras medidas, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella por cualquier vía durante tres años y cuatro meses.
Pese a esa prohibición, la Fiscalía sostiene que el acusado acudió a finales de junio de 2025 al domicilio de la mujer en Pamplona, siendo plenamente consciente de que no podía acercarse a ella ni mantener ningún contacto.
Una vez en el interior de la vivienda, según mantiene la acusación pública, el hombre abordó a la víctima y empleó la fuerza para trasladarla hasta el dormitorio, donde habría consumado la agresión sexual sin su consentimiento. La mujer sufrió diversas lesiones físicas.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que el acusado ha cometido un delito de agresión sexual y un delito de quebrantamiento de condena. Además, aplica la circunstancia agravante de reincidencia en el quebrantamiento de la condena anterior.
La petición de pena más elevada corresponde al delito de agresión sexual, por el que la Fiscalía reclama 14 años de prisión. A esa condena suma otro año de cárcel por el quebrantamiento, lo que eleva la solicitud total a 15 años de prisión.
La acusación pública pide también que se imponga al acusado la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la perjudicada durante 16 años. Además, solicita una medida de libertad vigilada de hasta 9 años, que se aplicaría tras el cumplimiento de la pena de prisión.
El escrito fiscal reclama igualmente la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión o actividad que implique contacto directo con menores durante un periodo de 20 años.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la víctima con 5.000 euros por los daños físicos y psíquicos ocasionados, más los intereses legales correspondientes.
El procesado se encuentra actualmente en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza. Por este motivo, el fiscal ha solicitado que se mantenga esta medida cautelar hasta que exista una sentencia firme.
