Las lágrimas de cocodrilo de Pedro Sánchez
Cuando el pasado 10 de junio, Navarra.com publicó mi artículo Santos Cerdán en el ojo del huracán, ignoraba, igual que María Chivite, que la UCO iba a registrar ese mismo día la sede de la ya tristemente famosa Servinabar, en la calle San Nicolás 1 de Pamplona. Para entonces, ya era conocido que en la licitación del desdoblamiento de los túneles de Velante se habían producido graves irregularidades. Se había puesto de manifiesto el súbito aumento de nivel de vida de Santos Cerdán, que en modo alguno se correspondía con sus ingresos.
Se sabía que Cerdán y el dueño de Servinabar, el guipuzcoano Antxón Alonso, desde 2015 eran íntimos amigos, y que en aquella época Cerdán era concejal socialista del Ayuntamiento de Milagro. Algo olía a podrido en Dinamarca. Pero no podíamos pasar de meras sospechas. Todo lo publicado hasta entonces sobre Cerdán en el marco del caso Ábalos-Koldo había sido calificado como “bulos, injurias y calumnias”, nacidas del empeño de “las derechas” de acabar con un Gobierno seráfico como el presidido en Madrid por Pedro Sánchez y en Navarra por María Chivite, según el portavoz socialista Ramón Alzórriz.
En mi artículo hacía unas consideraciones, como abogado emérito, de las irregularidades jurídicas de la adjudicación a la UTE (Unión Temporal de Empresas), integrada por Acciona, Excavaciones Osés y Servinabar, que quedaba lastrada por la presencia de la sociedad del amigo de Santos Cerdán, en una obra de la envergadura de los túneles de Velate. Llegué a la conclusión de que la presidenta Chivite había tenido mucho que ver en el chanchullo, porque había sido posible gracias a una enmienda “in voce” aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda en el debate sobre los presupuestos generales de Navarra para el año 2022, y que se decía había sido incluida a iniciativa de la presidenta.
Por eso, concluí mi artículo con un epígrafe titulado “¿También María Chivite? El silencio del Gobierno”. Y terminaba con esta última reflexión: “El Gobierno de Navarra guarda silencio. Este es el resumen de lo dicho por la presidenta: ‘Todo es un ejercicio de creatividad e imaginación’. Cierto, hay que ser muy creativo e imaginativo para organizar una trama de corrupción”. Pero no hay crimen perfecto. Poco a poco, del hilo se hace madeja y, tal vez, si no se asfixia su independencia, alguien con competencia para ello —me refería al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente— ordene a la UCO —quizás se haya hecho— levantar las alfombras y descender a las cloacas de los poderosos que todavía se sienten intocables. Y entonces será el crujido y el rechinar de dientes.
No tenía la menor idea de que, en efecto, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que actúan como Policía Judicial a las órdenes del Tribunal Supremo, ese mismo día procedieron a registrar la sede social de Servinabar. Pero lo peor estaba por llegar. Dos días después, el 12 de junio, se publicó el informe de la UCO, de fecha 5 de junio, sobre la corrupción de Santos Cerdán. Su publicación cayó como una bomba tanto sobre el PSN-PSOE como sobre el PSOE nacional. Esa misma mañana, la presidenta del Gobierno fue interpelada en el Parlamento foral para que se pronunciara sobre el informe.
María Chivite lloró ante el Parlamento de Navarra y, cuando pudo reponerse, declaró que “lo que he leído en el informe de la UCO no se corresponde con la persona con la que he compartido mi carrera política… mi compañero y mi amigo”. Reclamó que se respetara la presunción de inocencia, diciendo: “Es lo que debemos hacer todos y todas mientras no haya un juicio que así lo determine”. Anunció que revisará “todos los contratos adjudicados a las empresas mencionadas”, como Acciona o Servinabar (al menos una decena), y que encargará una auditoría externa de esos contratos a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Solicitó también una revisión de la Cámara de Comptos de los mismos. Lo que no dijo es que esa revisión de tales contratos, y en especial la inconcebible adjudicación del contrato sobre las obras de Velante, la implicaba personalmente y tendría que investigarse a sí misma. Tiempo al tiempo.
El 12 de junio de 2025 pasará a la historia de la democracia española. Sabemos que Cerdán se reunió en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid con Pedro Sánchez. Después de proclamar su inocencia, se plegó a presentar de inmediato la dimisión de todos sus cargos. A las cinco y media, el presidente, en un tono apesadumbrado, compungido e incluso al borde de las lágrimas, pidió perdón a la ciudadanía española porque en el informe remitido por la UCO al magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente Segura, en el caso Ábalos y Koldo, los indicios sobre la conducta de su ya exsecretario de Organización eran “muy graves”. Afirmó sentirse “enormemente indignado y profundamente triste” por el escándalo. Manifestó que no había conocido el informe de la UCO hasta su publicación en los medios, y que hasta ese momento tenía la convicción de la inocencia de su mano derecha en el partido.
Quizás Sánchez, cuando fulminó a Santos Cerdán en su representación teatral para eludir su propia responsabilidad, habría recordado la batería de medidas para la regeneración democrática que había propuesto para recuperar en 2016 la secretaría general del Partido Socialista, que con toda clase de detalles publicó en 2019 en su libro Manual de resistencia para lograr la regeneración de la democracia española, con una batería de medidas tales como facilitar la iniciativa legislativa popular rebajando el número de firmas exigidas y facilitando la defensa de propuestas; regular que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos; considerar los programas electorales como un compromiso vinculante; revisar los deberes y obligaciones de los funcionarios y cargos públicos; establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio para todo aquel que acceda a un cargo público; revisar las normas reguladoras de los conflictos de intereses; exigir a los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado la presentación, en el momento del nombramiento y del cese, de una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre el estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social; prohibir el nombramiento y establecer la obligación de cese de altos cargos cuando se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción; suspender a concejales y parlamentarios a los que se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción; revisar las normas de contratación pública; restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público y de utilización del procedimiento negociado sin publicidad; fortalecer los mecanismos para impedir o regular la revisión de costes; extender el ámbito de control del recurso especial de contratación a importes más bajos, con la finalidad de eliminar ámbitos exentos de control previo independiente; establecer normas sobre conflicto de intereses en los diversos órganos de las administraciones públicas en los que se toman decisiones, como las mesas de contratación pública, y sancionar el fraccionamiento de contratos.
Todo esto es memoria histórica que cae a fuego sobre Pedro Sánchez, pues durante su ya largo mandato, nada se regeneró y todo se ha enfangado. El 12 de junio, Sánchez y Chivite lloraron. Sánchez pidió perdón sin propósito de enmienda. Veremos si la Justicia ratifica esta huida hacia delante. En Navarra, el edificio construido desde el Paseo de Sarasate por Cerdán, para mayor gloria de María Chivite, amenaza ruina. La presidenta lo tiene algo más difícil para emprender una huida hacia delante.