Santos Cerdán está en el ojo del huracán. Vaya por delante que soy el primero en respetar la presunción de inocencia. Sus compañeros le han arropado. A la cabeza, Pedro Sánchez y María Chivite. El portavoz del PSOE en nuestro Parlamento, Ramón Alzórriz, declaró airadamente que “todo es mentira, una conspiración de ‘las derechas’ y Cerdán es víctima de ‘una cacería política’ que solo busca ‘tumbar Gobiernos en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Navarra’”.
Después de enumerar los grandes servicios prestados a Navarra por el secretario general del PSOE (500 millones de euros en importantes obras públicas), Alzórriz ha afirmado que “estos son los hechos, lo demás son difamaciones y calumnias”.
Pues bien, a los hechos me voy a referir. El 20 de junio de 2018, Diario de Navarra publicó una entrevista con Santos Cerdán, recién designado secretario de Organización del PSOE, en la que, además de reconocer que no tenía “perfil” para ser ministro, reveló que cobraba 3.000 euros netos al mes, de los que dedicaba 1.000 euros al alquiler y gastos de un apartamento en Madrid de 40 m², donde residía entre semana.
Las últimas informaciones publicadas y no desmentidas señalan que, en la actualidad, reside en la capital —con prácticamente el mismo sueldo mensual neto— en un ático de 120 metros cuadrados, cuyo alquiler podría costar como mínimo 2.400 euros mensuales en el exclusivo barrio de Moncloa, a poca distancia de la sede socialista de la calle Ferraz.
En su declaración de bienes y rentas en la legislatura de 2019 a 2023, al ser elegido diputado por primera vez, Cerdán declaró que su única propiedad, además de un piso en Milagro, era un Volvo modelo XC60, adquirido poco antes mediante un préstamo de 41.800 euros. Nada se ha vuelto a saber ni del coche ni del préstamo declarados. Lo que sí sabemos ahora, tal y como se desprende de su declaración del 3 de agosto de 2023, tras ser elegido por segunda vez, es que el 5 de mayo de ese año, en el arranque de la actual legislatura, había comprado un nuevo Volvo XC60 T6, con un préstamo de 19.200 euros.
Según la web oficial de Volvo España, el precio de ese modelo oscila entre los 65.000 y los 72.000 euros. Sus únicos ingresos siguen siendo aproximadamente 3.000 euros, más 2.000 euros como “diputado de provincias” para su mantenimiento durante sus estancias en Madrid. Además, los 70.000 euros brutos tributan en Navarra por el IRPF al tipo del 34 por ciento, por lo que sus ingresos anuales netos podrían alcanzar los 50.000 euros anuales, unos 4.000 euros mensuales más dos pagas extras.
¿Qué hace una minúscula sociedad como Servinabar en una obra gigante como es el segundo túnel de Velate?
Pero la tormenta se ha cegado en Cerdán por la sospecha de una participación muy activa en la adjudicación presuntamente irregular e ilícita del desdoblamiento del túnel de Velate a la UTE formada por Acciona Construcciones S.A., Excavaciones Fermín Osés S.L. y Servinabar 2000, S.L.. Es público y notorio que Cerdán, elegido en 2015 concejal de Milagro, es íntimo amigo de Joseba Antxón Alonso Egurrola, un guipuzcoano nacido en 1958 en Oyarzun, localidad en la que ese mismo año vino al mundo Arnaldo Otegi, coincidencia de la que no se puede deducir afinidad política.
El 4 de septiembre de 2015, Alonso constituyó Servinabar 2000 S.L., una sociedad limitada unipersonal con un capital de 3.000 euros. Se autonombró administrador único. El domicilio social se fijó en la calle San Nicolás 1, 2.º de Pamplona. El objeto social era “gestión de servicios para trabajos administrativos (archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores)” y “organización de eventos como congresos, ferias y exposiciones”. Cinco años después, el 28 de enero de 2020, la sociedad amplió el objeto social a “la elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”, así como servicios especializados en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud, realización de revisiones y actualizaciones de las evaluaciones de riesgos laborales, y otras actividades.
Aunque la importante modificación del objeto social se registró en 2020, no alteró para nada la mínima infraestructura de la sociedad. Tres años antes, una UTE formada por Acciona Construcciones S.A. y Servinabar había resultado adjudicataria por el Instituto de Deportes y Juventud del Gobierno de Navarra de las obras de los lotes 4 y 5 del Pabellón Navarra Arena el 10 de octubre de 2017 por 3,78 millones de euros. En 2018, el 15 de junio, la UTE consiguió la adjudicación por el Gobierno de la reforma del Archivo General de Navarra, por 2,4 millones de euros.
El 31 de enero de 2023 obtuvo la construcción de 46 viviendas VPO en Ripa Sur de Beloso por 7,8 millones de euros. Pero el gran paso adelante lo dio Servinabar el 26 de diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Navarra adjudicó las obras del desdoblamiento del túnel de Velate por 63,8 millones de euros a la UTE liderada por Acciona Construcciones S.A., Excavaciones Fermín Osés y la minúscula Servinabar. Es decir, el amigo íntimo de Cerdán había conseguido el 15 por ciento de una UTE para una obra gigantesca.
El Registro Mercantil revela que Servinabar S.L. no ha presentado las cuentas anuales desde 2022. Las de 2021 reflejan una facturación de un millón de euros, con un beneficio neto de 111.000 euros. Mantiene un capital de 3.000 euros. Y su estructura empresarial no ha cambiado, porque se reduce a unos pocos empleados. No se sabe qué papel desempeña en la construcción del segundo túnel. Construir un túnel como el de Velate es una obra de ingeniería civil muy compleja y costosa.
Tiene una gran complejidad técnica, requiere maquinaria y tecnología muy avanzadas y, al mismo tiempo, muy costosas. Ha de contar con personal altamente calificado. De todo esto se desprende que las empresas constructoras han de tener una gran solvencia económica, un alto capital social y una importante capacidad financiera. A la vista de todo esto, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que fuera admitida la oferta de una UTE en la que figura una pequeña sociedad que no reúne las condiciones necesarias para afrontar una obra de semejante envergadura? ¿Acaso se tuvo en cuenta la estrecha relación que mantiene Santos Cerdán con Antxón Alonso, titular único de una sociedad de 3.000 euros de capital social? ¿Qué papel juega Servinabar en la UTE en la que participa con un 15 por ciento?
Una adjudicación plagada de irregularidades e ilegalidades
Por otra parte, la adjudicación está plagada de irregularidades e ilegalidades. El escándalo estalló hace unas semanas cuando un ciudadano, cuya identidad por ahora se desconoce, se presentó en la Guardia Civil de Pamplona para formalizar una denuncia en la que se daba cuenta del papel del secretario general de Organización del PSOE en favor de Servinabar. La Guardia Civil inició sus investigaciones y, ante la posibilidad de que personas aforadas pudieran estar implicadas (Cerdán lo es por ser diputado), las remitió a la UCO, la policía judicial por excelencia de nuestro país.
Cuando esta unidad de la Guardia Civil concluya sus indagaciones, remitirá un informe a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. No es de extrañar que exista una conspiración desde el poder para desacreditar a la cúpula de la UCO e incluso para desmantelarla. Decir que la UCO actúa en este asunto en connivencia con el PP sí que es un gran bulo de los que se difunden desde la Moncloa o Ferraz, mediante “fontaneros” al servicio del PSOE que saben moverse por las cloacas de los centros de poder.
El artículo 69 de la Ley Foral de Contratos Públicos de 2017 dispone que, cuando varios empresarios forman una unión temporal (UTE), deberán acreditar la solvencia o, en su caso, la clasificación exigida, “pudiendo alcanzar dicha solvencia de forma conjunta”. Podría concluirse que no importa que Servinabar no reúna tales requisitos ni de lejos, pues las otras dos empresas —Acciona y Osés— los cumplen de sobra, aunque ello debiera haberse reflejado en la puntuación asignada por la Mesa de Contratación.
Pero, sin llegar a ello, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la oferta con presencia de Servinabar debió ser inadmitida, en aplicación de la doctrina jurisprudencial que considera imprescindible que se acredite la función, experiencia, recursos y medios que aporta cada empresa, pues una participación puramente formal o decorativa de una de ellas podría estar dirigida a favorecer a una empresa determinada —en este caso, Servinabar—, lo que vulneraría los principios de libre competencia y transparencia. Si este fuera el caso, se habría incurrido en fraude de ley o simulación contractual, lo cual afectaría a la validez de la adjudicación y podría dar lugar a un proceso penal. (Véase Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2011). También las Resoluciones 512/2018 y 134/2020 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se pronuncian en el mismo sentido. Para verificar si Servinabar cumplía los requisitos legales habría que examinar la oferta presentada por la UTE adjudicataria y las deliberaciones de la Mesa de Contratación, que el Gobierno guarda bajo llave.
¿También María Chivite? El silencio del Gobierno foral
Las irregularidades de la contratación del segundo túnel de Velate también han salpicado a la presidenta del Gobierno, María Chivite. Se dice que se reunió en cuatro ocasiones con Cerdán y Alonso en el Palacio de Navarra. Quizás sea un bulo. Pero hay un hecho indiscutible. La presidenta promovió la inclusión en la Ley de Presupuestos Generales de 2022 de una sospechosa disposición adicional con este texto: “De manera excepcional, se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial dentro de la Dirección General de Obras e Infraestructuras que ocupe la Dirección de Servicio, durante el año 2023 por un periodo de un año por necesidades del servicio, falta de profesionales, complejidad técnica de los proyectos u obras de ejecución inmediata que es preciso acometer, de suma trascendencia para el desarrollo territorial de la Comunidad Foral de Navarra, razones en todo caso debidamente justificadas”. Solo faltaba poner un nombre, pues el destinatario único —violando el principio de igualdad— de esta disposición era el funcionario Jesús Polo, director de Servicio de la Dirección General de Obras e Infraestructuras, que al cumplir 70 años debía haberse jubilado, pero pudo mantenerse en activo por aplicación de aquella. De no ser por esta disposición, Polo no habría sido nombrado presidente de la Mesa de Contratación del túnel. Según se refleja en los votos particulares del Interventor y del Secretario que se opusieron a la adjudicación a Acciona, Osés y Servinabar, Polo maniobró para que los funcionarios pertenecientes a la Mesa, que iban a votar a favor de la UTE formada por Mariezcurrena, Comsa y Nortunel, tres empresas de acreditada experiencia en la construcción de grandes obras públicas, entre ellas túneles, al final se decantaran por la UTE a la que lastraba radicalmente la presencia de Servinabar. ¿Acaso esta última es una sociedad pantalla de algo o alguien carente de ética? No es una afirmación, solo una pregunta.
El Gobierno de Navarra guarda silencio. Este es el resumen de lo dicho por la presidenta: “Todo es un ejercicio de creatividad e imaginación”. Cierto, hay que ser muy creativo e imaginativo para organizar una trama de corrupción. Pero no hay crimen perfecto. Y de pronto salen a la luz hechos incontrovertibles. Poco a poco, del hilo se hace madeja y, tal vez, si no se asfixia su independencia, alguien con competencia para ello ordene a la UCO —quizás ya se ha hecho— levantar las alfombras y descender a las cloacas de los poderosos que todavía se sienten imbatibles. Y entonces será el crujido y el rechinar de dientes.
