La memoria histórica cae a fuego sobre Pedro Sánchez

En mi libro Asalto a la Democracia (2022) sostengo que Sánchez llegó al poder mediante una moción de censura que fue legal pero no legítima, al basarse en hechos falsos, como sentenciaron la Audiencia Nacional en 2019 y el Tribunal Supremo en 2020. El 25 de mayo de 2018, el grupo parlamentario socialista registró la moción con la firma de 83 diputados de un total de 350. Necesitaba obtener la mayoría absoluta, es decir, 176. Los cinco diputados del PNV fueron decisivos.

La moción estaba encabezada por José Luis Ábalos, que —¡oh, casualidad!— sería el encargado de su defensa. No tuvo pelos en la lengua. “Me dirijo a la Cámara para plantear las razones que nos han llevado a la presentación de esta moción de censura. Una vez conocida la sentencia del caso Gürtel, ya no hay suposiciones, sino certezas: la certeza jurídica de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel. En palabras de la propia sentencia, el Partido Popular desde su fundación ha sido, y leo —no valoro, leo textualmente—, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, mediante la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. Lo dice la justicia.

Una sentencia que también certifica la ausencia de credibilidad de la declaración del señor Rajoy en sede judicial cuando señalaba que nada sabía sobre la caja B del partido que presidía, cuya existencia, según la sentencia, queda acreditada. Y leo —no opino—, leo la sentencia: los señores Arenas, Álvarez-Cascos, García-Escudero y Rajoy niegan la existencia de una caja B en el partido. Sin embargo, el ministerio fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar —argumentación que comparte el tribunal— que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido. Una sentencia que condena por primera vez a un partido político por corrupción”.

A lo largo de su intervención, Ábalos pronunció palabras como estas: “¿Vamos a regalar la impunidad al PP?”; “Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal”; “La justicia ha declarado que en el PP no solo hubo corrupción, sino una organización criminal que se benefició de ella”; “No se puede gobernar desde la mentira ni desde la corrupción institucionalizada”; “Mientras los ciudadanos sufrían recortes, paro y precariedad, algunos dirigentes del PP se enriquecían gracias a la corrupción”; “No se puede pedir sacrificios a la gente mientras quienes gobiernan se benefician ilícitamente del poder”; “La sentencia destruye el relato del PP: no era un caso puntual, ni una excepción. Era un modo de gobernar”.

En su intervención en defensa de su candidatura, Pedro Sánchez también pronunció palabras inolvidables: “Esta moción de censura, señorías, es consecuencia –es consecuencia de hechos gravísimos –insisto, hechos gravísimos– que de forma reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno, incredulidad e indignación”. Dibujó una España donde la corrupción se había apoderado del Partido Popular y no se podía esperar a que la legislatura finalizara en junio de 2020. Sánchez justificó la presentación de la moción de censura en la necesidad de devolver la “dignidad” a la sociedad española.

Anunció que si ganaba la moción de censura pondría en pie un gobierno del PSOE, con una agenda social clara y un proyecto de regeneración política. Una vez conseguido este objetivo, procedería a convocar elecciones, sin especificar en qué plazo serían. Era el momento de tomar decisiones, no de elecciones. Y la gran sorpresa se produjo cuando afirmó que tampoco el Partido Popular era un partido corrupto. Y dijo textualmente: “A diferencia incluso de compañeros del Partido Socialista [impulsados por él mismo], a diferencia de muchas de las personas que van a intervenir en nombre de los grupos parlamentarios, yo sostengo, quiero que sea registrado aquí en la Cámara, en el Diario de Sesiones, que el Partido Popular no es un partido corrupto… Yo digo que el Partido Popular no es un partido corrupto, porque no hay ningún partido corrupto. Lo que hay que hacer es prevenir esa corrupción, actuar cuando se produce esa corrupción”.

Es decir, que Mariano Rajoy no merecía seguir como presidente por lo que en términos jurídicos se define como “culpa in vigilando”. Lo decía un candidato que tenía sentado en el banquillo de los acusados en el caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción, cifrado en 700 millones de euros, a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos expresidentes del PSOE nacional, el primero de ellos expresidente del Gobierno y el segundo exministro de Trabajo y Seguridad Social y también exministro de Sanidad. Tampoco movió un músculo, ya presidente, cuando tuvo conocimiento de que, el 19 de noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla dictaba sentencia condenatoria contra ese grupo de dirigentes socialistas, que pertenecían a la flor y nata del socialismo andaluz y español: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, junto a otros consejeros y altos cargos de la Junta y del PSOE, hasta un total de diecinueve personas. Sánchez fue muy paciente. En 2024, cuando su hombre de confianza en el ámbito judicial, Cándido Conde-Pumpido, fue proclamado presidente del Tribunal por los magistrados progresistas —que sostienen la tesis de que el legislativo es un poder absoluto, que está por encima de la Constitución—, salvó de la quema a Chaves y a Griñán. Lo que el secretario general del PSOE no pudo borrar es la corrupción de su partido que durante cuarenta años había anidado en Sevilla, «el corazón del socialismo español» —la frase es de Sánchez—, lugar que eligió para anunciar su candidatura, por segunda vez, a la secretaría general del partido. De todo esto no hace ninguna referencia en su Manual de resistencia.

Después del estallido del caso Cerdán, que pasó por Ferraz sin romperlo ni mancharlo, el presidente se ha encastillado y ha decidido que la mejor defensa, dicen los estrategas, es un buen ataque, por lo que ha dado orden de resucitar el caso Gürtel, que le sirvió de palanca para llegar al poder. ¡Desde la bancada socialista del Congreso, cuando el PP pide explicaciones sobre el escándalo Cerdán, enarbolando los quinientos folios del informe de la UCO, se grita —señalando con el dedo a los diputados populares— “¡Gürtel!” “¡Gürtel!”. Pero lo cierto es que todos los argumentos del trío Sánchez, Ábalos y Margarita Robles en la moción de censura se vinieron básicamente abajo cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sentenció el 14 de enero de 2020 que no hubo ningún dirigente del PP que pudiera ser acusado por corrupción, y que el único reproche era que, sin conocimiento ni de Rajoy ni de su consejo de dirección, el partido se había beneficiado de la actuación delictiva de Luis Bárcenas y de los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda, en connivencia con un grupo de empresarios que organizaban los actos del PP. El primero había recibido 133.628,48 euros y el segundo 111.864,32 euros, en total 245.493,80 que habían destinado a gastos de su campaña electoral, con total opacidad.

Recuérdese que la Audiencia Nacional daba por hecho probado la existencia de una caja B en el Partido Popular. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza su existencia. Mantiene ese pronunciamiento. En su sentencia de 29 de octubre de 2021, condena al exgerente del Partido Popular como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2017 de la empresa Unifica, en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares, y le impone una multa de 1,2 millones de euros. El Tribunal Supremo no declara la existencia de una caja B en el partido.

Asimismo, absuelve a Bárcenas del resto de los delitos de los que estaba acusado, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental. La Sala rechaza el relato acusatorio que habla de una trama organizada por empresarios y dirigentes del PP para captación de fondos y financiación irregular del partido, usada para campañas electorales, mantenimiento del partido, sobresueldos, fondos que procedían de donaciones ilegales de empresas con contratos con la Administración Pública, y que dentro de esa trama responsables del PP y otras personas físicas y jurídicas cometían delitos contra la Hacienda Pública utilizando como medio la falsedad contable. En la sentencia no se hace ninguna referencia a José María Aznar, a Mariano Rajoy ni a ningún dirigente del PP.

Sí se condena a dicho partido al pago de 245.492,80 euros como responsable civil subsidiario por un delito cometido por Bárcenas que benefició al PP sin su conocimiento. También el Partido Popular presentó un recurso de casación respecto a su consideración como partícipe a título lucrativo. Como el Tribunal Supremo no encontró ni rastro de una caja B del partido. Esta es la razón por la que al caso ya cerrado judicialmente se denomina “papeles de Bárcenas”. En definitiva, el Alto Tribunal afirma que sí existía una “caja B”, pero no era del PP sino de la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de la “planta noble” de Génova 13, según figuraba en su contabilidad. El único reproche judicial al PP fue una responsabilidad civil subsidiaria, compatible con desconocer el origen ilícito del dinero.

Pero la justicia llegó tarde. Si Sánchez se rigiera por las reglas de la ética, habría pedido perdón a Mariano Rajoy y al Partido Popular, aunque no pudiera reparar el daño causado. Todo esto también es memoria histórica.