El Partido Popular de Artica ha denunciado una “grave situación de descontrol, opacidad e irregularidades” en la gestión del Concejo y ha exigido responsabilidades tras las conclusiones de ambos organismos. La formación popular considera que los informes conocidos confirman las advertencias que ya había realizado en los últimos meses.

La portavoz del PP en el Concejo, Cristina Recalde, ha afirmado que “el tiempo ha demostrado que nuestras denuncias estaban fundamentadas y que quienes intentaban tapar la realidad hoy quedan retratados por los propios organismos de control”.

El informe de la Cámara de Comptos ha emitido una “opinión con salvedades” sobre las cuentas del Concejo de Artica y ha recogido varias incidencias relacionadas con la contratación, las modificaciones presupuestarias y la ejecución del gasto. El documento ha puesto el foco en decisiones que, según el PP, reflejan una forma de gestión alejada de la transparencia que merecen los vecinos.

Entre los aspectos más graves, los populares han destacado que Comptos ha detectado 25.610 euros de gasto corriente realizados sin disponer de crédito adecuado y suficiente. Además, el informe señala modificaciones presupuestarias que no fueron publicadas en el Boletín Oficial de Navarra, pese a que la normativa exige ese trámite.

La fiscalización también ha cuestionado el uso de contratos menores para cubrir necesidades estructurales del Concejo. En concreto, el informe apunta a contratos por valor de 28.678 euros vinculados a labores administrativas y de limpieza que deberían haberse tramitado mediante procedimientos ordinarios, y no mediante adjudicaciones menores sucesivas.

“Estamos hablando de contratos que Comptos considera improcedentes y de una forma de gestionar el dinero público absolutamente alejada de la transparencia que merece Artica”, ha denunciado Cristina Recalde.

El PP también ha puesto el foco en el alquiler de un almacén concejil privado utilizado como almacén municipal. Según ha denunciado la formación, la Cámara de Comptos acredita que no existía informe de necesidad, memoria justificativa ni fiscalización previa del gasto.

“Mientras los vecinos pagan sus impuestos, aquí se tomaban decisiones sin informes, sin control y sin garantías”, ha criticado la portavoz popular, que ha acusado a Vecinos por Artica de gestionar el dinero público sin los controles necesarios.

A las conclusiones de Comptos se ha sumado la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que ha estimado el recurso presentado por el PP y ha declarado nulas las dietas cobradas por varios miembros de Vecinos por Artica. Entre ellos, según ha señalado el Partido Popular, figuran el expresidente Antonio Novoa y la actual presidenta Rosa Blanco.

El PP ha exigido la devolución “íntegra e inmediata” de las cantidades percibidas indebidamente y ha considerado “muy grave” que cargos públicos hayan cobrado retribuciones sin cobertura legal. Para la formación, la resolución del TAN refuerza sus críticas sobre la forma en la que se ha gestionado el Concejo.

Recalde ha recordado también que el actual equipo disponía de una situación económica favorable heredada de la anterior legislatura gracias a la venta de terrenos. Sin embargo, según ha señalado, apenas ejecutó el 65% del presupuesto municipal, un dato que el PP interpreta como una muestra de falta de planificación y de capacidad de gestión.

“Ni gestionan bien, ni ejecutan inversiones, ni cumplen con las mínimas garantías legales. Artica merece mucho más que un gobierno instalado en la improvisación y la opacidad”, ha señalado la portavoz del Partido Popular de Artica.

La formación popular ha anunciado que no descarta emprender nuevas acciones para exigir todas las responsabilidades derivadas de estas irregularidades. “Vamos a llegar hasta el final. Los vecinos merecen transparencia, legalidad y una gestión seria de su dinero”, ha concluido Cristina Recalde.

La vicepresidenta del Gobierno foral, Ana Ollo, y el vicerrector de Enseñanzas de la UPNA, Javier Goicoechea, han firmado el convenio para poner en marcha el título propio de experto en "Planificación lingüística para la revitalización y promoción social del euskera".

El nuevo curso se impartirá íntegramente en euskera, en modalidad online asíncrona, y se desarrollará entre noviembre de 2026 y junio de 2027. Constará de 15 créditos ECTS y estará dirigido a profesionales, personas recién tituladas e interesados en la promoción y planificación lingüística.

Ollo ha defendido que se trata de "una formación que no existía en la universidad en Navarra" y ha asegurado que nace con la intención de impulsar el aprendizaje de personas que ya están trabajando o que acaban de terminar sus estudios universitarios.

La vicepresidenta ha destacado también el papel de la UPNA, a la que ha definido como "la universidad de todos los navarros", como eje de esta nueva iniciativa del Ejecutivo foral para reforzar la presencia del euskera en distintos ámbitos sociales e institucionales.

Durante la rueda de prensa, Ollo ha recordado que alrededor del 15% de los navarros son euskaldunes, un porcentaje que, según ha señalado, se multiplica entre los jóvenes menores de 30 años. Por ese motivo, ha defendido la necesidad de incluir el euskera en la planificación y programación lingüística.

"En el curso se aprenderá a elaborar planes para el uso del euskera en la compleja sociedad actual, como lengua minoritaria", ha indicado la consejera, que ha presentado esta formación como una herramienta para extender la promoción social del idioma.

La vicepresidenta ha valorado el euskera no solo como patrimonio histórico y cultural, sino también como "una lengua con valor de futuro, institucional y no formal". Además, ha expresado su deseo de que este primer curso tenga continuidad en los próximos años.

El título propio estará organizado en seis módulos. La formación abordará contenidos sobre sociolingüística, política lingüística y planificación lingüística; historia social y evolución del euskera; régimen jurídico del euskera; gestión lingüística de las instituciones públicas; promoción del euskera en el ámbito socioeconómico; y promoción del euskera en el ámbito no formal.

Por su parte, el vicerrector de Enseñanzas de la UPNA, Javier Goicoechea, ha agradecido al Gobierno de Navarra su implicación y ha señalado que la formación "responde a una necesidad formativa que no existía". Según ha explicado, está pensada para personas con formación universitaria que buscan especializarse en esta materia.

La universidad ha previsto que el curso se imparta en formato virtual para que pueda ser compatible con la actividad laboral de los estudiantes. La docencia correrá a cargo de 15 profesores, de los que 13 ejercen en la propia Universidad Pública de Navarra.

El plazo de matrícula estará abierto durante todo el mes de junio. Además, el alumnado empadronado en Navarra contará con una bonificación, según se ha anunciado en la presentación del nuevo título propio, cuya inscripción podrá realizarse a través de la web de la universidad.

La decisión se ha adoptado después de la Junta de Portavoces, en la que VOX había solicitado la comparecencia del parlamentario socialista. Al no formar parte Alzórriz del Gobierno de Navarra, la petición se ha transformado en una sesión de trabajo, formato que permite solicitar su presencia para que dé explicaciones.

Según ha explicado Jiménez, en la reunión de este lunes no se ha registrado una oposición explícita de los grupos a esta vía. Ahora será la propia Junta de Portavoces la que pida formalmente a Alzórriz que participe en esa sesión. El parlamentario socialista tendrá que decidir si acepta o rechaza la invitación.

La solicitud está vinculada a la querella presentada por VOX, ya admitida a trámite por un juzgado de Pamplona, en la que se investiga el presunto fraccionamiento de contratos en las obras de reconstrucción del parque Sendaviva y la reforma de una vivienda vinculada al propio Alzórriz por parte de la misma empresa.

“VOX había solicitado la comparecencia de Ramón Alzórriz por su implicación en el caso Sendaviva. Valoramos que se haya abierto esta vía para que dé explicaciones, porque es necesario fiscalizar la actuación del Gobierno de Chivite y depurar cualquier responsabilidad”, ha declarado Emilio Jiménez tras la Junta de Portavoces.

El portavoz de VOX también ha cargado contra el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, al que ha calificado de “inútil” por su posición ante la polémica generada por la nueva camiseta del Athletic Club, que incluye en la parte superior de la espalda un mapa de Euskal Herria con Navarra, la ikurriña y las siete provincias.

Jiménez ha acusado a Remírez de “negar la evidencia” de que ese mapa “ofende a los navarros” y le ha reprochado que, como vicepresidente, “está para defender a los navarros, no para defender a quienes quieren que Navarra desaparezca dentro de un proyecto de Euskal Herria”.

El dirigente de VOX ha relacionado estas críticas con las declaraciones de Remírez sobre la Marcha por la Dignidad celebrada este pasado sábado en Madrid contra la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Según Jiménez, el vicepresidente llamó “nazis” a los participantes en esa movilización.

“Mientras usted se niega a defender Navarra, se dedica a llamar ‘nazis’ a los españoles que este pasado sábado se manifestaron en Madrid contra la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y exigiendo recuperar la dignidad de España”, ha afirmado el portavoz de VOX.

Jiménez ha considerado que esas palabras son impropias de un cargo institucional. “¿Cómo es posible que un vicepresidente de un Gobierno, que representa a todos los navarros, se dedique a insultar a los españoles de esa manera? Eso dice mucho de sus prioridades y de su concepción de lo que debe ser un cargo institucional”, ha señalado.

En relación con la camiseta del Athletic Club, Jiménez ha recordado que la declaración institucional presentada por VOX en el Parlamento de Navarra no salió adelante por los votos en contra de toda la izquierda. Aun así, el partido ha remitido ya escritos al Consejo Superior de Deportes, a LaLiga y a la Real Federación Española de Fútbol para que actúen.

“VOX ya está estudiando todas las acciones legales que consideramos pertinentes para defender la integridad territorial y simbólica de Navarra. No vamos a consentir que se normalice esta apropiación”, ha anunciado Jiménez.

El portavoz ha calificado la inclusión del mapa como “una clara politización del deporte y un menosprecio a la identidad foral de Navarra”.

Además, Jiménez ha avanzado que VOX llevará este jueves al pleno del Parlamento de Navarra una moción sobre la aplicación del principio de prioridad nacional en la Comunidad Foral.

La iniciativa reclama prioridad para navarros y españoles en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos, vivienda y prestaciones. También incluye medidas como la repatriación de inmigrantes en situación irregular y la derogación de decretos vinculados a la atención sanitaria y a la regularización de extranjeros sin residencia legal.

“Navarra para los navarros y para los españoles que cumplen las reglas. No vamos a permitir que se siga sustituyendo a nuestra gente mientras se regalan derechos a quienes entran de forma irregular”, ha concluido Jiménez.

La decisión ha dejado sin mayoría las dos declaraciones institucionales con las que UPN y Vox pretendían que la Cámara foral se pronunciara contra una equipación que, según ambas formaciones, proyecta una visión política e identitaria que no representa la realidad institucional de Navarra.

En la iniciativa de UPN, la formación regionalista ha contado con el apoyo de PPN y Vox. EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra, mientras que el PSN de María Chivite se ha abstenido. En el caso del texto de Vox, lo han respaldado UPN y PPN, y el resto de grupos han votado en contra.

UPN pedía que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra”, amparado por la Constitución Española, la LORAFNA y su identidad institucional, política y jurídica. Además, consideraba “improcedente” la inclusión en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027 de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de Euskal Herria integrando a Navarra junto a la ikurriña.

La declaración de UPN sostenía que esa imagen proyecta una visión “política e identitaria controvertida” que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral. Sin embargo, la abstención del PSN ha impedido que la Cámara aprobara esa petición al club bilbaíno.

Vox, por su parte, pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente” la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao. La formación consideraba que se trata de “una reivindicación política inaceptable” que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de la Comunidad foral.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha defendido en declaraciones a los medios que su formación “respeta a todo aquel que se sienta de otra manera”, pero ha subrayado que también exige respeto para quienes consideran que Navarra tiene una historia, una bandera y un himno propios.

“Queremos que se respete a los que creemos que vivimos en una Navarra que tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”, ha señalado Esparza, que ha acusado al Athletic de generar una polémica “innecesaria” con una imagen que, a su juicio, supone “una manifiesta falta de respeto” a una mayoría social de Navarra.

El dirigente regionalista ha explicado que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha remitido cartas al presidente del Athletic, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol y al presidente de la Liga. Además, la formación ha llevado el debate al Parlamento foral mediante una declaración institucional que, según Esparza, “desgraciadamente no ha contado con el apoyo del PSN”.

Para el portavoz de UPN, la imagen de la camiseta del Athletic “lanza un mensaje político claro”: un territorio que, según ha indicado, el club presenta como una nación junto a una bandera concreta. “Navarra ya es por sí misma, no nos hace falta nadie. Esperamos que se rectifique y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentarlo”, ha afirmado.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha pedido a Cristina Ibarrola y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao”. El portavoz de la coalición ha defendido que en su grupo son “más de ponernos la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera, un euskera que se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”.

Azcona ha criticado además que UPN “se empeña en imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”, en referencia a la polémica abierta por la equipación del Athletic y la inclusión de Navarra dentro del mapa de Euskal Herria.

El portavoz del PPN, Javier García, ha calificado la camiseta del Athletic como una “falta de respeto” por incluir a la Comunidad foral dentro de “ese mapa que no existe”. A su juicio, este gesto supone “un desprecio a la realidad institucional” de Navarra.

García ha cargado especialmente contra los socialistas navarros por no apoyar la declaración de UPN. “Quienes dicen ser navarros han votado en contra de una declaración institucional en defensa de nuestra identidad. A los socialistas que dicen defender Navarra parece que se les ha olvidado ser navarros. Parece que los socios tiran y no quieren incomodarles”, ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que la equipación del Athletic supone “un menosprecio a la identidad foral de Navarra”. También ha explicado que su formación ya ha remitido escritos al Consejo Superior de Deportes, a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol para que actúen y exijan al Athletic la retirada de ese elemento de sus equipaciones, productos oficiales y comunicaciones.

Jiménez ha advertido de que Vox estudia “todas las acciones legales” que considere pertinentes para defender “la integridad territorial y simbólica de Navarra”. “No vamos a consentir que se normalice esta apropiación”, ha concluido.

La formación foralista ha acusado al Ejecutivo navarro de mantener una actitud de falta de transparencia que ha obligado al partido a acudir a los tribunales en 14 ocasiones desde 2021 para conseguir documentación sobre la acción del Gobierno.

Según ha explicado UPN, estas negativas han afectado a asuntos muy distintos, como la vacunación del COVID, la compra de mascarillas, los contratos con empresas vinculadas a la trama del caso Koldo, las denegaciones de peticiones de PERTE, la plantilla y la tasa de temporalidad de la Administración foral, la contratación del Circo del Sol o el plan de transición ecológica.

El partido ha sostenido que esta situación no solo supone una “falta de transparencia absoluta hacia los ciudadanos”, sino que también quiebra el derecho fundamental de los parlamentarios a obtener información para ejercer su labor de control político.

De las 14 ocasiones en las que UPN ha acudido a los tribunales, en 11 ha conseguido que se le reconociera el derecho a recibir la información solicitada por la vía judicial. Otras dos están pendientes de sentencia y solo en una los tribunales han dado la razón al Gobierno de Navarra.

Además, UPN ha señalado que, en 4 de esas 11 ocasiones, el Ejecutivo se ha allanado en vía judicial después de haber denegado previamente la información en sede parlamentaria. Con ello, según la formación, ha evitado una sentencia condenatoria y el pago de costas judiciales.

En los otros 7 casos, ha añadido UPN, el Gobierno ha seguido adelante “en una actitud irresponsable” y con la intención de “dilatar” la obtención de la información por parte de los parlamentarios. Finalmente, ha sido condenado mediante sentencia a entregar la documentación y también a abonar las costas judiciales.

La formación regionalista ha recordado incluso que, en uno de los casos, tuvo que presentar una demanda de ejecución de costas porque el Gobierno de Navarra no las había pagado.

La última condena se ha conocido la pasada semana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha vuelto a condenar al Gobierno foral por denegar al parlamentario Ángel Ansa la información completa que había solicitado sobre la ejecución de los 74 proyectos incluidos en la Estrategia Navarra Green, financiada con fondos europeos Next Generation.

El TSJN ha impuesto de nuevo al Gobierno de Chivite el pago de las costas, lo que ha elevado la factura total a 13.249,49 euros, según los datos aportados por UPN.

“En total, estamos hablando de 13.249,49 euros, que no pagan la Presidenta ni ninguno de los consejeros del Gobierno de Navarra de su bolsillo, sino que salen de los contribuyentes”, ha subrayado la formación foralista.

UPN ha criticado que los ciudadanos tengan que asumir este gasto por lo que considera una actitud “oscurantista” del Ejecutivo. “Bastante tienen los navarros con ser los que más impuestos pagan para recibir unos servicios públicos cada vez peores para, encima, tener que sostener, una vez tras otra, la actitud oscurantista de este Gobierno”, ha concluido.

El artículo, firmado por Jonathan Martínez, investigador en Comunicación, ha utilizado un tono de burla contra la denuncia realizada por Inda y contra las críticas políticas que ha provocado la camiseta. El texto ha arrancado con una referencia directa a Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, al afirmar que se ha agarrado “un berrinche proverbial porque el Athletic Club ha incorporado pequeño mapa de Euskal Herria al dorso de su camiseta”.

La polémica ha nacido después de que el Athletic Club haya incluido en la parte posterior de su camiseta un escudo de Euskal Herria para el partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Inda ha exigido al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que prohíba ese símbolo y ha calificado el emblema como un “atentado contra la historia, el sentido común y la legalidad” por presentar a Navarra como parte del País Vasco, pese a ser una comunidad foral propia. 

Gara ha respondido con un artículo sarcástico en el que no solo ha defendido la presencia de ese escudo, sino que ha situado a Inda en el centro de sus ataques. El texto ha mencionado al director de OKDIARIO junto a otros nombres y ha recogido que “por ahora beben los vientos por Madrid” quienes han criticado el símbolo. A continuación, ha citado expresiones de la editorial de Inda como “atentado contra la historia y la legalidad” y “símbolo de mierda”.

La publicación ha ironizado también con la posibilidad de acudir a los tribunales. “Se acabaron las tonterías. Acudiremos a los tribunales de orden público en fierísimo litigio hasta que el concepto mismo de Euskal Herria desaparezca de la faz de la tierra”, ha escrito Gara, en una pieza que ha mezclado la mofa política con la defensa de la simbología nacionalista vasca.

El artículo ha ido más allá y ha señalado que se pediría la “inmediata ilegalización del Aviron Bayonés” por incorporar en su escudo “un lauburu y siete rayas en representación de los dichos siete territorios”. La referencia al escudo y a los “siete territorios” ha servido al diario para insistir en la idea de Euskal Herria frente a la denuncia de quienes consideran que esa simbología pretende anexionar Navarra al imaginario nacionalista vasco.

Gara ha cerrado su pieza con otra frase especialmente significativa: “Nuestra empresa desvasquizadora no termina aquí. El objetivo final, nuestro sueño más viscoso, es suprimir la Disposición Transitoria Cuarta de la intocable Constitución”. Esa disposición es precisamente una de las referencias legales que el nacionalismo vasco ha utilizado históricamente para mantener abierta la posibilidad de una incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca.

El texto del diario abertzale ha rematado con una consigna en inglés: “Make Navarra Small Again”. La frase, que da título al artículo, ha servido para ridiculizar a quienes han defendido la identidad institucional propia de Navarra y han rechazado que el escudo del Athletic incorpore a la Comunidad foral dentro de una simbología ajena a su realidad política y jurídica.

La controversia ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión sensible en Navarra: el intento recurrente del nacionalismo vasco de presentar a la Comunidad foral como parte de Euskal Herria. La denuncia de Inda se ha centrado precisamente en ese punto, al pedir a Tebas que actúe contra una camiseta que, a su juicio, introduce un mensaje político en una competición deportiva.

El debate no ha girado únicamente en torno a una camiseta. La reacción de Gara ha confirmado que el escudo utilizado por el Athletic no ha sido interpretado como un simple elemento ornamental, sino como un símbolo cargado de significado político. Y, en ese contexto, el diario ha colocado a Inda como uno de sus enemigos públicos por denunciar que Navarra aparezca integrada en un mapa nacionalista vasco.

La polémica ha llegado, además, en un momento de especial sensibilidad institucional. Navarra cuenta con identidad propia, régimen foral y comunidad autónoma diferenciada. Por eso, la inclusión de su territorio en un emblema vinculado a Euskal Herria ha sido recibida como una provocación por quienes defienden que ningún club deportivo debe utilizar sus equipaciones para difundir mensajes políticos sobre el encaje territorial de Navarra.

El artículo de Gara ha dejado claro que la crítica de Inda ha molestado al entorno abertzale. Lejos de limitarse a defender la decisión del Athletic, el diario ha optado por la caricatura y el ataque contra quienes han denunciado la utilización de Navarra en una simbología nacionalista.

El vicepresidente primero del Parlamento de Navarra, Javier Remírez, ha cargado contra la manifestación celebrada en Madrid para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una marcha apoyada por Vox y por el Partido Popular.

El dirigente socialista navarro ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha señalado directamente la presencia de Sergio Sayas y Carlos García Adanero, además de otros asistentes a la protesta contra el Gobierno central.

"Sayas, Adanero, el PP, Franco, nazis, Aldama,… todos juntos y revueltos hoy en la misma manifestación", ha escrito Javier Remírez en su cuenta de X, antes Twitter, en referencia a la marcha que ha recorrido el centro de la capital.

Remírez ha continuado su crítica con un mensaje especialmente duro contra la concentración. "¿Es esto una alternativa? No, es una involución autoritaria y de puro odio", ha afirmado el vicepresidente primero del Parlamento foral.

El socialista navarro ha cerrado su publicación con una defensa del Gobierno y del modelo político que, a su juicio, representa España. "Este país abierto y progresista que es España les parará de nuevo y democráticamente los pies", ha añadido.

La publicación de Javier Remírez ha hecho referencia a la conocida como Marcha por la dignidad, que salió a las 10:30 horas de este sábado de la Plaza de Colón de Madrid con dirección al Arco de Moncloa. La protesta fue convocada por Sociedad Civil Española, una plataforma que coordina a más de 150 asociaciones civiles.

La manifestación reunió a unas 40.000 personas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid. Los asistentes pidieron la dimisión de Pedro Sánchez bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!" y portaron numerosas banderas de España, además de algunas con la Cruz de San Andrés.

A la marcha se sumaron dirigentes de Vox, encabezados por su presidente, Santiago Abascal, y representantes del Partido Popular, entre ellos la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. También acudió el diputado navarro Sergio Sayas, integrado en el grupo popular tras su salida de UPN, así como el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pamplona, Carlos García Adanero.

Vox acudió con su propia pancarta, en la que podía leerse "Echar a Sánchez también es prioridad nacional". Abascal defendió ante los medios que este tipo de protestas siguen siendo "necesarias" porque, según ha dicho, la prioridad nacional es también "la expulsión de Sánchez del poder".

Por parte del PP, Alicia García aseguró que su partido acudía a la marcha para acompañar a los españoles que reclaman en la calle la dimisión de Sánchez. La dirigente popular afirmó que el presidente del Gobierno "tiene miedo" porque, a su juicio, "el tiempo se le acaba".

En la manifestación también se pudo ver al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto; y a Víctor de Aldama, investigado en distintos procedimientos judiciales y señalado por su presunta relación con una trama de cobro de mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia.

El tuit de Javier Remírez ha puesto el foco político navarro en esa manifestación de Madrid y, en concreto, en la presencia de dirigentes vinculados al PP y a Vox en una protesta que ha reclamado la salida inmediata de Pedro Sánchez del Gobierno.

Durante su intervención, Ibarrola ha reprochado al PSN que “le sobra la ‘N’ de Navarra” en sus siglas, señalando que ha dejado de defender la foralidad y que prioriza únicamente su “supervivencia en el poder”. La presidenta de UPN ha denunciado que el Ejecutivo de Chivite ha dividido y empobrecido Navarra, mientras se ha mostrado incapaz de convocar elecciones anticipadas pese a los múltiples escándalos de corrupción. “Han cruzado límites insospechados para intentar alargar al máximo esta legislatura”, ha añadido.

La dirigente regionalista ha destacado que los imputados Cerdán y Zapatero, ambos señalados por presunta organización criminal y tráfico de influencias, son “principales apoyos, referentes y valedores” del Gobierno de Chivite, además de defensores de los acuerdos con EH Bildu, que se ha beneficiado del desgaste del PSOE y se ha convertido en la segunda fuerza política en Navarra. Ibarrola ha tachado de “humillante” que los navarros tengan que soportar que sus dirigentes estén asociados a imputaciones de corrupción, mientras la respuesta del Ejecutivo socialista ha sido “atacar a la oposición, periodistas y jueces”.

Además, la presidenta de UPN ha cargado contra Chivite por cuestiones de identidad cultural y educativa, criticando el intento del PSN de cerrar aulas en la red concertada y restringir la libertad de elección de las familias. Ibarrola ha recordado que UPN ha defendido la igualdad de recursos y ratios entre la educación pública y concertada y ha subrayado que “la única alternativa real para liderar ese cambio que Navarra necesita es UPN”.

La Asamblea también ha servido para reforzar la posición de UPN en torno a la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Ibarrola ha manifestado su compromiso de seguir trabajando para derogarla, defendiendo una “Navarra con destino propio” y rechazando que otros decidan sobre el futuro de la comunidad.

Iso ha reivindicado los años de Zapatero al frente del Gobierno de España como un legado que beneficia a toda la ciudadanía navarra y ha pedido que la Justicia actúe sin “calificaciones previas”. La dirigente ha insistido en que el PSN mantiene su respeto institucional pese a la gravedad de la imputación.

Zapatero se ha convertido en el primer ex presidente de la democracia imputado por corrupción. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, situándolo como presunto líder de una red vinculada al rescate de Plus Ultra y con posibles conexiones con Venezuela.

La investigación incluye indicios que han llevado a la orden de registros, bloqueo de cuentas y la citación de Zapatero para declarar el próximo 2 de junio. Se habla de comisiones millonarias y de una estructura organizada para obtener beneficios económicos mediante influencias ante administraciones públicas.

La reacción de los socialistas navarros contrasta con su exigencia ética habitual cuando están en la oposición. La defensa corporativa del partido ha sido rápida y elogiosa, en paralelo a la investigación judicial que podría marcar uno de los mayores escándalos de corrupción en España si se confirmaran los hechos.

Desde UPN han señalado que, desde 2019, vienen alertando de la falta de agentes para cubrir jubilaciones, una situación que se ha agravado con bajas de larga duración. Además, destacan que la cercanía a Pamplona aumenta la demanda de efectivos en relación con el número de vecinos censados.

Sobre el absentismo, los regionalistas apuntan que “la mayoría de las bajas son por estrés” y lo relacionan con la forma de trabajar de EH Bildu y del área de Recursos Humanos. Según UPN, se trata de un problema generado por Bildu que no ha sabido resolver, limitándose a dar excusas.

UPN también critica el modelo de policía de EH Bildu, que, según afirman, busca una “descomposición del servicio” que se extiende a otros servicios municipales y repercute en los habitantes. Los regionalistas han pedido al equipo de gobierno que deje la ideología a un lado y se centre en el bienestar de la ciudadanía de Ansoáin.

Chivite ha asegurado que las elecciones en Navarra se celebrarán cuando toquen, en mayo de 2027, y ha mostrado su escepticismo sobre la posibilidad de un ‘superdomingo’ electoral, que coincida con las elecciones generales: "A algunos les vendrá mejor que a otros, pero tiene muchas aristas y es muy arriesgado".

La presidenta ha explicado que, según conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este tiene decidido terminar la legislatura completa antes de convocar elecciones generales. "Tiene que ser cuando toque", ha enfatizado Chivite, defendiendo que la prioridad es respetar los tiempos institucionales y la estabilidad política.

Sobre la comisión de investigación del Parlamento de Navarra por adjudicaciones públicas y el ‘caso Cerdán’, Chivite ha defendido que la oposición “tenía las conclusiones hechas desde antes de empezar” y ha insistido en que ningún funcionario recibió instrucciones externas. "No ha habido influencia externa en la decisión", ha afirmado, subrayando la importancia de mejorar los procedimientos administrativos y reducir la subjetividad en las adjudicaciones públicas.

La presidenta ha sugerido que podría estudiarse la implementación de ofertas anónimas para las obras públicas, como parte de las medidas para aumentar la transparencia: "Podría ser una propuesta que se podría estudiar, ya hemos tomado algunas medidas y esto podría aplicarse".

En relación con los casos de corrupción, Chivite ha reconocido el impacto que tienen en la confianza de la ciudadanía y ha alertado sobre el beneficio que estos escándalos proporcionan a la ultraderecha: "Esto a quien beneficia es a la ultraderecha que está en la estrategia del descrédito de las instituciones y el derrumbe del sistema democrático".

Respecto a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la presidenta navarra ha confesado que fue un "duro golpe" para la región y ha defendido la presunción de inocencia: "Una cosa es estar investigado y otra ser culpable, y yo quiero creer que no lo es". Además, ha justificado que Zapatero no haya dado todavía explicaciones públicas: "Las acusaciones son tan contundentes, que su salida pública tendrá que estar bien armada y con buenos argumentos".

Chivite también ha abordado la relación con Geroa Bai, tras tensiones recientes sobre la educación concertada. La presidenta ha minimizado las discrepancias: "Como en todas las relaciones personales, todo tiene subidas y bajadas. Fue una semana de muchísima tensión, pero la tarea que tenemos por delante es más importante que cualquier dificultad puntual".

La socialista Chivite gobierna en Navarra gracias al apoyo de EH Bildu y el PNV (Geroa Bai), dos partidos nacionalistas que anhelan la anexión de Navarra al País Vasco y su desaparición como comunidad diferenciada. 

“Que la única carta de la líder de la oposición haya sido para hablar de un equipo de fútbol…”, ha afirmado Chivite entre risas en una de sus entrevistas habituales en la cadena SER. En su intervención, la presidenta ha defendido que el diseño de la camiseta del Athletic de Bilbao “no atenta contra la simbología de Navarra”.

Chivite ha señalado que “Euskal Herria para algunas personas es una entidad cultural. Yo la respeto, aunque no la comparto”. “Me siento navarra y sé cuál es mi mapa institucional”, ha añadido, sin explicar por qué cree que la inclusión de Navarra en un mapa junto a la ikurriña no afecta a la identidad foral.

La presidenta también ha insistido en que el diseño es obra de “una entidad privada” y ha separado lo que considera “expresión cultural” de lo “institucional”. “Y en lo institucional creo que Navarra sabe perfectamente salvaguardar su lengua, sus símbolos y su marco institucional, que está perfectamente definido en la Constitución”, ha dich Chivite.

La polémica por la inclusión de Navarra en un mapa de Euskal Herria con una ikurriña en la nueva camiseta del Athletic Club ha generado una importante reacción política en la comunidad foral.

El Athletic ha presentado su nueva camiseta con motivo de la próxima temporada. El diseño incluye un mapa de Euskal Herria en el que aparece representada Navarra unida al resto de territorios vascos, junto a la ikurriña

Desde los partidos navarros, la reacción ha sido inmediata y contundente. Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha enviado una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que solicitó que se prohíba al Athletic usar esa camiseta en competiciones oficiales. UPN argumentó que el diseño “incluye a Navarra como parte de Euskal Herria”, lo que a su juicio niega la identidad navarra y desprecia sus símbolos históricos, y pidió a la Federación que actúe para proteger la neutralidad de las competiciones deportivas y el respeto a la Constitución.

Un paso más allá dio el Partido Popular (PP), que exigió públicamente al Athletic que retire el diseño de la camiseta. El PP consideró que la inclusión de Navarra en ese mapa junto a la ikurriña “supone una ofensa al sentimiento de muchos navarros y navarras” y pidió al club que rectifique para evitar más tensiones. El PP también acusó a las autoridades deportivas de no garantizar un marco en el que se respete la diversidad de identidades dentro del fútbol español.

VOX también ha decidido presentar una declaración institucional en el Parlamento de Navarra para que el tema se debata y los grupos tengan que posicionarse. 

R.: En cuanto a mis posiciones políticas de fondo, mantengo las mismas convicciones de siempre. Evidentemente, el paso de los años perfila el tono y la experiencia te otorga una forma distinta de enfrentar la realidad. La perspectiva que uno tiene a los 20 años difiere de la que tiene a los 40, simplemente por una cuestión de espacio vital y madurez. Sin embargo, en las grandes líneas maestras, mi pensamiento ha sido siempre coherente. Si me pregunta por la trayectoria que más me ha hecho madurar y donde me he sentido más útil, le diré sin dudar que fue mi paso por el Ayuntamiento de Berriozar; esa experiencia está a años luz de cualquier otra. Allí sentí que mi labor tenía un impacto real, trabajando en un consistorio copado por el nacionalismo más abertzale y por los proetarras, tratando de ofrecer a ese pueblo un futuro basado en la libertad y la esperanza.

P.: Hablamos de una etapa extremadamente convulsa en el ámbito de la seguridad y las libertades. ¿Cómo marcó su vocación política el hecho de vivir bajo la amenaza directa del terrorismo en su juventud?

R.: Fue una época muy dura. Yo vivía con dos escoltas cuando apenas tenía 23 años. Desde los 27 hasta los 34 o 35 años, nuestra vida estuvo condicionada por las amenazas y la protección policial constante. Sabíamos que aparecíamos en los informes de ETA, que conocían nuestra dirección y nuestro piso; aquello condicionó toda nuestra juventud. A pesar de ello, volvería a repetir ese camino exactamente igual, porque era la lucha que de verdad tenía sentido: la lucha por la libertad. Por eso insisto en que el Ayuntamiento de Berriozar fue mi verdadero máster; fue la experiencia que más me ha curtido políticamente.

P.: Resulta paradójico que muchos de aquellos que formaban parte del entorno que usted combatía en Berriozar ocupen hoy puestos de relevancia en EH Bildu y condicionen los gobiernos de Navarra y España. ¿Qué siente al ver este nuevo escenario de alianzas?

R.: Recuerdo la frase: "Patxi, veremos cosas que nos helarán la sangre". Hoy asistimos con estupor a cómo un Partido Socialista que combatió el terrorismo junto a nosotros, y que lo sufrió en sus propias carnes, pacta con quienes en aquel momento pasaban información o dirigían los atentados. Y ojo, no solo los dirigían, sino que los protagonizaban directamente; no debemos olvidar que Bildu ha incluido a 44 condenados por terrorismo en sus listas electorales. Esos son hoy los socios preferentes del Partido Socialista. Sinceramente, no reconozco a un PSOE que ha perdido todos los escrúpulos, sumido no solo en la corrupción económica que representa el "caso Cerdán" y todo lo que estamos viendo en el Gobierno, sino en la profunda corrupción política que suponen estos pactos indecentes.

P.: ¿Existe el riesgo de que la sociedad acabe por normalizar este discurso y acepte como algo natural la presencia de este entorno proetarra en las instituciones?

R.: Sin duda. Siempre sostengo que lo que más nos va a costar recuperar es el daño causado por el blanqueamiento de Bildu que ha ejecutado Sánchez. De la crisis económica que se nos avecina saldremos, porque España ya lo ha hecho antes; de la miseria de la corrupción también nos libraremos, como en otras etapas; e incluso revertiremos el deterioro de los servicios públicos mediante inversión. Pero la miseria ética y moral que se ha instalado en la política será lo más difícil de sanar. Si observamos las negociaciones de Sánchez, y por supuesto las de María Chivite en Navarra con otros socios, vemos contrapartidas económicas, cifras presupuestarias e inversiones. Sin embargo, cuando se trata de Bildu, nunca se nos ha dicho qué hay a cambio. El pago era, precisamente, el blanqueamiento: hacerles pasar por una fuerza política democrática convencional cuando es imposible considerar como tal a quien lleva a 44 terroristas en sus listas. En Navarra hemos visto pagos concretos, como la entrega de la alcaldía de Pamplona o la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico, que supone el inicio del desmembramiento del Estado en nuestra comunidad. Pero más allá de lo tangible, el objetivo de Bildu no era político, era de legitimación moral.

P.: Un proceso de blanqueamiento que incluye, además, la gestión de la situación de los presos de la banda y sus excarcelaciones...

R.: Exactamente, eso forma parte de la misma estrategia. El relato que intentan imponer es que esa gente estaba en prisión por una "causa política" y que, por tanto, deben salir porque son políticos. Pero no, no estaban allí por hacer política, sino por ejercer el terrorismo. Lo que está en juego es el relato que hace apenas unos años unía a toda España sin fisuras, porque constituía un mínimo ético común. El Partido Socialista ha dinamitado ese consenso ético por un mero interés de supervivencia en el poder.

PARTIDO POPULAR Y PACTOS EN NAVARRA

P.: Ha asumido recientemente la Secretaría de Organización del Partido Popular en Navarra. Tras estos primeros meses en el cargo, ¿qué balance realiza de su gestión y cuáles son los retos prioritarios que enfrenta la formación para consolidar su estructura en el territorio foral?

R.: En primer lugar, quiero reiterar mi profundo agradecimiento al Partido Popular por la confianza depositada en mí, tanto desde la dirección en Navarra como desde la dirección nacional. Asumir la Secretaría General en nuestra comunidad representa, sin duda, un desafío de gran envergadura, pero también un honor inmenso. Nos encontramos ante un reto estimulante porque lideramos un partido joven que está trabajando intensamente en su implantación local, con el firme propósito de construir un proyecto que devuelva la ilusión a Navarra. En esa tarea estamos volcados. Actualmente, nuestro objetivo estratégico es fortalecer nuestra estructura en todas las zonas de la comunidad y asegurar una presencia sólida en la gran mayoría de los ayuntamientos navarros. Considero que vamos por el camino correcto, siendo plenamente conscientes de que la política no atraviesa su mejor momento en términos de prestigio social.

P.: Su paso de UPN al Partido Popular por no votar la Reforma Laboral de Pedro Sánchez fue un movimiento sísmico en la política navarra. Con la perspectiva que otorga el tiempo, ¿considera que ese cambio fue un peaje necesario en favor de su coherencia política o mantiene alguna reserva sobre cómo se produjo aquel salto?

R.: Estoy convencido de que cada día que pasa los hechos nos dan más la razón; aquel fue un acto de total coherencia política. Nosotros no podíamos presentarnos ante los ciudadanos en unas elecciones prometiendo una alternativa a Pedro Sánchez para, posteriormente, salvarlo en su momento de mayor debilidad. Todo lo que ha acontecido en estos dos o tres últimos años ha demostrado que con este Gobierno no se podía ir ni a la vuelta de la esquina. Cualquier negociación con ellos ha estado siempre plagada de oscurantismo. En cualquier escenario donde interviniera Santos Cerdán, lo más sensato era alejarse; no había nada de lo que fiarse en Sánchez ni en su entorno. Creo que hoy no queda ningún navarro que piense que se puede construir algo positivo con esta gente. Si ya existían evidencias del camino de indecencia elegido por el socialismo —priorizando los pactos con Bildu sobre el constitucionalismo—, estas se consumaron definitivamente en Pamplona. Pretendían utilizarnos para después insultarnos, vendiéndonos para pactar con los proetarras. Eso es lo que han hecho, pero, desde luego, nunca lo han hecho ni con mi voto ni con el de Carlos García Adanero.

P.: Es evidente su firmeza respecto a aquella decisión, pero los hechos provocaron fricciones que trascendieron lo político para entrar en lo personal. ¿Ha reflexionado sobre si el proceso pudo gestionarse de otro modo o si las heridas abiertas eran inevitables?

R.: Desconozco si pudo hacerse de una manera mejor; probablemente todos pudimos haber actuado de forma distinta. No obstante, no tengo ningún interés en reabrir heridas con personas con las que no siento la necesidad de hacerlo. Lo que sí puedo asegurarles es que no puedo estar más orgulloso de la decisión que tomé. Si hoy me viera en la tesitura de tener que volver a decidir, lo haría en las mismas circunstancias, de la misma manera y exactamente en el mismo sentido.

P.: Ante el actual escenario, muchos votantes se preguntan si el Partido Popular y UPN volverán a buscar puntos de encuentro. ¿Está ese debate abierto o es una etapa cerrada para su formación?

R.: Ambos partidos tenemos la obligación de anteponer lo que sea mejor para Navarra y, en ese sentido, tenemos el deber de entendernos. A partir de ahí, habrá que analizar si lo más beneficioso es confluir en una misma candidatura o si sumamos más fuerzas concurriendo por separado. Realizaremos ese análisis con toda la voluntad del mundo, porque sería una irresponsabilidad no ofrecer a esta tierra la mejor opción posible en un momento en el que la corrupción marca la presidencia de María Chivite.

P.: ¿Cómo calificaría su relación actual con la dirección de UPN, encabezada por Cristina Ibarrola, y el vínculo de esta con la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo?

R.: Son relaciones perfectamente normales y cordiales. No hay ningún tipo de enconamiento. Creo que existe una sintonía lógica entre dos proyectos que, a pesar de discrepancias puntuales, coinciden en un grado muy importante. Esa cercanía se refleja diariamente en las votaciones, tanto en el Parlamento de Navarra como en el Congreso de los Diputados. La puerta está abierta porque lo que nos mueve es el interés de Navarra. Cuanto más se acerque la cita electoral, mejor podremos medir cuál es el camino que más beneficia a los ciudadanos.

P.: Pasando a la estrategia del Partido Popular en Navarra, ¿cómo planean recuperar el espacio electoral frente a la competencia de UPN y Vox en un año que ya se perfila como preelectoral?

R.: Mi objetivo es que el Partido Popular ofrezca a Navarra un cambio moderno e ilusionante. Yo me niego a aceptar la teoría de los compartimentos estancos de los que algunos partidos se creen propietarios por haber recibido la confianza ciudadana en el pasado. Mire, todos empezamos las campañas con cero votos en las urnas y nuestra responsabilidad es convencer a los ciudadanos de que nuestro proyecto es el que Navarra necesita. Lo haremos basándonos en tres ejes fundamentales. El primero es la seguridad: Navarra presenta ratios de inseguridad muy preocupantes y vamos a plantar cara a los gobiernos de Chivite y Sánchez con medidas concretas. El segundo es la defensa de las clases medias, que han sido arrasadas por la fiscalidad más alta de España a cambio de los peores servicios públicos de nuestra historia. Y en tercer lugar, vamos a acabar con el despilfarro de recursos públicos. Hemos presentado una ley para controlar la Renta Garantizada; Chivite está repartiendo 111 millones de euros sin control, cuando el 76 % de los casos investigados por la Policía Foral presentan irregularidades. No sabemos si quienes perciben ese dinero viven aquí o tienen disposición de trabajar. Los navarros deben conocer esto y nosotros les ofrecemos una alternativa mediante una ley que obligará a todos los grupos a retratarse en el Parlamento.

P.: Entrando en la intendencia de su labor parlamentaria, ¿cómo se articula la estrategia semanal del Partido Popular en el Congreso y qué grado de interlocución mantiene con Alberto Núñez Feijóo y el núcleo duro de la dirección?

R.: Cada semana es diferente, pero el funcionamiento es muy metódico. Mi relación más habitual y estrecha es con la portavoz del grupo, Ester Muñoz, ya que formo parte de su consejo de dirección como portavoz adjunto. Empezamos la semana con una reunión de este consejo donde marcamos el orden del día del pleno, analizamos la actualidad y definimos la estrategia política. Por otro lado, debido a mi responsabilidad como Secretario General en Navarra, mantengo un contacto constante con Miguel Tellado, que es el Secretario de Organización del partido. Con el presidente Feijóo tengo una relación excelente, aunque lógicamente no es diaria porque mis áreas específicas no siempre convergen con la agenda de presidencia. De martes a jueves desarrollamos la actividad de pleno, y los miércoles participo en la sesión de control, donde suelo preguntar habitualmente sobre temas de vivienda o cuestiones que afectan directamente a Navarra.

P.: Compaginar la portavocía adjunta en Madrid con la Secretaría General en Navarra supone un esfuerzo logístico considerable. ¿Cómo logra mantener la presencia física en ambos territorios sin que ninguna de las áreas se vea resentida?

R.: Se logra, básicamente, a costa de no tener vida personal. En mi caso, es una circunstancia que puedo asumir más fácilmente al no tener cargas familiares como hijos, pero evidentemente no es sencillo. El tiempo que dedico a esta doble tarea sale de un tiempo libre del que, de hecho, no dispongo. Pero entiendo que estamos en un momento histórico que nos exige un esfuerzo especial. La situación en Navarra y en España requiere que nos dediquemos al cien por cien para ofrecer a los ciudadanos una alternativa de gobierno sólida. Por eso, de viernes a lunes por la mañana me instalo en Navarra para desarrollar actividad de partido, atender a los medios y reunirme con colectivos sociales.

P.: Y en la estructura local del Partido Popular de Navarra, ¿cómo se reparten las competencias y la toma de decisiones entre el presidente, Javier García, y usted como Secretario General?

R.: Javier y yo hablamos prácticamente a diario; la comunicación es constante. Tenemos una reunión semanal de coordinación donde evaluamos la actividad en el Parlamento de Navarra, el avance de nuestra implantación local y la estrategia política general. Hemos definido roles complementarios: Javier tiene un perfil más político y está muy ligado a la labor parlamentaria foral, mientras que mi papel está más enfocado a la organización interna y a la expansión territorial. En cuanto a la atención a los medios de comunicación, es una tarea que compartimos ambos de manera fluida.

P.: Ha sido muy contundente al afirmar que la corrupción que afecta a España tiene su germen en Navarra, señalando directamente al "caso Cerdán". Sin embargo, el Gobierno foral parece no darse por aludido.

R.: Es que lo que hemos vivido en la comisión de investigación del Parlamento es inaudito. Hemos tenido que soportar cómo la señora Chivite pretendía reducir lo sucedido a simples "irregularidades administrativas", como si el problema fuera meramente haber presentado un documento tres minutos fuera de plazo en el registro. La realidad es mucho más profunda y grave.

P.: Usted ha denunciado sin tapujos las vinculación entre la trama de Cerdán y el Gobierno foral. ¿Qué pruebas maneja para afirmar que existió un trato de favor hacia el entorno de Santos Cerdán en las adjudicaciones públicas del Gobierno Foral?

R.: Lo que ha ocurrido es una vulneración flagrante de la Ley de Contratos en un proceso que ha estado plagado de irregularidades y que, de manera nada accidental, terminó con adjudicaciones directas a la trama corrupta vinculada a Santos Cerdán. Si la presidenta del Gobierno de Navarra pretende sostener que no tiene ninguna responsabilidad en este asunto, yo me pregunto: ¿en qué tiene responsabilidad entonces? Estamos hablando de que se han desviado más de 100 millones de euros hacia una empresa en la que Santos Cerdán poseía una participación del 45 %. Fue la propia María Chivite quien le abrió de par en par la puerta de la contratación pública.

En la comisión de investigación, la señora Chivite intentó justificarse argumentando que invitaba al señor Cerdán a las reuniones del Ejecutivo simplemente por su condición de diputado. Pues bien, yo también soy diputado por Navarra y puedo asegurar que la señora Chivite jamás me ha convocado a una reunión. A Santos Cerdán lo invitaba exclusivamente por su condición de socialista; esa confusión deliberada entre el partido y la institución es el germen de la corrupción. María Chivite le dio asiento en reuniones intergubernamentales donde se decidía sobre obra pública que, casualmente, acababa en manos de la empresa de Cerdán. ¿De qué se sorprende ahora la presidenta?

P.: ¿Sostiene usted entonces que la presidenta Chivite era plenamente consciente de estas maniobras o era más pura negligencia?

R.: Ante este escenario solo caben dos tipos de responsabilidad: si ella estaba al tanto de lo que ocurría, debe dimitir de inmediato por corrupta y por encubrimiento; y si no lo sabía, debe hacerlo por absoluta incompetencia. No es admisible que, ante una obra de 100 millones de euros —una envergadura que no se veía en Navarra desde hace décadas—, la presidenta del Gobierno ignore los detalles del proceso y no detecte que este se encuentra viciado de irregularidades.

Aunque legalmente no pueda formar parte de la mesa de contratación ni participar en sus deliberaciones, una vez conocidos los hechos después de la tramitación, su obligación es asumir responsabilidades políticas. Sin embargo, no hemos visto el cese del consejero ni de ningún alto cargo. Cuando afirman que han cesado a Ramón Alzórriz, faltan a la verdad de forma descarada; el señor Alzórriz sigue siendo parlamentario foral. Lo que han hecho es un cambio cosmético en la Secretaría de Organización del PSN para simular una respuesta política, pero el resultado práctico es nulo. Esa es la manera en la que Chivite gestiona la corrupción de Cerdán: burlándose de los ciudadanos tras haberles hecho pasar por la vergüenza de ver a Navarra como protagonista de la corrupción nacional, pagada, además, con el dinero de todos los navarros.

P.: Ha mencionado explícitamente a Ramón Alzórriz, sobre quien pesan sospechas relacionadas con su entorno personal por obras en su vivienda de la misma constructora que recibió luego adjudicaciones fraccionadas en Sendaviva. ¿Considera que su continuidad en el partido es éticamente sostenible?

R.: Un partido que tuviera la intención real de combatir la corrupción de manera preventiva ya habría prescindido de Ramón Alzórriz. Las explicaciones que ha ofrecido sobre la vinculación de su pareja con Servinabar y sobre las adjudicaciones en Senda Viva, presuntamente conectadas con la reforma de su propia vivienda, no le dejan en buen lugar bajo ningún concepto. El problema de fondo es que la señora Chivite nunca ha tenido la intención de combatir la corrupción, sino de taparla. Su estrategia consiste en intentar que pasemos página cuanto antes, pero lo que no termina de comprender es que los ciudadanos navarros se lo van a demandar en las urnas. Se ha resistido a convocar elecciones de forma desesperada, pero el momento llegará dentro de un año. Entonces le recordaremos que mientras ella permitía estas prácticas en su partido y en su gobierno —porque no olvidemos que Santos Cerdán proviene del PSN que ella dirige y las obras las adjudica su Ejecutivo—, la sociedad navarra no estaba dispuesta a aceptar semejante degradación.

P.: Usted insiste en que Navarra atraviesa una crisis de valores y de gestión sin precedentes. ¿Cree que el mensaje sobre la gravedad de esta "UTE de poder", como usted la define, está calando realmente en la opinión pública?

R.: Nosotros tenemos la responsabilidad pedagógica de explicárselo a la ciudadanía de la forma más clara posible, porque Navarra enfrenta actualmente tres problemas críticos. El primero es la corrupción. El segundo es la inmoralidad de unos acuerdos de gobierno que solo se explican por una ambición desmedida de poder; no hay otra forma de entender el entendimiento del Partido Socialista con Bildu y con una formación tan dispar como Geroa Bai, si no es como una "Unión Temporal de Empresas" para repartirse el poder.

Y el tercer gran problema es el deterioro alarmante de los servicios públicos. Es doloroso ver cómo una comunidad que siempre lideró los índices de progreso en España hoy tiene una sanidad con casi 20.000 personas más en lista de espera que cuando Chivite llegó a la presidencia. Además, se están batiendo récords históricos de gasto en privatizaciones y conciertos, alcanzando los 100 millones de euros; resulta curioso recordar lo que decían sobre la sanidad privada quienes hoy ostentan el poder.

P.: En este balance crítico que realiza, también ha señalado a la ministra Elma Saiz por su gestión en los túneles de Velate. ¿Qué papel le atribuye exactamente en esta presunta trama?

R.: Elma Saiz fue la responsable de introducir una disposición específica en los presupuestos de Navarra para permitir que un funcionario, que debería haberse jubilado tres años antes, permaneciera en activo. Casualmente, esa misma persona terminó presidiendo la mesa que adjudicó la obra de Velate. Y, de nuevo casualmente, su voto —emitido tras conocer el sentido del voto del resto de miembros— fue el que decantó la adjudicación. Todo este engranaje fue posible gracias a la disposición presupuestaria que ella impulsó. He preguntado a la señora Saiz en cinco ocasiones durante las sesiones de control quién le pidió incluir esa cláusula: si fue Santos Cerdán, si fue María Chivite o si fue una iniciativa propia. A día de hoy, sigo esperando una respuesta.

Y de concejal en Pamplona pasó a ministra y portavoz del Gobierno central. 

Pedro Sánchez, cuya carencia de escrúpulos es conocida, la mantiene en el Ministerio, pero es evidente que estamos ante una trama. En mi despacho del Congreso tenemos un esquema con los nombres y las conexiones, y es tan complejo que parece ingeniería de tuberías. No hace falta un máster para entender que esta gente no puede permanecer ni un minuto más al frente de las instituciones, ni en España ni en Navarra.

P.: Precísamente desde su posición en el Congreso de los Diputados, usted mantiene un pulso diario con el Gobierno de Pedro Sánchez. Con la perspectiva que le otorga su presencia en Madrid, ¿qué futuro le augura a una legislatura marcada por la inestabilidad y la presión judicial?

R.: Es sumamente difícil de predecir porque Pedro Sánchez no funciona bajo parámetros de normalidad política. Cualquier dirigente en una situación como la suya habría dimitido hace ya mucho tiempo. Para empezar, debería haberlo hecho por la corrupción que le rodea, pero también por el hecho de haber llegado al poder de la mano de formaciones filoetarras y de quienes perpetraron un golpe contra la Constitución en Cataluña. Lo que Sánchez nos ha demostrado es que su única prioridad es él mismo y su permanencia en el poder. No le importa España, ni tiene un proyecto para este país, ni le preocupa la estabilidad o la decencia institucional. Por lo tanto, intentar adivinar qué hará mañana es imposible; Sánchez hará, única y exclusivamente, lo que le convenga a Sánchez.

P.: Ante el ruido constante de un posible adelanto electoral, ¿contempla que el presidente opte por una estrategia plebiscitaria antes de agotar los tiempos legales, o cree que resistirá hasta el último minuto?

R.: Él se moverá según su propia conveniencia. Hay analistas que piensan que adelantará las elecciones porque el cerco de la corrupción va a estrecharse todavía más sobre él. Otros creen que resistirá hasta el límite cronológico. También existe la posibilidad de que nos aboque a unas elecciones que no sean normalizadas, sino planteadas como un plebiscito personal. Con Sánchez, cualquier escenario, por disruptivo que sea, es posible.

P.: No obstante, a pesar de ese desgaste que usted describe, el bloque gubernamental parece mantener una base fiel. ¿Qué estrategia debe seguir el Partido Popular para convencer a ese electorado que todavía no ve una alternativa clara?

R.: Lo que estamos observando es que la política de Sánchez se ha vuelto indistinguible de la izquierda radical y del nacionalismo, por lo que está absorbiendo ese voto. Sin embargo, el socialismo moderado —esa gente que puede tener ideas de izquierdas pero que no transige con la corrupción ni con el deterioro institucional que Sánchez está provocando— le va a retirar su confianza. No tengo ninguna duda de que tendremos un gobierno del Partido Popular. Ahora bien, para que eso ocurra, hay que llenar las urnas; no podemos permitirnos el lujo de la confianza. El año 2023 ya nos enseñó que dar los gobiernos por hechos antes de votar es un error grave. Los gobiernos se ganan cuando se deposita el voto. En el momento en que se convoquen generales, habrá que decirles a los españoles que estamos en una situación de emergencia nacional y que es imperativo sumar todo el apoyo posible en torno a la única alternativa viable.

P.: ¿Qué objetivo resulta más complejo de alcanzar hoy en día: desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa o terminar con la hegemonía del cuatripartito de María Chivite en Navarra?

R.: Ambos desafíos comparten un mismo parámetro: la falta de escrúpulos de quienes ostentan el poder. Para ambos escenarios necesitamos la misma receta, que es la suma de esfuerzos. Tanto los navarros como los españoles en su conjunto debemos ser plenamente conscientes de que atravesamos un momento de emergencia. En situaciones así, es necesario tomar opciones que, en un contexto de normalidad, quizás habrían ido hacia otras formaciones. Pero ante una emergencia de este calibre, no podemos permitir que nuestro apoyo sirva para menospreciar la corrupción o para pasar por alto el deterioro de los servicios públicos y la quiebra ética y moral que se ha instalado en nuestro país.

R.: Nuestra propuesta tiene dos objetivos primordiales: acabar con el despilfarro y frenar el efecto llamada. Navarra no puede ser el paraíso de quienes pretenden vivir de las ayudas sin aportar nada. Por eso, nuestra ley exige cuatro años de residencia legal y efectiva para acceder a una renta. Queremos ayudar a quien realmente lo necesita, pero hay que poner fin a la cultura del subsidio sin contraprestación. Es inaudito que el 12,4 % de los extranjeros que reciben rentas en toda España lo hagan en Navarra, cuando solo representamos el 1,4 % de la población nacional. Ese desequilibrio solo se explica por un descontrol absoluto del que los navarros están hartos de pagar.

Hemos presentado una ley para controlar la Renta Garantizada; Chivite está repartiendo 111 millones de euros sin control, cuando el 76 % de los casos investigados por la Policía Foral presentan irregularidades. No sabemos si quienes perciben ese dinero viven aquí o tienen disposición de trabajar. Los navarros deben conocer esto y nosotros les ofrecemos una alternativa mediante una ley que obligará a todos los grupos a retratarse en el Parlamento.

Nuestra ley es muy clara: si usted rechaza un empleo, pierde la renta. Si no acude a la formación obligatoria o falta a una entrevista de trabajo, pierde la renta. Quien tiene una necesidad real desea trabajar y formarse. Lo que no podemos permitir es que el Gobierno funcione como un cajero automático para personas que solo buscan que les sellen un papel, mientras sectores estratégicos como la construcción, la agricultura o la hostelería no encuentran trabajadores porque a la gente no le compensa aceptar un empleo si ya percibe 1.200 euros del erario público. Llevamos esta ley al Parlamento para generar conciencia social, aunque conocemos la aritmética de la cámara.

P.: Este debate sobre las ayudas suele ir ligado al de la inmigración irregular y la gestión de los centros de menores. ¿Cómo valora la situación de inseguridad que denuncian algunas localidades navarras?

R.: Lo que vemos en muchas localidades de Navarra es un clamor social. Los ciudadanos sufren las consecuencias de una política de inmigración de puertas abiertas absolutamente descontrolada, promovida por Pedro Sánchez. Se está trasladando el mensaje de que España es un país sin ley donde puede entrar cualquiera, sin comprobar si tiene antecedentes penales o si viene con una voluntad real de integrarse laboralmente. Necesitamos inmigración, por supuesto, pero debe ser una inmigración controlada y ordenada. El caos actual, derivado de las políticas de una izquierda radicalizada, nos ha llevado a una situación límite en la que el Estado ya no tiene capacidad para acoger con garantías a la cantidad de menores que están llegando.

P.: En el ámbito sanitario, usted ha sido especialmente duro con el consejero Fernando Domínguez. ¿Cree que su cese sería suficiente para revertir el retroceso de Navarra en los rankings de salud?

R.: El nombramiento de Fernando Domínguez fue un error garrafal desde el principio. Él ya inició el declive de nuestra sanidad durante el Gobierno de Barkos y ahora, con Chivite, está terminando el trabajo. A su probada incompetencia le ha sumado ahora una soberbia intelectual que le impide dialogar con el sector. No ha presentado ni un solo dato positivo en toda su gestión.

Es curioso ver cómo María Chivite, cuando estaba en la oposición, clamaba contra las listas de espera de Domínguez. Pues bien, hoy esas listas han crecido en 19.000 personas y los tiempos de espera se han incrementado en un mes respecto a aquella etapa. A pesar de los escándalos tapados en anestesia, los problemas en traumatología y el caos en las urgencias rurales, el consejero sigue en su puesto. La única explicación es el empeño de Geroa Bai por mantener a su cuota de poder y el interés del PSOE por no romper la coalición. No es solo un problema de personas, es un modelo de gestión que ha hecho que ya no seamos líderes en empleo, que nuestras infraestructuras ferroviarias y aéreas den pena y que la sanidad esté bajo mínimos. No existe ni un solo parámetro que justifique hablar de una política de progreso en Navarra.

P.: La educación también parece ser un foco de inestabilidad, especialmente tras el conflicto por el cierre de aulas en la enseñanza concertada. ¿Cómo interpreta este choque entre los socios del Ejecutivo y la posición en la que queda el consejero Gimeno?

R.: La situación en Educación es la prueba definitiva de que el Gobierno de Navarra está roto. Existe un enfrentamiento nítido y profundo entre los grupos que conforman el Ejecutivo, y es evidente que el consejero Gimeno ha salido muy debilitado de esta crisis. Estamos ante una coalición que prioriza sus disputas internas sobre el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, lo que genera una inestabilidad que Navarra no se puede permitir.

P.: Define al actual Ejecutivo navarro como una "UTE de poder" en lugar de un gobierno de coalición cohesionado. Ante las evidentes discrepancias en materia educativa, ¿considera que estas fricciones son un síntoma de agotamiento o simplemente una puesta en escena para mantener el control institucional a pesar de sus diferencias?

R.: Este gobierno no es otra cosa que una "UTE de poder"; sus integrantes no se soportan, pero están condenados a entenderse. Lo que une a esta gente no es un proyecto político para Navarra, sino la necesidad imperiosa de conservar el poder a cualquier precio. La reunión que han mantenido no ha sido más que un nuevo "paripé". El verdadero drama es que somos los navarros quienes pagamos las consecuencias: soportamos más impuestos que nunca mientras recibimos la peor gestión pública de nuestra historia.

En Educación, por ejemplo, el consejero Gimeno vaticinó que, de aprobarse la ley que el Partido Popular ha apoyado, se generaría un caos absoluto que obligaría a repetir todas las inscripciones. La realidad es que nada de eso ha sucedido; lo que genera el caos es el propio Gobierno. El Partido Popular ha respaldado esta ley porque siempre hemos defendido la libertad educativa frente a un modelo de imposición de la izquierda, donde todo lo que no sea estrictamente público resulta rechazable. Nosotros creemos firmemente en la libertad de que cada ciudadano elija el centro que considere mejor para sus hijos.

P.: En relación con el modelo educativo, usted ha sido muy vocal respecto al uso del euskera en las aulas. ¿Dónde sitúa exactamente la línea divisoria entre el fomento de la lengua y lo que usted denomina "adoctrinamiento nacionalista"?

R.: El nacionalismo nunca ha entendido el euskera como la defensa de una lengua, sino como un arma de construcción nacional; esa es la razón por la que lo imponen y utilizan la educación para adoctrinar. El problema nunca ha sido el euskera en sí, sino lo que se enseña a través de él. Recuerdo perfectamente haber visitado colegios de modelo D y observar materiales didácticos que, obviamente, no estaban reglados, como mapas de "Euskal Herria" presidiendo las aulas. Eso no es enseñanza de una lengua; es una estrategia para que los niños, desde los 3 años, asuman que la realidad institucional de Navarra no es la de una comunidad foral y diferenciada, sino la de una entelequia que ellos aspiran a construir. Si alguien interioriza ese mensaje desde la infancia, es extremadamente difícil que a los 20 años comprenda la verdadera realidad institucional de su tierra.

El objetivo del nacionalismo no es la lengua, es el adoctrinamiento. Yo no tengo inconveniente con el derecho de cualquier persona a aprender la lengua que desee; mi conflicto es con quienes pretenden que las lenguas tengan "clientes obligatorios". Las lenguas pertenecen a los hablantes, y son ellos quienes deben decidir. El nacionalismo pervierte esto a través de las ofertas públicas de empleo, obligando al conocimiento del euskera incluso en puestos donde jamás se utilizará, y mediante la imposición de un modelo educativo que prioriza la ideología sobre la excelencia académica.

P.: Desde su posición como portavoz de Vivienda en el Congreso, usted ha denunciado que las políticas actuales son un fracaso. En el caso específico de Navarra, ¿qué diagnóstico hace de este "drama social" y qué impacto real está teniendo el intervencionismo en el mercado del alquiler?

R.: Estamos ante un drama social sin precedentes. Este gobierno, que se autodenomina "de progreso" pero que ha ejecutado la mayor regresión histórica de Navarra, criticaba la oferta de vivienda protegida de años anteriores, cuando se llegaba a cubrir el 95 % de la demanda. Hoy, sin embargo, tenemos en Navarra cerca de 20.000 solicitantes de vivienda protegida, mientras el Gobierno de Chivite apenas construye una media de 600 viviendas anuales. A este ritmo, necesitaríamos más de medio siglo solo para satisfacer la demanda actual.

A esta parálisis constructora hay que sumar el fracaso de las zonas tensionadas y el intervencionismo sectario. Navarra es, proporcionalmente, la comunidad donde más oferta de alquiler se ha retirado del mercado. Al día siguiente de aprobarse la ley en el Parlamento foral, Navarra lideró en términos netos —ni siquiera porcentuales— la venta de vivienda en toda España. La lectura es clara: el propietario ya no quiere alquilar. Quien no puede vender, mantiene el piso cerrado porque no percibe rentabilidad ni seguridad jurídica. Si un propietario teme el impago, si además de no cobrar debe seguir pagando impuestos como si percibiera la renta, y si el Gobierno le impone cuánto debe cobrar, nadie sacará su vivienda al alquiler. La combinación de falta de construcción e intervencionismo está creando un problema inabordable.

P.: Ante este escenario de parálisis, ¿cuáles son las medidas prácticas e inmediatas que el Partido Popular propone para desbloquear el acceso a la vivienda?

R.: Nuestra propuesta se articula en varios ejes fundamentales. Primero: eliminar el intervencionismo de la Ley de Vivienda para incentivar la oferta y recuperar la seguridad jurídica. Segundo: reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que en Navarra debería situarse, como mucho, en el 4 %. Tercero: eliminar la tributación sobre las donaciones familiares de primer y segundo grado destinadas a la compra de vivienda. No podemos gravar el esfuerzo de padres y abuelos que intentan ayudar a sus hijos en un momento de crisis habitacional; esas aportaciones deben tener una tributación cero. Cuarto: el Estado debe avalar con dinero público el acceso a la vivienda para los menores de 40 años. Y, por último, lo ineludible: construir. Tenemos un problema de oferta, no de demanda; necesitamos generar stock de vivienda de manera urgente.

P.: El sector primario navarro se siente abandonado y asfixiado por las dificultades burocráticas y la falta de infraestructuras. ¿Cuál es la demanda prioritaria que el campo traslada a la política y cómo valora la gestión del Gobierno de Chivite respecto a recursos vitales como el agua?

R.: Para el sector primario es una obviedad: lo primero que se reclama es la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra. Nuestra comunidad es una tierra agrícola donde el verdadero "oro" es nuestro campo, sin ninguna duda. Sin embargo, el Gobierno de Chivite lleva años paralizando esta obra vital. Es incomprensible que, siendo la agricultura y la ganadería pilares de nuestra identidad y economía, se mantenga este bloqueo a una infraestructura que garantiza el futuro del sector…

P.: ¿En qué medida el retraso de la segunda fase del Canal de Navarra compromete el liderazgo agroalimentario de nuestra comunidad?

R.: Efectivamente, para esta comunidad la agricultura es un sector absolutamente prioritario. Estamos hablando de que el campo es el auténtico oro de Navarra, y sin embargo, ha sido objeto de una política completamente olvidada y maltratada por el Gobierno de la señora Chivite. Lo hemos visto de manera flagrante con el Canal de Navarra. Durante años, la ejecución de la segunda fase se ha postergado deliberadamente por un mero interés de los socios de gobierno; ni Geroa Bai ni Bildu han creído jamás en el Canal. Esto nos ha conducido a un escenario de engaños, con falsas fechas de licitaciones que nunca se materializan y una obra que nunca llega a verse. La segunda fase es vital, porque Navarra es pionera en España en materia de industria agroalimentaria. En la Ribera, la agricultura es el motor indiscutible del empleo, y actualmente está siendo descuidada de forma irresponsable por las instituciones.

El vicepresidente primero del Gobierno foral, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz, Javier Remírez, ha señalado que los símbolos oficiales de Navarra “son la bandera, el escudo y el himno”. Por este motivo, ha indicado que la protección jurídica se limita a esos elementos.

Remírez se ha pronunciado en un mensaje publicado en la red social X, después de la polémica generada por la camiseta del Athletic. En ella aparece un mapa de Euskal Herria en el que se incluye Navarra junto a una ikurriña.

El portavoz del Ejecutivo foral ha recordado que la Lorafna y la ley foral 4/2020, de 27 de febrero, de Símbolos de Navarra, recogen cuáles son los elementos de identidad exclusivos de la Comunidad foral. Según ha explicado, esos símbolos son “la bandera, el escudo y el himno de Navarra, en los términos que recogen dichas normas”.

Además, Javier Remírez ha añadido que “la protección jurídica se limita a estos símbolos”, tal y como marca el artículo 3 de la citada ley foral. Por ello, ha considerado que en este caso no se ha producido un uso indebido de los símbolos protegidos de Navarra.

“En el caso de la mencionada camiseta del Athletic de Bilbao no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra”, ha afirmado el vicepresidente. Ha insistido en que esos símbolos son “exclusivamente” los recogidos en las normas mencionadas.

Remírez también ha puesto el foco en la naturaleza jurídica del Athletic Club. Ha destacado que se trata de una entidad calificada legalmente como asociación privada, por lo que no es una administración pública ni una entidad dependiente de una institución pública.

En ese sentido, el vicepresidente ha señalado que al Gobierno de Navarra no le corresponde posicionarse sobre el uso de símbolos no oficiales por parte de una entidad privada. Ha precisado que esta cuestión no entra dentro del ámbito competencial del Ejecutivo foral.

“En el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial”, ha señalado Remírez. Aun así, ha remarcado que el Ejecutivo “reivindica sus símbolos oficiales como reflejo de su institucionalidad como Comunidad Foral propia y diferenciada”.

La polémica por la camiseta del Athletic ha llegado después de que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, haya remitido sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte; y a la presidenta de Navarra, María Chivite.

En esas cartas, Ibarrola ha pedido que se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno. Según ha indicado UPN, la camiseta incluye a Navarra dentro del mapa de “Euskal Herria” junto con una ikurriña, que ha definido como la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca.

La respuesta de Javier Remírez ha situado el debate en el marco legal de los símbolos oficiales de Navarra. El vicepresidente ha defendido que la normativa protege únicamente la bandera, el escudo y el himno de la Comunidad foral.

La formación ha puesto el foco en los delitos que, según ha señalado, afectan de forma más directa a la seguridad ciudadana, a la integridad física de las personas y a sus bienes. Entre ellos figuran las agresiones sexuales, los robos con violencia o intimidación y distintos delitos vinculados a vehículos.

Según los datos difundidos por UPN, las agresiones sexuales han aumentado un 35% en el primer trimestre de 2026. Han pasado de 14 casos en el mismo periodo de 2025 a 19 casos este año en Pamplona.

También han subido los robos con violencia o intimidación, que se han incrementado un 34%. En concreto, han pasado de 38 a 51 casos en la capital navarra.

El grupo municipal de UPN ha destacado además el incremento de los daños, que han crecido un 41%. En este caso, los datos reflejan un aumento de 92 a 130 casos entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

La formación foralista ha advertido igualmente de una subida notable en los delitos relacionados con vehículos. Los hurtos de vehículos a motor han pasado de 1 a 4 casos, lo que supone un aumento del 300%.

Los hurtos en interior de vehículo también han registrado un fuerte incremento. Según UPN, han pasado de 20 a 42 casos, con una subida del 110%.

Además, los robos con fuerza en el interior de vehículo han aumentado un 108%. En concreto, se han contabilizado 73 casos en el primer trimestre de 2026 frente a los 35 registrados en el mismo periodo del año anterior.

Desde UPN han reconocido que el total de delitos ha aumentado un 5%, pero han subrayado que ese dato general no refleja, a su juicio, la gravedad del incremento en los delitos que se producen en la calle. La formación ha incidido en que varios de esos delitos han crecido en una proporción mucho mayor.

“Si bien es cierto que el total de delitos ha aumentado un 5%, no podemos obviar que la gran mayoría de delitos que se producen en la calle, y sobre todo aquellos que suponen un riesgo para la integridad física de las personas y sus bienes, se han incrementado en mucha mayor medida”, han señalado desde UPN.

El grupo municipal ha vinculado estos datos con la sensación de inseguridad que, según ha afirmado, percibe parte de la ciudadanía. “Cuando hablamos de que la sensación de inseguridad aumenta en la ciudadanía es por este tipo de delitos”, han añadido los foralistas.

En esa misma línea, UPN ha sostenido que “la realidad es que las calles de Pamplona son cada vez más inseguras” y ha reclamado que esta situación se aborde. La formación ha centrado su denuncia en el aumento de los delitos cometidos en la vía pública y en aquellos que afectan a bienes personales.

UPN también ha advertido del incremento en los allanamientos de morada y en la ocupación de inmuebles. Los allanamientos han pasado de 2 a 5 casos, mientras que la ocupación de inmuebles ha pasado de 0 a 5 casos en el primer trimestre de 2026.

Por el contrario, otros delitos como las lesiones o los daños en vehículo se han mantenido en cifras similares a las del primer trimestre de 2025, según los datos trasladados por el grupo municipal foralista.

La formación regionalista ha pedido que se impida el uso de esa equipación, al considerar que el diseño incorpora un mensaje de carácter político e identitario. Según ha señalado UPN, la camiseta incluye el mapa de “Euskal Herria” junto con una ikurriña, la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca, en la parte superior de la espalda.

Ibarrola ha recordado en su escrito a la RFEF que, según la propia publicación oficial del club, “cada una de las siete rayas de la camiseta simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria” y que esa supuesta “identidad común” se refleja en el mapa y en la ikurriña que lucirá la equipación.

Para la presidenta de UPN, esa representación “no constituye un mero elemento ornamental o deportivo”. En la carta ha sostenido que la inclusión del mapa de “Euskal Herria” y de la ikurriña en una equipación oficial de un club que participa en una competición profesional nacional incorpora “un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida”.

Ibarrola ha considerado que ese diseño proyecta una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad Foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político. Por ese motivo, ha advertido de que la representación resulta “especialmente lesiva para Navarra” porque, a su juicio, desconoce o relativiza su realidad diferenciada.

La presidenta regionalista también ha señalado que la jurisprudencia ya ha advertido sobre la inclusión de Navarra dentro de “Euskal Herria” cuando se presenta como entidad territorial desde una visión propia y específica. Según ha defendido, esa representación puede menoscabar o vulnerar la realidad jurídico-administrativa e institucional de la Comunidad Foral.

En su escrito a la RFEF, Ibarrola ha acudido además a la normativa futbolística. En concreto, ha citado la Regla 4.5 de la IFAB, relativa a eslóganes, mensajes, imágenes y publicidad, que establece que el equipamiento no debe contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal.

UPN ha recordado que esa misma norma prevé que, en caso de infracción, el jugador o el equipo puedan ser sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA. La formación entiende que la nueva camiseta del Athletic podría ser incompatible con esa regla por los elementos denunciados.

Ibarrola también ha apuntado que las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Primera y Segunda División 2025/2026 de la RFEF son aplicables a las competiciones oficiales de ámbito nacional y carácter profesional. En materia de uniformidad, ha señalado que los uniformes oficiales deben ser comunicados a la federación con una antelación mínima de diez días al primer partido de competición oficial.

Por todo ello, la presidenta de UPN ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol que abra las actuaciones de comprobación oportunas respecto de la nueva primera equipación del Athletic Club para la temporada 2026/2027.

La petición incluye que la RFEF declare la incompatibilidad de la camiseta con la Regla 4.5 de las Reglas de Juego de la IFAB y que, en consecuencia, impida la utilización de esa equipación mientras mantenga el mapa de “Euskal Herria” y la ikurriña.

Ibarrola también ha enviado una carta al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, para trasladarle la reclamación presentada ante la RFEF y exigirle que retire esos elementos de la nueva primera equipación oficial para la temporada 2026/2027.

En esa misiva, la presidenta de UPN ha advertido de que la inclusión del mapa de “Euskal Herria” y de la ikurriña constituye “un mensaje político controvertido” que afecta gravemente a la realidad jurídica, administrativa, política e institucional de Navarra.

UPN ha avisado al Athletic Club de que acudirá a los tribunales si no atiende ese requerimiento.

La tercera carta de UPN ha sido remitida a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. En ella, Ibarrola le ha pedido que inicie “todas las acciones que conforme a derecho correspondan” para que una entidad con proyección nacional e internacional como el Athletic Club respete la realidad política, administrativa, jurídica e institucional de la Comunidad Foral. “Le requiero una actuación inmediata por suponer una grave ofensa a la mayoría de la sociedad navarra”, ha concluido Ibarrola en la misiva dirigida a la presidenta navarra.

VOX LLEVA EL TEMA AL PARLAMENTO DE NAVARRA

El portavoz de VOX en Navarra, Emilio Jiménez, ha presentado una declaración institucional ante la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara foral para exigir al club bilbaíno la retirada inmediata del mapa de Euskal Herria de su nueva primera equipación para la temporada 2026/27.

La iniciativa de Vox reclama además actuaciones concretas a LaLiga y al Consejo Superior de Deportes para impedir que las entidades deportivas utilicen sus plataformas con fines políticos que, según la formación, afectan a la integridad territorial de Navarra.

En el texto registrado, Vox ha calificado la decisión del Athletic como una politización del deporte y un menosprecio a la identidad foral de Navarra. La formación sostiene que no se trata de un elemento neutro o folclórico, sino de “una clara declaración política” que busca normalizar una visión territorial rechazada por una parte significativa de la ciudadanía navarra.

La propuesta exige al Athletic Club la retirada de ese elemento gráfico de todas sus equipaciones, productos oficiales y comunicaciones, así como la emisión de disculpas públicas a los navarros y a las instituciones de Navarra. También insta al Gobierno foral a adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones legales, y solicita al Ayuntamiento de Bilbao, al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco que condenen públicamente esta actuación.

“El Athletic Club ha utilizado su equipación oficial para introducir una reivindicación política que distorsiona la realidad territorial de Navarra y que carece de cualquier legitimidad. Exigimos la retirada inmediata de ese mapa y disculpas públicas. No vamos a consentir que se normalice la apropiación simbólica de nuestra tierra a través del deporte”, ha declarado Emilio Jiménez.

Los foralistas han asegurado que Gimeno ha vuelto a plantear un escenario “apocalíptico” tras una pregunta formulada en el pleno del Parlamento por Contigo Zurekin. Según UPN, el consejero ha insistido en los riesgos de aplicar una ley que, según la formación, garantiza la continuidad de las unidades públicas y concertadas durante el próximo curso.

UPN ha defendido que el consejero “debería asumir” que la formación foralista le ha “enmendado la plana” y que ha quedado “solo y en evidencia” ante la comunidad educativa navarra y la sociedad. Por ello, le ha instado a cumplir la ley, desarrollar y planificar el próximo curso conforme al nuevo marco legislativo y centrarse en mejorar la calidad de la educación.

La formación regionalista ha sostenido que Gimeno ha contado con “medios y recursos como nadie” y que, pese a ello, “ha ido fracasando de forma reiterada” en la gestión de la educación en Navarra. También ha criticado la respuesta del Departamento de Educación ante la aplicación de la norma aprobada en el Parlamento.

Para UPN, la actitud del consejero ante las cuestiones derivadas de la Ley de UPN demuestra “sectarismo” y “nulo respeto”. Los regionalistas han calificado a Gimeno como “el consejero más cuestionado y criticado por toda la comunidad educativa navarra”.

UPN también se ha referido a las críticas que vinculan la ley con un posible aumento de la segregación educativa. La formación ha rechazado ese planteamiento y ha defendido que la norma busca “seguir garantizando el equilibrio educativo entre las redes” y mantener el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijas e hijos.

Los foralistas han considerado que el malestar del PSN y de Contigo Zurekin responde a que la ley, según su interpretación, frustra sus intenciones de “ir eliminando progresivamente” la oferta en la red concertada. También han acusado a ambos partidos de querer limitar la libertad de elección de las familias en Navarra.

En su valoración, UPN ha afirmado que la trayectoria de Carlos Gimeno durante las dos últimas legislaturas se ha caracterizado por “generar conflictos continuos, protestas y huelgas”. También le ha reprochado “la falta de diálogo, las imposiciones y el sectarismo constante” en la gestión educativa.

La formación regionalista ha asegurado que no hay sector educativo, profesorado, familias o centros de distintos niveles que no hayan salido a la calle para pedir la dimisión del consejero. Por eso, UPN ha pedido a Gimeno que “deje de asustar” y que trabaje por la calidad y el desarrollo pleno de la enseñanza navarra.

UPN ha concluido que la educación en Navarra “ha dejado de ser la referencia educativa que fue” y ha responsabilizado directamente a la gestión del consejero de ese deterioro. La formación ha insistido en que la Ley de UPN debe aplicarse para garantizar el mantenimiento de las unidades públicas y concertadas en el curso 26/27.