El encuentro ha servido para conocer un nuevo texto sobre el futuro marco del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, pero también para constatar que el documento sigue sin convencer a parte de la representación sindical. Tanto ELA como AFAPNA han expuesto sus reparos y han avanzado reclamaciones sobre aspectos clave como el teletrabajo, la temporalidad, la carrera profesional o el uso del euskera.

ELA ha lamentado que el Ejecutivo foral “renuncie a mejorar las condiciones” del personal público al no recoger, a su juicio, reivindicaciones históricas. Entre ellas, ha citado la reducción efectiva de la temporalidad, la recuperación del poder adquisitivo y subidas salariales vinculadas al IPC.

Además, el sindicato ha criticado la falta de concreción del teletrabajo, la ausencia de medidas para garantizar la atención en euskera y la inclusión de una evaluación del desempeño ligada a complementos salariales variables sin criterios definidos. También ha cuestionado que la implantación completa de la carrera profesional se retrase hasta 2032.

ELA ha advertido de que la progresión en esa carrera profesional dependería de evaluaciones que todavía no se han concretado. Por ello, ha sostenido que el texto presentado por el Gobierno de Navarra “no supone un hito” en la mejora de las condiciones laborales.

Por su parte, AFAPNA ha confirmado que el Ejecutivo ha introducido modificaciones en el borrador tras el periodo de exposición pública. El sindicato ha señalado además que las centrales podrán presentar nuevas alegaciones hasta el próximo 13 de mayo.

Durante la reunión, AFAPNA ha pedido aclaraciones sobre varios puntos del nuevo Estatuto. En concreto, ha preguntado por la carrera profesional en la Policía Foral, el carácter voluntario de las adscripciones provisionales y la garantía de que el profesorado complete su carga lectiva en el mismo idioma de la plaza.

Además, AFAPNA ha planteado demandas relacionadas con la implantación del teletrabajo, la reducción de la temporalidad conforme a la normativa europea, la mejora de condiciones en determinados departamentos y la falta de personal administrativo en centros educativos. Son cuestiones que, a su juicio, deben corregirse antes de cerrar el texto definitivo.

En esa misma Mesa General celebrada en Pamplona, el Gobierno de Navarra ha presentado también un borrador para modificar la plantilla orgánica. El objetivo es establecer el requisito de euskera en determinadas plazas de varios departamentos, además de una propuesta de oferta pública de empleo parcial para 2026 en el Servicio de Bomberos.

Las palabras dichas entonces por la ahora ministra de Migraciones contrastan con su defensa actual de la inmigración y su apuesta por regularizar a 500.000 inmigrantes. 

El vídeo rescatado de hace años muestra a Elma Saiz defendiendo con rotundidad la expulsión de inmigrantes irregulares que delinquen y asegurando que sobre ellos “caerá todo el peso de la ley”.

Hoy, como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de Pedro Sánchez, impulsa una regularización extraordinaria que podría beneficiar a más de 500.000 extranjeros en situación irregular, una medida que críticos califican de “cheque en blanco” sin suficiente control. 

🚨 Alerta fascista en La Moncloa. pic.twitter.com/l1I0MjBbrS

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 20, 2026

En las imágenes, Saiz responde a una pregunta sobre expulsiones de inmigrantes: "Indudablemente se producen casos de expulsiones", asegura. Y se muestra favorable a estas actuaciones: "La Ley de Extranjería y las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado caen con más fuerza ante esos extranjeros delincuentes". 

La política navarra distinguía entonces claramente entre inmigración laboral y aquellos que, según sus palabras, “nunca entran en la órbita de búsqueda de trabajo” y forman parte de un “círculo vicioso”.

Un "círculo vicioso" que ahora alimenta su Gobierno, con la regularización masiva y sin control de medio millón de inmigrantes y su constante negativa a poner límites a la Renta Garantizada. 

Años después, la misma Elma Saiz ha pasado de hablar de “extranjero delincuente” y “todo el peso de la ley” a defender como “uno de los grandes hitos de esta legislatura” la regularización masiva aprobada por Real Decreto el 14 de abril de 2026.

El proceso, que comenzó a tramitarse telemáticamente el 16 de abril y presencialmente este lunes, permite a miles de inmigrantes irregulares obtener permiso de residencia y trabajo hasta el 30 de junio, con el argumento oficial de “reconocer una realidad social” y “dar vida a nuestras calles”.

Algunas voces críticas ya han puesto de relieve que el procedimiento de regularización blinda a personas que entraron o permanecieron al margen de la legalidad, sin que exista un filtro previo exhaustivo que garantice la exclusión total de quienes tienen antecedentes.

Por el contrario, el Gobierno de España insiste en que sí exige carecer de antecedentes penales y cumplir ciertos requisitos de permanencia. 

Mientras Isabel Díaz Ayuso y otros líderes de la oposición alertan de los riesgos para la seguridad y los servicios públicos, la ministra que antes hablaba de “círculo vicioso” presenta ahora la regularización como un avance humanitario y económico.

Chivite ha asegurado que las decisiones adoptadas por el consejero Carlos Gimeno “están basadas claramente en criterios estrictamente técnicos” y ha recalcado además que cumplen lo previsto en el acuerdo programático del Ejecutivo. La presidenta ha defendido que el ajuste responde al descenso de alumnado y ha insistido en que el Gobierno debe colocar los recursos “allá donde está la demanda”.

La presidenta ha puesto cifras a esa caída demográfica y ha recordado que en la comunidad hay “700 niños menos de tres años que en el año 2022”. Según ha señalado, la reducción de unidades no es algo nuevo y se ha venido produciendo durante los últimos años. En ese sentido, ha subrayado que “ha habido reducciones de unidades en el ámbito de lo público durante todos estos años y ningún partido político ha dicho absolutamente nada”.

Chivite ha defendido también que la decisión no solo se apoya en criterios técnicos, sino también en el pacto que sostiene al Gobierno. “La decisión del consejero es estrictamente técnica, pero también atendiendo al acuerdo de Gobierno, que pone literalmente que cuando no haya demanda el compromiso político es reducir las unidades concertadas y lo pone de manera literal”, ha afirmado. Y ha remachado su posición con otra frase clara: “Por lo tanto, criterios técnicos y criterios políticos marcados en el acuerdo de Gobierno”.

Pese a ese respaldo, la presidenta ha abierto la puerta a revisar jurídicamente la situación tras la contestación de varios grupos. Chivite ha explicado que, “escuchando también lo que dicen los grupos, el Departamento de Educación ha encargado un informe jurídico al respecto para poder valorar la propuesta que los grupos hacen”. “Veremos qué es lo que dice ese informe jurídico”, ha añadido.

Enfrente, Javier Esparza ha endurecido el tono y ha convertido esta polémica en un ataque directo contra Chivite y su consejero. El portavoz de UPN ha afirmado que “hay que proteger la educación navarra” de la presidenta y de Carlos Gimeno, y ha acusado al Ejecutivo de actuar desde un planteamiento ideológico. “Hay que proteger nuestro sistema educativo de un socialismo radical, ideologizado, que toma las decisiones desde ese prisma”, ha dicho.

Esparza ha ido más allá y ha acusado a Chivite de aprovechar el contexto demográfico para recortar plazas. “María Chivite quiere aprovechar las circunstancias para cerrar aulas en centros públicos y en centros concertados y nosotros creemos que hay que parar este disparate”, ha afirmado. Con esa idea, UPN ha anunciado su apoyo a la moción que se debatirá esta semana en el Parlamento, aunque el regionalista ha dejado claro que quiere medidas más contundentes.

El regionalista ha reclamado una ley que blinde el sistema educativo frente a futuras decisiones del consejero. “Que se apruebe la moción, que haya una mayoría en este Parlamento que le diga al consejero que no hay que cerrar aulas no nos garantiza para nada que eso vaya a ocurrir. Por eso necesitamos una ley para proteger el sistema educativo de este consejero y de sus políticas”, ha señalado.

Esparza también ha cargado personalmente contra Gimeno y ha asegurado que “Carlos Gimeno es un consejero ideologizado enormemente, obsesionado con la red concertada y apoyado por María Chivite”. Frente al cierre de unidades, ha defendido otro camino: “Se puede aprovechar ese descenso en el número de alumnos para definir un sistema educativo nuevo, renovado, de más calidad”. “De eso se trata, no se trata de aprovechar esa reducción para cerrar aulas”, ha zanjado.

La controversia se ha desatado después de que Educación haya planteado la supresión de unidades tanto en la red pública como en la concertada por el descenso de la natalidad. La decisión ha provocado rechazo en buena parte de la oposición y ha abierto una grieta política de primer nivel en torno al modelo educativo de Navarra.

En el debate parlamentario, además de UPN, también han mostrado su rechazo EH Bildu, Geroa Bai y PPN, mientras el PSN ha defendido el ajuste y Contigo-Zurekin lo ha respaldado por entender que encaja con el acuerdo programático.

Así, la discusión ya no gira solo sobre el número de aulas que se cierran, sino sobre el modelo de escuela que quiere cada partido y sobre si la caída de la natalidad debe servir para recortar unidades o para rebajar ratios y reforzar la atención educativa.

El documento consultado recoge que el Ejecutivo foral ha fijado para la prórroga de 2026 un coste máximo de 935.906,93 euros con IVA incluido para este programa, dependiente de la Dirección General de Políticas Migratorias. Se trata de un servicio dirigido a jóvenes migrantes que ya han cumplido la mayoría de edad y carecen de respaldo familiar, con un sistema que combina acompañamiento social y plazas de alojamiento.

El pliego establece que el programa Kideak puede atender hasta 68 jóvenes. De ellos, 40 podrán acceder a plazas con alojamiento y otros 28 recibirán atención sin recurso habitacional. El objetivo general del servicio, según el texto oficial, es promover el desarrollo integral de estos jóvenes mediante acompañamiento y mentoría social, facilitando además su acceso a recursos públicos y, en los casos necesarios, cobertura habitacional.

En el desglose económico previsto para 2026, el Gobierno foral fija un gasto máximo de 850.824,48 euros sin IVA. De esa cantidad, 178.782,34 euros se reservan para alquileres y suministros, mientras que 52.020 euros se consignan para otros gastos de explotación. A ello se suman más de 577.000 euros en gastos de personal.

El contrato también detalla el coste por modalidad. Las 40 plazas con alojamiento alcanzan un coste máximo total de 595.521,60 euros sin IVA en 2026, con un coste mensual de 1.240,67 euros por plaza. En el caso de las 28 plazas sin alojamiento, el coste máximo anual asciende a 255.302,88 euros.

La empresa adjudicataria deberá poner a disposición del programa, en el plazo de nueve meses desde la firma del contrato, al menos cuatro viviendas completas para la acogida de estos jóvenes y un mínimo de dos pisos compartidos con jóvenes locales. Cada una de esas viviendas completas podrá albergar hasta cinco personas.

La gran promesa de las llamadas “políticas valientes” choca con un problema que no deja de agravarse: cada vez hay menos pisos disponibles para alquiler habitual. El mensaje político insiste en presentar la intervención como una solución frente a los excesos del mercado, pero el resultado que ya se aprecia en Navarra apunta justamente al efecto contrario. Menos oferta, más tensión y mayores dificultades para acceder a una vivienda.

Los datos que recoge el propio relato son especialmente duros en Pamplona, la zona más tensionada del mercado navarro. Allí, la oferta de alquiler permanente se habría desplomado un 26%, un descenso que se presenta como el más acusado de España entre las áreas declaradas tensionadas. Además, los contratos de alquiler habitual también habrían bajado con claridad en el cuarto trimestre de 2025: de 513 a 424 en la capital navarra, un 17% menos, y de 876 a 744 en el conjunto de la comunidad, un 15% de caída.

Ese retroceso de la oferta de alquiler es el principal argumento contra el modelo que defiende el Gobierno de María Chivite. El planteamiento es claro: cuando se imponen topes, prórrogas forzosas y un mayor intervencionismo, muchos propietarios dejan de poner sus viviendas en el mercado tradicional. Algunos optan por vender, otros prefieren el alquiler de temporada y otros, directamente, esperan. El efecto, por tanto, no sería una mejora real del acceso, sino una reducción de oportunidades para quien busca una vivienda habitual.

En ese contexto, la bajada media del 8,6% en los precios de las zonas tensionadas que el Ejecutivo presenta como una victoria aparece, en este análisis, como un éxito engañoso. El descenso no se interpretaría como una señal de normalización del mercado, sino como la consecuencia de haber expulsado pisos del alquiler estable. En otras palabras, se rebaja el precio medio al mismo tiempo que desaparecen opciones reales para los demandantes.

La situación resulta todavía más llamativa si se compara con la realidad cotidiana de quienes buscan piso en Pamplona. Aunque se hable de corrección de precios, el mercado sigue ofreciendo anuncios que rozan los 1.400 euros mensuales. Y al mismo tiempo, el volumen total de contratos firmados en 2025 se habría quedado en 4.293, muy por debajo de los 5.516 registrados en 2023. Es decir, el mercado no se habría vuelto más accesible, sino más pequeño y más difícil.

La presidenta navarra también utilizó como argumento político la desaparición de miles de viviendas protegidas construidas en los años noventa que acabaron descalificadas y pasaron al mercado privado. Es una crítica con base histórica, pero que abre otra pregunta incómoda: qué ha hecho su Gobierno en estos años para revertir esa pérdida estructural de parque asequible. La respuesta, según los datos expuestos en el texto, no invita precisamente al optimismo.

En 2025 se iniciaron algo más de medio millar de VPO en Navarra, una cifra que el Ejecutivo presenta como récord reciente. Sin embargo, el propio volumen de demanda cuestiona cualquier lectura triunfalista. La lista de espera de Nasuvinsa alcanza las 24.874 familias, por lo que el desfase entre la necesidad real y la capacidad de respuesta pública sigue siendo enorme. En ese marco, la promesa de construir 20.000 viviendas en la próxima legislatura suena más a horizonte político que a compromiso creíble.

A eso se suma otro dato que refuerza la crítica al modelo: del total de 2.378 viviendas iniciadas en 2025, la gran mayoría fueron libres. El sistema público que el Gobierno reivindica como eje central de su política de vivienda sigue teniendo un peso reducido frente a la construcción privada. La paradoja es evidente: se eleva el discurso contra el mercado mientras se mantiene una capacidad pública insuficiente para sustituirlo o compensarlo.

La gestión política de esta crisis también ha dejado episodios que dañan la credibilidad del Ejecutivo. La consejera Begoña Alfaro llegó a cuestionar públicamente algunos datos sobre la caída de la oferta, restándoles rigor o sugiriendo una lectura interesada. Pero posteriormente el propio Observatorio de Vivienda de Navarra terminó reflejando una evolución en la misma línea. Esa secuencia alimenta la sensación de que el Gobierno primero niega el problema, luego lo reconoce a medias y finalmente insiste en presentar su estrategia como un éxito.

En el fondo, el debate sobre la vivienda no es solo técnico, sino ideológico. El Gobierno de Chivite plantea el acceso a la vivienda como un derecho que debe protegerse limitando el papel del propietario privado y corrigiendo el mercado desde la intervención pública. Sus críticos sostienen justo lo contrario: que sin seguridad jurídica, sin incentivos y sin agilidad administrativa, la oferta se retrae y el problema empeora. Navarra, según esta tesis, se habría convertido en un ejemplo claro de esa contradicción.

La consecuencia final sería especialmente grave para quienes más necesitan una solución. Jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias se encuentran con un mercado más cerrado, más competitivo y más frustrante. El discurso oficial habla de proteger el derecho constitucional a la vivienda, pero la realidad que describe este análisis es otra: menos pisos disponibles, menos construcción efectiva y más dificultad para emanciparse o encontrar una alternativa razonable en alquiler.

La gran cuestión es si el Ejecutivo foral corregirá el rumbo o seguirá insistiendo en una estrategia que, según esta lectura, no ha atacado el verdadero origen del problema: la falta de oferta. Porque la vivienda no se abarata solo con anuncios políticos, declaraciones solemnes o intervenciones en cumbres ideológicas. También exige construir más, reducir bloqueos administrativos y generar un marco que anime a poner vivienda en el mercado. Mientras eso no ocurra, Navarra seguirá atrapada en una política que promete aliviar la crisis, pero que corre el riesgo de agravarla.

“¿Sabías que el navarro Benjamín de Tudela viajó por medio mundo un siglo antes que Marco Polo? En el siglo XII recorrió Mesopotamia, Persia, Egipto… y llegó incluso aquí, a China”, afirma Chivite en ese vídeo promocional. A continuación, añade: “Porque los navarros y las navarras siempre hemos sido eso: exploradores de mirada abierta, con curiosidad y con ganas de comprender el mundo".

"Por eso, siguiendo la estela de Benjamín de Tudela, estamos hoy aquí, en China, buscando oportunidades para Navarra. Porque Navarra puede ser pequeña en tamaño… pero siempre ha pensado en grande”, asegura María Chivite.

El problema es que esa afirmación sobre Benjamín de Tudela no se sostiene con la misma firmeza con la que la expone la presidenta. No hay certeza histórica de que el viajero navarro llegara realmente a China y, de hecho, la mayoría de los especialistas considera que no lo hizo físicamente, aunque en su célebre Séfer Masaot o Libro de Viajes aparezcan menciones a territorios tan lejanos como China, Tíbet o India.

Un investigador navarro consultado lo resume con claridad: Benjamín de Tudela estuvo en Francia, Italia, Constantinopla, Grecia, Chipre, Siria, Palestina, Irak (Mesopotamia), Irán (Persia), Egipto, de nuevo Italia, Francia y España. Además, precisa que el viaje duró entre cinco y catorce años, ya que los expertos no se ponen de acuerdo sobre su duración exacta. Según explica, el viajero “mencionó en sus escritos alguna judería de China, pero se considera muy improbable que viajara hasta allí”.

Esa es la clave del debate histórico. Las referencias al Lejano Oriente que aparecen en sus textos suelen interpretarse como noticias recogidas de terceros, probablemente de comerciantes o de comunidades judías con las que fue entrando en contacto durante su estancia en Oriente Medio y Mesopotamia. Por eso, aunque algunas obras divulgativas hayan alimentado la idea de que llegó a las fronteras de China o incluso más allá, los especialistas insisten en que se trata de una hipótesis y no de un hecho acreditado.

La formulación más rigurosa, por tanto, es clara: Benjamín de Tudela no está confirmado como viajero hasta China. Su relato incluye noticias sobre tierras orientales muy lejanas, pero los historiadores discuten si las conoció de primera mano o si las incorporó a partir de referencias ajenas. Esa es precisamente la confusión que vuelve ahora a escena tras las palabras de Chivite, que ha dado por seguro algo que sigue siendo objeto de discusión entre los expertos.

La presidenta, además, ha pasado por alto a otro navarro cuya relación con China sí está acreditada: San Francisco Javier, patrón de Navarra, que murió en 1552 en la isla china de Sancián cuando intentaba entrar en la zona continental del país. Su omisión llama todavía más la atención al tratarse de una figura histórica estrechamente vinculada tanto a Navarra como al continente asiático. Quizá no es de su devoción.

Así, lo que pretendía ser un mensaje para ensalzar la política exterior del Gobierno foral y reforzar la imagen de una Navarra abierta al mundo ha terminado convertido en un nuevo tropiezo político e histórico. Chivite quiso apoyarse en la figura de Benjamín de Tudela para presentar a los navarros como “exploradores de mirada abierta”, pero lo hizo dando por cierta una llegada a China que los expertos consideran, como poco, muy improbable.

El estudio, titulado “Situación del empleo en la industria navarra. Regulaciones de empleo en 2025”, ha utilizado datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Según recoge el informe, la industria sigue siendo un pilar básico en Navarra, al aportar en torno al 30% del PIB y concentrar una parte muy relevante del empleo de calidad, aunque esa fortaleza convive con una elevada inestabilidad laboral.

En concreto, durante 2025 han pasado por un ERTE un total de 7.867 trabajadores industriales navarros. La cifra ha bajado respecto a los 15.300 afectados de 2024, pero el informe sostiene que sigue siendo muy elevada y refleja una situación de fragilidad que no se ha corregido.

Además, Navarra ha concentrado el 14,72% de todos los ERTE industriales registrados en España. El dato cobra más relevancia al compararlo con el peso real de la comunidad en el conjunto nacional, ya que apenas representa en torno al 3% del empleo industrial del país y, sin embargo, acumula casi el 15% de estos ajustes temporales.

El informe también subraya que uno de cada diez trabajadores del sector industrial navarro, en concreto el 10,5%, ha pasado por un ERTE en 2025. Se trata, según sus autores, de la tasa más alta de todas las comunidades autónomas, muy por encima de la media nacional, situada en el 2,2%, y también por encima del País Vasco (2,4%) y de Cataluña (1,5%).

A esa presión temporal se ha sumado, además, un aumento muy fuerte de los despidos colectivos. El informe recoge que se ha pasado de 210 casos en 2024 a 1.101 en 2025, un repunte que, a juicio de Institución Futuro, evidencia que parte de los problemas ya no son coyunturales y empiezan a consolidarse como ajustes más profundos.

La conclusión literal del think tank es clara: “Estos datos certifican que la industria navarra muestra una elevada exposición a los mecanismos de regulación de empleo, tanto temporales como definitivos”. A partir de ahí, el documento traza una crítica directa a la política industrial del Ejecutivo foral.

Entre los factores que explican este escenario, el informe destaca el peso de Volkswagen Navarra, principal empleador industrial de la comunidad. La reconversión hacia el vehículo eléctrico ha provocado miles de afectados por ERTE en los últimos meses, en un proceso que el texto vincula a la transición energética impulsada desde Madrid y Bruselas y respaldada por el Gobierno foral.

Junto a ese caso, el documento menciona otros conflictos que han golpeado al tejido fabril navarro. Cita el cierre de BSH en Esquíroz, con más de 600 empleos trasladados a Polonia, así como las dificultades atravesadas por Sunsundegui, Siemens-Gamesa, Nanoautomotive o Tenerías Omega.

Para Institución Futuro, este encadenamiento de cierres, ajustes y traslados de producción refleja que Navarra ha dejado de aparecer como un referente de estabilidad industrial y atracción de inversión. El informe sostiene que la comunidad lidera ahora los indicadores más negativos, con más ERTE, más inseguridad laboral y una competitividad debilitada.

El texto también cuestiona el relato de mejora que podría derivarse del descenso de la tasa de afectados por ERTE, que ha pasado de cerca del 20% al 10,5% en un año. A juicio del think tank, esa bajada no responde a una política industrial eficaz, sino al comportamiento concreto de grandes empresas como Volkswagen Navarra, mientras el aumento de los despidos colectivos apunta a un problema más estructural.

En ese contexto, Institución Futuro atribuye esta evolución a años de “inacción, mala gestión y prioridades equivocadas” por parte del Gobierno de María Chivite. El informe reprocha al Ejecutivo haber priorizado medidas ligadas a la transición ecológica, una presión fiscal elevada y sus alianzas parlamentarias por encima de un plan industrial que dé estabilidad y proteja el empleo.

El documento concluye reclamando un cambio de rumbo en la política económica e industrial de Navarra. Entre otras medidas, plantea una menor presión regulatoria, más atractivo fiscal y un plan industrial sólido que reduzca la dependencia de herramientas temporales como los ERTE y refuerce el empleo de calidad en la comunidad.

La intervención de Esparza se ha producido en comisión parlamentaria, en una sesión en la que Ignacio Cabeza ha comparecido para dar cuenta del informe y explicar por qué corrigió algunas de las conclusiones del auditor encargado del trabajo. El líder regionalista ha puesto el foco en esa decisión y ha advertido de que la situación ha provocado una “crisis de confianza” dentro de la institución.

Durante su comparecencia, Ignacio Cabeza ha asegurado que, en relación con la duplicación del túnel de Velate, “de la revisión efectuada por la asesoría jurídica, no se aprecian indicios de ningún tipo de responsabilidad contable o penal en los hechos reflejados en este informe durante 2024”. También ha detallado que en ese ejercicio se han emitido y pagado ocho certificaciones por importe de 5,52 millones de euros, el 7% del importe adjudicado.

Además, ha explicado que esas certificaciones incluyen una estimación de mayor gasto por precios contradictorios de 7,2 millones de euros. Sobre el reparo suspensivo de la Intervención General del 26 de noviembre de 2025, incorporado al informe como hecho relevante, ha indicado que en él se señala la carencia de requisitos legales por razones de conveniencia, oportunidad, no imprevisibilidad o imposibilidad.

Cabeza ha señalado que todas las certificaciones expedidas y pagadas durante la tramitación tienen carácter provisional. Según ha explicado, será necesario ajustarlas o no en función de si finalmente se aprueba el proyecto modificado, sobre todo en lo referente a unidades de obra no previstas en el proyecto inicial o a aquellas que han tomado como referencia precios de la nueva propuesta.

En ese mismo sentido, el presidente de Comptos ha afirmado que ese reparo ha sido aceptado por el departamento y pondrá fin al procedimiento de modificación. También ha defendido que la decisión de corregir el trabajo del auditor ha sido “larga, meditada y difícil”, aunque ha insistido en que la asumió por responsabilidad y que no responde a ningún interés espurio para alterar el contenido del informe.

Sin embargo, Javier Esparza ha endurecido el tono contra el máximo responsable de la Cámara. El portavoz de UPN ha defendido la trayectoria del auditor y ha subrayado que se trata de “un buen profesional, con una trayectoria contrastada”, para después preguntar directamente a Cabeza si no ha valorado “dar un paso al lado porque es lo mejor para la institución”.

El dirigente regionalista ha centrado así su crítica en la eliminación de las salvedades de legalidad que figuraban en el informe inicial del auditor y que, a su juicio, podían resultar incómodas para el Ejecutivo foral. ¿Qué reprocha exactamente Esparza? Que el presidente de Comptos haya desactivado las conclusiones más delicadas del documento sobre Velate y haya dejado a la institución en una posición comprometida ante la opinión pública.

Por su parte, Ignacio Cabeza ha rechazado de plano esa acusación y ha defendido que la corrección del informe no fue una decisión unilateral. Según ha remarcado, estuvo respaldada por el resto de auditores y por la asesoría jurídica en pleno, y se adoptó con escrupuloso respeto al procedimiento establecido y con total transparencia.

Cabeza ha insistido además en que ni el resto de auditores ni la asesoría jurídica compartían las salvedades de legalidad planteadas por el auditor discrepante, salvo en el caso de los contratos sin cobertura. A su juicio, el tratamiento jurídico que hacía ese auditor era incorrecto y no se ajustaba a derecho, especialmente en lo relativo a las obras del túnel de Velate.

Sobre este punto, el presidente de Comptos ha recalcado que el informe de las Cuentas Generales no debía convertirse en un trabajo específico sobre Velate. También ha considerado improcedente incorporar numerosas cuestiones técnicas porque, según ha dicho, ni la Cámara ni el auditor ponente son competentes en esas materias y, además, la asesoría jurídica no aprecia ilegalidad, irregularidad ni perjuicio para los fondos públicos.

La portavoz del PPN, Irene Royo, ha respaldado parcialmente la línea crítica de UPN y ha señalado que, pese al esfuerzo por aparentar normalidad, las cuentas de 2024 han supuesto una verdadera convulsión en la Cámara. También ha afirmado que, aunque el presidente no haya presionado directamente al auditor, la institución sí lo ha hecho con comunicados oficiales y actos que, a su juicio, le han humillado y amedrentado.

Frente a esa visión, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha agradecido el trabajo de la Cámara de Comptos y ha acusado a UPN de convertir una discrepancia interna en un debate de confrontación absoluta. De hecho, ha llegado a reprochar a Javier Esparza que esté “arrastrando a la institución por el fango”.

También EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han rechazado las críticas lanzadas por UPN. Laura Aznal ha defendido que la discrepancia entra dentro de la normalidad y ha sostenido que el informe del auditor estaba plagado de subjetividades, mientras que Mikel Asiain ha señalado que el borrador carecía en algunos puntos del rigor y objetividad del informe definitivo.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha sido especialmente duro con UPN y ha acusado a la formación regionalista de desacreditar a cualquier persona con responsabilidad institucional cuando le interesa políticamente. En una línea distinta, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, sí ha considerado positiva la discrepancia y ha pedido directamente la dimisión del presidente de Comptos.

Con todo, la sesión ha dejado una idea clara en el debate político navarro: Javier Esparza ha situado en el centro de la polémica la figura de Ignacio Cabeza y ha convertido la defensa del auditor discrepante en una nueva ofensiva de UPN contra el Gobierno foral a cuenta del informe sobre Velate y las Cuentas Generales de Navarra de 2024.

En una comparecencia ante los medios, Sayas ha puesto el foco en la declaración de la esposa de Santos Cerdán, que compareció este jueves en la comisión de investigación. Según ha afirmado, acudió “a pesar de haber tratado de burlar al Senado en dos ocasiones” y estuvo “de cuerpo presente pero de explicaciones ausentes”.

El dirigente del PPN ha criticado que Francisca Muñoz se negara a declarar alegando que su marido está investigado. A su juicio, se escudó en “un precepto legal” que, según ha sostenido, “en nuestra opinión no la protege”.

Sayas ha defendido que Muñoz no comparecía en calidad de esposa de Santos Cerdán, sino como una “protagonista” de los informes de la UCO. Por eso, ha cuestionado que optara por no responder en la comisión de investigación del Senado.

Además, ha cargado contra el papel del PSOE durante la sesión. El secretario general del PPN ha asegurado que los socialistas actuaron como “abogado defensor” de Francisca Muñoz por “miedo” a Santos Cerdán.

En su intervención, Sergio Sayas ha ido más allá y ha afirmado que el exdirigente socialista “sabe mucho de la financiación del Partido Socialista y de las irregularidades que se estaban produciendo”. Con esas palabras, ha vinculado la actitud del PSOE en la comisión al temor a lo que Cerdán pueda conocer.

El diputado navarro también ha dirigido sus críticas contra María Chivite, secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra. Según ha asegurado, mantuvo “al menos nueve reuniones con Santos Cerdán” relacionadas con obra pública.

Por ello, Sayas ha exigido explicaciones inmediatas a la presidenta navarra. “Tiene que darnos explicaciones ya y tiene que dejar de escurrir el bulto”, ha señalado el dirigente del PPN al referirse a Chivite y a su relación con el ex secretario de Organización del PSOE.

La iniciativa pone el foco en varios datos concretos: el nuevo sistema exigiría cuatro años de residencia legal y efectiva en Navarra, estar en edad laboral y figurar como demandante de empleo para poder acceder. Además, la ayuda económica dejaría de ser el eje principal para convertirse, según ha explicado García, en “un instrumento” orientado a sacar a las personas de la exclusión.

Durante su comparecencia, Javier García ha cargado contra el funcionamiento de la actual renta garantizada. “Se acabó un sistema que cronifica la pobreza, que no está funcionando y que además ha generado descontrol”, ha afirmado.

El dirigente del PPN ha sostenido que durante años se ha gestionado esta prestación “como una máquina automática de transferir dinero, sin exigir resultados y sin ayudar de verdad a las personas a salir adelante”. A su juicio, el contexto ha cambiado con la implantación del Ingreso Mínimo Vital, que ya actúa como prestación base en toda España.

“Si el Estado ya garantiza un mínimo, Navarra tiene que centrarse en lo importante: que las personas salgan de la exclusión y entren en el mercado laboral”, ha señalado. En esa línea, la formación propone un modelo de inclusión activa en el que la ayuda quede vinculada a objetivos concretos.

La ley plantea que cada beneficiario tenga un itinerario personalizado. Según ha detallado García, en el plazo de un mes un técnico de empleo y un trabajador social evaluarían cada caso para definir un perfil y diseñar un plan de inclusión social y laboral.

Ese plan se formalizaría a través de un contrato entre la Administración y el beneficiario. El cumplimiento de ese acuerdo sería obligatorio para seguir cobrando la ayuda, de manera que, según el presidente del PPN, se pasaría de “un sistema pasivo a uno activo”.

“Vamos a ayudar a quien lo necesita, pero también vamos a exigir. Porque ayudar no es solo dar, es acompañar y también pedir responsabilidad”, ha afirmado Javier García. El dirigente popular ha insistido en que la finalidad de la norma es que la prestación sea “un trampolín hacia el empleo” y no una situación indefinida en el tiempo.

Desde el Partido Popular de Navarra han asegurado además que registran esta ley con voluntad de acuerdo con el resto de fuerzas políticas. García ha dicho que su grupo tiende la mano “a todos los grupos parlamentarios” para abrir un debate, mejorar el texto y tratar de alcanzar consensos.

El presidente del PPN ha remarcado también la dimensión económica de esta política. “Estamos hablando de una política que afecta a miles de personas y a más de 100 millones de euros públicos al año. Eso exige responsabilidad y altura política”, ha concluido.

La formación asegura que la escena vivida en la Cámara foral fue “bochornosa” y critica que los partidos que sostienen al Gobierno de Navarra, junto a Bildu, no hubieran planteado enmiendas ni modificaciones al texto. La moción fue finalmente rechazada con los votos en contra de PSN, Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y el apoyo del Partido Popular.

La iniciativa defendida por Emilio Jiménez instaba al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra a articular una respuesta conjunta frente a los incendios en el marco de un Sistema Nacional de Protección Civil. Entre otras medidas, la propuesta reclamaba una estrategia nacional coordinada que unificara protocolos y personal de bomberos y protección civil.

Además, la moción pedía equiparar la importancia de la prevención invernal con la extinción estival. También planteaba fomentar métodos tradicionales como el pastoreo extensivo, la limpieza de montes y la apertura de cortafuegos, así como impulsar un Plan Nacional del Agua con interconexión de cuencas y mantenimiento de infraestructuras hídricas.

Por otro lado, el texto defendía endurecer las penas previstas en el artículo 352 del Código Penal para quienes provoquen incendios forestales. Según el comunicado de VOX, esa batería de propuestas buscaba reforzar tanto la prevención como la capacidad de respuesta ante grandes fuegos.

En esa misma nota, VOX atribuyó a Emilio Jiménez la defensa de que “España es una de las naciones con mayor riesgo estructural de incendios forestales”. Según el comunicado de VOX, el parlamentario señaló que “el abandono del medio rural derivado de las políticas que destruyen la actividad económica del campo, la acumulación de biomasa que actúa como ‘gasolina’ para los incendios, la falta de gestión activa del monte y la creciente sobrerregulación climática han configurado un escenario de especial vulnerabilidad”.

Asimismo, siempre según el comunicado de VOX, Jiménez insistió en que “la experiencia acumulada demuestra que los incendios no se combaten exclusivamente en verano, sino principalmente durante el invierno”. En esa línea, defendió que “la prevención —a través de la limpieza de montes, el desbroce, la apertura y mantenimiento de cortafuegos, el aprovechamiento de la leña, el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y el fomento del pastoreo extensivo— constituye la herramienta más eficaz para reducir la intensidad y propagación de los fuegos”.

La formación también cargó contra lo que considera una gestión fragmentada por comunidades autónomas. Según el comunicado de VOX, Emilio Jiménez criticó que “fragmentar la gestión de un problema nacional en competencias y fronteras autonómicas no solo resulta insuficiente, sino que genera desigualdades en la prevención y en la capacidad de reacción entre zonas limítrofes, dificultando la coordinación y la eficacia operativa”.

VOX subrayó además que, durante el debate en el Parlamento de Navarra, ninguno de los grupos del Ejecutivo foral ni Bildu valoraron el contenido concreto de la moción. En su lugar, lamentó que sus intervenciones se centraran en descalificar al parlamentario proponente en una sesión marcada por el choque político sobre los incendios y su prevención.

La comparecencia ha terminado en un clima de tensión después de que Francisca Muñoz se haya negado a declarar. Durante la sesión, también ha mostrado su malestar al ser mencionada como “Paqui” y ha respondido con contundencia: “Yo me llamo Francisca Muñoz. La Paqui es despectivo y clasista”.

Según los datos expuestos en la comisión, el informe de la Unidad Central Operativa recoge decenas de miles de euros en gastos realizados con la tarjeta de Servinabar. Entre ellos figuran compras de muebles, ropa y otros artículos en El Corte Inglés, además de consumos en restaurantes y viajes.

En ese mismo contexto, se ha puesto sobre la mesa el contenido de unos mensajes atribuidos a Karmele Atutxa, mujer del socio Antxon Alonso. En esos wasaps, siempre según la información expuesta, se señalaba que “a la Paqui le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés”.

La senadora de UPN ha dirigido sus preguntas a esclarecer si Francisca Muñoz conocía el origen de ese dinero, vinculado presuntamente a comisiones derivadas de contratos públicos. También ha insistido en los movimientos asociados a la tarjeta y en los mensajes internos de la empresa que aparecen reflejados en la documentación.

Sin embargo, la compareciente ha rechazado responder. Ha alegado que su marido, Santos Cerdán, está investigado penalmente y que ella no dispone de información relevante sobre los hechos analizados en la comisión.

La sesión se ha ido tensando a medida que avanzaban las preguntas. Según el relato facilitado, Francisca Muñoz se ha mostrado visiblemente molesta, ha consultado su móvil durante parte de la intervención y ha terminado solicitando abandonar la sala por motivos de salud.

De este modo, han quedado sin respuesta las preguntas planteadas por María Caballero sobre los gastos atribuidos al matrimonio y sobre el supuesto tren de vida financiado con cargo a Servinabar.

El debate ha vuelto a colocar en el centro de la polémica al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, después de sus declaraciones de marzo sobre la Korrika, cuando defendió que las reivindicaciones que se expresan en ese contexto son “particulares” y desvinculó esos mensajes de la organización de la carrera. Aquellas palabras provocaron una fuerte reacción política y dieron pie a nuevas iniciativas de UPN y PP en torno a la financiación pública del evento. 

Durante el pleno, el concejal de UPN, Fernando Aranguren, ha cargado contra el alcalde por no haber rectificado con claridad. “Sus declaraciones fueron muy graves, señor Asiron. Usted no es un tertuliano, es el alcalde de Pamplona y representa a toda la ciudadanía”, ha afirmado, dentro de una intervención en la que ha vuelto a vincular la polémica a la presencia de imágenes y referencias a presos de ETA durante la carrera, según el relato expuesto por su grupo en el debate.

Aranguren también ha rechazado que lo ocurrido pueda despacharse como hechos aislados o espontáneos. “¿Eso también le da lo mismo que una camiseta del Alcoyano?”, le ha preguntado directamente al alcalde, en referencia a la comparación que Asiron hizo semanas atrás y que ya había sido duramente criticada por la oposición. 

En su respuesta, Asiron ha defendido de nuevo el apoyo institucional a la Korrika y al euskera. “Hay que apoyar al euskera, pero las reivindicaciones de cada uno son de cada uno", ha sostenido el alcalde, que ya había mantenido en marzo una línea similar al asegurar que las expresiones mostradas durante la carrera responden a posiciones individuales. 

La portavoz socialista Marina Curiel ha defendido la posición del PSN y ha insistido en que su formación mantiene el rechazo a cualquier exaltación del terrorismo, aunque se ha desmarcado de la propuesta planteada por UPN. “ETA ha sido un cáncer para nuestra democracia” y “la memoria democrática es un límite ético que no se negocia”, ha afirmado, antes de justificar el voto en contra al considerar que la iniciativa no buscaba reparar a las víctimas, sino alimentar la confrontación política.

Por su parte, el concejal del PP, Carlos García Adanero, ha centrado su intervención en exigir una respuesta clara de los grupos municipales. “¿Hubo exaltación del terrorismo? Sí o no. ¿Al alcalde le parece bien que un niño lleve la camiseta de un asesino? Esa es la pregunta. ¿Les parece normal al Partido Socialista?”, ha planteado durante una sesión en la que populares y regionalistas han coincidido en reclamar una condena más rotunda y consecuencias sobre la financiación pública.

El enfrentamiento político en Pamplona llega después de varias semanas de tensión por la Korrika. En marzo, UPN logró sacar adelante otra declaración con el apoyo de PSN y PP, mientras EH Bildu y Geroa Bai votaron en contra, en un precedente que ya reflejó la fractura política sobre este asunto en el Ayuntamiento. 

Además, la controversia ha saltado también a otras instituciones. Este mismo jueves, el Parlamento de Navarra ha rechazado una moción del PPN que pedía condenar de forma expresa la exhibición de pancartas, carteles, símbolos y fotografías de ETA durante la última edición de la Korrika, después de que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin votaran en contra.

La declaración defendida por UPN en el pleno de Pamplona reclamaba reprobar las palabras del alcalde, exigir disculpas y cumplir los acuerdos previos sobre la no financiación de la Korrika mientras no se condenen este tipo de episodios. Sin embargo, la mayoría formada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin ha impedido que prospere la propuesta en el Ayuntamiento de Pamplona. 

La comparecencia ha arrancado con retraso después de que la citada intentara acudir acompañada por dos abogados, una posibilidad que no ha sido aceptada en la comisión. Una vez en la sala, ha confirmado que no respondería a las preguntas y ha pedido abandonar el lugar por motivos de salud. 

La esposa del exdirigente socialista ya había faltado en ocasiones anteriores a su cita con la comisión del caso Koldo al alegar problemas de salud. De hecho, constan dos aplazamientos previos antes de esta nueva convocatoria en el Senado.

El presidente de la comisión, el senador del PP Eloy Suárez Lamata, no ha autorizado su salida inmediata de la sala. La sesión se ha desarrollado así en un clima de tensión política por una comparecencia esperada dentro de la investigación parlamentaria sobre el llamado caso Koldo.

El nombre de Francisca Muñoz Cano ha aparecido en informaciones relacionadas con la trama investigada, lo que había aumentado la expectación sobre su presencia en la comisión. Sin embargo, su decisión de no contestar ha dejado sin respuesta las preguntas planteadas por los grupos presentes en el Senado.

La propuesta también reclamaba retirar cualquier financiación pública a actos en los que se produzca enaltecimiento del terrorismo, apoyo o justificación de organizaciones terroristas o humillación a las víctimas. Además, planteaba destinar esos recursos a programas educativos sobre la historia de ETA, sus consecuencias y el respeto a las víctimas, así como dejar de adquirir kilómetros de la Korrika desde el propio Parlamento.

Durante el debate, el portavoz del PPN, Javier García, ha defendido que la moción hablaba de “respeto a las víctimas del terrorismo y de convivencia”. También ha denunciado como “especialmente dolorosa e inaceptable” la imagen de un menor con una camiseta del terrorista que asesinó a Tomás Caballero.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que estos hechos “se vienen reproduciendo año tras año” y ha pedido a EH Bildu que acabe con esa práctica. Desde Vox han calificado la Korrika como un “circo repugnante de exaltación del terrorismo”.

Sin embargo, el parlamentario del PSN Ibai Crespo ha condenado las imágenes de etarras “sin peros, sin matices, sin excusas”, aunque ha acusado al PPN de utilizar la moción como una “provocación calculada” para “criminalizar a decenas de miles de navarros” que participaron en la carrera. Así, los socialistas han rechazado respaldar la propuesta en los términos planteados por los populares.

Desde EH Bildu, Eneka Maiz ha defendido la Korrika como un evento cultural y ha acusado al PP de “euskarófobo”. Tanto Geroa Bai como Contigo-Zurekin han reconocido durante el debate que las fotos de asesinos son “una aberración”, pero aun así han votado en contra de las medidas concretas incluidas en la moción.

La iniciativa del PPN llegaba después de la polémica generada por la presencia de imágenes y símbolos vinculados a ETA durante la última edición de la Korrika. El texto pedía una condena institucional expresa y reclamaba además medidas para evitar que hechos similares puedan repetirse en futuras ediciones.

Además, la moción proponía que las administraciones públicas dejaran de destinar dinero a actividades en las que se produzcan actos de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. En paralelo, apostaba por redirigir esos fondos a acciones pedagógicas en centros públicos sobre la memoria del terrorismo en Navarra.

El debate ha vuelto a situar en el centro la financiación institucional vinculada a la Korrika, después de que el Parlamento de Navarra aprobara la compra de un kilómetro de la carrera. Ese respaldo económico fue cuestionado por los grupos que apoyaban la moción tras las imágenes difundidas durante esta edición.

La sesión también ha reflejado la distancia entre los grupos sobre cómo responder a este episodio. Mientras PPN, UPN y Vox han reclamado una condena expresa y medidas inmediatas, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han rechazado la moción y han impedido que saliera adelante en la Cámara foral.

El portavoz de VOX, Emilio Jiménez, ha votado en contra de la moción presentada por Carlos Guzmán y ha acusado a la izquierda de practicar una “memoria selectiva”. Durante su intervención, ha defendido que su formación apuesta por una lectura “completa” de la historia y ha enmarcado su rechazo en la crítica a lo que calificó como una iniciativa “revanchista”.

En ese contexto, Jiménez ha exhibido en el pleno una fotografía de Apolonia Lizárraga y Ochoa de Zabalegui, vecina de Lezaun, y ha relatado su muerte a manos de milicianos del POUM en la checa de San Elías, en Barcelona. El parlamentario ha utilizado ese episodio para contraponerlo al debate abierto por la moción y para poner el foco en víctimas de la violencia republicana durante la Guerra Civil, según ha trasladado VOX Navarra en una nota de prensa.

La moción debatida este 16 de abril había sido registrada por Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa y planteaba tres medidas concretas: un estudio exhaustivo sobre la actuación del Patronato de Protección a la Mujer en Navarra, un acto público de reconocimiento y reparación a las mujeres afectadas y la declaración de un emplazamiento vinculado a esa red como Lugar de la Memoria.

En su intervención, Jiménez también ha recordado que el Patronato tuvo antecedentes a comienzos del siglo XX y ha sostenido que fue reformado en diferentes etapas políticas hasta su desaparición en 1985. Además, ha aprovechado el debate para cargar contra las políticas de memoria y para vincular la discusión parlamentaria con otros problemas actuales que, a su juicio, afectan hoy a las mujeres en Navarra.

La resolución se ha conocido este 16 de abril de 2026 y se apoya en las mismas razones técnicas que ya utilizó el Ejecutivo foral un día antes en el caso de Arróniz. En ambos expedientes, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha considerado que parte de las autorizaciones aportadas no se ajustaban a la normativa, al corresponder a arrendatarios y no a titulares de las parcelas, como exige la Orden Foral 234/2025.

En el caso de Sesma, el Departamento de Economía Circular e Innovación ha revisado la documentación presentada y ha excluido aquellas autorizaciones que no cumplían con el requisito legal. Tras ese análisis, ha concluido que la planta de biometano no disponía de la superficie necesaria para gestionar los digestatos de forma ajustada a derecho.

Además, la decisión ha supuesto la terminación de los procedimientos de requerimiento previo y de los recursos de alzada presentados por la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma Stop Biometano, la agrupación LOIU de Lodosa, el colectivo Ecología y Libertad y el propio Ayuntamiento de Lodosa. El municipio de Sesma queda así como segundo escenario consecutivo en el que el Ejecutivo corrige una autorización vinculada a proyectos de este tipo.

La anulación de la planta de biometano de Sesma ha llegado después de que el Gobierno aplicara el mismo criterio en Arróniz, donde también suspendió cautelarmente la planta de biogás proyectada. En ese caso, el argumento técnico fue idéntico: la falta de una base territorial suficiente para la correcta aplicación agrícola de los digestatos.

La coincidencia política ha vuelto a situarse en el centro del debate. Tanto en Sesma como en Arróniz, los alcaldes pertenecen al PSN-PSOE, y la respuesta del Gobierno de María Chivite ha sido rápida y favorable a las objeciones planteadas desde esos municipios.

Sin embargo, ese mismo criterio no se ha trasladado a Tudela, donde el Ejecutivo mantiene la autorización ambiental para la ampliación de la planta de tratamiento de lodos y biogás de NILSA en la EDAR. Allí, el Ayuntamiento ha planteado reparos similares e incluso más amplios, según sostiene el propio consistorio.

Entre esas objeciones figuran la falta de autorización expresa del propietario de los terrenos, la posible invasión de competencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la cercanía de la instalación a viviendas situadas a menos de un kilómetro y los posibles efectos medioambientales sobre el sector agrícola de la Ribera. Pese a ello, el proyecto de Tudela sigue adelante.

Mientras en Arróniz y Sesma el Gobierno ha actuado para corregir el déficit de base territorial, en Tudela el Ayuntamiento se ha visto obligado a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El recurso contencioso ya ha sido admitido a trámite y mantiene abierto el pulso judicial sobre la actuación del Ejecutivo foral.

También la CHE ha exigido rectificar la autorización al considerar que invadía sus competencias en materia de vertidos. Aun así, el Departamento de Medio Ambiente ha optado por introducir un cambio formal en el tipo de autorización, pero sin suspender el proyecto de la capital ribera.

Este contraste ha reactivado las críticas de la oposición y de parte de la ciudadanía de la Ribera navarra, que hablan de agravio territorial y de una doble vara de medir. La queja se centra en que el Gobierno habría mostrado más rapidez y rigor técnico en municipios con alcaldes socialistas, mientras que en Tudela, gobernada por Alejandro Toquero de UPN, la reacción ha sido distinta.

En Arróniz, la suspensión llegó tras un acuerdo elevado al Consejo de Gobierno. En Sesma, la anulación de la planta de biometano se ha producido de forma inmediata tras la estimación del recurso de alzada. En Tudela, en cambio, el procedimiento continúa en los tribunales y la autorización sigue en vigor.

El caso ha cobrado aún más relevancia después de la reciente decisión sobre Arróniz. Si la falta de respaldo documental sobre los terrenos ha sido suficiente para frenar proyectos en municipios como Sesma, el Ayuntamiento de Tudela sostiene que el mismo celo no se está aplicando en una actuación que considera incluso más sensible por su impacto ambiental y social.

Por el momento, el Gobierno de Chivite no ha ofrecido una explicación pública sobre esta diferencia de criterio entre Sesma, Arróniz y Tudela, tres municipios navarros en los que el debate sobre el biometano, el biogás y los lodos ha acabado abriendo un frente político y judicial.

La falta de urgencia del Departamento de Derechos Sociales contrasta con la realidad contable de los ayuntamientos. La alcaldesa de Castejón, Noelia Guerra (UPN), ha dado la voz de alarma al revelar que su residencia genera una pérdida anual de 1,2 millones de euros sobre un gasto total de 2 millones. Según sus propias palabras, la situación es tan extrema que "si fuera una empresa privada, estaría en concurso voluntario".

Este escenario de quiebra técnica se repite en toda la geografía foral. Localidades como Erro, Betelu, Sangüesa u Ochagavía llevan tiempo alertando de que no pueden sostener económicamente sus centros.

Además, la patronal LARES Navarra, a través de su presidente Eduardo Mateo Miranda, ha advertido del riesgo inminente de colapso en las residencias gestionadas por entidades locales y sin ánimo de lucro.

Y es que, los ayuntamientos y los gestores consideran que el actual modelo de financiación es insuficiente para cubrir los costes reales, especialmente tras las subidas salariales del sector, un esfuerzo que están asumiendo los ayuntamientos de forma indebida.

En respuesta al Partido Popular, la consejera María Carmen Maeztu ha reconocido que todavía se está elaborando el borrador del contrato y que ni siquiera se ha fijado el módulo de precio por plaza. El Gobierno condiciona este precio a la existencia o no de un convenio sectorial autonómico, un proceso que sigue dilatando la solución definitiva.

Mientras el Gobierno de Chivite se toma su tiempo para diseñar pliegos que tendrán una vigencia de 4 años, los municipios ven cómo sus presupuestos se desangran para mantener un servicio que es competencia del Ejecutivo foral. La sensación de abandono en el medio rural crece, ante el temor de que la inviabilidad económica de los centros acabe forzando el traslado de los mayores fuera de sus pueblos.

El ajuste afecta a las aulas de 3, 4 y 5 años y se ha aprobado en la Comisión de Conciertos Educativos celebrada en Pamplona. Según los criterios trasladados por Educación, la reducción responde al menor número de escolares y a la intención de evitar una oferta sobredimensionada, con ratios medias fijadas en 17 alumnos en Pamplona y comarca y 15 en el resto de Navarra.

La decisión tendrá impacto en 14 colegios concertados de Navarra, situados en Pamplona y su comarca, así como en localidades de la Ribera y la Zona Media. Entre los centros afectados figuran San Cernin, La Compasión, Nuestra Señora del Huerto y Sagrado Corazón en Pamplona, además de Luis Amigó en Mutilva, Escuelas Pías de Tafalla, Santa Ana de Estella, La Milagrosa de Lodosa y Nuestra Señora de los Dolores de Mendavia. También se verán afectadas varias ikastolas, como San Fermín de Cizur Menor, Labiaga de Bera, Tantirumairu de Lesaca, Ibaialde de Lodosa y Lizarra de Estella. 

Educación ha defendido que no se concertarán unidades donde no exista demanda suficiente y ha apuntado que habrá excepciones en algunos supuestos, como los centros con alumnado vulnerable, aquellos que sean la única oferta de un modelo lingüístico en su localidad o los necesarios para atender la matrícula sobrevenida. Aun así, la reducción de aulas en Navarra ha provocado la reacción de UPN, que ha elevado el tono contra la medida. 

La formación foralista ha calificado la reducción de los conciertos educativos como “no solo un recorte de medios y recursos, sino un atentado a la libertad” de las familias navarras para elegir la educación de sus hijos e hijas. En respuesta, ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para “blindar la libertad de elección de las familias y el peso y la estabilidad de la enseñanza concertada” en la Comunidad foral.

Dentro de esa iniciativa, UPN quiere incluir una moratoria de un año en la aplicación de la reducción prevista en el artículo 44 del Decreto Foral 416/1992, que regula los conciertos educativos en Navarra. El partido sostiene que la bajada de la natalidad debería haberse aprovechado para reconfigurar el mapa educativo navarro con criterios de calidad, en lugar de limitar grupos y reducir la capacidad de respuesta de los centros.

Los regionalistas han asegurado además que sindicatos de la red pública y de la concertada ya habían advertido de que el descenso demográfico podía servir para adaptar el sistema a una realidad cambiante. Sin embargo, han criticado que el Departamento de Educación no haya escuchado a la comunidad educativa y haya optado por una medida que, a su juicio, perjudica directamente a las familias.

UPN también ha advertido de que el impacto no será temporal. Según ha señalado, la decisión condena a 14 centros a limitar su capacidad de respuesta no solo durante un curso, sino a lo largo de todo el ciclo educativo obligatorio, ya que aunque la demanda se recupere más adelante, esos grupos de edad ya no volverán a contar con nuevas aulas durante su recorrido escolar.

Además, la formación ha mostrado su temor a que la reducción de los conciertos educativos en Navarra no se quede ahí. En este sentido, ha criticado que los socios del Gobierno de María Chivite hayan firmado en su acuerdo la imposibilidad de aumentar grupos actuales en la enseñanza concertada aunque exista demanda, una circunstancia que, según ha denunciado, agravaría todavía más la pérdida de aulas.

Junto a la proposición de ley, UPN ha avanzado que reclamará la apertura de un diálogo dentro de la comunidad educativa y la elaboración de un estudio “serio” basado en parámetros reales. El objetivo, según ha explicado, pasa por buscar soluciones que respeten las decisiones de las familias, contribuyan a la estabilización del empleo y mantengan la calidad de un sistema educativo que consideran referente nacional por su inclusión e innovación.

A la ofensiva política abierta por UPN se ha sumado también el Partido Popular de Navarra. Su presidente, Javier García, ha denunciado este 16 de abril de 2026 que la reducción de los conciertos educativos supone un “grave ataque a la libertad educativa” y ha acusado al Gobierno de María Chivite de recortar derechos de miles de familias navarras.

El dirigente del PPN ha asegurado que la decisión no responde a un simple ajuste técnico derivado de la bajada de la natalidad, sino a una estrategia con un claro componente ideológico. A su juicio, se trata de una reducción deliberada de recursos que golpea de forma directa a la educación concertada y limita la capacidad de los centros para responder a la demanda existente en Navarra.

García ha advertido de que el cierre de aulas en 14 centros educativos tendrá efectos a largo plazo, ya que restringirá su oferta durante todo el ciclo obligatorio. Según ha explicado, eso puede traducirse en unos 13 años con menor capacidad para acoger alumnado, incluso en el caso de que la demanda vuelva a crecer en el futuro.

Además, ha sostenido que la medida tiene un carácter estructural, porque las aulas que ahora se eliminen difícilmente podrán recuperarse más adelante. En este sentido, ha calificado la decisión de “sectaria e injusta” y ha insistido en que no solo suprime unidades, sino que impide su recuperación futura, con consecuencias directas para las familias y para la calidad del sistema educativo navarro.

El presidente del PP navarro ha defendido además que la caída de la natalidad no debería resolverse con la desaparición de aulas, sino con una adaptación de las ratios por clase para optimizar recursos sin reducir la oferta. También ha recordado que el Gobierno foral ha planteado destinar el superávit presupuestario de 2024 a inversiones y otros gastos, por lo que considera que existe margen para reforzar la educación en lugar de recortarla.

Ante esta situación, García ha avanzado que el Partido Popular de Navarra está analizando jurídicamente la posibilidad de presentar una proposición de ley para garantizar la estabilidad de las líneas en la enseñanza concertada. Con esa iniciativa, ha explicado, busca aprovechar los recursos disponibles, reforzar la calidad del sistema y respetar la libertad de elección de las familias navarras.

En concreto, el Partido Popular ha presentado una moción tratando de buscar un posicionamiento político de los grupos. En la misma, solicita que el Parlamento de Navarra muestra su máxima repulsa y condena de la exhibición de pancartas, carteles, símbolos y expresiones de enaltecimiento de miembros de la organización terrorista ETA producidas durante el desarrollo de la Korrika.

Por otro lado, Una moción presentada por UPN pedirá "aprobar, con carácter urgente, un paquete extraordinario y específico de medidas de apoyo al sector primario y a la industria agroalimentaria".