El trabajo ha detectado un aumento de los insultos y descalificaciones, un mayor uso de la división entre "nosotros" y "ellos" y unos llamamientos al diálogo que, en muchos casos, han tenido un componente más estratégico que orientado a alcanzar acuerdos reales.

La investigación ha sido firmada por Aurken Sierra, Jordi Rodríguez-Virgili y Clara González-Tosat, investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Para elaborar el estudio han combinado la lectura manual de las actas parlamentarias con herramientas automatizadas de análisis de texto.

En total, el equipo ha estudiado 83 intervenciones de once candidatos en los 11 debates y 21 sesiones de investidura celebrados entre los años 2000 y 2023. Entre los políticos analizados figuran José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Durante el periodo de bipartidismo, entre 2000 y 2011, los candidatos solían dirigir sus intervenciones al conjunto de la Cámara y realizaban llamamientos al acuerdo que trascendían las siglas de los diferentes partidos. Ese modelo ha comenzado a cambiar de forma clara a partir de 2015.

La irrupción de Ciudadanos y Podemos y, posteriormente, la entrada de Vox han modificado ese equilibrio. Desde entonces, los investigadores han comprobado que los discursos se han articulado cada vez más en torno a la división entre "nosotros" y "ellos".

También se han disparado las referencias explícitas a "izquierda" y "derecha". El estudio ha documentado además la aparición de expresiones como "extrema derecha" y "extrema izquierda", que no figuraban en los debates de investidura analizados antes de 2015.

A ello se ha sumado un incremento de los términos descalificadores dirigidos contra los adversarios políticos, especialmente desde 2019. Entre las expresiones localizadas por los investigadores aparecen palabras como "enemigos", "fascistas", "traidores" o "ministros de la dictadura".

Uno de los resultados que más ha llamado la atención de los autores es lo que han denominado "la paradoja del diálogo". Las referencias a "acuerdo" y "pacto" alcanzaron su máximo histórico precisamente en las investiduras fallidas de 2016, cuando los candidatos eran conscientes de que no disponían de los apoyos necesarios.

Para los investigadores de la Universidad de Navarra, este comportamiento apunta a que muchos llamamientos al consenso han funcionado más como mensajes dirigidos a la opinión pública que como intentos efectivos de negociación entre los partidos.

La polarización política también se ha trasladado a la propia dinámica del hemiciclo. Desde 2016 se ha producido un notable incremento de los aplausos, protestas y murmullos durante las intervenciones de los candidatos.

Los autores consideran que el Congreso se ha convertido así en un escenario en el que los grupos parlamentarios muestran en tiempo real su lealtad hacia los propios y su rechazo hacia el adversario. Esa evolución ha reforzado la dimensión identitaria de los debates.

"Los debates de investidura no son intrínsecamente confrontacionales; su función institucional es generar confianza parlamentaria", ha explicado Aurken Sierra, investigador de la Facultad de Comunicación y autor principal del estudio.

Sierra ha señalado que los datos muestran que, desde la fragmentación del sistema de partidos, los debates se han ido llenando de un lenguaje "cada vez más identitario y menos orientado al acuerdo real". A su juicio, el discurso parlamentario se ha polarizado incluso en citas teóricamente menos confrontacionales como las investiduras.

La investigación lleva por título "Polarización política y ruido en los debates de investidura en España (2000-2023)" y ha sido publicada en el número 31(1) de la revista Historia y Comunicación Social, de Ediciones Complutense.

El equipo ha aplicado una codificación manual basada en la metodología de análisis de contenido de Bardin y la ha combinado con procesamiento de lenguaje natural en Python. Esta metodología ha permitido cuantificar y validar a gran escala los patrones que previamente habían sido detectados de forma cualitativa en las actas del Congreso.

La información ha generado una fuerte preocupación en la Ribera después de que fuentes del propio hospital, trabajadores y distintos profesionales sanitarios hayan alertado de las consecuencias que está teniendo esta organización. Desde mayo, la ambulancia que permanecía durante la noche en Tudela tiene que desplazarse a las 23 horas a Pamplona, donde establece su base hasta la mañana siguiente.

Toquero exige al Gobierno que explique qué recursos quedan en Tudela

Toquero ha considerado “muy preocupante” la situación y ha reclamado al Ejecutivo foral que detalle exactamente cómo se está prestando el servicio. “Lo primero que exigimos al Gobierno de Navarra es que ofrezca explicaciones de inmediato y aclare exactamente cómo se está organizando este servicio y qué recursos están disponibles en Tudela durante la noche”, ha señalado.

El alcalde ha puesto como ejemplo y su principal preocupación en los pacientes más vulnerables. Como ha adelantado este medio, personas mayores, dependientes o con movilidad reducida están sufriendo largas esperas para abandonar el Hospital Reina Sofía una vez que han recibido el alta, al no poder regresar a sus domicilios o residencias por sus propios medios.

Profesionales que trabajan en el centro han explicado que estos pacientes necesitan transporte sanitario por sus condiciones físicas. En numerosos casos requieren camillas, sillas de ruedas o asistencia de los técnicos para acceder posteriormente hasta sus viviendas o habitaciones.

Toquero se ha mostrado especialmente alarmado por estos testimonios. “Cuesta entender que la única ambulancia que daba servicio a la Ribera tenga que desplazarse ahora hasta Pamplona y regresar de nuevo —a veces de forma continuada durante toda la noche— cuando se requiere su servicio, con el tiempo de espera que ello supone”, ha advertido.

Esperas de varias horas en las Urgencias del Reina Sofía

Distintas fuentes conocedoras del funcionamiento del Hospital Reina Sofía han relatado a este medio que la nueva organización está provocando situaciones difíciles de entender. Cuando se produce un alta nocturna en Tudela, la ambulancia debe desplazarse desde Pamplona hasta la Ribera, incluso aunque previamente haya estado prestando servicio en la zona.

Trabajadores del hospital han señalado que, en las mejores circunstancias, este sistema puede obligar al paciente a esperar alrededor de una hora y media. Sin embargo, otros profesionales han conocido casos en los que la demora ha alcanzado cuatro y hasta cinco horas cuando la ambulancia se encontraba ocupada con otro servicio.

El problema se agrava porque el vehículo no puede permanecer en Tudela después de completar determinados traslados. Fuentes vinculadas al servicio han explicado que, aunque realice un desplazamiento desde el Reina Sofía hasta una localidad cercana como Cascante, debe volver posteriormente a Pamplona.

Personal sanitario ha relatado incluso situaciones en las que la ambulancia ha completado un servicio en la Ribera, ha recorrido nuevamente el trayecto hacia Pamplona y, nada más llegar, ha tenido que regresar a Tudela para atender otra alta.

Es precisamente esta organización la que ha provocado una de las críticas más contundentes de Toquero. El alcalde ha recordado que se ha eliminado una de las dos ambulancias nocturnas que operaban en Pamplona y que, posteriormente, se ha trasladado hasta la capital navarra el recurso que permanecía en Tudela.

“Resulta difícil entender que se elimine una de las dos ambulancias nocturnas de Pamplona y que a continuación se traslade allí la de Tudela”, ha señalado el alcalde mientras espera una explicación oficial del Departamento de Salud.

Toquero ha ido todavía más lejos: “Parece un juego de trileros pensar que el resultado final acabe siendo que Pamplona mantiene los dos vehículos, a costa de que la Ribera pierda el suyo. Los usuarios de Tudela y de la Ribera tienen derecho a saber con qué recursos sanitarios cuentan y dónde están ubicados”.

Mayores y dependientes esperando en los pasillos

El impacto más visible se está produciendo dentro de las Urgencias. Profesionales del Reina Sofía han explicado que las demoras obligan en ocasiones a ancianos y personas dependientes a permanecer durante horas en sillas de ruedas o camillas después de que los médicos hayan autorizado ya su salida.

Otros trabajadores consultados han advertido de que la situación se complica cuando no quedan plazas disponibles en las unidades de observación de corta estancia. Durante el verano, además, el cierre de camas ha reducido el margen para poder acomodar a estos pacientes mientras esperan el transporte.

El personal de primera línea también está sufriendo las consecuencias. Enfermería, auxiliares y administrativos son quienes tienen que explicar a los pacientes y familiares por qué no llega la ambulancia, pese a que no tienen ninguna responsabilidad sobre la ubicación de los vehículos.

Fuentes profesionales consultadas han descrito una creciente frustración porque las quejas de los usuarios terminan recayendo en los trabajadores del hospital, mientras la decisión sobre la organización del transporte sanitario se adopta fuera del propio centro.

Toquero une la polémica con las urgencias nocturnas de Fustiñana

El alcalde de Tudela ha vinculado además esta situación con otra de las decisiones sanitarias que han generado críticas en la Ribera: el cierre nocturno de las urgencias de Fustiñana.

“Entre esto y el cierre nocturno de las urgencias nocturnas de Fustiñana, parece que en el Gobierno de Navarra se han empeñado en privarnos hasta del derecho a enfermar durante la noche”, ha afirmado Toquero.

El alcalde ha elevado todavía más el tono contra el Ejecutivo foral: “Basta ya de faltarnos al respeto e insultar nuestra inteligencia. Urge una explicación del Gobierno foral, porque en la Ribera ya no cabe, ni vamos a tolerar, un solo agravio más”.

La declaración de Entrecanales está señalada para las 10:00 horas y se producirá dentro de la fase de instrucción, por lo que la comparecencia judicial no tendrá carácter de audiencia pública.

El procedimiento se ha abierto después de la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal, a raíz de la documentación remitida por el Parlamento de Navarra. La Fiscalía ha considerado que las dos ausencias del presidente de Acciona podrían constituir un presunto delito de desobediencia por no atender los requerimientos realizados desde la Cámara foral.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra había citado a José Manuel Entrecanales en dos ocasiones durante este año. La primera comparecencia estaba fijada para el 20 de enero de 2026 y la segunda para el 9 de febrero, pero el presidente de Acciona no acudió personalmente a ninguna de ellas.

La comisión pretendía que Entrecanales explicara su conocimiento sobre licitaciones, adjudicaciones y procedimientos administrativos en los que hubiera intervenido Acciona en relación con obras realizadas o financiadas por el Gobierno de Navarra durante las cuatro últimas legislaturas.

Entre los contratos examinados se encuentra la adjudicación de las obras del túnel de Belate, un proyecto al que Acciona concurrió en una UTE junto a Osés Construcción y Servinabar. Esta última empresa ha sido relacionada presuntamente con Santos Cerdán.

Antes de la primera convocatoria, Acciona había solicitado que se reconsiderara la pertinencia de citar directamente al presidente de la compañía. Posteriormente comunicó que Entrecanales no acudiría porque se encontraba fuera de España debido a un "compromiso ineludible e inaplazable" y anunció que enviarían a otros responsables de la empresa.

El 20 de enero se presentaron en el Parlamento de Navarra Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona, y José Julio Figueroa, director general de Asesoría Jurídica.

Sin embargo, la comisión no les permitió intervenir porque ninguno de los dos había sido formalmente citado. El órgano parlamentario mantuvo que la persona requerida para dar explicaciones era José Manuel Entrecanales.

Tras aquella primera ausencia, la comisión volvió a convocar al presidente de Acciona para el 9 de febrero de 2026. Además, le pidió que justificara los motivos por los que no había asistido a la primera sesión.

Entrecanales tampoco acudió en esa segunda ocasión. De nuevo se desplazaron hasta Pamplona representantes de la compañía, pero la comisión mantuvo su posición y reiteró que la citación estaba dirigida personalmente al presidente de Acciona.

Un día después de esa segunda incomparecencia, el 10 de febrero, la comisión de investigación acordó trasladar lo ocurrido a la Fiscalía. El expediente pasó así del ámbito parlamentario a una posible investigación penal.

La Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra solicitó posteriormente, el 25 de marzo, la apertura de diligencias al apreciar indicios de un posible delito contra las instituciones del Estado.

El procedimiento ha terminado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, que ha acordado citar a José Manuel Entrecanales para declarar como investigado este viernes 4 de septiembre.

La decisión judicial ha sido comunicada tanto a la Mesa del Parlamento de Navarra como a la propia comisión de investigación que había reclamado en dos ocasiones la presencia del presidente de Acciona.

Acciona ha defendido durante todo este procedimiento una interpretación diferente a la mantenida por la comisión parlamentaria. La compañía entiende que la citación debía considerarse dirigida a la sociedad mercantil y no personalmente a José Manuel Entrecanales.

Además, la empresa ha argumentado que, en caso de tener que comparecer un representante empresarial, la convocatoria debería haberse dirigido a Acciona Construcción, ya que esta fue la sociedad que participó en la UTE adjudicataria de las obras objeto de investigación.

La compañía también se ha opuesto a que las incomparecencias fueran trasladadas a la Fiscalía, al considerar que no se cumplían los requisitos legales necesarios para adoptar esa decisión.

Acciona ha mantenido asimismo que ha existido voluntad de colaboración con el Parlamento de Navarra, puesto que en las dos convocatorias ofreció que otros representantes y directivos de la compañía acudieran a explicar su participación en los procedimientos analizados.

La declaración coloca también el foco sobre el Gobierno de María Chivite, cuyo Ejecutivo depende en el Parlamento de Navarra del respaldo de EH Bildu para sacar adelante buena parte de sus iniciativas. La coalición abertzale ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una respuesta basada en la acogida y ha incluido expresamente a "Euskal Herria" entre los territorios dispuestos a asumirla.

Durante su intervención en el pleno del Congreso, Mertxe Aizpurua ha defendido que la sociedad vasca comparte unos valores que, en su opinión, se encuentran alejados de los planteamientos de la derecha española.

“La ciudadanía vasca comparte valores muy alejados del odio, del racismo, del clasismo, el egoísmo y de esos valores reaccionarios que promueven las derechas españolas. Por eso, una vez más y como ya ha hecho en otras ocasiones Euskal Herria, nuestro pueblo acogerá a estas personas y a los menores de edad”, ha afirmado.

Las palabras de la portavoz de EH Bildu abren así la puerta a que Navarra pueda asumir la llegada de nuevos menores migrantes procedentes de Ceuta. La cuestión afecta directamente al Ejecutivo foral, encargado de gestionar los recursos de protección de menores en la Comunidad foral.

El posicionamiento resulta especialmente relevante por el papel que la formación abertzale desempeña en la política navarra. María Chivite gobierna con el respaldo de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que Bildu se ha convertido en un apoyo determinante para la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo.

De este modo, la petición realizada desde el Congreso podría trasladar al Gobierno de Navarra una nueva decisión sobre la distribución y acogida de menores extranjeros no acompañados. EH Bildu ha situado la acogida como una cuestión de valores y ha señalado a Euskal Herria como un territorio dispuesto a recibirlos.

También existe otro elemento que alimenta el debate en Navarra. Muchos de los municipios navarros gobernados por EH Bildu no cuentan actualmente con recursos destinados específicamente a albergar a menores migrantes no acompañados, mientras la gestión y financiación de estos dispositivos corresponde principalmente al Gobierno foral.

La situación se ha hecho especialmente visible durante los últimos meses en Artica, en Berrioplano, donde vecinos han protestado por la existencia de recursos destinados a menores y por las condiciones administrativas de algunos inmuebles utilizados para este fin. Entre las críticas planteadas se encuentra la falta de licencias municipales de determinados centros.

El Gobierno de María Chivite ha ido habilitando y financiando diferentes recursos para atender a estos menores en varios puntos de Navarra. La apertura de nuevos dispositivos ha generado también debate por su impacto en los servicios sociales, la ubicación de los centros y la respuesta de los municipios afectados.

La formación ha lamentado este jueves, 3 de septiembre de 2026, los incidentes registrados durante la movilización y ha defendido que los periodistas deben poder desarrollar su trabajo con normalidad. El partido también ha reivindicado el carácter “masivo y cívico” de las concentraciones celebradas en diferentes puntos de Navarra.

Desde el PP de Navarra han asegurado que este tipo de comportamientos “no tiene cabida en democracia”. La formación ha subrayado que la libertad de prensa es fundamental y que los profesionales de la comunicación deben poder ejercer su labor “con tranquilidad y sin que nadie les impida hacer su trabajo”.

“Por eso queremos mostrar todo nuestro apoyo a los profesionales de la comunicación que trabajan en nuestra comunidad”, han señalado desde el partido tras los hechos ocurridos en la concentración de Pamplona.

Los populares han querido diferenciar lo sucedido con el equipo de TVE del comportamiento general de las personas que participaron en las movilizaciones. “La actuación de un grupo muy minoritario no representa al conjunto de los asistentes ni define el movimiento masivo y cívico que se vivió ayer en Navarra”, han afirmado.

Según ha destacado el partido, las concentraciones se han desarrollado en distintos municipios de la Comunidad Foral. “De Leitza a Tudela, pasando por Pamplona, las concentraciones reunieron a ciudadanos que quisieron mostrar su solidaridad y afecto al pueblo de Ceuta y defender la integridad de nuestro país”, han explicado.

El PP de Navarra también ha interpretado las movilizaciones como un mensaje dirigido a los gobiernos de María Chivite y Pedro Sánchez. La formación ha vinculado las protestas con sus críticas a ambos ejecutivos por su gestión política y migratoria.

“Ayer Navarra alzó la voz en apoyo a Ceuta. Fue un grito de solidaridad y también un mensaje claro a los gobiernos de Chivite y de Sánchez: la gente está harta de las mentiras, de la corrupción y de la mala gestión en materia migratoria”, han señalado los populares.

La formación ha agradecido además la participación de quienes acudieron de forma pacífica a las concentraciones para expresar su respaldo al pueblo ceutí. A juicio del partido, los incidentes registrados con los profesionales de la prensa no deben identificarse con el conjunto de quienes participaron en las movilizaciones.

“Los comportamientos que condenamos no representan a las miles de personas que se movilizaron de forma cívica. Navarra dio una respuesta contundente y ese mensaje sigue teniendo toda su fuerza, aunque les pese a los gobiernos de Navarra y de España”, han afirmado.

El partido ha asegurado que continuará defendiendo esta posición tras las concentraciones celebradas en apoyo a Ceuta. “Desde el Partido Popular seguiremos defendiendo esta reivindicación legítima”, ha concluido la formación.

Curiel ha cargado contra la oposición acusándola de "bailar el agua" a la crispación por acudir a una protesta donde se protesto contra Pedro Sänchez. Según la dirigente del PSN de Pamplona, quienes ostentan una responsabilidad pública "deben ser especialmente exigentes con los límites del respeto democrático", reclamando a regionalistas y populares una condena pública para no alimentar lo que califica como una "batalla de trincheras" en la ciudad.

Silencio absoluto ante los homenajes y marchas de la izquierda abertzale

Sin embargo, la vehemencia y el nivel de exigencia democrática que exhiben los socialistas contra la oposición parlamentaria chocan de frente con su actitud ante las actuaciones de sus socios de gobierno. Curiel y la dirección del PSN evitan de forma sistemática exigir explicaciones o pedir condenas cuando los concejales y altos cargos de EH Bildu —formación que sostiene a Chivite en el Gobierno foral y a Asiron en la alcaldía de Pamplona— participan abiertamente en actos de apoyo a los presos de la banda terrorista ETA o en convocatorias que reclaman su amnistía e impunidad.

Este doble rasero busca desviar la atención del masivo descontento popular vivido ante las puertas de la Casa Consistorial. Mientras el PSN criminaliza la presencia de ediles democráticos en una marcha cívica que denunciaba el descontrol migratorio y la inseguridad, ampara sin ningún tipo de reproche el protagonismo de sus socios abertzales en actos que humillan de forma reiterada la memoria de las víctimas del terrorismo en las propias calles de Navarra.

El diputado de UPN por Navarra ha lanzado estas críticas durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde el presidente ha dado explicaciones sobre los últimos acontecimientos en Ceuta. “Asaltan suelo español y el presidente huye de Moncloa”, ha afirmado Catalán durante su intervención.

El parlamentario regionalista ha preguntado a Sánchez “qué chantajes o acuerdos tendrán con Marruecos que todo huele a podrido”. También ha reprochado al Ejecutivo que no convocara un Consejo de Ministros en Ceuta presidido por el jefe del Estado.

A juicio de Catalán, una reunión de estas características habría permitido trasladar “el mensaje, claro y contundente, de que Ceuta y Melilla son España y que los ceutíes no están solos”. Frente a ello, ha considerado que el Gobierno optó por una “pasarela por Ceuta inútil” y por “alabar su gestión”.

El diputado de UPN ha acusado además al Ejecutivo de no haber realizado “ni autocrítica ni pedir perdón” y de no haber respondido a las preguntas planteadas sobre la crisis. También ha reclamado una posición más firme ante Marruecos.

Catalán ha denunciado la existencia de “un Gobierno incapaz de garantizar el control de nuestras fronteras y la defensa y seguridad de España y los españoles”. Durante su intervención ha mencionado las consecuencias de la crisis de Ceuta, con “decenas de muertos, violaciones, robos...”, y ha responsabilizado políticamente de la situación a los gobiernos de España y Marruecos.

El representante regionalista ha cargado especialmente contra la actuación de varios ministros. Sobre el titular de Interior, ha asegurado que se ha mostrado “sumiso al agresor” y que “en otro país estaría cesado o dimitido”.

También se ha referido al ministro de Asuntos Exteriores, al que ha reprochado que fuera “veloz para llamar a consultas al embajador de Italia” pero, en su opinión, no haya actuado de la misma manera con la representación diplomática de Marruecos. “¿Miedo o cobardía?”, ha preguntado Catalán desde la tribuna.

El diputado ha recordado además que miembros del Gobierno proclamaron inicialmente que todos los participantes en el asalto iban a ser expulsados “de manera inmediata”. Sus críticas se han extendido igualmente a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

“Señora Robles, mejor irse del Gobierno con la cabeza alta que seguir arrodillada y despreciada por sus compañeros”, ha manifestado Catalán. El parlamentario de UPN ha aludido así a las declaraciones de la ministra sobre las advertencias previas relacionadas con el asalto a Ceuta.

También ha cuestionado al ministro Óscar Puente, del que ha asegurado que “hizo el ridículo” al afirmar: “Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez”. Catalán ha utilizado estas declaraciones para insistir en su crítica a la respuesta ofrecida por el Ejecutivo.

Durante su intervención en el Congreso, el diputado navarro ha cuestionado además las relaciones del Gobierno con Marruecos. “Nada pasa en Marruecos sin el permiso de su gobierno. Y lo saben”, ha afirmado.

Catalán ha recordado asimismo que diferentes responsables socialistas han reconocido, según ha indicado, deficiencias en la respuesta a la crisis. Ha citado a la ministra de Defensa, al presidente de Castilla-La Mancha y al vicepresidente de la Asamblea de Ceuta.

“La ministra de Defensa, el presidente de Castilla-La Mancha y el vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, los tres socialistas, han reconocido que se actuó tarde y mal”, ha sostenido el representante de UPN.

El diputado también ha reprochado al Gobierno que, a su juicio, no reaccionara ante las declaraciones del ministro de Justicia marroquí sobre la españolidad de Ceuta y Melilla. Igualmente, ha mencionado la supuesta presencia de espías en consulados marroquíes en España.

Catalán ha dedicado otra parte de su intervención a la política migratoria. Ha afirmado que “la inmigración es un negocio para las bandas de traficantes y para el Gobierno marroquí” y ha incluido en esa afirmación la gestión relacionada con los menores extranjeros no acompañados.

“La política de inmigración de este Gobierno ha fracasado y nuestros socios en Europa nos detestan”, ha añadido el diputado regionalista, que ha mantenido sus críticas contra la gestión del Ejecutivo central durante toda su intervención.

Por último, Catalán ha acusado a Sánchez y a su Gobierno de haber “traicionado a las víctimas del terrorismo y a los saharauis” y de hacer ahora lo mismo, según sus palabras, con los ceutíes. “Ceuta no se vende, señor presidente, Ceuta se defiende”, ha concluido.

El Partido Popular de Navarra ha recordado que el Ejecutivo de María Chivite lleva anunciando desde octubre de 2024 que trabaja en una modificación de la normativa. Sin embargo, ha denunciado que hasta ahora no se ha remitido ningún texto al Parlamento de Navarra.

Por este motivo, el presidente del PP de Navarra, Javier García, ha registrado una pregunta oral dirigida a Chivite. Quiere que la presidenta responda en el próximo Pleno si el Gobierno va a cumplir antes de que termine la legislatura con el compromiso de reformar la Renta Garantizada.

El Grupo Parlamentario Popular también ha registrado una batería de iniciativas para reclamar un cambio en el actual modelo. Entre ellas figuran preguntas orales y escritas, una moción, una petición de comparecencia de la consejera y distintas solicitudes de información.

La portavoz del PP en materia de Servicios Sociales, Maribel García Malo, ha mostrado la preocupación de su formación después de conocer el pasado mes de julio el Informe Anual 2025 de Renta Garantizada. A su juicio, los datos reflejan problemas importantes en los resultados del sistema.

“Los datos del Informe Anual 2025 de Renta Garantizada son demoledores y confirman que la inclusión sociolaboral de este modelo es un fracaso, como llevamos denunciando desde el Partido Popular toda la legislatura”, ha señalado García Malo.

La parlamentaria ha recordado que el PPN ha presentado durante la legislatura diferentes propuestas dirigidas a mejorar la inserción laboral de las personas que reciben esta prestación. También ha defendido reforzar los mecanismos de seguimiento y control y mejorar la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital.

“Las políticas sociales deben proteger a quienes lo necesitan, pero también ofrecer las herramientas necesarias para que las personas en condiciones de trabajar puedan acceder a un empleo y desarrollar un proyecto de vida autónomo”, ha explicado García Malo.

En concreto, la moción registrada por el PPN reclama que el Gobierno de Navarra presente en un plazo máximo de 15 días un calendario para elaborar, aprobar y remitir al Parlamento el proyecto de reforma de la Ley Foral de Renta Garantizada.

“Llevamos casi dos años escuchando anuncios sobre una reforma que no llega. El Gobierno de Navarra debe poner fechas y explicar cuándo va a trasladar su propuesta al Parlamento”, ha reclamado la portavoz popular.

El Partido Popular ha recordado además que el pasado mes de febrero la presidenta María Chivite anunció que la reforma llegaría al Parlamento durante aquel periodo de sesiones. En marzo, la directora general de Protección Social señaló que el Ejecutivo esperaba disponer de una propuesta durante el siguiente trimestre.

Los populares han advertido de que han pasado varios meses desde aquellos anuncios y el Parlamento sigue sin conocer el contenido de la reforma ni el calendario previsto para tramitarla. Por ello, el PPN ha insistido en que el cambio del modelo debería abordarse antes de que finalice la legislatura.

Las iniciativas también se han centrado en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El PPN ha exigido al Gobierno de Navarra información sobre su gestión y sobre la coordinación de esta prestación estatal con la Renta Garantizada en Navarra.

García Malo ha considerado que la llegada del IMV ha provocado un cambio en el sistema de protección social que obliga a revisar el modelo navarro. “No podemos seguir manteniendo el mismo modelo cuando el sistema de protección social ha cambiado”, ha subrayado.

“La Renta Garantizada debe adaptarse a su convivencia con el IMV y el Gobierno de Navarra debe explicar cómo está gestionando ambas prestaciones”, ha añadido la parlamentaria popular.

Para el PP de Navarra, la reforma debería clarificar el papel de las dos ayudas, mejorar su coordinación y reforzar la inserción sociolaboral de sus beneficiarios. García Malo ha defendido que el objetivo debe ser facilitar que quienes atraviesen una situación de vulnerabilidad puedan recuperar su autonomía.

“Las ayudas deben ir acompañadas de oportunidades reales de formación y empleo”, ha afirmado García Malo, quien ha reclamado que las personas que necesiten esta protección dispongan del apoyo necesario para salir de una situación de vulnerabilidad.

A través de su portavoz, Javier Remírez, el Ejecutivo foral ha tratado de deslegitimar la movilización asegurando que, bajo un "pretendido apoyo" a la ciudad autónoma, se escondía un "interés meramente partidista" impulsado por "elementos extremistas". Las duras consignas dirigidas contra el jefe del Ejecutivo central y la propia presidenta foral han escocido de lleno en el seno del Gabinete de Chivite, que ha urgido a emplear "la contundencia del Estado democrático de derecho" para atajar de raíz lo que consideran una "escalada hacia una sociedad con claros déficits de convivencia".

Carga contra UPN y PP por "impasibilidad" ante el malestar social

Lejos de asumir la profunda indignación popular provocada por la gestión de la crisis migratoria y la inseguridad, el portavoz del Ejecutivo ha optado por señalar directamente a los líderes de la oposición. Remírez ha calificado de "muy preocupante" y "lamentable" la presencia de representantes de UPN y el Partido Popular en la movilización, acusando a ambas formaciones de permanecer "impasibles" ante los duros cánticos y de estar "absolutamente subordinados a la estrategia extremista" de la derecha nacional.

En este sentido, el Gabinete de Chivite ha exigido a los dirigentes regionalistas y populares una descalificación explícita de los asistentes a la protesta, al tiempo que confirmaba que la Policía ya ha realizado las primeras identificaciones tras registrarse denuncias y enfrentamientos verbales durante el desarrollo del acto en la Casa Consistorial. El Gobierno foral amenaza así con la vía judicial y policial frente al rotundo descontento callejero que ha situado la gestión del Gobierno de Sánchez y el silencio del Ejecutivo de Chivite en el centro de la diana.

La propia presidenta, en un mensaje publicado en la red social X, ha indicado que "el odio, la intimidación y la violencia no tienen cabida en una sociedad democrática y no pueden normalizarse". "Frente al peligroso avance ultra, más convivencia, más respeto y más democracia", ha dicho la presidenta.

La formación foralista ha registrado la misma iniciativa en ambas instituciones navarras. En ella ha planteado además reprobar la que considera una "insuficiente y tardía respuesta" del Gobierno de España y reclamar medidas urgentes para recuperar la normalidad, la seguridad y la convivencia en Ceuta.

La declaración recoge el "apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta y con todos los y las ceutíes ante el asalto sufrido los pasados 30 y 31 de julio". UPN ha señalado que aquella situación ha tenido consecuencias sobre la normalidad, la seguridad y la convivencia en la ciudad.

El texto también ha lamentado la muerte de más de un centenar de personas que trataban de llegar a Ceuta. Asimismo, ha condenado las actuaciones violentas que se están produciendo y ha destacado especialmente las agresiones sexuales sufridas por niñas y mujeres.

UPN también ha incluido en su propuesta una referencia a los incidentes ocurridos durante la concentración celebrada frente al Ayuntamiento de Pamplona. La formación ha condenado los "insultos, amenazas, intimidaciones o cualquier forma de coacción" dirigidos contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación por parte de una minoría de los asistentes.

En este sentido, la declaración registrada en Pamplona ha reafirmado la defensa de la libertad de prensa y del derecho de los profesionales de la información a desempeñar su trabajo "con plena libertad y seguridad".

Otro de los principales puntos del documento se centra en la consideración política que UPN hace de los acontecimientos de Ceuta. La formación ha calificado lo ocurrido como un "ataque sin precedentes a la integridad territorial de España" y ha reafirmado expresamente la "españolidad de Ceuta, como parte integrante de España".

Además, UPN ha reprobado la que considera una "insuficiente y tardía respuesta del Gobierno de España" ante la gravedad de los acontecimientos. Los regionalistas han mostrado su desacuerdo con que no se adoptaran desde el primer momento medidas suficientes para garantizar el control efectivo de la frontera.

Según recoge la declaración, esas medidas deberían haber evitado la situación extraordinaria que, a juicio de la formación, ha alterado la convivencia existente anteriormente en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Por este motivo, UPN ha instado al Gobierno de España a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para restablecer plenamente la normalidad. Entre ellas, la formación ha incluido la devolución a sus países de origen, siempre "cumpliendo la legalidad internacional".
 

El objetivo, recoge la propuesta, pasa por resolver cuanto antes la situación generada en Ceuta y garantizar la seguridad, la convivencia y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

La declaración también ha reclamado una protección eficaz de las fronteras españolas y europeas en Ceuta. Para ello, UPN ha pedido reforzar los medios humanos, técnicos y materiales disponibles en la frontera.

La formación ha reclamado igualmente medidas para evitar que la presión migratoria pueda ser utilizada como "instrumento de coacción política o diplomática de Marruecos contra España".

Finalmente, UPN ha reconocido la labor realizada por las autoridades ceutíes, encabezadas por el presidente de la Ciudad Autónoma, así como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de emergencia.

La declaración ha extendido ese reconocimiento a los profesionales de los servicios públicos, las entidades sociales y las organizaciones del tercer sector que trabajan sobre el terreno, a quienes UPN ha agradecido su esfuerzo para garantizar la seguridad, la atención humanitaria y la convivencia.

El nuevo problema ha surgido por las discrepancias entre la empresa adjudicataria, Acciona-Osés, y el Gobierno de Navarra sobre los precios de determinados trabajos realizados. A ello se ha añadido la tramitación de un nuevo proyecto modificado, un procedimiento administrativo que puede prolongarse durante meses.

Acciona-Osés recurre las certificaciones de las obras de Velate

El conflicto económico se ha traducido ya en enfrentamientos. Acciona-Osés ha recurrido todas las certificaciones abonadas desde mayo de 2025, mientras continúan las diferencias con el Ejecutivo foral sobre las cantidades que corresponde pagar por los trabajos ejecutados.

El frenazo resulta especialmente llamativo después de que el pasado 19 de junio se anunciase el cale del túnel, es decir, la conexión entre sus dos bocas con presencia y risas de María Chivite. Desde aquel momento, sin embargo, apenas se han producido avances.

El Gobierno atribuye el problema a la “complejidad de la obra”

El Gobierno de Navarra ha asegurado a Europa Press que continuará con “los trámites necesarios para garantizar la continuidad” de la duplicación. Fuentes del Ejecutivo han defendido que “estamos ante una de las obras más complejas desarrolladas en Navarra en los últimos años y, en un expediente administrativo de esta dimensión, pueden producirse discrepancias”.

Desde el Ejecutivo han sostenido además que “precisamente, la existencia y el análisis de esas discrepancias demuestran que los procedimientos y los mecanismos de control funcionan”. Tras el cale de junio, han explicado, se están realizando trabajos de mantenimiento, a la espera de poder avanzar con la fase de destroza.

Un expediente para pagar los trabajos ya realizados

El Gobierno foral está ultimando ahora un expediente “con la voluntad de abonar los trabajos efectivamente realizados, reconocidos y necesarios, derivados de la geología encontrada durante el avance de la obra y de la propia seguridad de los trabajadores”. La Administración atribuye así parte de las diferencias surgidas a las condiciones geológicas encontradas durante la excavación.

Los problemas financieros de Velate no son nuevos. Hace nueve meses, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, confirmó que el Ejecutivo había acatado un reparo suspensivo de la Intervención General respecto al modificado número 1 del proyecto, que contemplaba 7,6 millones de euros en sobrecostes.

Una adjudicación de casi 76 millones con Servinabar dentro de la UTE

El proyecto de duplicación del túnel fue adjudicado en diciembre de 2023 por casi 76 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas formada por Acciona, con un 55%; Excavaciones Fermín Osés, con un 30%; y Servinabar, con un 15%.

La presencia de Servinabar colocó posteriormente la obra en el centro del escándalo relacionado con el ex secretario de Organización del PSOE y líder de los socialistas navarros Santos Cerdán. En el transcurso de las investigaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó un documento privado de 2016 que atribuía a Cerdán un 45% de las participaciones de Servinabar. 

Las graves irregularidades detectadas en la adjudicación

La polémica creció todavía más después de que la Oficina Anticorrupción de Navarra declarase nula la adjudicación millonaria tras concluir que habían existido fraude y graves irregularidades administrativas durante el procedimiento de contratación.

La investigación señaló que el presidente de la mesa de contratación había conocido previamente las puntuaciones técnicas otorgadas por el resto de integrantes, lo que le habría permitido maniobrar posteriormente para favorecer a la UTE investigada. Además, tres de los ocho miembros de la mesa, entre ellos el secretario y el interventor, ya habían emitido votos particulares antes de la firma en los que cuestionaban la falta de justificación de las puntuaciones y expresaban dudas sobre la transparencia del procedimiento.

Acciona y Osés pidieron apartar a Servinabar

Después de hacerse público el escándalo, Acciona y Excavaciones Fermín Osés solicitaron formalmente la exclusión de Servinabar de la UTE adjudicataria. En la actualidad, los trabajos que siguen realizándose en los túneles se desarrollan sin la participación ni el logotipo de esta tercera empresa.

El asunto ha provocado además un importante desgaste político para el Ejecutivo navarro que preside María Chivite, especialmente por los vínculos investigados entre Servinabar y Santos Cerdán y por las dudas que han rodeado al procedimiento mediante el que se adjudicó una de las mayores obras públicas de Navarra.

El Gobierno asegura que Velate seguirá adelante

Pese al nuevo problema, el Gobierno de Navarra ha insistido en que la duplicación del túnel constituye una actuación “irrenunciable” por razones de seguridad vial, interés público y cumplimiento de la normativa europea. El Ejecutivo ha asegurado que continuará con los trámites necesarios para que los trabajos puedan seguir adelante.

Las fuentes del Gobierno han afirmado que actuarán con “máximo control técnico, jurídico y económico”, al tiempo que garantizarán la continuidad de la infraestructura. Velate afronta así un nuevo capítulo de incertidumbre: después de las sospechas sobre su adjudicación, los sobrecostes y la salida de Servinabar, la obra se encuentra ahora prácticamente parada a la espera de resolver las discrepancias económicas y administrativas que impiden recuperar el ritmo de los trabajos.

Mientras cientos de personas han salido a la calle en Pamplona y Tudela y dirigentes navarros de diferentes partidos han expresado públicamente su posición, la presidenta del Gobierno de Navarra no ha trasladado una reacción propia a las movilizaciones. Unas concentración en las que, además, el grito de ¡Chivite, dimisión! se ha dejado escuchar en repetidas ocasiones. 

Pese a que la ciudadanía lleva días mostrando su contrariedad y enfado por la invasión en Ceuta, la presidenta de Navarra sigue sin escuchar ni hacer el más mínimo cambio en el discurso de su Gobierno. La última publicación de María Chivite en X está relacionada con la crisis de Ceuta y datada el 27 de agosto, cuando salió en defensa de las personas migrantes que estaban llegando desde Marruecos y criticó las trabas a la ayuda humanitaria.

“Como persona educada en valores humanos y cristianos, me resulta doloroso ver cómo se obstaculiza la ayuda humanitaria, destinada a aliviar el sufrimiento de personas vulnerables”, afirmó Chivite, que atribuyó la situación a “la deshumanización de las personas migrantes” y concluyó con una dura expresión: “El triunfo del odio”. Desde entonces, la presidenta no ha publicado ningún mensaje para respaldar las concentraciones celebradas en Navarra en apoyo a Ceuta.

Quien sí lo ha hecho, y en varias ocasiones, ha sido su vicepresidente primero y portavoz, Javier Remírez, que ha cargado con dureza contra las protestas y contra la derecha. Horas después de las concentraciones ha publicado un mensaje en el que ha asegurado: “No es Ceuta. Como tampoco era la amnistía… antes, ahora y siempre es esto: el poder”.

“Porque para la derecha todo gobierno que ellos no ocupan es ilegítimo”, ha añadido Remírez. Un mensaje especialmente significativo después de que durante la mañana ya hubiese anunciado que el Gobierno de Navarra no tendría representación institucional en las concentraciones al considerar que buscaban “la confrontación con el Gobierno de España” y no soluciones para Ceuta. 

El vicepresidente de Chivite ha centrado además buena parte de sus mensajes posteriores en los incidentes registrados durante la concentración de Pamplona con profesionales de RTVE Navarra. “Hoy hemos vuelto a ver imágenes lamentables de hostigamiento y amenazas a periodistas. Eso es atacar la libertad de información y la democracia. Tiempos oscuros. Algunos pretenden volver al pasado”, ha escrito.

Posteriormente ha reiterado su “apoyo y solidaridad” con los periodistas de RTVE Navarra que, según sus palabras, han sufrido “insultos” y han visto “violentado su derecho a informar por una minoría extremista”. Durante la protesta se han producido momentos de tensión cuando algunos asistentes han increpado a profesionales de RTVE, mientras otros periodistas han salido en su defensa. 

También desde el PSOE, la ministra navarra Elma Saiz ha defendido la gestión del Ejecutivo central. “El Gobierno de España está con Ceuta desde el primer momento. Trabajando sin descanso para ofrecer soluciones a la ciudadanía”, ha afirmado. A su juicio, “como siempre, la oposición politiza y busca la confrontación en lugar de ofrecer soluciones”.

Las palabras de Remírez y Saiz han contrastado con las numerosas muestras de apoyo a Ceuta publicadas por representantes navarros. El diputado Sergio Sayas, presente en la concentración de Madrid, ha destacado que “las plazas de España se han abarrotado en apoyo a Ceuta” y ha sentenciado: “Ceuta es España y seguirá siendo España”.

También desde Madrid se ha pronunciado el diputado de UPN Alberto Catalán. “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Hoy y siempre, toda España está con el pueblo ceutí”, ha escrito.

En Pamplona, Ángel Ansa ha difundido imágenes de la movilización y ha destacado la “concentración en Pamplona para apoyar a Ceuta tras la invasión del pasado mes de julio”. La protesta ha reunido a cientos de personas en la Plaza Consistorial, donde se han escuchado gritos en defensa de Ceuta y España y también peticiones de dimisión dirigidas a Pedro Sánchez y María Chivite.

El presidente del PP de Navarra, Javier García, se ha desplazado hasta Ceuta y ha resumido su posición con dos mensajes: “Ceuta es España” y “Navarra con Ceuta”.

UPN también ha respaldado las movilizaciones. “Nos hemos adherido a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias en apoyo a Ceuta”, ha señalado la formación regionalista. “Desde distintos puntos de Navarra hemos querido mostrar nuestro cariño y nuestro apoyo al pueblo ceutí. Navarra está con Ceuta”, ha añadido.

Uno de los apoyos más visibles se ha producido en Tudela, donde cientos de ciudadanos han respondido a la convocatoria realizada por el alcalde, Alejandro Toquero. “Tudela nunca falla. Gracias Tudela. Orgullo de ciudad”, ha celebrado después el alcalde, acompañado de los mensajes “Ceuta es España”, “Ceuta es española” y “Ceuta y Melilla son España”.

La diputada navarra Ana Beltrán, por su parte, ha respondido directamente a Pedro Sánchez. “España se une para defender a Ceuta”, ha señalado antes de cargar contra el presidente del Gobierno: “Sánchez dice que las concentraciones son contra él, pues claro”. Beltrán le ha reprochado que negara la existencia de informes que alertaban de la entrada masiva y que se marchara de vacaciones durante la crisis.

Las movilizaciones se han celebrado después de que decenas de miles de migrantes hayan cruzado desde Marruecos a Ceuta desde finales de julio, en una crisis que ha dejado también a miles de menores no acompañados en la ciudad autónoma. Este miércoles, miles de ceutíes han vuelto a salir a la calle para reclamar soluciones al Gobierno de España. 

Frente a las posiciones expresadas por unos y otros, Chivite no ha encabezado públicamente la respuesta de su Gobierno durante una jornada en la que su nombre también se ha escuchado en las protestas. La voz política del Ejecutivo foral ha sido la de Remírez, que ha pasado de rechazar institucionalmente las concentraciones a acusar a la derecha de utilizar la crisis de Ceuta con un único objetivo: “el poder”.

La convocatoria realizada por el alcalde, Alejandro Toquero, ha obtenido una multitudinaria respuesta durante una jornada en la que Tudela ha querido hacer visible su respaldo al pueblo de Ceuta, que lleva más de 30 días sufriendo. El acto se ha celebrado después de que esta misma mañana se colocara la bandera de Ceuta en la Casa del Reloj.

Toquero: “Ceuta no se vende y Ceuta se defiende”

El alcalde de Tudela ha tomado brevemente la palabra ante los asistentes para agradecer la respuesta ciudadana. “Qué orgullo de ciudad”, ha señalado Toquero al contemplar la concentración reunida en el centro de la capital ribera.

“Ceuta nos ha pedido ayuda y Tudela ha respondido. Hoy decimos muy claro que Ceuta no se vende y que Ceuta se defiende”, ha afirmado el alcalde durante su intervención.

“Esto no va de colores ni de partidos políticos”

Toquero ha querido además defender el carácter de la convocatoria y ha asegurado que el acto no se dirigía contra nadie. “Esta concentración no es en contra de nadie, es a favor de un pueblo que está sufriendo, un pueblo que lleva más de 30 días sufriendo”, ha manifestado.

El alcalde ha puesto también el acento en la unidad mostrada durante estas últimas semanas. “Han demostrado unidad y fortaleza, unidad dentro de España. Esto no va de colores ni de partidos políticos, hoy demostramos que Ceuta es España, que Navarra es España y que Tudela es España”, ha proclamado ante los cientos de asistentes.

Un aplauso desde Tudela para los ceutíes

Toquero también ha pedido a todos los presentes que mostraran de forma sonora su respaldo a los ciudadanos de Ceuta. “Ceuta tenemos que defenderla y quiero que le mandemos un aplauso muy fuerte para que los escuchen a casi 1.000 kilómetros los mismos españoles de Ceuta como somos nosotros”, ha señalado.

La concentración ha estado precedida por el gesto realizado durante la mañana en la Casa del Reloj, el emblemático edificio de la plaza de los Fueros desde el que cada 24 de julio Tudela da comienzo a sus fiestas.

El himno de España pone el cierre a la concentración

El acto celebrado en apoyo a Ceuta ha terminado con el himno de España, que ha puesto el broche a la concentración convocada por Alejandro Toquero.

Poco después, con la caída de la luz del día, la imagen se ha trasladado hasta la cercana plaza de los Fueros. Allí, la Casa del Reloj se ha iluminado con los colores de la bandera de España como homenaje a Ceuta y como último gesto de una jornada en la que cientos de tudelanos han querido mostrar públicamente su solidaridad.

Entre la multitud que abarrotaba la plaza, la presencia de jóvenes ha sido especialmente visible y combativa. "Esta es la España que nos va a quedar a los jóvenes, es una vergüenza lo que está pasando", clamaba con impotencia un asistente a la marcha, insistiendo en que el único motivo de su presencia en la calle era "defender a España" frente a la deriva de las instituciones. Un sentimiento de urgencia generacional que compartían muchos de los presentes ante el deterioro de la convivencia y el avance del desempleo y la precariedad.

"No se puede llamar de otra manera más que invasión"

La valoración sobre los acontecimientos que sacuden la frontera sur y la ciudad autónoma de Ceuta ha sido tajante entre los asistentes. La mayoría de los testimonios recogidos en la Casa Consistorial coinciden en calificar la situación sin paños calientes: "Debemos defendernos de un Gobierno que nos está provocando una crisis sin precedentes. No se puede llamar de otra manera más que invasión", denunciaba con firmeza otro de los manifestantes congregados en el centro de Pamplona.

Lejos de limitar el problema a un conflicto puramente local en la frontera norteafricana, los ciudadanos han querido subrayar la trascendencia global de esta movilización para el conjunto del país. "Hemos venido a defender los derechos de todo el pueblo, ya no solo de Ceuta, sino de toda España", señalaba una manifestante, mientras que otros insistían en la necesidad de fijar una postura inflexible: "Estamos aquí para defender que Ceuta es España, la unidad de España, y para dejar alto y claro que esto es una invasión; nuestro único propósito aquí es defender nuestro país".

A lo largo de la concentración, la marea humana, ataviada con cientos de banderas nacionales, ha hecho retumbar los muros de la Casa Consistorial con una atronadora batería de cánticos. Los clamores contra el presidente del Gobierno han sido la tónica dominante de la jornada, alcanzando su punto álgido cuando la multitud ha estallado de forma atronadora al grito de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta, dimisión!", reflejando el profundo malestar social generado por la gestión de la política migratoria y la falta de respuesta ante la presión en la frontera sur.

"Ceuta aguanta, Pamplona se levanta": un clamor de unidad frente al Gobierno

El grito contundente contra el jefe del Ejecutivo no ha sido el único rotundo mensaje dirigido a las instituciones. A lo largo del acto se han sucedido consignas coreadas a pleno pulmón como "Gobierno dimisión", "Gobierno traidor, dimisión" y el inequívoco "Pedro Sánchez, dimisión", trasladando la responsabilidad de la crisis tanto a la Moncloa como al Ejecutivo foral de María Chivite por su silencio y complicidad con las directrices estatales.

Frente a la crispación política, la plaza también ha dejado momentos de firme hermanamiento y orgullo nacional. Consignas como "Ceuta española, no estás sola", "Ceuta aguanta, Pamplona se levanta", "España unida jamás será vencida" y un clamoroso "Yo soy español" han resonado con fuerza en los accesos al edificio municipal. Pamplona ha escenificado así un rotundo abrazo a los ciudadanos ceutíes, exigiendo el restablecimiento de la seguridad, la protección incondicional de las fronteras y el fin del abandono institucional.

Los portavoces y convocantes de la plataforma han guiado una lectura del manifiesto cargada de contundencia y aplaudida intermitentemente por la multitud, que ha coreado proclamas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "España despierta, defiende tu frontera" o "Ceuta aguanta, Pamplona se levanta". Durante la concentración, la organización ha querido dejar claro su carácter "completamente apartidista", subrayando que la defensa de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana y la integridad territorial "trasciende por completo las etiquetas de izquierdas o de derechas".

Duras críticas al "Plan del Gran Marruecos" y al "silencio" institucional

El Manifiesto ha puesto el foco en la dramática situación que vive la ciudad autónoma desde finales de julio, cuando la entrada masiva de más de 80.000 magrebíes provocó un clima de "miedo y abandono" entre la población ceutí.

Los portavoces del movimiento cívico han denunciado que este fenómeno no responde a una crisis humanitaria fortuita, sino a una "estrategia de chantaje fronterizo" orquestada por el régimen expansionista de Marruecos mediante el "Plan del Gran Marruecos 2030" y la liberación masiva de miles de presos de sus cárceles para dirigirlos a España.

Asimismo, los convocantes han salido en firme defensa de la identidad histórica de las ciudades autónomas. "Marruecos existe desde 1956, pero Ceuta y Melilla mantienen una vinculación histórica con España desde hace más de 1.700 años, integradas ya en la diócesis de Hispania en época romana", han recordado entre vítores de los asistentes, denunciando además el avance de la cristianofobia y la persecución de la fe cristiana en África y en Occidente.

Exigencias directas a Pedro Sánchez y María Chivite

El discurso ha cargado directamente contra la gestión de la política migratoria y la imposición de un modelo "progresista" que, según el comunicado, ha disparado la inseguridad en los barrios navarros. Citando datos oficiales de la Policía Foral, se ha alertado de la elevada tasa de reincidencia y criminalidad atribuida a colectivos magrebíes en la Comunidad Foral, al tiempo que se ha reprochado al Gobierno de Chivite el gasto masivo en centros de menas frente a las carencias del sistema asistencial para los mayores o las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda.

En el tramo final de la protesta, el Movimiento Cívico del Pueblo ha exigido al Gobierno central la deportación inmediata de todos los inmigrantes ilegales y ha advertido a la presidenta foral de que "el pueblo navarro no le ha autorizado a seguir llenando la tierra de inseguridad". La concentración ha concluido con un llamamiento a la movilización permanente y a la valentía ciudadana tras avanzar que esta será "la primera de muchas acciones" en Navarra y España. "En tiempos oscuros la tibieza no es una opción. Solo el pueblo salva al pueblo", han sentenciado entre un prolongado aplauso.

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El Partido Popular del Valle de Egüés ha decidido poner el foco sobre los chalets y pisos para menas que funcionan en el municipio. Su portavoz, Inma Múgica, ha anunciado que va a trasladar este miércoles al pleno municipal una batería de preguntas para conocer en qué condiciones operan estas viviendas.

La iniciativa llega meses después de que Navarra.com desvelara la existencia de un chalet destinado a menas en Gorraiz, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Comarca de Pamplona. Aquel inmueble contaba con jardín, huerto y piscina privada y tenía capacidad para seis menores.

Ahora, el PP quiere que el Ayuntamiento aclare cuántos centros y viviendas de este tipo existen realmente en todo el Valle de Egüés, dónde están ubicados, desde cuándo funcionan y qué entidades se encargan de gestionarlos. También reclamará conocer la capacidad autorizada y la ocupación actual de cada uno de ellos.

Pero las preguntas de los populares van más allá. Múgica solicitará información sobre las licencias, autorizaciones o títulos habilitantes de cada inmueble y preguntará expresamente si existen límites de capacidad y si la actividad desarrollada es compatible con el uso urbanístico autorizado.

El grupo municipal pretende así comprobar si el Ayuntamiento ha realizado las correspondientes inspecciones. En caso afirmativo, pedirá las fechas en las que se hicieron, qué servicios municipales participaron y cuáles fueron sus conclusiones. Si no se ha realizado ninguna comprobación, quiere saber si el equipo de gobierno tiene previsto hacerlo y en qué plazo.

El PP también va a reclamar acceso a los expedientes administrativos completos relacionados con estos recursos. Entre la documentación solicitada figuran los expedientes urbanísticos, licencias, autorizaciones, informes técnicos y posibles actas de inspección.

Múgica ha explicado que la iniciativa responde a la preocupación que algunos vecinos del Valle de Egüés han trasladado al partido. La portavoz considera necesario que el equipo de gobierno municipal explique qué recursos funcionan actualmente y qué controles se están realizando sobre ellos.

“Transparencia, rigor y respuestas”, ha reclamado la concejal popular, que sostiene que el Ayuntamiento debe explicar qué actuaciones está llevando a cabo para garantizar que estos centros cumplen las condiciones que les resultan exigibles.

EL CHALET DE MENAS DE GORRAIZ

Uno de estos recursos salió a la luz el pasado mes de mayo. Un informe oficial de inspección detallaba las características de un centro residencial especializado situado en Gorraiz, con seis plazas ocupadas entonces por tres chicas y tres chicos de entre 16 y 17 años.

La vivienda era un chalet unifamiliar distribuido entre sótano y tres plantas, incluida una buhardilla. Disponía de cinco habitaciones, varios baños, jardín exterior vallado, huerto y piscina privada. Los menores tenían además wifi, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tablet, Netflix y videoconsolas.

Navarra.com calculó entonces que, tomando como referencia un coste aproximado de 93.000 euros anuales por plaza localizado para este tipo de acogimiento residencial especializado, seis plazas completas supondrían alrededor de 558.000 euros al año, unos 46.500 euros mensuales. Se trataba de una estimación realizada a partir del coste por plaza, no del presupuesto específico acreditado para ese chalet.

El mismo informe no recogía entonces quejas vecinales ni incidencias relevantes de convivencia relacionadas con el inmueble, aunque sí daba cuenta de protocolos de seguridad y registros internos de incidencias.

La iniciativa presentada ahora por el PP permitirá conocer si ese chalet y el resto de posibles recursos existentes en el Valle de Egüés cuentan con todas las licencias y autorizaciones municipales necesarias, así como qué controles ha efectuado hasta ahora el Ayuntamiento.

En su lugar, la dirección abertzale ha instalado una reproducción policromada en resina de un altorrelieve atribuido a los siglos XVI o XVII. Sin embargo, la maniobra no se limita al cambio heráldico. Para vestir la remodelación, el equipo de Asiron ha vuelto a rescatar una cita del geógrafo griego Estrabón referida a la tribu de los "vascones" ("Pasada la Jacetania, hacia el norte, se encuentra la tribu de los vascones..."), rotulada en euskera, castellano y griego, forzando un encaje ideológico en la recepción oficial de la ciudad.

Una fijación histórica contra los símbolos de la trayectoria navarra

La animadversión de Asiron hacia esta pieza en concreto viene de lejos. El escudo de 1735, que permanecía instalado en el inmueble municipal desde 1907, ya fue calificado por el propio regidor en 2016 como un "escudo borbónico que nada tiene que ver con la ciudad" durante su primer mandato. En aquel momento ordenó su retirada dentro de una campaña más amplia que incluyó la eliminación de retratos de reyes de Navarra y de España de las zonas nobles del Ayuntamiento.

Aquel intento de borrar las trazas históricas fue corregido en 2019 con la llegada de Enrique Maya a la alcaldía. El grupo regionalista recuperó el escudo situándolo de nuevo en el zaguán y defendiendo que se trataba de una pieza única que ratificaba la realidad histórica de Navarra "dentro de España", tildando la actuación previa del alcalde abertzale de "puro sectarismo". Siete años después, tras recuperar el bastón de mando mediante la moción de censura pactada con el PSN, Asiron ha vuelto a ejecutar exactamente el mismo guion, enviando la pieza a un lugar secundario en el Salón de Recepciones.

UPN denuncia un intento de "reescribir la historia a su antojo"

La reacción de la oposición no se ha hecho esperar. Desde Unión del Pueblo Navarro (UPN) han denunciado con contundencia que la medida responde únicamente a que el primer edil "gobierna en función de sus obsesiones personales y políticas". Los regionalistas sostienen que el equipo de EH Bildu pretende "borrar de la historia de Pamplona todo lo que no le gusta y reescribirla a su antojo", sustituyendo el rigor histórico por un catálogo de símbolos moldeado a la medida del nacionalismo vasco.

Pese a que el Ayuntamiento pretende justificar el cambio amparándose en el valor técnico de la réplica y en estudios científicos encargados a laboratorios de Burdeos, el trasfondo político resulta ineludible. La sustitución sistemática del patrimonio simbólico de la Casa Consistorial vuelve a constatar cómo la historia institucional de la capital navarra se reescribe o se oculta en el zaguán al ritmo que dictan las prioridades ideológicas de EH Bildu.

La elegida por Bildu es la actual portavoz parlamentaria de la formación y una dirigente que durante los últimos años ha participado públicamente en movilizaciones en favor de los presos de ETA. Una de las más significativas tuvo lugar en enero de 2024, cuando Aznal acudió a una manifestación en Bilbao y posteriormente reivindicó su participación con un contundente mensaje: “Llenamos las calles de Bilbao para defender los derechos de las presas y los presos vascos”.

Aznal defendió entonces que había llegado el momento de “acabar con la política penitenciaria de excepción”. La dirigente de Bildu reconoció que la dispersión de los presos ya había terminado, pero sostuvo que “aún queda mucho por hacer” y aseguró que seguiría siendo necesario trabajar en esa dirección.

Aquella presencia provocó duras críticas de UPN. La parlamentaria regionalista Marta Álvarez acusó a Aznal de acudir a una movilización destinada a conseguir beneficios penitenciarios para miembros de ETA y reprochó al Partido Socialista sus acuerdos con EH Bildu.

La relación de Aznal con este tipo de reivindicaciones no ha sido puntual. El pasado 10 de enero de 2026 volvió a participar en Bilbao en la manifestación convocada por Sare para exigir el final de las denominadas “medidas de excepción” aplicadas a los presos de ETA.

En aquella marcha, la representante navarra estuvo integrada en la delegación de EH Bildu junto al secretario general de la coalición, Arnaldo Otegi; el portavoz parlamentario vasco, Pello Otxandiano; el senador Gorka Elejabarrieta; y la secretaria de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta. Los participantes marcharon tras una pancarta que reclamaba el acercamiento de los presos y entre banderas con el lema “Presoak etxera”.

También a finales de 2023 Aznal participó en Lodosa en un acto de Sare relacionado con el preso de ETA Fermín Martínez Bergara. La propia dirigente difundió la concentración en sus redes sociales y aseguró que sería la última que celebrarían allí porque Martínez estaría en su localidad natal al año siguiente. Martínez Bergara había sido condenado, entre otros hechos, por su participación en el robo de más de ocho toneladas de dinamita cometido por ETA en Francia en 1999.

Es este perfil político el que EH Bildu quiere ahora situar al frente de su candidatura para intentar alcanzar por primera vez la Presidencia del Gobierno de Navarra.

La Mesa Política de la formación ha asegurado este miércoles que “reafirma su apuesta clara” por Aznal con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado durante la última década y a lo que EH Bildu considera el “avance” de Navarra.

La coalición ha enmarcado la decisión en un “contexto complejo en el que los retos se multiplican” y ha defendido que ha llegado el momento de “reforzar, consolidar y profundizar” en las mayorías políticas que han marcado la Comunidad foral durante los últimos años.

EH Bildu también ha aprovechado el anuncio para cargar contra sus adversarios políticos. A su juicio, es necesario responder “con ambición” a las preocupaciones de los ciudadanos y hacer frente a la que ha calificado como “ofensiva emprendida por la derecha navarra para volver a los modelos del pasado”.

Por todo ello, la Mesa Política considera que Laura Aznal es “la persona más adecuada” para afrontar los próximos comicios y representar el proyecto de EH Bildu. La dirigente queda así situada como la principal referencia electoral de la izquierda abertzale para disputar la Presidencia de Navarra en mayo de 2027.

A pesar de parapetarse en los cauces reglamentarios del partido para evitar dar por oficial su cartel electoral, Asiron no ha disimulado sus intenciones respecto al futuro político de la ciudad. "Estoy ilusionadísimo", ha llegado a confesar el primer edil, dejando traslucir que el teórico examen ante las bases responde más a una maniobra de validación interna y propaganda que a una duda real sobre sus aspiraciones de reelección.

Estrategia de desgaste y control del calendario de la izquierda abertzale

Con este movimiento, la marca abertzale busca blindar la figura de Asiron frente a la oposición y marcar los tiempos del debate político municipal. El regidor, que recuperó el bastón de mando gracias a la moción de censura pactada con el Partido Socialista de Navarra, apela ahora a la "legitimidad de la base" para afianzar su liderazgo al frente de un equipo de gobierno fuertemente cuestionado por sus decisiones en materia de movilidad, la retirada de símbolos y el uso partidista de la institución.

Fuentes del entorno municipal interpretan este paso como el arranque definitivo del proceso de reafirmación interna de EH Bildu en Pamplona. La formación prevé activar en los próximos meses sus asambleas locales para dar luz verde a una lista que, salvo sorpresa mayor en el guion previsto por la dirección radical, volverá a estar encabezada por el propio Asiron.