La Renta Garantizada en Navarra ha vuelto al centro del debate político después de que el PPN haya reclamado este jueves, 3 de septiembre de 2026, al Gobierno foral que impulse la reforma anunciada de esta prestación. Los populares han pedido más controles, cambios para favorecer la inclusión sociolaboral y una revisión de su coordinación con el Ingreso Mínimo Vital.
El Partido Popular de Navarra ha recordado que el Ejecutivo de María Chivite lleva anunciando desde octubre de 2024 que trabaja en una modificación de la normativa. Sin embargo, ha denunciado que hasta ahora no se ha remitido ningún texto al Parlamento de Navarra.
Por este motivo, el presidente del PP de Navarra, Javier García, ha registrado una pregunta oral dirigida a Chivite. Quiere que la presidenta responda en el próximo Pleno si el Gobierno va a cumplir antes de que termine la legislatura con el compromiso de reformar la Renta Garantizada.
El Grupo Parlamentario Popular también ha registrado una batería de iniciativas para reclamar un cambio en el actual modelo. Entre ellas figuran preguntas orales y escritas, una moción, una petición de comparecencia de la consejera y distintas solicitudes de información.
La portavoz del PP en materia de Servicios Sociales, Maribel García Malo, ha mostrado la preocupación de su formación después de conocer el pasado mes de julio el Informe Anual 2025 de Renta Garantizada. A su juicio, los datos reflejan problemas importantes en los resultados del sistema.
“Los datos del Informe Anual 2025 de Renta Garantizada son demoledores y confirman que la inclusión sociolaboral de este modelo es un fracaso, como llevamos denunciando desde el Partido Popular toda la legislatura”, ha señalado García Malo.
La parlamentaria ha recordado que el PPN ha presentado durante la legislatura diferentes propuestas dirigidas a mejorar la inserción laboral de las personas que reciben esta prestación. También ha defendido reforzar los mecanismos de seguimiento y control y mejorar la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital.
“Las políticas sociales deben proteger a quienes lo necesitan, pero también ofrecer las herramientas necesarias para que las personas en condiciones de trabajar puedan acceder a un empleo y desarrollar un proyecto de vida autónomo”, ha explicado García Malo.
En concreto, la moción registrada por el PPN reclama que el Gobierno de Navarra presente en un plazo máximo de 15 días un calendario para elaborar, aprobar y remitir al Parlamento el proyecto de reforma de la Ley Foral de Renta Garantizada.
“Llevamos casi dos años escuchando anuncios sobre una reforma que no llega. El Gobierno de Navarra debe poner fechas y explicar cuándo va a trasladar su propuesta al Parlamento”, ha reclamado la portavoz popular.
El Partido Popular ha recordado además que el pasado mes de febrero la presidenta María Chivite anunció que la reforma llegaría al Parlamento durante aquel periodo de sesiones. En marzo, la directora general de Protección Social señaló que el Ejecutivo esperaba disponer de una propuesta durante el siguiente trimestre.
Los populares han advertido de que han pasado varios meses desde aquellos anuncios y el Parlamento sigue sin conocer el contenido de la reforma ni el calendario previsto para tramitarla. Por ello, el PPN ha insistido en que el cambio del modelo debería abordarse antes de que finalice la legislatura.
Las iniciativas también se han centrado en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El PPN ha exigido al Gobierno de Navarra información sobre su gestión y sobre la coordinación de esta prestación estatal con la Renta Garantizada en Navarra.
García Malo ha considerado que la llegada del IMV ha provocado un cambio en el sistema de protección social que obliga a revisar el modelo navarro. “No podemos seguir manteniendo el mismo modelo cuando el sistema de protección social ha cambiado”, ha subrayado.
“La Renta Garantizada debe adaptarse a su convivencia con el IMV y el Gobierno de Navarra debe explicar cómo está gestionando ambas prestaciones”, ha añadido la parlamentaria popular.
Para el PP de Navarra, la reforma debería clarificar el papel de las dos ayudas, mejorar su coordinación y reforzar la inserción sociolaboral de sus beneficiarios. García Malo ha defendido que el objetivo debe ser facilitar que quienes atraviesen una situación de vulnerabilidad puedan recuperar su autonomía.
“Las ayudas deben ir acompañadas de oportunidades reales de formación y empleo”, ha afirmado García Malo, quien ha reclamado que las personas que necesiten esta protección dispongan del apoyo necesario para salir de una situación de vulnerabilidad.