Giro drástico en el modelo de acceso a la vivienda pública en la Comunidad Foral. El Gobierno de María Chivite ha abierto el plazo para optar a una nueva remesa de 137 viviendas protegidas introduciendo un cambio metodológico de gran alcance: por primera vez, las promociones destinadas al alquiler público dejarán de asignarse exclusivamente por baremación objetiva de necesidad y pasarán a adjudicarse mediante un sorteo público ante notario.
La medida afectará de lleno a 97 pisos de alquiler repartidos en las localidades de Mutilva (70 inmuebles promovidos por Nasuvinsa), Alsasua (21) y Ansoáin (6). El proceso aleatorio para determinar quiénes se quedan con estos arrendamientos se celebrará el próximo 22 de septiembre y se estructurará en cuatro grupos en función de la edad de los solicitantes (jóvenes de hasta 35 años y mayores de 60) y de su condición de empadronados en el municipio. Tan solo las reservas especiales para colectivos como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo o familias numerosas mantendrán el criterio de baremación tradicional.
Junto a la bolsa de alquiler, el procedimiento incluye 40 viviendas de VPO en régimen de compra situadas en Tudela (Polígono Industrial 2), con tipologías de 2 a 4 dormitorios distribuidas en tramos de renta alta y baja. Las solicitudes para participar en la convocatoria deben tramitarse de forma telemática entre el 1 y el 10 de septiembre a través del catálogo oficial de trámites del Ejecutivo.
Este nuevo paquete de adjudicaciones estrena además una revisión de los criterios económicos de acceso impulsada por el Departamento de Vivienda. Para poder optar a un alquiler protegido se exigirá acreditar un mínimo de 5.000 euros de ingresos anuales, mientras que el listón sube a los 19.000 euros para la compra de una VPO y alcanza los 24.000 euros en el caso de las Viviendas de Precio Tasado (VPT).
Asimismo, el Gobierno ha elevado hasta los 100.000 euros el tope de ingresos procedentes de transmisiones patrimoniales que pueden acumular los demandantes y ha ampliado el concepto legal de unidad familiar, reconociendo como tal a las personas convivientes con hijos comunes sin necesidad de estar casadas o constituidas formalmente como pareja estable.
