El Parlamento de Navarra ha cerrado este jueves la puerta a tramitar una reforma de la renta garantizada que planteaba endurecer los requisitos de acceso y vincular con más claridad la prestación a la inclusión activa. La iniciativa del PPN solo ha contado con el apoyo del propio grupo proponente, el Grupo Mixto de Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.
La mayoría de la Cámara ha impedido siquiera iniciar el debate legislativo. Han votado en contra UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, aunque los regionalistas han marcado una diferencia relevante: han compartido la necesidad de cambiar el modelo, pero han rechazado el texto por sus dudas sobre el autogobierno de Navarra y las competencias forales.
La proposición de ley del Partido Popular de Navarra llevaba por nombre ley foral del derecho navarro a la inclusión activa. El texto proponía una renta garantizada con requisitos “más exigentes” que los actuales. Entre ellos, un mínimo de cuatro años de residencia legal y efectiva en Navarra, estar en edad laboral, figurar como demandante de empleo y acreditar la escolarización de los hijos, en caso de tenerlos.
Además, la ayuda navarra se planteaba como un complemento al Ingreso Mínimo Vital. Ese punto ha sido precisamente uno de los que ha generado más rechazo en UPN, que ha considerado que la iniciativa podía limitar el marco competencial propio de Navarra en materia de servicios sociales.
El presidente del PPN, Javier García, ha defendido que Navarra debe decidir si quiere “seguir haciendo lo mismo” que durante los últimos diez años o construir un sistema “moderno, eficaz y capaz de ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan”. A su juicio, el actual modelo está “agotado” y no ha servido para mejorar los indicadores de pobreza y exclusión.
García ha sido especialmente duro con el funcionamiento de la renta garantizada. Ha advertido de que Navarra no puede “convertirse en una comunidad atractiva para quienes buscan vivir permanentemente de las ayudas públicas” y ha pedido una reforma que ponga el foco en la formación, el empleo y la salida real de la exclusión.
UPN ha coincidido en el diagnóstico general. Raquel Garbayo ha afirmado que es “necesario” cambiar el modelo actual porque “no funciona”. Sin embargo, ha explicado que la propuesta del PPN le genera “serias dudas” por el encaje con el autogobierno navarro. Según ha dicho, la obligación de acudir previamente al Ingreso Mínimo Vital “limita de una forma muy importante a Navarra”.
La postura de UPN ha dejado en evidencia una diferencia clara respecto al resto de grupos que han rechazado la iniciativa. Los regionalistas han votado en contra por un problema competencial. En cambio, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han rechazado el planteamiento de fondo y han defendido, con distintos matices, mantener la lógica del sistema actual.
Desde el PSN, Olga Chueca ha negado que el modelo haya fracasado. Ha acusado al PPN de construir un relato basado en la dependencia y en la falta de autonomía de los perceptores. “Esta ley no aporta, solo recorta”, ha asegurado, pese a admitir que el sistema “claro que necesita mejoras” y que el Gobierno trabaja en ellas.
EH Bildu también ha cerrado la puerta a la reforma. Jabier Arza ha defendido que la prestación debe mejorarse, pero para agilizar su gestión y reforzar su carácter inclusivo. Ha acusado a “las derechas” de querer debilitar este derecho y ha sostenido que la propuesta supondría, en la práctica, el “desmantelamiento” de la renta garantizada y del modelo de inclusión social de Navarra.
El rechazo más duro ha llegado desde Geroa Bai. Isabel Aranburu ha afirmado que la iniciativa tenía como “único” objetivo “acabar con la renta garantizada navarra” y se servía para ello de “malas excusas, falsedades, mentiras y manipulaciones”. También ha defendido que su grupo no es partidario de modificar la prestación si no es para aumentar su nivel de protección.
Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha calificado la proposición del PPN como un “bárbaro hachazo social”. También ha acusado a los populares de hacer una “instrumentalización perversa y neoliberal” del autogobierno navarro para desproteger a personas que actualmente reciben ayuda dentro del sistema foral.
La votación ha dejado de nuevo al PPN y a Vox en el bloque favorable a endurecer los requisitos. Emilio Jiménez ha reconocido que la reforma no es, a su juicio, la que Navarra necesita “de verdad”, pero sí “un paso adelante frente al caos actual de la renta garantizada”. Ha defendido el apoyo de su grupo porque, según ha dicho, “cuando algo va en la buena dirección, aunque sea a medio gas, hay que apoyarlo para poder mejorarlo”.
Jiménez ha sostenido que la renta garantizada se ha convertido en un “efecto llamada” y ha afirmado que “más del 63% de los perceptores son extranjeros”. En su intervención, ha reivindicado que “el dinero de los navarros tiene que ir primero a los navarros”.
La toma en consideración ha quedado rechazada antes de que la propuesta pudiera iniciar su recorrido parlamentario. El resultado ha vuelto a reflejar el bloqueo existente en torno a la reforma de una prestación que el PPN considera agotada, que UPN también cree necesario cambiar, y que los socios del Gobierno de María Chivite solo aceptan revisar si no se endurecen sus condiciones de acceso.
