El caos de las bicis eléctricas fuerza a Asiron a lanzar un millonario contrato a diez años
El Ayuntamiento llevará al pleno una licitación de 1,3 millones al año y carácter comarcal después de dejar caer el sistema y suspender el servicio en febrero.
La gestión del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, del servicio de bicicletas eléctricas en Pamplona ha terminado obligando al Ayuntamiento a empezar casi desde cero.
El Consistorio llevará este miércoles a un pleno extraordinario la autorización para licitar un nuevo contrato de diez años para la bicicleta pública compartida, con un coste anual de 1,3 millones de euros y con la intención de extender el sistema a toda la comarca.
La decisión llega después de meses de problemas en un servicio que acabó suspendido el pasado 13 de febrero. Ahora, el equipo de gobierno plantea un modelo mucho más largo, más amplio y más costoso para tratar de dar estabilidad a un sistema que no ha sido capaz de sostener durante la legislatura.
Según la propuesta municipal, el nuevo servicio arrancará con 500 bicicletas y 50 bases, funcionará todos los días del año durante las 24 horas y tendrá carácter comarcal, de manera que no se limite solo a la capital navarra. El contrato deberá recibir autorización del pleno porque supera los cinco años que marca la normativa foral de contratación pública.
El giro resulta significativo porque evidencia que el modelo anterior ha quedado completamente agotado. Después de presentar la bicicleta pública como una apuesta de movilidad, el servicio ha terminado convertido en uno de los mayores problemas de gestión de Asiron, hasta el punto de obligar al Ayuntamiento a reformular por completo el esquema de funcionamiento.
El informe del área municipal de Movilidad justifica el nuevo contrato en la necesidad de fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos habituales, ofrecer una alternativa de transporte público y superar algunas de las barreras que dificultan este tipo de movilidad, como la inversión inicial, el aparcamiento o los robos. Pero, sobre todo, el nuevo diseño busca dar al servicio una dimensión metropolitana para que pueda llegar también al resto de municipios de la comarca.
La nueva licitación se articulará mediante un acuerdo marco con una única empresa. A partir de ahí se irán aprobando contratos derivados. El primero servirá para implantar y gestionar el servicio en Pamplona, mientras que los siguientes permitirán ampliar el sistema al resto de localidades de la comarca o reforzar el número de estaciones y bicicletas en la ciudad.
Ese primer contrato derivado incluirá el suministro y puesta en marcha de los elementos necesarios para el servicio, así como el mantenimiento, la logística, la gestión diaria y la reposición de bicicletas u otras piezas que sufran averías, actos vandálicos o desapariciones. El objetivo del Ayuntamiento es que todos los elementos del sistema sean compatibles y estén gestionados con un mismo soporte técnico.
El nuevo modelo mantendrá un funcionamiento similar para las personas usuarias. El alta se realizará a través de una página web, una aplicación móvil u otro sistema habilitado, que permitirá identificarse en la base y liberar una bicicleta. A partir de ahí, el uso del servicio se abonará conforme a las tarifas que se aprueben.
Uno de los datos que mejor retrata la magnitud del problema es el volumen de usuarios que había acumulado el sistema antes de su suspensión. Desde la apertura del servicio en 2021, se habían dado de alta 94.540 personas. En el momento en que se suspendió, 55.180 seguían siendo usuarias activas con saldo disponible para alquilar una bicicleta. Durante ese periodo se habían realizado 2.323.893 viajes.
Con esos datos, el colapso del sistema no solo ha supuesto un fracaso político para el equipo de gobierno, sino también un fuerte golpe para miles de usuarios que utilizaban de forma habitual este medio de transporte. La nueva propuesta municipal intenta ahora reconstruir esa confianza con un contrato más ambicioso y más blindado en el tiempo.
La inversión estimada para el primer contrato derivado asciende a 3,5 millones de euros, cantidad a la que se suma una previsión de 2.000 euros al año por bicicleta para cubrir los costes de operación. Esa combinación explica el diseño económico del nuevo pliego, que busca repartir la inversión inicial durante un periodo largo.
De hecho, el Ayuntamiento sostiene que si esos gastos se distribuyeran en solo cinco años, el coste anual del contrato se elevaría hasta 1.740.250 euros. Con una duración de diez años, el presupuesto anual baja hasta 1.387.750 euros. La justificación municipal pasa por facilitar la amortización de la inversión y acompasarla a la vida útil prevista para bicicletas y estaciones.
Sin embargo, esa explicación también deja al descubierto la dimensión del problema heredado por la propia gestión de Asiron. El Ayuntamiento no está planteando únicamente una mejora del servicio, sino una reconstrucción total de un sistema que se ha venido abajo y que ahora necesita una nueva arquitectura contractual para poder sobrevivir.
El nuevo servicio deberá cumplir además criterios de accesibilidad, ofrecer tarifas asequibles y garantizar fiabilidad tanto en las estaciones como en las bicicletas. El Consistorio insiste en que debe funcionar como un verdadero servicio público de transporte y no como una solución precaria o inestable, precisamente uno de los grandes reproches que ha dejado la experiencia fallida de los últimos meses.
En la práctica, lo que se votará este miércoles en Pamplona será mucho más que una autorización administrativa. El pleno tendrá sobre la mesa el intento de cerrar una etapa marcada por el deterioro del servicio de bicicletas eléctricas.