Los regionalistas critican que las "nefastas decisiones" del equipo de gobierno dejan a la ciudad sin servicio, pierden la comarcalización y obligan a una nueva licitación de 20 millones de euros.
El servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de Pamplona, que llegó a contar con cerca de 70.000 usuarios, se encuentra hoy en un callejón sin salida. El grupo municipal de UPN ha denunciado en rueda de prensa que la gestión del equipo de Joseba Asiron no solo ha dejado a la ciudad sin este transporte, sino que provocará un despilfarro millonario al tener que "tirar a la basura" todo el material adquirido recientemente.
Según ha revelado UPN, el Ayuntamiento es actualmente propietario de 640 bicicletas y 62 bases tras rescatar el contrato con la empresa Ride On en agosto de 2025. Sin embargo, los regionalistas denuncian que este material no podrá reutilizarse en el futuro.
Los informes técnicos ya advertían de que los anclajes de las estaciones son un producto "muy específico y poco compatible" con otros sistemas, lo que imposibilita su uso en nuevas licitaciones. Esto obligará a Pamplona a realizar un nuevo concurso que UPN cifra en unos 2 millones de euros anuales durante la próxima década (20 millones en total), sin contar los costes de desmontaje de las bases actuales.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la imposibilidad de que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) asuma el servicio en la capital. Mientras que el resto de municipios de la comarca se integrarán en una gestión conjunta, la MCP se niega a asumir las competencias de Pamplona debido a los "serios problemas jurídicos" derivados de las decisiones de Asiron y sus concejales Joxe Abaurrea y Borja Izaguirre.
UPN sostiene que el equipo de gobierno ignoró informes de Intervención que avisaban de que las medidas debían ser "temporales y excepcionales", compró material por valor de 700.000 euros para una comarcalización que la MCP rechaza por ahora debido a la inseguridad jurídica y justificó sus pasos en una supuesta pérdida de subvenciones (más de un millón de euros) que el propio Ministerio ha desmentido.
La formación regionalista ha recordado que el Ayuntamiento hoy busca forzar el concurso de acreedores de la empresa que antes intentó "rescatar" para salvar la subvención. Este cambio de rumbo ha dejado a Pamplona como la única excepción en la licitación comarcal, obligando a los ciudadanos a esperar una nueva contratación mientras el material que costó cientos de miles de euros permanece almacenado o inutilizado en las calles.
Para UPN, la realidad es que Pamplona ha perdido un sistema que funcionaba y se enfrenta ahora a una "mochila jurídica" que lastrará la movilidad sostenible de la ciudad durante los próximos años.
