Chivite convoca de urgencia a sus socios ante la crisis abierta para saber si siguen apoyando al Gobierno
María Chivite ha abierto una crisis política dentro del Gobierno de Navarra tras la votación sobre Educación que ha evidenciado la división de sus socios en el Parlamento. El Ejecutivo foral ha convocado de urgencia a PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin a una reunión para conocer si siguen respaldando el acuerdo programático que sostiene la legislatura, a la que todavía le resta un año.
La convocatoria ha llegado instantes después de que el Parlamento de Navarra haya aprobado la ley foral impulsada por UPN para prorrogar durante un año los conciertos educativos del curso 2025-2026 al curso 2026-2027. La medida ha evitado, al menos por ahora, el cierre de 14 aulas educativas de la red concertada.
El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha comparecido ante los medios en una declaración sin preguntas para anunciar que se ha citado a los socios del Ejecutivo. El objetivo, según ha explicado, es “valorar y, en su caso, ratificar el compromiso político de aquí al final de legislatura e incluso más allá” sobre la base del acuerdo programático.
La decisión ha colocado al Gobierno de Navarra ante uno de los momentos más delicados de la legislatura. La ley ha salido adelante con los votos a favor de UPN, PP y Vox, las abstenciones de EH Bildu y Geroa Bai y los votos en contra de PSN y Contigo-Zurekin.
Esa división ha dejado una imagen de fractura en el bloque que sostiene al Ejecutivo de María Chivite. Geroa Bai se ha abstenido, Contigo-Zurekin ha votado en contra junto al PSN y EH Bildu ha permitido también con su abstención que la proposición de ley prosperara.
Remírez ha defendido que el Ejecutivo mantiene su “total compromiso” con el acuerdo programático firmado esta legislatura, así como con los distintos acuerdos presupuestarios y sectoriales suscritos durante estos años.
“El Gobierno de Navarra manifiesta su total compromiso con el acuerdo programático firmado esta legislatura, así como también, por supuesto, distintos acuerdos presupuestarios y sectoriales que hemos ido suscribiendo durante estos años”, ha señalado el vicepresidente socialista.
El mensaje ha tenido un claro destinatario político. Remírez ha pedido compromiso a todos los partidos que forman parte del Gobierno después de una votación que ha tensionado especialmente la relación entre los socios.
El vicepresidente ha insistido en que el Ejecutivo tiene “una agenda política clara, centrada en el interés general y en el servicio de la ciudadanía”. También ha advertido de que, a juicio del Gobierno, “la gente no quiere ni ruido ni crispación. Lo que quiere es que haya acuerdos y avances”.
Remírez ha recordado que en los próximos meses llegarán al Parlamento leyes relevantes para Navarra, entre ellas las de salud, industria, universidades y despoblación, todas ellas impulsadas por el Gobierno de Navarra.
“En eso estamos centrados y centradas, en el interés general de la ciudadanía”, ha afirmado Remírez, que ha tratado de situar el debate en la continuidad de la acción de gobierno pese al choque vivido en la Cámara.
UN DEBATE LARGO E INTENSO
La votación ha cerrado un debate largo y especialmente tenso. La sesión se ha prolongado durante dos horas, por encima de lo habitual en este tipo de proposiciones de ley, y ha contado incluso con la intervención del consejero de Educación, Carlos Gimeno.
Durante el pleno, el presidente del Parlamento ha tenido que hacer varios llamamientos al orden por los aspavientos y reacciones de representantes del PSN, Geroa Bai y del propio equipo de Gobierno. La tensión ha reflejado hasta qué punto la educación concertada ha abierto una brecha dentro del Ejecutivo.
La ley aprobada no solo prorroga las unidades concertadas existentes. También incorpora una bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar como consecuencia de las variaciones en el número de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos.
Además, la norma incluye la derogación expresa de la resolución del Departamento de Educación que regulaba la renovación de los conciertos educativos para Infantil y Bachillerato a partir del curso 2026-2027, una de las medidas que habían sido cuestionadas por centros concertados y familias afectadas.
El PSN ha reprochado a Geroa Bai su posición. El parlamentario socialista Kevin Lucero ha pedido a sus socios que reflexionen y ha rechazado que la decisión de Educación pueda calificarse de “sectaria”.
“Somos partido de palabra, firmamos y cumplimos. Lo acordado es sólido, no aceptamos que con acuerdos cerrados se intenten modificar asuntos”, ha afirmado Lucero durante el debate.
El representante socialista ha defendido que su formación tiene “las ideas muy claras” y cree en una escuela pública fuerte. “No se lo ocultamos a nadie, está en el acuerdo programático, pero no sectarios, porque no atacamos a nadie, no discriminamos a nadie, ponemos en el centro la pública, la que siempre está”, ha señalado.
Lucero también ha cargado contra la proposición de ley aprobada al considerarla “un insulto a la realidad y casi a la inteligencia” y la ha definido como “una chapuza de ley foral con consecuencias gravísimas”.
Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha criticado con dureza a Geroa Bai y ha sostenido que los objetivos de la proposición de UPN eran “manipular a Geroa Bai hasta llevarlo a un callejón sin salida”.
Guzmán ha acusado a Geroa Bai de cambiar de posición tras recibir el “alto de la patronal de las ikastolas”. También ha reprochado al PSN su actuación y ha defendido que quienes creen en la educación pública solo podían votar en contra de la proposición de ley.
Geroa Bai, por su parte, ha defendido que ha agotado todas las vías para evitar este escenario. La parlamentaria Itxaso Soto ha asegurado que “no ha habido voluntad política”, una afirmación que ha enfadado a la presidenta María Chivite durante el debate.
Soto ha considerado que adoptar medidas cortoplacistas no era una opción y ha defendido que la bajada de la natalidad ofrece una oportunidad para mejorar las ratios. También ha señalado que Geroa Bai había trasladado dos propuestas para evitar el cierre de aulas.
“¿Cree que era necesario llegar a esta situación? ¿No había otra solución?”, ha preguntado Soto al consejero Carlos Gimeno, al que ha señalado como responsable de corregir la situación.
EH Bildu ha justificado su abstención con el argumento de “sacar lo mejor a lo peor”. La parlamentaria Eneka Maiz ha criticado las “prisas” del Gobierno y las “formas” del Departamento de Educación.
Maiz ha explicado que su grupo ha presentado siete enmiendas con la intención de “defender a la pública y sacarla del debate”. También ha reprochado que se hayan tomado decisiones “sin vuelta atrás y sin planificación”.
La oposición ha celebrado la aprobación de la norma. El parlamentario de UPN Pedro González ha denunciado que “la izquierda le tiene ganas a la concertada” y ha afirmado que la no renovación de los conciertos no responde a una cuestión económica, sino a un modelo de “pensamiento único”.
González ha defendido que el alumnado de la concertada no puede tener menos derechos que el de la pública y ha señalado que el objetivo es que no se cierren aulas con demanda y que se respete el derecho a decidir de las familias.
El portavoz del PP, Javier García, ha calificado la decisión del Gobierno como “profundamente ideológica e improvisada” y ha descrito las últimas horas como “un caos” dentro del Ejecutivo. También ha defendido que no se cierre ningún aula, ni pública ni concertada.
Desde Vox, Emilio Jiménez ha defendido “la ausencia de ideología en la educación” y ha sostenido que la ley “evita perjuicios y defiende la libertad en mayúsculas”. También ha reclamado los mismos criterios para la pública y la concertada.
La votación ha dejado a María Chivite ante una crisis de gobierno abierta. La reunión convocada por Remírez servirá para comprobar si los socios del Ejecutivo mantienen su compromiso con el acuerdo programático o si la división sobre la educación concertada ha marcado un antes y un después en la legislatura.