El Gobierno de María Chivite ha vivido este jueves una de las crisis políticas más graves de la legislatura después de que haya salido adelante en el Parlamento de Navarra la proposición de ley de UPN para evitar el cierre de 14 aulas de educación Infantil en centros concertados de la Comunidad foral.
La iniciativa regionalista ha prosperado con los votos de UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita, y con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu, dos de los estandartes parlamentarios sobre los que se sostiene el Gobierno de María Chivite. El resultado ha dejado en evidencia la fractura interna entre los socios y aliados del Ejecutivo foral en una cuestión especialmente sensible.
La proposición de ley de UPN ha buscado salvar unas unidades afectadas por la decisión del Departamento de Educación, entre las que se encontraban varias aulas de ikastolas, y ha terminado por convertir un conflicto educativo en una crisis política de primer nivel dentro del bloque que sostiene a Chivite.
El pleno ha aprobado la ley foral de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar como consecuencia de variaciones en el número de alumnado en centros sostenidos con fondos públicos. El texto ha contado con el voto en contra de PSN y Contigo-Zurekin, que se han quedado solos en su rechazo a la iniciativa.
La ley aprobada prorroga durante un año las unidades concertadas existentes en el curso 2025-2026 para el curso 2026-2027. De esta forma, se evita el cierre de 14 unidades de la red concertada durante el próximo curso y se introduce una moratoria que afecta tanto a la renovación y modificación de los conciertos como a la planificación del número de aulas en los centros públicos.
La proposición planteada por UPN ha incorporado finalmente tres de las siete enmiendas presentadas por EH Bildu. Esas enmiendas no han cambiado de forma sustancial el texto regionalista, pero han permitido introducir algunas precisiones sobre la aplicación de los criterios en los centros sostenidos con fondos públicos y sobre la derogación de la resolución del Departamento de Educación.
El artículo 1 de la norma establece que el Departamento de Educación determinará al inicio del curso en el que finalicen los conciertos educativos de todos los niveles los criterios concretos que aplicará para resolver las peticiones de renovación, "teniendo especial consideración aquellos que garanticen la libertad de las familias para elegir".
El texto aprobado recoge también que, para adecuar las unidades educativas a las variaciones en el número de alumnos, los centros concertados podrán presentar a Educación propuestas diferentes a los criterios fijados por el departamento en ámbitos como la inclusión educativa, las necesidades de la población escolar, la innovación pedagógica o la intervención social.
Esos criterios propuestos deberán ser valorados de forma obligatoria por la Comisión de Conciertos competente antes de conceder el número de unidades concertadas. Además, en el artículo 2 se establece que se aplicarán en la enseñanza concertada los mismos criterios de reducción de ratios y unidades que se aprueben para la escuela pública.
La norma fija, con el objetivo de "garantizar la seguridad jurídica", una moratoria de un año para aplicar las reducciones de aulas en la renovación y modificación de los conciertos que deben actualizarse para el curso 2026-2027. También se mantendrán durante ese curso las unidades públicas y concertadas existentes.
A efectos del proceso de admisión, la reducción de las ratios máximas de alumnado por aula se aplicará a partir del curso 2027-2028, con la reducción de las vacantes que se deberán ofertar en la enseñanza concertada.
La ley incorpora finalmente, a propuesta de EH Bildu, una disposición para derogar "cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley foral", y en especial la resolución 26/2026, por la que se resolvía el procedimiento de renovación del concierto educativo de unidades de segundo ciclo de Educación Infantil y Bachillerato.
El debate ha llegado al pleno después de varios días de negociaciones sin éxito. El miércoles parecía que los socialistas habían conseguido encauzar un acuerdo con Geroa Bai para tratar de frenar la iniciativa de UPN y buscar una salida política al conflicto educativo. Sin embargo, ese entendimiento no prosperó porque no se daban, según Geroa Bai, las garantías suficientes y porque la situación de la ikastola de Estella seguía siendo uno de los puntos de mayor fricción.
Al finalizar el debate y antes de la votación, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha pedido la palabra para defender la posición del Ejecutivo foral y lanzar un duro reproche a Geroa Bai. "Lo único que se me propuso ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar", ha afirmado en una intervención que ha elevado aún más la tensión política en el pleno.
Gimeno ha defendido que desde el Departamento de Educación "absolutamente nadie ha perjudicado a las ikastolas, todo lo contrario". El consejero ha sostenido que con la iniciativa aprobada "se está pidiendo que se financien aulas vacías o medio vacías" y ha insistido en que el Gobierno está para "incrementar el gasto por el alumno y por la alumna que haya en esta Comunidad", pero no para financiar cuestiones que, a su juicio, no pueden ser financiadas.
El consejero ha criticado también a los grupos que han reclamado una bajada de ratios en las aulas. Les ha reprochado que "nunca lo han hecho" y ha defendido la actuación del Gobierno de Navarra en materia educativa. "La educación concertada tendría que estar agradecida de que este gobierno haya recuperado la retribución", ha señalado durante su intervención.
Gimeno ha recordado además que en 2015 existía "un acuerdo programático con las ikastolas", a las que ha reconocido su labor, pero ha acusado a otros grupos de no haber actuado entonces. "Ustedes no hicieron nada y nosotros sí hemos hecho", ha remarcado durante su intervención.
El consejero ha insistido en que el Departamento de Educación había propuesto "establecer las ratios del centro público" y ha negado que el Gobierno haya perjudicado a las ikastolas. "Aquí nadie ha perjudicado a las ikastolas, todo lo contrario", ha defendido antes de referirse al caso de Estella, donde ha afirmado que "es ineficaz tener 40 vacantes".
"Están pidiendo que se financien aulas vacías y medio vacías. Trabajar por la escuela pública no es menoscabo para la educación concertada", ha concluido el consejero de Educación en una intervención que ha reflejado el choque de posiciones dentro del propio espacio parlamentario que sostiene al Gobierno de Chivite.
El parlamentario de UPN Pedro González ha acusado al Departamento de Educación de haber actuado con "cero gestión" y con "muchas ganas de reducir el espacio de libertad de las familias navarras". González ha asegurado que "la izquierda extrema de este Parlamento le tiene ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesorado de religión", y ha sostenido que han ido "aprovechando cada hito para intentar expulsar del sistema esas opciones".
El representante regionalista ha dirigido además duras críticas al consejero Gimeno. Ha afirmado que la sociedad "está bastante harta de las prepotencias" del titular de Educación, "de su falta de diálogo" y "de sus reacciones airadas cada vez que se le lleva a la contraria".
González ha defendido que "los conciertos no proporcionan blindaje si no hay demanda" y ha pedido a Educación que, cuando llegue cada año el final del proceso, pague "aquellas aulas para las que haya alumnado, como se ha hecho siempre". "Pero no elimine aulas de los conciertos porque elimina la oferta en esa red en concreto cuando el alumnado repunte", ha señalado.
El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que su grupo compartía "el objeto fundamental" de la propuesta de UPN para defender la educación "en mayúsculas" y "en plural". García ha acusado al Gobierno de actuar contra la concertada desde una posición "profundamente ideológica" y ha criticado lo que ha definido como un "castigo" a este modelo educativo.
Desde Vox, Emilio Jiménez ha pedido "ausencia de ideología" en la educación y ha defendido que su formación quiere "devolver el sentido común y la buena gestión al ámbito educativo" para no perjudicar a las familias y al alumnado con "decisiones improvisadas". También ha reclamado una planificación precisa del mapa educativo que conjugue optimización de recursos, calidad y excelencia.
En el turno en contra, el parlamentario del PSN Kevin Lucero ha defendido la posición del Departamento de Educación y ha señalado que "el 98% de los 1.710 niños y niñas de tres años que se han prematriculado en centros concertados ha obtenido plaza en su primera opción". Según ha indicado, ese porcentaje alcanza el 99% en la red de ikastolas y el 99,6% en la red pública.
Lucero ha calificado la proposición de ley de UPN como "un insulto a la realidad y a la inteligencia". El parlamentario socialista ha recordado que hay "700 niños y niñas menos de tres años" y ha sostenido que, como consecuencia lógica, "hacen falta menos aulas en las redes educativas".
El representante socialista ha censurado que, frente a esa realidad demográfica, la respuesta de UPN sea mantener abiertas aulas aunque no hagan falta y pagarlas "con el dinero de todos" a entidades privadas. "Han presentado esto para generar el caos que la aprobación implicaría", ha advertido, antes de pedir a Geroa Bai "una reflexión antes de votar".
Desde EH Bildu, Eneka Maiz ha considerado que la decisión del Departamento de Educación sobre los conciertos ha sido "inadecuada" y "tomada de manera precipitada". La parlamentaria ha señalado que se ha querido justificar la decisión "vistiéndola con criterios técnicos en el último momento".
Maiz ha afirmado que esta situación ha puesto de manifiesto "la vulnerabilidad del euskera" y que el modelo D sufre dificultades. "El departamento nos ha querido vender un relato de la dicotomía público-privado, pero sabemos bien que el euskera y el modelo D precisan de la colaboración de todos los agentes", ha apuntado. La parlamentaria ha defendido sus enmiendas como un intento de "sacar lo mejor de lo peor".
La parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto ha explicado que su grupo había mostrado públicamente su desacuerdo con el cierre de aulas desde que conoció la decisión del Departamento de Educación. Soto ha asegurado que Geroa Bai ha intentado "buscar una solución a esta situación generada por la decisión del propio departamento".
"Geroa Bai ha agotado todas las vías para tratar de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no ha habido voluntad política y no se han dado las garantías mínimas suficientes para que podamos rubricar el acuerdo", ha expuesto. La parlamentaria ha reconocido que la ley de UPN "no es nuestra ley", pero ha defendido que las enmiendas presentadas la hacen "viable". "Le pregunto al consejero si cree que era necesario llegar a esta situación", ha añadido.
Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha reprochado a UPN que no buscaba realmente aprobar el contenido de su proposición de ley, sino "manipular e instrumentalizar a Geroa Bai hasta llevarle a un callejón sin salida". Según ha afirmado, UPN lo ha conseguido, igual que ha logrado "generar pánico político en el PSN" e "intentar quebrar la voluntad coherente y honesta del consejero".
Guzmán ha acusado además a UPN de querer "ayudar de alguna manera a la educación privada, concertada". Su grupo ha votado finalmente en contra junto al PSN, lo que ha dejado al Ejecutivo foral sin el respaldo de dos de sus apoyos parlamentarios habituales.
La abstención de Geroa Bai y EH Bildu ha tenido una fuerte carga política. Ambos grupos no han apoyado directamente la iniciativa de UPN, pero tampoco han cerrado filas con el PSN y el Departamento de Educación, lo que ha permitido que la ley saliera adelante con los votos de UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita.
La votación ha supuesto un golpe político para el Departamento de Educación, que había defendido su resolución sobre la renovación de conciertos educativos para Infantil y Bachillerato a partir del curso 2026-2027. Frente a esa posición, Geroa Bai y EH Bildu habían expresado reservas importantes, mientras UPN ha conseguido situar el debate en el centro de la agenda política navarra.
El pleno ha reflejado un clima de máxima tensión y ha confirmado que la prórroga de las unidades concertadas se ha convertido en un problema político de primer nivel para el Gobierno de María Chivite. La crisis queda ahora abierta y obliga al Ejecutivo foral a recomponer su relación interna después de una votación que ha evidenciado una fractura seria entre sus apoyos parlamentarios.
