Chivite ningunea a su propia consejería de Medio Ambiente y da luz verde a una mina en un monte protegido de Esteribar

El Gobierno de Navarra presidio por María Chivite ha vuelto a primar los intereses económicos sobre la protección ambiental de la Comunidad foral. En una decisión que pone al descubierto una profunda fractura interna, el Ejecutivo ha dado luz verde a la ampliación de la mina El Quinto impulsada por MAGNA en el valle de Esteribar, imponiendo la actividad extractiva sobre el monte de utilidad pública Legua Acotada a pesar de contar con un informe abiertamente desfavorable de la propia Dirección General de Medio Ambiente.

El proyecto ha generado controversia por sus posibles consecuencias ambientales y ha sido cuestionado por organizaciones ecologistas.

El Ejecutivo foral ha decidido que la utilidad pública de la ampliación minera prevalezca sobre la utilidad pública del monte Legua Acotada, incluido con el número 4 en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Navarra.

La decisión figura en un acuerdo adoptado el 7 de octubre de 2026 y publicado este viernes, 23 de octubre, en el Boletín Oficial de Navarra (BON). Lo más significativo es que se ha aprobado pese a que la Dirección General de Medio Ambiente había informado desfavorablemente sobre la ocupación del monte apenas ocho días antes.

En concreto, mediante la Resolución 1113E/2026, de 29 de septiembre, Medio Ambiente informó desfavorablemente sobre la ocupación del monte de utilidad pública Legua Acotada. El pronunciamiento se incorporó al expediente antes de que el Gobierno tuviera que decidir qué aprovechamiento debía prevalecer.

El acuerdo publicado en el BON confirma la existencia de ese informe negativo, aunque no reproduce su contenido íntegro ni detalla los motivos técnicos por los que Medio Ambiente se opuso a la ocupación. Por tanto, la documentación publicada no permite establecer qué afecciones concretas justificaron el criterio desfavorable del organismo ambiental.

Sin embargo, otro departamento del propio Ejecutivo defendió una posición diferente. La Dirección General de Fomento Empresarial e Infraestructuras emitió un informe en el que proponía declarar la prevalencia del uso minero promovido por MAGNA sobre la utilidad pública del monte.

De esta manera, el Gobierno de Chivite ha tenido sobre la mesa dos pronunciamientos administrativos contrapuestos: el de Medio Ambiente, desfavorable a la ocupación forestal, y el de Fomento Empresarial, partidario de dar prioridad a la actividad extractiva.

Finalmente, el Ejecutivo se ha inclinado por esta segunda opción, a propuesta del consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo.

Para justificar su decisión, el acuerdo señala que la explotación minera tiene reconocida la utilidad pública por su legislación sectorial. También menciona la existencia de acuerdos del Concejo de Eugi y de la Comunidad del Monte Ollarmendi.

Los argumentos económicos y sociales han tenido un peso destacado en la resolución. El Gobierno sostiene que el proyecto contribuye de manera notable a la creación de riqueza y empleo, tanto en la zona como en el conjunto de Navarra, y que favorece el mantenimiento de la población en un territorio especialmente afectado por el despoblamiento.

Sin embargo, el acuerdo no concreta cuántos nuevos puestos de trabajo generará esta ampliación, cuál será la inversión prevista ni qué superficie forestal resultará ocupada. La resolución recoge los beneficios económicos y sociales como justificación de la decisión, pero no los cuantifica.

El Ejecutivo se ampara en el artículo 9.5 de la Ley Foral 13/1990, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. Esta disposición establece que, cuando un proyecto de utilidad pública afecta a un monte incluido en el catálogo, corresponde al Gobierno decidir si ambos usos son compatibles o si uno debe prevalecer sobre el otro, previo informe de la Administración forestal.

En este caso, el Gobierno ha resuelto que prevalezca el aprovechamiento minero, pese a que el organismo ambiental había informado desfavorablemente sobre la ocupación de los terrenos forestales.

Hay, no obstante, un matiz importante. La ampliación de la mina El Quinto sí obtuvo una declaración de impacto ambiental favorable en 2024, antes de que se produjera esta discrepancia administrativa.

En concreto, mediante la Resolución 510E/2024, de 23 de junio, la Dirección General de Medio Ambiente formuló una declaración de impacto ambiental favorable para la ampliación del proyecto en el sector Rafael Sur.

Posteriormente, el 31 de julio de 2024, la Dirección General de Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento autorizó la ampliación de la explotación y aprobó su correspondiente plan de restauración.

Por tanto, el informe desfavorable de septiembre de 2026 no supone que Medio Ambiente haya rechazado la evaluación ambiental general del proyecto. Se refiere específicamente a la ocupación de un monte catalogado de utilidad pública, una cuestión sometida a un procedimiento administrativo diferente.

Después de conseguir la autorización minera, MAGNA presentó el 27 de mayo de 2025 una solicitud para que se declarase la compatibilidad o prevalencia de su explotación sobre el monte Legua Acotada. La empresa necesitaba resolver este trámite para poder iniciar los trabajos de explotación previstos en ese ámbito.

La decisión publicada este viernes resuelve precisamente esa cuestión y reconoce la prevalencia de la actividad minera sobre la utilidad pública forestal del monte.

La ampliación de El Quinto forma parte de los planes de MAGNA para garantizar el suministro de mineral a sus instalaciones industriales de Zubiri, una actividad de especial importancia económica para la zona.

La compañía lleva varios años impulsando nuevos proyectos extractivos en Navarra. Uno de los más importantes es la nueva mina a cielo abierto de Artesiaga, prevista en terrenos pertenecientes a los municipios de Esteribar y Baztan.

En enero de 2024, el Gobierno de Navarra aprobó declarar esta actuación como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PrSIS), con el objetivo de facilitar su implantación y las infraestructuras necesarias para ponerla en marcha.

Aquel proyecto, del que informó Navarra.com en enero de 2024, contemplaba una inversión empresarial de 18 millones de euros y la previsión de una plantilla de 39 trabajadores directos, además de empleo indirecto.

La explotación proyectada en Artesiaga disponía de unas reservas estimadas de 11,8 millones de toneladas de magnesita. Los planes de la empresa contemplaban extraer alrededor de 600.000 toneladas anuales y desarrollar el proyecto durante un periodo aproximado de 25 años, incluyendo las labores de restauración y devolución de los terrenos a sus propietarios.

La iniciativa también incluía actuaciones en las infraestructuras de acceso, entre ellas la adecuación de 6,6 kilómetros de la carretera NA-1740, necesaria para dar servicio a la futura explotación.

Estas cifras corresponden exclusivamente al proyecto de Artesiaga, que es distinto de la ampliación de El Quinto en Rafael Sur. Por ello, los 18 millones de inversión, los 39 empleos directos previstos y las reservas de 11,8 millones de toneladas no pueden atribuirse a la actuación sobre el monte Legua Acotada.

En cualquier caso, ambos proyectos permiten comprender la importancia que la compañía concede a la continuidad de sus explotaciones mineras en Navarra y el peso que los argumentos económicos y laborales tienen en las decisiones adoptadas por el Ejecutivo foral.

De hecho, en octubre de 2023, el propio Gobierno de Navarra destacó que MAGNA contaba a finales de 2021 con 239 puestos de trabajo directos en la Comunidad foral. También señaló que la empresa exportaba el 85% de su producción a 60 países y que mantenía una estrecha vinculación laboral con los valles de Esteribar, Erro y Baztan.

Según los datos difundidos entonces por el Ejecutivo, el 45,02% de los trabajadores de MAGNA residía en estos valles, una circunstancia que la Administración utilizó para poner en valor la contribución de la actividad minera al mantenimiento de la población rural.

Estas cifras corresponden a la actividad general de la compañía en aquel momento y no representan nuevos empleos derivados de la ampliación de Rafael Sur.

Precisamente, el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo es uno de los principales argumentos utilizados ahora por el Gobierno de Chivite para justificar la prevalencia de la explotación minera sobre la utilidad pública del monte.

Sin embargo, la actividad de MAGNA también ha suscitado críticas de organizaciones ecologistas, especialmente por las posibles consecuencias de sus proyectos sobre las masas forestales y los espacios naturales del entorno pirenaico.

En octubre de 2024, la plataforma Erdiz Bizirik y la Fundación Sustrai Erakuntza recurrieron la autorización concedida a la ampliación de El Quinto. Ambos colectivos cuestionaron sus posibles efectos sobre el medio natural y advirtieron de afecciones a hábitats y especies protegidas.

Estas críticas ambientales no deben confundirse con los motivos concretos del informe desfavorable emitido por Medio Ambiente en septiembre de 2026, cuyo contenido íntegro no aparece recogido en el acuerdo publicado este viernes.

Con la resolución adoptada el 7 de octubre, el Gobierno de Navarra ha despejado el conflicto administrativo entre los dos aprovechamientos declarados de utilidad pública y ha dado prioridad a la ampliación de la mina sobre la utilidad pública forestal del monte Legua Acotada.